Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXIV Legislatura
Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández
Directora del
Diario de los Debates
Eugenia García Gómez
Año II
Ciudad de México, miércoles 18 de septiembre de 2019
Sesión No. 6

SUMARIO


INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 2019, COMO EL AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS

Intervención de la ciudadana Marina Carrillo Díaz, desde la tribuna

COMUNICACIONES OFICIALES

De la Junta de Coordinación Política, relativo a cambio de integrantes de comisiones. De enterado. Comuníquese

-Del diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT, por el que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Sociedades Cooperativas

-Del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena, con el que solicita el retiro de la iniciativa que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

-Del diputado Jorge Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES, por medio del cual solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 203 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

-De la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, por el que solicita sea retirada la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la FGR a implantar acciones conducentes a proteger las vidas de los menores de edad del país

Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios

De la Secretaría de Gobernación con la que remite el Primer Informe de labores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De enterado, distribúyase a las diputadas y los diputados

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de agosto de 2019, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de agosto de 2018. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento

INICIATIVA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL

EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA

Del Ejecutivo Federal se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación y Población, para dictamen

INICIATIVAS DE SENADORES

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos sexto, séptimo, octavo, noveno, decimo, y décimo primero a la fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del PAN. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso a) bis a la fracción I del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de MC. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario de Morena. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

COMUNICACIONES OFICIALES

De la Cámara de Senadores, por la que comunica la integración de la Junta de Coordinación Política para el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura. De enterado

INTERVENCIONES DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

PROCESO DE DICTAMINACIÓN EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

-La diputada María Marcela Torres Peimbert, del PAN, desde la curul

-La diputada Cynthia Iliana López Castro, del PRI, desde la curul

GRUPOS DE AMISTAD LEGISLATIVA Y LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA FONART

-El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT, desde la curul

PROCESO DE DICTAMINACIÓN EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

-La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD, desde la curul

-El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de MC, desde la curul

PROPUESTAS DE ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

ANÁLISIS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

De la Junta de Coordinación Política, se recibió el acuerdo referente al Análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se aprueba, comuníquese

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

De la Junta de Coordinación Política, se recibió el acuerdo relativo a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de realizar el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República en materia económica, así como para que dé cuenta de las iniciativas que comprenden el paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2020. Se aprueba, comuníquese

CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se recibió el acuerdo por el que se establece el Calendario Legislativo, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura. Se aprueba, comuníquese

ESTABLECIMIENTO DEL CONSEJO TÉCNICO RESPONSABLE DE DISEÑAR EL PLAN PARA LA RESTRUCTURACIÓN DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se recibió el acuerdo para el establecimiento del Consejo Técnico responsable de diseñar el plan para la restructuración de los Centros de Estudios en tanto se aprueban las reformas para la creación del Instituto de Estudios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Se aprueba, comuníquese

EFEMÉRIDE

195 ANIVERSARIO DE LA ANEXIÓN DE CHIAPAS AL PACTO FEDERAL

Para expresarse respecto al tema, en nombre de su Grupo Parlamentario, intervienen:

-El diputado Raymundo García Gutiérrez, del PRD

-El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, del PVEM

-El diputado Ricardo de la Peña Marshall, del PES

-El diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del MC

-La diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del PT

-El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del PRI

-La diputada Gloria Romero León, del PAN

-El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, de Morena

INTERVENCIONES DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

AYUDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL SOCONUSCO, EN CHIAPAS, AFECTADOS POR LAS LLUVIAS

-El diputado José Luis Elorza Flores, de Morena, desde la curul

-El diputado Miguel Prado de los Santos, de Morena, desde la curul

ANÁLISIS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA

En la primera ronda de intervenciones, hacen uso de la voz:

-El diputado Jorge Luis Montes Nieves, de Morena

-El diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del PAN

-El diputado Fernando Galindo Favela, del PRI

-El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del PT

-La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, de MC

-La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del PES

-El diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del PVEM

-La diputada Mónica Almeida López, del PRD

En la segunda ronda de intervenciones, participan:

-El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

-La diputada Claudia Reyes Montiel, del PRD

-La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz

-El diputado Eudoxio Morales Flores, del PES

-El diputado Higinio del Toro Pérez, de MC

-El diputado Alfredo Porras Domínguez, del PT

-La diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del PRI

-La diputada Sonia Rocha Acosta, del PAN

-El diputado Pablo Gómez Álvarez, de Morena

De conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión se remite al presidente de la República, para su conocimiento

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La diputada María Eugenia Hernández Pérez, de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se turna a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen, y a la Comisión de Pueblos Indígenas, para opinión

EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR EL DELITO DE FEMINICIDIO Y REFORMA LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Las diputadas Adriana Dávila Fernández y Verónica María Sobrado Rodríguez, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presentan la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El diputado Fernando Galindo Favela, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y LEY DEL SEGURO SOCIAL

El diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de la Comisión de Seguridad Social, para opinión

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario del PES, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 132 y 391 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La diputada Zulma Espinoza Mata, del Grupo Parlamentario del PVEM, en nombre propio y de diputados integrantes de su Grupo Parlamentario y de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables, para dictamen

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

La diputada Jacquelina Martínez Juárez, para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

La diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La diputada María Beatriz López Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., 8o. y 14 de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La diputada Nohemí Alemán Hernández, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS Y CÓDIGO PENAL FEDERAL

La diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Defensa Nacional, para opinión

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

La diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 50 Bis y 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

El diputado Francisco Jorge Villarreal Pasaret, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción

INTERVENCIONES DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

ANIVERSARIO DE LA PRIMERA LECTURA DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN A LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN

-El diputado Rubén Cayetano García, de Morena, desde la curul

DENUNCIA EN RELACIÓN CON EL SÚPER DELEGADO EN COLIMA

-La diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del PRI, desde la curul

EXIGE QUE LAS AFIRMACIONES QUE SE HACEN EN TRIBUNA, SE SOSTENGAN ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES

-La diputada Rosa María Bayardo Cabrera, de Morena, desde la curul

PARA CONMEMORAR EL 250 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT Y CELEBRAR A LA CIENCIA UNIVERSAL

-La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, de Morena, desde la curul

ANIVERSARIO DE LA PRIMERA LECTURA DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN A LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN

-La diputada Abelina López Rodríguez, de Morena, desde la curul

195 ANIVERSARIO DE LA ANEXIÓN DE CHIAPAS A MÉXICO

-La diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, de Morena, desde la curul

SOLICITA LA CONDONACIÓN DEL ADEUDO DE LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS CON LA CFE

-La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina, de Morena, desde la curul

EXHORTO A LA SEGOB PARA QUE DECLARE A LA ZONA SUR DE QUINTANA ROO COMO ZONA DE EMERGENCIA POR SEQUÍA

-El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo, de Morena, desde la curul

APOYO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN SUS COMPROMISOS DE CAMPAÑA Y DE GOBIERNO

-El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT, desde la curul

EFEMÉRIDES RECIBIDAS

ANIVERSARIO DE LA ANEXIÓN DE CHIAPAS A MÉXICO

Se recibió la efeméride con motivo del 14 de septiembre, 195 Aniversario de la anexión de Chiapas a México, a cargo de la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena

ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT

Se recibió la efeméride con motivo del 14 de septiembre, 250 Aniversario del Natalicio de Alexander Von Humboldt, a cargo de la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

DÍA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA

Se recibió la efeméride con motivo del 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

DÍA DE LA INDEPENDENCIA

Se recibió la efeméride con motivo del 16 de septiembre, Día de la Independencia, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

DÍA INTERNACIONAL DE LA PRESERVACIÓN DE LA CAPA DE OZONO

Se recibió la efeméride con motivo del 16 de septiembre, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, suscrita por la diputada Lilia Villafuerte Zavala y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

APÉNDICE

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 18 de septiembre de 2019, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados



Presidencia de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández

ASISTENCIA

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Pido a la Secretaría, haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 358 diputadas y diputados, 359, perdón. Por lo tanto, hay quórum.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández (a las 11: 23 horas): Se abre la sesión.



INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 2019, COMO EL AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: En el marco de la celebración del 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se concede el uso de la palabra a la ciudadana Marina Carrillo Díaz, licenciada en Derecho y maestra en Educación, hablante de la lengua wixarika, hasta por cinco minutos.

La ciudadana Marina Carrillo Díaz: Es un honor para mí presidir esta tribuna. Saludo con respeto a este honorable Congreso y vengo a hablar en nombre de las mujeres indígenas de mi país.

En el mundo existe el Día de la Mujer Indígena, que se celebra el 5 de septiembre. Se oficializó en 1983, en honor a Bartolina Sisa, mujer indígena aymara, que murió defendiendo los derechos de las mujeres y de los hombres que vivían oprimidos en su región, Bolivia.

En México, hablar de nosotras las mujeres indígenas es hablar de una deuda histórica que el Estado mexicano, con sus políticas públicas y sociales, tiene, pues nos ha fallado, las mujeres indígenas aún seguimos siendo olvidadas e invisibilizadas.

En México existen 7 millones de personas que somos hablantes de las 68 lenguas indígenas, de esos 7 millones, 51.35 por ciento somos mujeres. Encuesta Intercensal 2015.

Quiero decir que el oscuro panorama social y político que tenemos las mujeres indígenas es poco alentador, nuestra mayor preocupación es la alta mortalidad materna y las escasas fuentes de empleos en nuestras comunidades.

Ante esta situación, queremos tomar decisiones que nos ayuden a dirigir nuestro rumbo como sujetos de derechos, ya no como objetos de folclor, estudio o de burla social.

Queremos ser parte del desarrollo de nuestro país, tenemos la capacidad, queremos cooperar en la toma de decisiones. Es tiempo de que la agenda de la mujer indígena sea verdaderamente tomada en cuenta, no es posible que en pleno siglo XXI una mujer muera por falta de atención médica, que las mujeres indígenas no sean dueñas de las tierras que trabajan.

En mi tierra existe la migración masiva de la sierra cora alta, las mujeres migran a las costas o ciudades, llevando consigo sus familias por falta de empleo y oportunidades de desarrollo, y en algunos casos por la violencia que existe en sus lugares de origen.

¿Empoderamiento de la mujer indígena? Ese concepto aún no aterriza en nuestra vida social, comunal ni mucho menos en la vida política, aún estamos en lucha para que este concepto se vea reflejado en nuestro entorno.

El término “equidad” tampoco ha llegado en pleno siglo XXI a nuestras vidas. Por ejemplo, en este proceso electoral se asignaron 13 curules indígenas, de ellas, solo tres corresponden a mujeres indígenas. No hubo tal equidad. Y en los estados también vamos de manera lenta, a pesar de las reformas formuladas aquí. Nuevamente estamos en desventaja política.

De esta manera quiero dejar aquí a viva voz, qué les duele a las mujeres y decirles, que en ustedes está legislar a favor de sus representados, el pueblo.

Se necesitan crear políticas públicas que ayuden a revertir el panorama social de las mujeres indígenas, legislando a favor de su salud y educación, propiciar la inserción laboral, la participación política y el control de los recursos naturales. Vigilar que las leyes se cumplan y lleguen hasta el rincón más lejano, retribuyendo así la deuda histórica existente en las mujeres indígenas de nuestro país.

Agradezco la oportunidad que me brindan al alzar la voz en este espacio, aquí, en la casa del pueblo, donde se le da voz a los más vulnerados. Espero que cuando finalice el segundo periodo de sesiones de esta legislatura, la Comisión de Pueblos Indígenas haya dado pasos firmes al resolver el mayor número de peticiones antes mencionadas a favor de la mujer indígena.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, ciudadana Marina Carrillo Díaz.

Compañeras, compañeros, quiero compartirles que, en cumplimiento de un acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la Mesa Directiva ha hecho lo necesario para garantizar la seguridad de quienes trabajamos en el Palacio Legislativo.

Las manifestaciones que han venido ocurriendo durante los últimos días y las que eventualmente sucedan deben enfrentarse con orden y responsabilidad por parte de todos. Hay avances importantes para prevenir cualquier incidente.

En primer lugar, se generó un protocolo interno de comunicación y organización que nos permitirá reaccionar de mejor manera ante eventuales bloqueos. Los coordinadores han designado a un diputado por grupo parlamentario que será el responsable de la explicación e implementación de dicho protocolo.

En segundo lugar, se generó con las autoridades federales y locales, a quienes reconozco su disposición, un mecanismo de colaboración permanente para asegurar el acceso y salida del personal, visitantes y legisladores cuando se les requiera. Esta Presidencia solicitará dicho apoyo únicamente como último recurso, y solo cuando se hayan agotado todas las posibilidades de diálogo o acuerdo.

Les reitero que siempre buscaré conciliar el derecho que tienen todos los mexicanos a manifestarse y la libertad de tránsito con pleno respeto a los derechos humanos. Diálogo sí, represión no.

ORDEN DEL DÍA

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Continuamos con la sesión. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se dispensa la lectura al orden del día.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Orden del día

Miércoles 18 de septiembre de 2019.

Intervención desde la tribuna de la ciudadana Marina Carrillo Díaz, en el marco de la celebración del 2019, como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política

De los diputados Ángel Benjamín Robles Montoya, Emmanuel Reyes Carmona, Jorge Argüelles Victorero y Verónica Beatriz Juárez Piña

De la Secretaría de Gobernación

Remite el Primer Informe de labores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De la Cámara de Senadores

Comunica la integración de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, para el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de agosto de 2019, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de agosto de 2018.

Iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Federal

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía.

Iniciativas de senadores

Con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos sexto, séptimo, octavo, noveno, decimo, y décimo primero a la fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso a) bis a la fracción I del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobiernos

De la Junta de Coordinación Política

Referente al Análisis del Primer Informe de Gobierno del presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Relativo a la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de realizar el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República en materia económica, así como para que dé cuenta de las iniciativas que comprenden el paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2020.

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos

Por el que se establece el Calendario Legislativo, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Efreméride

Relativa al 195 aniversario de la anexión de Chiapas al pacto federal.

Análisis correspondiente al Primer Informe de Gobierno, en materia de política económica

Iniciativas

Que adiciona el artículo 187 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Martha Elena García Gómez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 103 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 132 y 391 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 66 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruíz y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 38 bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que abroga la Ley de Capitalización del Procampo, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona un artículo 140 Bis al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 15 y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona el artículo 381 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Trabajo, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 36 y 37 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley Federal de Becas para la Juventud Mexicana, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que abroga el Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 52, 52 Bis y 53 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide el Código Procesal Agrario, abroga la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y deroga diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de eliminar el uso de dinero en efectivo en el sector público, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De Decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor de la H. Cámara de Diputados, el nombre “Lucio Blanco Fuentes”, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Martha Hortencia Garay Cadena y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 55 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

De Decreto por el que se declara el 15 de octubre de cada año, como “El Día Nacional del Amaranto”, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 1o. y 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Felipe Fernando Macías Olvera y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruíz y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 1o. y 2o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Marco Antonio Andrade Zavala, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Nohemí Alemán Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona los artículos 14, 42 y 66 de la Ley General de Educación, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 418 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de adecuaciones presupuestarias, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 254 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 52 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Marco Antonio Adame Castillo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 16 y 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 5o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por los diputados Armando Reyes Ledesma y Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona los artículos 52 y 55 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 77 Bis 37 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Beatriz López Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edgar Eduardo Arenas Madrigal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 7o. y 14 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 52, 52 Bis y 53 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que deroga el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 2o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Hildelisa González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 7o. y 48 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 66 y 77 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por la diputada Claudia Reyes Montiel y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, y de Morena.

Que adiciona los artículos 7o. y 48 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 169 y 170 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 10 y 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, y de Morena.

De Decreto por el que se declara el 30 de junio Día Nacional del Politólogo, a cargo de la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Jacquelina Martínez Juárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ángel Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Raymundo García Gutiérrez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, suscrita por la diputada Jacquelina Martínez Juárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 7 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Consulta Popular, suscrita por la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 5 A, 84 y 201 de la Ley del Seguro Social, suscrita por la diputada Martha Elisa González Estrada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 7o., 8o. y 14 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Beatriz López Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Jacquelina Martínez Juárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 66 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a cargo del diputado Francisco Jorge Villarreal Pasaret, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 13 y 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Miroslava Sánchez Galván, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Edgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Francisco Jorge Villarreal Pasaret, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 258 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada María Teresa López Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 50 Bis y 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley Nacional de Fomento al Cultivo, Comercio e Industrialización del Cacahuate, suscrita por los diputados Jesús Fernando García Hernández, Eraclio Rodríguez Gómez y Juan Enrique Farrera Esponda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 74 ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia del Registro Nacional de Donadores Voluntarios, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Josefina Salazar Báez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 27 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por la diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Manuel Gómez Ventura, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se inscribe con letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de “Mariano Otero”, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 7o. y 9o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Carmen Medel Palma, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, del Decreto por el que se expide la Ley Agraria, publicado el 26 de febrero de 1992 en el DOF y de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, suscrita por los diputados Mariana Rodríguez Mier y Terán e Ismael Alfredo Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Minería y Desarrollo Regional, a cargo de las diputadas Beatriz Silvia Robles Gutiérrez y Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales, a dictaminar el proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la CPEUM, en materia de feminicidio, a cargo de la diputada Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a hacer del conocimiento público la forma en que se establece el precio final de la gasolina y el diésel, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a hacer pública las acciones implementadas en contra de la violencia de género, a la Segob, a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en la Capital y al Congreso local a citar a comparecer a los titulares de la PGJ y la SSC, a cargo del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a implementar un programa de fomento a la cultura y las artes en el sistema de educación básica, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profepa y a la Conanp, a fortalecer las acciones en materia de prevención y atención del fenómeno de saqueo de nidos de tortugas marinas, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, y de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a hacer públicos los datos relacionados con los apoyos que el gobierno americano otorga, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el territorio mexicano, a cargo de la diputada Julieta García Zepeda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la SSPC, a establecer una estrategia conjunta para disminuir la violencia y la inseguridad en el estado de Tamaulipas, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSPC, a actualizar periódicamente el total de personas privadas de la libertad en el sistema penitenciario federal, y haga del conocimiento público las acciones que lleva a cabo para que las y los internos sean sujetos de un programa efectivo de reinserción social, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, a fin de que procure por medio de campañas de difusión informativa y demás acciones, las medidas necesarias para la prevención del suicidio en México, a cargo de la diputada Elba Lorena Torres Díaz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se que exhorta al Ejecutivo Federal, a destituir al Subdelegado del ISSSTE en Michoacán, por sus reiteradas declaraciones machistas, agresivas y misóginas en contra de las mujeres, a cargo de la diputada Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México, a fortalecer sus acciones de verificación, seguimiento y certificación de las medidas de protección civil, a fin de garantizar la seguridad y salvaguardar la integridad física de las personas en los establecimientos mercantiles, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Con motivo del 14 de septiembre, 250 Aniversario del Natalicio de Alexander Von Humboldt, a cargo de la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con motivo del 14 de septiembre, Incorporación del estado de Chiapas al Pacto Federal, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del 16 de septiembre, Día de la Independencia, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con motivo del 14 de septiembre, 195 Aniversario de la anexión de Chiapas a México, a cargo de la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del 16 de septiembre, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, suscrita por la diputada Lilia Villafuerte Zavala y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con motivo del 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, a cargo del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del 12 de septiembre, Conmemoración de la gesta heroica del Batallón de San Patricio, a cargo del Grupo Parlamentario de Morena.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes diez de septiembre de dos mil diecinueve, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Presidencia de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos cuatro diputadas y diputados, a las once horas con treinta minutos del martes diez de septiembre de dos mil diecinueve, la Presidencia declara abierta la sesión.

En el marco de la celebración del dos mil diecinueve, como el “Año Internacional de las Lenguas Indígenas”, se concede el uso de la palabra al ciudadano Pedro Estrada, hablante de la lengua zoque.

En votación económica, se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica, se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, por la que remite oficios, en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones, los cuales se encuentran disponibles en las pantallas de las curules. En votación económica, se aprueban. Comuníquese.

b) De las diputadas y de los diputados: César Agustín Hernández Pérez, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, José Salvador Rosas Quintanilla, Lorena Villavicencio Ayala, Juana Carrillo Luna, Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, Carmina Yadira Regalado Mardueño y, Teófilo Manuel García Corpus, por las que solicitan el retiro de iniciativas con proyecto de decreto, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) Del diputado José de la Luz Sosa Salinas, por el que comunica su incorporación al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. De enterado.

d) Del Coordinador del Partido del Trabajo, por el que comunica la incorporación del diputado José de la Luz Sosa Salinas, a ese grupo parlamentario. De enterado, actualícense los registros parlamentarios.

e) Del Instituto Mexicano del Seguro Social, por la que remite el informe sobre la composición y sustitución financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al segundo trimestre de dos mil diecinueve. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

f) De la Cámara de Senadores:

• Por la que remite acuerdo por el que se designan a cuatro Secretarías de la Mesa Directiva, con el fin de reforzar la pluralidad en ese órgano colegiado. De enterado.

• Por la que remite el Calendario de Sesiones para el Primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. De enterado.

g) De las Secretarías de Gobierno de la Ciudad de México, y del Estado de Guanajuato, con la que remiten cuatro contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para fortalecer las acciones que ayuden a promover el respeto de los ciclistas. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su conocimiento.

h) Del Gobierno del Estado de Chihuahua, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para combatir y prevenir el aumento de delitos y violencia en el territorio nacional. Se turna la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

i) Del Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en materia de fortalecimiento, preservación y desarrollo del conocimiento y disfrute de la riqueza cultural inherente a las lenguas indígenas de México. Se turna a la Comisión de Pueblos Indígenas, para su conocimiento.

j) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, respecto del flujo migratorio proveniente de Centroamérica. Se turna a la Comisión de Asuntos Frontera Sur, para su conocimiento.

k) Del Instituto Campechano, con la que remite el informe de resultados de la auditoría externa, correspondiente al primer semestre de dos mil diecinueve. Se turna a las Comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Presidencia informa que, el día domingo ocho de septiembre del presente año, se recibió el paquete económico para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que remite el titular del Ejecutivo Federal e instruye a la Secretaría dar cuenta de las iniciativas:

• Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. Se turnan a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• El Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en materia arancelaria, que se presenta de conformidad con el artículo ciento treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• La Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria dos mil veinte, y la Estimación del monto de los recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios del Gobierno Federal, en materia de vivienda y de suelo para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Social, para opinión.

l) De la Cámara de Senadores, por la que remite iniciativa de la senadora Eva Galaz Caletti, de Morena con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo ciento ochenta y seis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es el posicionamiento de los grupos parlamentarios con motivo del fallecimiento del artista plástico, promotor cultural y activista social oaxaqueño, Francisco Toledo, y se concede el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados: Abril Alcalá Padilla, del Partido de la Revolución Democrática; Roberto Antonio Rubio Montejo, del Partido Verde Ecologista de México; Claudia Báez Ruiz, de Encuentro Social; Juan Martín Espinoza Cárdenas, de Movimiento Ciudadano; Ángel Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo; Ximena Puente de la Mora, del Partido Revolucionario Institucional; Dulce Alejandra García Morlan, del Partido Acción Nacional; y Porfirio Muñoz Ledo, de Morena. Desde sus respectivas curules, se refieren al tema la diputada y el diputado: Sergio Mayer Bretón, de Morena, quien solicita a la Presidencia un minuto de aplausos en memoria de Francisco Toledo; y María Guadalupe Almaguer Pardo, del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia concede la solicitud del diputado Sergio Mayer Bretón e invita a la Asamblea ponerse de pie y realizar un minuto de aplausos.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Rocío Barrera Badillo, de Morena, que reforma y adiciona los artículos quince y veinticuatro de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Carlos Carreón Mejía y suscrita por las y los diputados del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Irma María Terán Villalobos, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ochenta y seis de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

• Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo, que expide la Ley del Registro Federal de Agresores Sexuales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona el artículo doscientos quince del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ernesto Vargas Contreras, de Encuentro Social, que reforma los artículos sexto y séptimo de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

• José Guadalupe Aguilera Rojas, y suscrita por diputados del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos cincuenta y tres de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y séptimo-A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

• Laura Imelda Pérez Segura, de Morena, que reforma los artículos veintiuno, setenta y seis, y ciento treinta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Francisco Javier Luévano Núñez y suscrita por diputados del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo veintiséis bis a la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

Presidencia de la diputada Dolores Padierna Luna

• Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Rocío del Pilar Villarauz Martínez, de Morena, que reforma y adiciona el artículo trescientos ocho del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Gloria Romero León, y suscrita por diputados del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Víctor Adolfo Mojica Wences, de Morena, que adiciona el artículo doscientos dieciséis de la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

• Carlos Iván Ayala Bobadilla y suscrita por los diputados Mario Delgado Carrillo y Tatiana Clouthier Carrillo todos de Morena, que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

• Raquel Bonilla Herrera, de Morena, que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen; y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

Presidencia de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Desde su curul, realizan comentarios las diputadas y los diputados: Benito Medina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, con relación a las agresiones que las Fuerzas Armadas han recibido en lo que va del año dos mil diecinueve; Héctor Yunes Landa, del Partido Revolucionario Institucional, con relación a los homicidios dolosos ocurridos en el país; Felipe Fernando Macías Olvera, del Partido Acción Nacional, respecto a diversas protestas en la Universidad Nacional Autónoma de México; Dionicia Vázquez García, del Partido del Trabajo, se suma a las expresiones del diputado Benito Medina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, con relación a las agresiones a las Fuerzas Armadas; y María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, de Morena, apunta que el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, subraya que la Guardia Nacional actuará en su defensa legítima sin violentar los derechos humanos. La Presidencia hace aclaraciones.

La Presidencia levanta la sesión a las catorce horas con cuatro minutos, y cita para la próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el día jueves doce de septiembre de dos mil diecinueve, a las once horas, informando que el registro de asistencia estará disponible a partir de las nueve horas.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobada el acta.



COMUNICACIONES OFICIALES

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Continúe la Secretaría con las comunicaciones.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de comisiones que se señalan, solicitada por el Grupo Parlamentario de Morena:

• Que el diputado Alejandro Mojica Toledo cause baja como integrante de la Comisión de Deporte.

• Que el diputado Alejandro Mojica Toledo cause alta como integrante en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Respetuosamente

Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2019.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de comisiones que se señalan, solicitada por el Grupo Parlamentario de Morena:

• Que la diputada María Guillermina Alvarado Moreno cause baja como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que la diputada María Guillermina Alvarado Moreno cause alta como integrante en la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Respetuosamente

Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2019.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de comisiones que se señalan, solicitada por el Grupo Parlamentario de Morena:

• Que la diputada Karen Ivette Audiffred Fernández cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Karen Ivette Audiffred Fernández cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada Karen Ivette Audiffred Fernández cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Social.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Respetuosamente

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2019.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que la diputada Zulma Espinoza Mota cause alta como integrante en la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

• Que el diputado Arturo Escobar y Vega cause baja como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que la diputada Lyndiana Elizabeth Burarín Cortés cause alta como secretaria en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Respetuosamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2019.— Diputado Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

• Que la diputada Maribel Martínez Ruiz cause baja como secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

• Que la diputada Martha Huerta Hernández cause alta como secretaria en la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

• Que la diputada Maribel Martínez Ruiz cause baja como integrante de la Comisión de Igualdad y Género.

• Que la diputada Martha Huerta Hernández cause alta como integrante en la Comisión de Igualdad y Género.

• Que la diputada Maribel Martínez Ruiz cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que la diputada Martha Huerta Hernández cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Respetuosamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2019.— Diputado Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que la diputada Lyndiana Elizabeth Burarín Cortés cause alta como integrante en la Comisión de Ganadería.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Respetuosamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2019.— Diputado Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), presidente.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De enterado. Comuníquese.

———————— o ————————

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio y con fundamento en el artículo 77, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Sociedades Cooperativas, misma que presenté ante esta soberanía el 9 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 5126-III del 2 de octubre de 2018 y que fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle a usted un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2019.— Diputado Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto me dirijo a usted para solicitar el retiro de la iniciativa que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria el día 8 de abril de 2019.

Lo anterior con fundamento en el artículo 77, numeral, 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2019.— Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 203 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual presenté con fecha 18 de diciembre de 2018 y fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público; con el compromiso de continuar trabajando en la materia con la asesoría de la Comisión.

Agradezco tenga a bien girar las debidas instrucciones a quien corresponda para la logística de dicha actividad.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración duda al respecto.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2019.— Diputado Jorge Argüelles Victorero (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle atentamente que sea retirada la siguiente proposición con punto de acuerdo, suscrita por una servidora, presentada el pasado 3 de septiembre del año en curso, misma que fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública.

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a implantar acciones conducentes a proteger las vidas de los menores de edad del país.

Agradeciéndole de antemano su atención a la presente, reciba usted mis saludos más cordiales.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2019.— Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se retiran, actualícense los registros parlamentarios.

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La secretaria diputada Julieta Macías Rábago:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares en versión electrónica del primer informe de labores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y 6 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2019.— Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De enterado. Distribúyase a las y los diputados.

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La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de agosto de 2019, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de agosto de 2018.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2019.— Gabriel Yorio González (rúbrica), subsecretario de Hacienda y Crédito Público.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

INICIATIVA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL



EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, remito la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía, documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto de ese órgano Legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño al presente copia simple del dictamen de impacto presupuestario emitido por la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2019.— Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación y Población, para dictamen.

INICIATIVAS DE SENADORES



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo primero a la fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2019.— Senador Salomón Jara Cruz (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito senador Roberto Juan Moya Clemente, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIV Legislatura correspondiente al Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1, y 169, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo primero a la fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de deducciones personales por concepto de educación, la cual se funda y motiva al tenor y bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el artículo 3o., que toda persona tiene derecho a recibir educación; a su vez, el artículo 1o. de la misma Carta Magna dispone que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Es entonces, que el derecho a recibir educación es a su vez un derecho humano con jerarquía y prioridad en la esfera jurídica de toda persona.

El mismo artículo 3o. constitucional señala que corresponde al Estado garantizar la educación; por ello el gobierno mexicano debe mirar con atención su debido ejercicio, facilitando en lo posible que todos los ciudadanos puedan tener acceso a ella, permitiendo en el ámbito de los ingresos una parte de la deducción de la erogación efectuada por este concepto.

Tomando en consideración que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la federación, de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Al efecto, la Ley del Impuesto Sobre la Renta señala, en el artículo 151, que las personas físicas que obtengan ingresos de los señalados en el Título IV de la misma ley, para calcular su impuesto anual podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo que les correspondan, las relativas a los pagos por honorarios médicos, dentales, servicios profesionales en materia de psicología, nutrición, gastos hospitalarios, entre otros.

Sin embargo, la ley no contempla aquellas deducciones personales que se realicen por concepto de educación privada.

En la práctica, a partir del año dos mil once se permitió deducir estos gastos, derivado de la emisión del Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos, sin embargo, lo cierto es que para otorgar certeza jurídica a los contribuyentes este estímulo debe regularse en la ley que grava el impuesto que se genera.

Por otra parte, se presenta la problemática respecto al límite anual de deducción, ya que en la actualidad sólo está permitido deducir 14 mil 200 pesos para educación preescolar, 12 mil 900 para educación primaria, 19 mil 900 para educación secundaria, 17 mil 100 para educación en nivel profesional técnico y 24 mil 500 pesos para educación en bachillerato o su equivalente.

Las anteriores cantidades resultan muy bajas en relación al monto que paga un contribuyente para tener acceso a los niveles educativos por parte de instituciones privadas.

Si se genera un cálculo estimado, la colegiatura mensual en instituciones privadas en los niveles de primaria y secundaria oscila entre los 33 mil 264 hasta los 132 mil 853 pesos anuales.

Y el costo promedio por carrera en una universidad privada en nuestro país, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), va desde los 125 mil a los 930 mil pesos.

De conformidad con los datos del Centro de Análisis de Políticas Públicas, el pago de servicios educativos representa poco más de la mitad del gasto de las familias cuyos miembros asisten a escuelas públicas, mientras que para las familias cuyos integrantes acuden al sistema privado esa erogación representa más del 80 por ciento del gasto total.

Estos datos irán en aumento, según el diagnóstico realizado por uno de los diarios de mayor circulación en México y cifras aportadas por la Secretaría de Educación Pública, en 2016, en los últimos diez años el número de estudiantes inscritos en colegios privados se incrementó 8.52 puntos porcentuales, mientras que la matrícula de las escuelas públicas se elevó tan solo 1.3 puntos.

Los padres consultados refirieron que la incorporación de valores, educación artística y los modelos pedagógicos que ofrecen las instituciones privadas representan ventajas para que sus hijos puedan desarrollarse como seres humanos integrales, entre ellas destacan un mejor nivel en la calidad de aprendizaje y la enseñanza.

Por ello, al incluir la deducción por concepto de educación, se permitirá fortalecer la economía familiar en la medida en que, en la determinación de su impuesto sobre la renta anual los padres de familia podrán disminuir el gasto por los servicios de enseñanza mencionados, generando una mayor disponibilidad de recursos en el hogar que pueden ser destinados a otros rubros de gasto indispensable.

La segunda problemática consiste en que el sistema tributario no considera deducible el gasto efectuado respecto del nivel educativo superior que, de conformidad con la Ley General de Educación, es aquella que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes, y comprende la licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, opciones terminales previas a la conclusión del nivel licenciatura y la educación normal en todos sus niveles y especialidades.

La inclusión del nivel educativo superior como parte de las deducciones fiscales es de suma importancia para elevar el número de personas que pueden acceder a él y que pueden acudir a centros educativos de mayor prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Máxime si se considera que la reciente reforma constitucional en materia educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil diecinueve, tuvo como uno de sus principales logros regular explícitamente en el artículo tercero que el Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios– impartirán y garantizarán la educación superior en México.

Asimismo, la reforma constitucional señaló, en la fracción X del mismo artículo, que las autoridades federales y locales están obligadas a establecer políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad de la educación superior.

Por ello, en acatamiento a lo dispuesto por esa reforma educativa se propone impulsar y apoyar a la población mexicana para que concluya sus estudios hasta nivel superior, ya sea en escuelas públicas o privadas; sin embargo, para concretar este objetivo, tratándose de la educación privada, es necesario hacer extensivo el beneficio de deducción del impuesto sobre la renta que ya opera para los niveles básico y medio-superior.

Asimismo, como política para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad de la educación, y en apoyo a las familias mexicanas, se plantea una reforma integral en materia de deducciones personales por concepto de educación; esto es que la deducción del 50 por ciento alcanzará a los pagos de inscripción, y reinscripción.

Bajo los mismos supuestos, queda incluida la educación particular inicial, especial y para adultos a la que hace referencia la Ley General de Educación.

Para tal efecto, la Ley del Impuesto Sobre la Renta seguirá exigiendo las mismas condiciones en el pago para que pueda considerarse deducible, esto es, que se deberá efectuar mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a su nombre en instituciones reconocidas por el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

Finalmente, respecto a este beneficio fiscal se incluye una serie de excepciones, las cuales operan en la práctica derivado del decreto citado al inicio de esta exposición de motivos, las cuales, por seguridad jurídica de los contribuyentes deben estar establecidas en ley.

La primera de ellas se refiere a las personas cuyo servicio educativo no tiene derecho a deducir el sujeto obligado, esto es, aquellos individuos distintos del contribuyente, que perciban durante el año calendario un ingreso en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular la unidad de medida y actualización elevada al año.

La segunda excepción se refiere a las personas que reciban becas o cualquier otro apoyo económico público destinado al pago de servicios de enseñanza hasta por el monto que cubran dichas becas o apoyos.

Esto es, en caso de que una beca pública cubra el gasto total de la educación del alumno, el monto de la colegiatura no será deducible; y en caso de que el alumno sea beneficiario de una beca parcial, la deducción se aplica únicamente respecto del monto de la colegiatura restante.

A continuación, se muestra un cuadro comparativo del texto del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el cual incluye el texto vigente y las adiciones propuestas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me es grato someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adicionan los párrafos sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo primero a la fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Artículo Único. Se adicionan los párrafos sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo primero a la fracción I, del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 151. ...

I. ...

...

...

...

...

Bajo los mismos supuestos a que se refiere la última parte del párrafo primero, de la fracción I de este artículo, serán deducibles en un 50% del monto anual, los pagos efectuados por servicios de enseñanza a las instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial, correspondientes a la educación básica, media superior y superior a que se refiere la Ley General de Educación.

Asimismo, se considerará deducible en el mismo porcentaje establecido en el párrafo anterior, el pago efectuado por concepto de cuotas de inscripción o reinscripción desde la educación básica hasta superior.

Queda incluida, bajo los mismos supuestos, la educación particular inicial, especial y para adultos a que se refiere la Ley General de Educación.

Para dichos efectos, serán deducibles los pagos efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge, concubino, ascendientes o descendientes en línea recta, incluyendo adoptados.

Se exceptúan del párrafo anterior, a las personas distintas del contribuyente que perciban durante el año calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el valor anual de la unidad de medida y actualización.

Asimismo, quedan exceptuadas las personas que reciban becas o cualquier otro apoyo económico público destinado al pago de servicios de enseñanza. En caso de que un apoyo económico público cubra el total de la educación del alumno, el monto de la colegiatura no será deducible; en caso de que el alumno sea beneficiario de una beca parcial, la deducción se aplica sólo respecto del monto de la colegiatura restante.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan sin efectos todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.

Notas

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5178131&fecha=15/02/ 2011. Diario Oficial de la Federación. Fecha de consulta: 20 de junio de 2019.

2 https://noticias.universia.net.mx/ educacion/noticia/ 2016/02/ 26/ 1136727/cuanto-cuesta-estudiar-carrera-mexico.html: fecha de consulta 24 de junio de 2019.

3 https://www.mexicoevalua.org. México evalúa, fecha de consulta: 20 de junio de 2019

4 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/ 21/crece-matricula-en-escuelas- privadas. El Universal. Fecha de consulta: 25 de junio de 2019.

5 Ídem

6 Ídem

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 9 de septiembre de 2019.— Senador Roberto Juan Moya Clemente (rúbrica).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnense a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.



LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso A Bis a la fracción I del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2019.— Senador Salomón Jara Cruz (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, senador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un inciso A Bis a la fracción I del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Exposición de Motivos

En México, la cerveza es la que domina el mercado de bebidas alcohólicas, al representar más del 80 por ciento del total de las ventas de este sector. Detrás de este producto se encuentran diversos sectores productivos que se ven impactados a través de la cadena de valor: agricultores, transportistas, restaurantes, bares y diversos puntos de venta. De acuerdo con Maribel Quiroga, directora general de Cerveceros de México, actualmente México es el cuarto productor de cerveza a nivel mundial con 105 millones de hectolitros al año, sólo por debajo de China, Estados Unidos y Brasil.

Mientras tanto, nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial en exportación de cerveza, que se realiza a más de 180 países, aunque 80 por ciento se envía a Estados Unidos. “En 2016, el sector cervecero alcanzó un superávit de 2,615 millones de dólares, lo equivalente a un 20por ciento de las exportaciones agroindustriales del país. La industria cervecera genera 55,000 empleos directos y 5 indirectos por cada uno de ellos, y representa el 4 por ciento de la recaudación total de impuestos en el país”.

En los últimos 5 años, la producción de cerveza artesanal ha crecido un 30 por ciento. Cuatro de cada 10 pesos del valor final de cada cerveza es valor agregado o valor nuevo que esta actividad añade durante el proceso de producción. Las empresas dedicadas a la elaboración de cerveza son más grandes que el promedio de la industria de las bebidas, por lo que son importantes generadoras de empleo.

De manera paralela al crecimiento de la industria cervecera, en México se registró un auge de la cerveza artesanal a partir del año 2013, gracias a la resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica para que no existiera exclusividad en la distribución de cerveza. Esta medida dio libertad plena a los centros de consumo para comercializar este tipo de productos, por lo que comenzó a crecer el mercado, sumado a la cultura cervecera ya existente en el país y a la tendencia mundial de su consumo. Paz Austin, Directora General de la Asociación Cervecera de la República Mexicana (Acermex), dijo “una ventaja súper importante de la cerveza artesanal es la diversidad en el producto. Hay muchas opciones para el gusto que sea porque hay muchos estilos. Y otra ventaja, que es una circunstancia económica y comercial del país, es que somos buenos representantes de nuestra industria local. Y actualmente se respira una atmosfera nacionalista importante, y al contar con distintas cervezas por estado o región, eso ayuda mucho”. De acuerdo con la vocera de Acermex, la cerveza artesanal es más cara porque todos los insumos se compran a baja escala, son producciones más pequeñas y más cuidadas. El consumo de cerveza artesanal es una tendencia de índole mundial, y “Aunque hay mucha influencia por parte del mercado norteamericano, se han desarrollado otras vertientes a nivel nacional, como el turismo gastronómico.”

Desde 2011 México se colocó como el principal exportador de cerveza artesanal en el mundo y en el 2016 las ventas alcanzaron los 2 mil 814 millones de dólares, 10.7 por ciento más que el año anterior. Gracias a esa detonación comercial, las pequeñas empresas artesanales han logrado posicionarse en el gusto de un importante número de consumidores.

En otro contexto, el mezcal artesanal atraviesa por el mismo impulso desde hace ya varios años, tiene características y especificaciones que debe cumplir la bebida alcohólica destilada denominada Mezcal para su producción, envasado y comercialización. En este sentido, la Norma Oficial NOM-070-SCFI-2016 señala que, de acuerdo con el proceso específico utilizado para la cocción del maguey o agave, molienda, fermentación y destilación, se obtienen tres categorías de mezcal: mezcal, mezcal artesanal, y mezcal ancestral. La citada Norma Oficial Mexicana establece que, independientemente del tipo de mezcal de que se trate, el mezcal debe cumplir con la especificación de un alcohol volumen a 20° Celsius (por ciento alcohol volumen.) mínimo de 35 y máximo de 55.

Así pues, por lo establecido en la Norma Oficial Mexicana, todos los productores de mezcal, independientemente del tipo producido, están obligados a pagar una tasa del 53 por ciento de IEPS. Sin embargo, el proceso de elaboración del mezcal de tipo artesanal y ancestral, es un proceso mucho más tardado, exigente y complicado. La mayor parte de su producción se realiza a partir de procesos manuales, que inician con machacar el maguey cocido con mazos de madera, aunque para llegar a este punto el producto debió permanecer en un horno de tierra, cubierto de piedras calientes durante 6 o 7 días, aunado a que cosechar cualquiera de las especies de maguey puede tardar desde 5 hasta 12 años.

De acuerdo con el Consejo Regulador del Mezcal en los pasados siete años, México casi cuadruplicó la producción y exportación de mezcal. En 2011, el país produjo 980 mil 375 litros de esa bebida y en 2017 se lograron 3 millones 985 mil 221 litros, lo cual implica un incremento de 306 por ciento en dicho periodo. Mientras tanto, las ventas al exterior pasaron de 627 mil litros en 2011 a 2 millones 801 mil en 2017, es decir, 332 puntos porcentuales más. En estos años el mezcal duplicó su valor, pasando de $200.00 a más de $400.00 por botella de 750 mililitros, y el valor económico de la producción pasó de 2,048 millones de pesos en 2015 a 3,869 millones de pesos en 2017.

La mayor parte de las exportaciones se destinan Estados Unidos y países de Europa, pero Pro México informó que en años recientes ha crecido el consumo de mezcal en naciones asiáticas, como Singapur, Hong Kong e Indonesia. Simplemente las exportaciones de México a Singapur ascendieron a 5 mil 200 millones de dólares entre 2010 y 2017, en tanto las destinadas a Hong Kong sumaron 1.4 millones en 2016, con lo cual México se convirtió en el tercer proveedor de bebidas alcohólicas de esa nación, sólo superados por Chile y Argentina. El mezcal se ha convertido en un motor de desarrollo, no sólo económico, sino también social al generar más 17 mil empleos directos y aproximadamente 75 mil indirectos.

La producción creciente de esta bebida ha permitido que migrantes regresen a sus comunidades de origen, es fuente de empleo para hombres y mujeres generando economía rural en donde hay pocas fuentes de empleo, ha creado oportunidades de desarrollo en segmentos sociales vulnerables y evita que poblaciones altamente susceptibles se empleen en actividades no lícitas. Al mismo tiempo ha propiciado la profesionalización de miles de productores y generado un ambiente de para la innovación y la investigación.

La producción a escala industrial (producción en serie) reduce el costo unitario de producción, lo cual permite al productor fijar un precio menor respecto a aquellos productores que utilizan un método artesanal (producción unitaria). Sin lugar a dudas la producción en serie de ciertos bienes es benéfica para la sociedad, pero cuando hablamos de productos artesanales, como la cerveza o el mezcal, éstos deben producirse bajo ciertos métodos establecidos en una Norma Oficial a fin de conservar precisamente su carácter artesanal o ancestral, donde no existe forma de recudir el costo unitario, pues no es posible sustituir la técnica de producción por otra menos costosa. Esta situación provoca que los productores artesanales de cerveza y mezcal tengan que fijar un precio elevado a su producto a fin de cubrir sus altos costos de producción. Esta circunstancia está amenazando seriamente la continuidad de la producción artesanal de esas bebidas.

En este contexto, los productores de cerveza artesanal aseguran que uno de los mayores obstáculos al que se han enfrentado es a las tasas impositivas, ya que no sólo se trata del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sino que también tienen que pagar el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS), lo que eleva el costo del producto, que alcanza entre 45 a 130 pesos por cerveza, mientras que las comerciales cuestan 25 pesos. Los productores de cerveza artesanal están se obligados a pagar el doble de impuestos que las grandes cerveceras, con 46por ciento de gravamen al producto entre el IVA y el IEPS por cada litro de bebida vendida. Así pues, mientras las grandes marcas industriales pagan $ 3.5 por litro, las artesanales aportan hasta $ 8.

El caso del mezcal artesanal no es muy diferente, actualmente la carga fiscal del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) para este sector es del 53 por ciento, que sumado al 16 por ciento de Impuesto al Valor Agregado (IVA), los productores terminan pagando cerca del 70 por ciento de impuestos.

Así pues, el esquema actual de cobro del IEPS no resulta ni proporcional ni equitativo para los productores artesanales, en comparación con los productores industriales. Por ello, es necesario buscar mecanismos para reducir la carga fiscal que les representa el pago del IEPS, que puede ser con una tarifa diferenciada, ya que los productores artesanales de cerveza y mezcal están en franca desventaja frente a los productores de tipo industrial.

La presente iniciativa plantea reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para reducir la carga fiscal que representa para estos productores el pago del IEPS, ya que si definimos la carga fiscal como el cociente del monto del impuesto pagado y el beneficio obtenido por la venta del producto, resulta que la carga fiscal de IEPS para los productores industriales de mezcal siempre será menor respecto a los productores artesanales y ancestrales porque los primeros tienen un costo de producción mucho menor gracias a que pueden aplicar la producción en serie, algo que los productores artesanales y ancestrales, por definición, no pueden hacer.

La presente reforma significará un importante beneficio para los productores artesanales, ya que la situación actual provoca que estos tengan que fijar un precio muy elevado a su producto a fin de cubrir los altos costos de producción aunado a los impuestos, y que el margen de utilidad para ellos sea mínimo. Con esta modificación les daríamos la oportunidad de fijar un precio más justo por su trabajo que requiere una mayor atención y cuidado. En el caso del mezcal artesanal sin duda contribuirá a que muchos de estos productores artesanales que hoy están en la informalidad, por no cumplir requisitos como estos, tengan la oportunidad de pasar a la formalidad.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa.

Decreto

Que adiciona el inciso A Bis a la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Artículo Único. Se adiciona un inciso A Bis a la fracción I del artículo 2o de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:

1.... Con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L. 26.5%

2. ...Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 20°G.L. 30%

3.... Con una graduación alcohólica de más de 20°G.L. 53%

A-Bis) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza producidos de manera artesanal de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas:

1.... Con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L. 5%

2.... Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 20°G.L. 10%

3.... Con una graduación alcohólica de más de 20°G.L. 15%

B) a J)[...]

II. a III.[...]

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Deloitte. “La cerveza artesanal. Una experiencia multisensorial”, mayo 2017. Consultado el 6 de marzo de 2018 en:

https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/consumer-business/articles/ cerveza-artesanal.html.

2 “Estado de la Industria de la Cerveza Artesanal 2016-2017”

http://acermex.org/wpcontentnt/uploads/2018/09/ industria_cerveza_artesanal16-17.pdf.

3 Ibídem

4 Datos tomados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), Consultado el 7 de marzo de 2018, en:

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

5 Comunicado de prensa referente a la Resolución de COFECE, 11 julio de 2013.

https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2018/10/CFC08-2013.pdf

6 “Estado de la Industria de la Cerveza Artesanal 2016-2017”

http://acermex.org/wpcontentnt/uploads/2018/09/ industria_cerveza_artesanal16-17.pdf.

7 Ibídem

8 Deloitte. “La cerveza artesanal. Una experiencia multisensorial”, mayo 2017. Consultado el 6 de marzo de 2018 en:

https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/consumer-business/articles/ cerveza-artesanal.html.

9 “Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones”.

http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/6437/seeco11_C/seeco11_C.html

10 “Informe estadístico 2017”, Consejo Regulador del Mezcal en:

www.crm.org.mx

11 Ibídem

12 Deloitte. “La cerveza artesanal. Una experiencia multisensorial”, mayo 2017. Consultado el 6 de marzo de 2018 en:

https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/consumer-business/articles/ cerveza-artesanal.html.

• INFOMEX

• Plataforma Nacional de Transparencia

• Biblioteca Melchor Ocampo

• Cámara de Diputados

• Enlace Institucional

• Archivo Histórico

• Directorio de Cong

Ciudad de México, septiembre de 2019.— Senador Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnense a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.



LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2019.— Senador Salomón Jara Cruz (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador de la república Gerardo Novelo Osuna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 8o., numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para la creación de condiciones de competitividad y fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas en la industria cervecera mexicana, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante Mipyme) son responsables, aproximadamente, por el 90 por ciento del sector empresarial o iniciativa privada gobal, de conformidad con datos de la Organización de las Naciones Unidas.

Asimismo, el Banco Mundial señala que las Mipyme contribuyen en un 45 por ciento al empleo formal total, sin contar el informal, y en un 33 por ciento del ingreso nacional (en adelante PIB) respecto de las economías emergentes; mientras que el Consejo Internacional para la Pequeña Empresa indica que, sin diferenciar si pertenece al comercio formal o informal de la economía de un país, las Mipyme representan el 90 por ciento del total de empresas, generando entre 60 y 70 por ciento de empleos y realizan una aportación del 50 por ciento del PIB a nivel mundial.

Lo anterior quiere decir que la columna vertebral de la economía mundial, y de cualquier país, son las Mipyme; y México no es la excepción, pues, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante Inegi), de las 4.2 millones de unidades económicas en nuestro país el 99.8 por ciento son considerados como Mipyme, mismas que aportan el 52 por ciento del PIB y generan 78 por ciento de empleos a nivel nacional; estas empresas deben ser consideradas el principal motor de la economía.

Por ello, la importancia tan relevante de las Mipyme en la economía del país se recoge en el Plan Nacional de Desarrollo (en adelante PND), publicado el 12 de julio en el Diario Oficial de la Federación, señalando una serie de estrategias para enfrentar la complicada situación a la que se enfrentan este tipo de emprendimientos. Sin embargo, el PND hace un diagnóstico acertado sobre lo ocurrido en las últimas décadas, señalando que “la administración pública llevó a cabo una política fiscal claramente orientada a beneficiar a unas cuantas empresas privadas mediante exenciones, créditos fiscales y deducciones injustificadas. Asimismo, como factor para detonar el crecimiento de la economía, el PND sostiene que “la mayor parte de la recaudación cayó en los hombros de las clases medias, las pequeñas y medianas empresas y el pueblo en general. Adicionalmente, la economía se resintió por el peso de la corrupción y la extorsión institucionalizada, por el estancamiento del mercado interno, por lo que se busca, por medio de la presente reforma, instalar un régimen recaudatorio que favorezca a la concurrencia y libre competencia, dándole preferencia a las Mipyme y emprendedores que generan ese bienestar social.

Ahora bien, la problemática fundamental del sector económico más prominente -el de las Mipyme-, es que, a pesar de que éstas emplean a alrededor del 70 por ciento de la población y representen más de la mitad de los ingresos percibidos por las empresas en México, según el PND, más de la mitad de la población vive en la informalidad y, de acuerdo el Inegi, por lo menos entre el 56 y hasta el 70 por ciento de las Mipyme son informales, por lo que evidentemente existe un área de oportunidad sumamente considerable que, actualmente, el país ha desaprovechado.

En ese sentido, las empresas de esta naturaleza tienden a ser más propensas a operar en la informalidad, toda vez que los gastos y costos relacionados son mucho más representativos, a diferencia de las grandes compañías; por ejemplo, en promedio, el registro del negocio les cuesta el 17.8 por ciento del ingreso mensual per cápita; el permiso de construcción el 9.8 por ciento del valor de la propiedad; cumplimiento del contrato el 33 por ciento de la demanda; y, mucho más alarmante aún, el pago de impuestos representan el 52 por ciento de las ganancias.

Derivado de esto, se ha generado gran inestabilidad en la economía nacional, ya que, de acuerdo nuevamente con cifras del Inegi, la esperanza de vida promedio de una empresa recién creada en México es de 7.8 años, resultando poco probable que llegue a consolidarse en el mercado, ya sea local, regional, nacional o, más improbable aun, internacional; sobre todo porque ese promedio conlleva una concentración del 70 por ciento de empresas que cierran en menos de 5 años, lo cual implica que más del 70 por ciento de la población en México, la cual es empleada por las Mipyme, deberá buscar un nuevo empleo cada 5 u 8 años.

Por ello, durante muchos años se ha buscado la manera de estabilizar este sector, y una de las principales políticas públicas para apoyar el emprendimiento de las Mipyme se realizaba por medio del Fondo Nacional Emprendedor, el cual proporcionaba recursos federales a determinados emprendedores que cubrieran los requisitos solicitados.

Sin embargo, la disminución en el Presupuesto de Egresos de 2019, que considera una partida de 659.4 millones de pesos para el fondo nacional emprendedor, 80 por ciento menor en relación con el año pasado, aunado la disolución del Instituto Nacional del Emprendedor (en adelante Inadem) este martes, 13 de agosto de 2019, pone en evidencia que, aunque seguirá la búsqueda de una manera de impulsar el sector, la perspectiva de apoyo a las Mipyme cambió, dejando atrás el asistencialismo y avanzando a un esquema participativo donde los pequeños empresarios se puedan superar por sí mismos, con situaciones fiscales favorables, acceso a financiamiento y créditos bancarios, entre otros mecanismos que les permita independencia y autonomía, sin necesidad de entregarles recursos.

Ahora bien, para lograrlo, se considera necesario incentivar su introducción a la formalidad con la finalidad de generar certeza para los contribuyentes y recaudación para el Estado, sobre todo aquella relacionada con el Impuesto sobre la Renta, mismo que continúa siendo el impuesto más representativo para la Hacienda Pública.

Por ello se pretende aprobar una situación favorable para los emprendedores y las Mipyme para que operen en la formalidad, lo cual genera recaudación que, de otra manera, no percibiría el Estado, es decir, recompensar su voluntad de participar en el mercado formal, en lugar de incentivar esquemas de evasión o elusión con altos impuestos.

En ese sentido, también se debe considerar que la existencia de Mipyme implica la de los emprendedores y, muchos de ellos, nunca habían sido -siquiera estado en posibilidad de ser- sujetos de crédito por la banca privada y estas empresas les proporicionan esa oportunidad; iniciar un negocio representa independencia financiera, lo cual es sumamente atractivo y deseable para la sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo, no obstante, no es fácil.

Ahora bien, con base en esta perspectiva descrita, las Mipyme más sobresalientes en la última década, pese a la situación adversa en la que se encuentran, han sido aquellas dedicadas a la cerveza, especialmente en virtud de la “cerveza artesanal” que producen las Mipyme cerveceras, mismas que desde el siglo pasado llevaron a cabo esfuerzos para incluirse en la oferta del mercado, sin el éxito que en otros países, como Estados Unidos, se ha alcanzado. Inclusive, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas se refiere a este mercado como una de las industrias de importancia en el sector productivo de alimentos y bebidas, y con mayor potencial de crecimiento en el mediano plazo.

No fue sino hasta años recientes que comenzó a notarse un crecimiento sostenido, pues, de acuerdo con los Censos Económicos de 2014 del Inegi, existían 55 unidades económicas dedicadas a la elaboración de cerveza en el país, no obstante, el crecimiento desde entonces ha sido realmente significativo, particularmente con el surgimiento de la tendencia global respecto de las Mipyme Cerveceras; tanto que 3 años después, en 2017, esa cifra ascendió a alrededor de 630 y al cierre del año pasado ya eran más de 1,000, mientras que las ventas en hectolitros crecieron 1,467 por ciento entre 2011 y 2017, al pasar de 10,594 hectolitros a 166,069 hectolitros” de cerveza artesanal, estimando mayor crecimiento para el cierre del presente año.

Lo anterior conlleva implicaciones bastante interesantes, sobre todo en cuestiones de generación de empleo, ya que a pesar de que alrededor del 99.7 por ciento de la producción de cerveza en el país se encuentra monopolizada por dos cerveceras industrializadas que no son mexicanas, estas Mipyme Cerveceras generan 12.5 por ciento del empleo total de la industria cervecera con menos del 0.4 por ciento restante que representan en la producción total. Ello pone en perspectiva la importancia de apoyar la concurrencia y libre competencia en el mercado cervecero, el cual está monopolizado por esas dos empresas extranjeras.

De hecho, en 2013, la Comisión Federal de Competencia Económica emitió una resolución para intentar contrarrestar el duopolio cervecero ejercido por empresas extranjeras eliminando la exclusividad en la distribución de la bebida en locales y tiendas de autorservicio e incluso se les ha multado por incumplir los compromisos con ese órgano constitucional autónomo, desafortunadamente, este ejercicio no ha sido suficiente, pues sólo está facultada para enfrentar el problema desde cierto punto de vista y existen otras herramientas fegales para mantener su concentración de poder en el mercado.

Inclusive, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP/IF0/402/2018), “el desarrollo de la industria de la cerveza artesanal se ha visto frenado por los principales consorcios cerveceros establecidos en México. No obstante se ha comenzado a popularizar su consumo debido a la calidad, diversión y atención personal que ofrecen los productores artesanales”. Para este centro de estudios del Congreso de la Unión consideran que “dentro de los principales retos que enfrenta la industria de la cerveza artesanal en México se encuentran: la carga fiscal y la falta de una regulación que permita establecer estándares de calidad específicos mediante la supervisión de las empresas”.

Como se ha señalado previamente, estas pequeñas empresas cerveceras también tienden a ser más propensas a desaparecer de manera anticipada, 7.8 años de esperanza de vida en promedio, y a operar en la informalidad debido a los altos costos asociados, particularmente derivado de la fuerte carga tributaria que se les impone.

Precisamente, una de las herramientas más efectiva de las empresas extranjeras que han monopolizado el mercado cervecero es la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (en adelante IEPS), toda vez que les carga un impuesto ad valorem de carácter regresivo que representa una desproporción fiscal sobre quienes son particularmente los de menor capacidad tributaria y financiera, derivando en la generación de una diferencia sustancial en el pago de impuestos que realiza una cervecera industrial contra una Mipyme Cervecera; esto significa que, en términos ilustrativos, de 10 pesos que cuesta una cerveza industrial, sólo pagará 2.65 pesos de impuestos, mientras que de los 40 pesos que cuesta una cerveza artesanal, pagará 10.6 pesos, es decir, las Mipyme Cerveceras pagan cuatro veces más de impuestos, únicamente considerando el gasto por concepto de IEPS, aún sin considerar otros impuestos, como el impuesto al valor agregado (en adelante IVA), pues sí estos dos conceptos tributarios se suman, alcanzan un total de 42.5 por ciento sobre el precio de venta de las cervezas.

Así, partiendo de que los impuestos debieran ser fiscalmente equitativos, el IEPS, planteado como se encuentra actualmente, resulta violatorio de ese principio.

Retomando el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, “de acuerdo con Deloitte (2017), en Estados Unidos la cerveza industrial paga sobre el precio de venta alrededor de 2. 50 pesos por litro (ppl) y la cerveza artesanal paga 1.24 ppl; es decir, existe una diferencia de 1.26 pesos. En cambio, en México la carga impositiva de la cerveza artesanal es alta, ya que actualmente por cada litro de cerveza industrial se paga alrededor de 3.50 pesos y por la cerveza artesanal se paga entre 10 y 12 pesos por litro.”

Este esquema en el que quienes producen y venden mayores volúmenes enteran menos impuestos que aquellos que producen y venden menos, independientemente del producto, es una discriminación sistémica en contra del pequeño productor y, en virtud de ello, se convierte en una violación permanente de los principios tributarios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente respecto del artículo 31, fracción IV.

Lo anterior, toda vez que promueve la concentración y fomenta el monopolio, impactando en mayor medida a las Mipyme, encareciendo su producción y, en consecuencia, el producto, restándole competitividad. Ello, irremediablemente lo orilla a la desaparición de dicho producto del mercado y, por lo tanto, favorece la concentración monopólica en el comercio por parte de las grandes empresas.

Ahora bien, ¿por qué es tan alto el costo de la cerveza que producen las Mipyme Cerveceras? Es importante señalar que el elevado precio de la cerveza artesanal, previo a impuestos, se debe a que las Mipyme Cerveceras no gozan de las mismas economías de escala, especialmente en el empaque y distribución, que sí tienen las cervecerías industriales extranjeras que manejan el mercado nacional.

Aunado a ello, las Mipyme Cerveceras se distinguen por utilizar procesos de producción intensivos en mano de obra, y por enfocarse en nichos de mercado con consumidores particulares que buscan recetas basadas en ingredientes especiales y, generalmente, de mayor calidad y costo.

En otras palabras, mientras que las cervecerías industriales extranjeras producen la mayor parte de sus insumos, incluyendo ingredientes, botellas, corcho latas, etiquetas y cajas; las Mipyme Cerveceras incluyen diversos sectores a la cadena de valor, adquieren todo de pequeños proveedores locales, la mayoría de ellos independientes, y cuando no hay proveeduría local importan algunos bienes, lo cual suma al costo.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, “el desarrollo económico de los países depende de diversos factores, como un marco jurídico estable, los acuerdos comercia/es y de cooperación económica que firme con otros países, la facilidad para emprender negocios, así como de un entorno empresarial sólido, competitivo e innovador que facilite y fortalezca la actividad económica. Por lo anterior, en los países en vías de desarrollo como México, es importante crear un ecosistema robusto, que se caracterice por incorporar a todo tipo de empresa a las cadenas de valor, a la vez que estas sean capaces de satisfacer la demanda de sus clientes y competir a nivel internacional.”

No obstante, es importante resaltar que este sector ha logrado avanzar a pesar de todos los obstáculos aquí expuestos debido a la relevancia que México tiene como productor cervecero a nivel mundial y a la tendencia mundial respecto de este tipo de bebida.

De acuerdo con cifras de Cerveceros de México, México es el mayor exportador de cerveza en el mundo, por encima de países muy desarrollados como China y Estados Unidos; dos de cada cinco cervezas en el mundo se elaboran en el país. Según estas cifras, en los primeros seis meses de 2018, la exportación alcanzó un total de 19.4 millones de hectolitros, un aumento del 15 por ciento respecto del año anterior.

En 2018, México fue el cuarto productor global de cerveza con 120 millones de hectolitros, seguido por Alemania con 92 millones de hectolitros, solo por debajo de china (440 millones de hectolitros), EE.UU. (217 millones de hectolitros) y Brasil (140 millones de hectolitros).

Por otra parte, aunando a la relevancia de este producto, de acuerdo con el análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, misma que por quinto año consecutivo tiene superávit con 5, 273 millones de dólares -el más alto saldo desde hace 25 años-, se debe en gran parte gracias a la cerveza, pues es el principal producto agroindustrial, el cual reporta un superávit de 2,050 millones de dólares, haciéndola la mercancía que más contribuye a dicho superávit.

Esto representa un gran impacto en el desarrollo regional y en la agricultura, ya que los insumos necesarios para la elaboración de esta bebida se encuentran estrechamente vinculados con el campo, así como otras industrias; Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas tienen fábricas de malta que son importantes para su economía local.

Respecto de su relación con el desarrollo del campo, la industria cervecera del país juega un rol crucial, sobre todo en la tecnificación del campo y en la producción de diversos cultivos, particularmente la cebada.

Según cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, desde 2017, la industria cervecera del país utilizó en su totalidad cebada mexicana. Y para que ello sucediera, hubo un gran impulso por parte de esta industria para tecnificar el campo; de 2007 a 2017, el rendimiento por hectárea de cebada aumentó de 2.3 a 2.8 toneladas, gracias a la modernización del campo que la cerveza provocó.” Los principales estados productores de cebada, entre otros, son estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas; para estas entidades federativas, la cerveza ha representado un estabilizador de sus economías respectivas. La producción de cerveza conlleva una alta transversalidad económica.

Sin embargo, especialmente en este aspecto, la cerveza artesanal que producen las Mipyme Cerveceras cobra suma relevancia, pues a diferencia de la cerveza industrial, éstas se elaboran a partir de numerosos tipos de cultivos adicionales a la cebada; desde frutos hasta hierbas, pasando por muchos otros como diversas variedades de cereales. Esto implica una importante área de oportunidad para los agricultores mexicanos, impulsar la cerveza artesanal es trabajo y dinero para los trabajadores del campo, especialmente debido a que las Mipyme Cerveceras obtienen los cultivos de pequeños productores del campo o, incluso, se obtienen de autogestión.

De acuerdo con las Mipyme Cerveceras afiliadas a Acermex, 12 por ciento cultiva alguno de sus ingredientes; por otra parte, el 42 por ciento usaron ingredientes adicionales cultivados en México, de los cuales el 68 por ciento lo obtiene directo del productor. Particularmente, respecto de este último punto, abonando al intercambio de conocimiento en el campo y su tecnificación, el 64 por ciento buscó interacción con el productor para adaptar ingredientes a sus necesidades.

Las Mipyme Cerveceras proveen de una gama amplísima de cerveza artesanal, la cual necesita distintos insumos y cultivos para elaborarse, pues pone a disposición una diversidad local y regional de productos que incluye otros tipos diferentes a la lager común como ales, stouts, sours, IPAs y bitters, según la Brewers Association existen más de 140 estilos distintos de cerveza. Y, aunque en ocasiones no se encuentran los insumos dentro del país, existen muchos cultivos provenientes de trabajadores del campo que se utilizan para esa diversidad.

Así, la elaboración de cerveza, según la producción bruta, se ubica entre las 14 actividades más importantes de la producción manufacturera del país, de un total de 291 clases de actividad, solo después de la refinación de petróleo, fabricación de autos y camionetas, por ejemplo.

Debido a ello, las inversiones en la industria de la elaboración de la cerveza ascendieron a más de 111 mil millones de pesos entre 2013 y 2017, de acuerdo con Cerveceros de México.

Por ello, la pretensión es incluir a los emprendedores cerveceros a esta dinámica de alto impacto económico y que ya no participen de ella sólo las grandes compañías internacionales. Con base en rango de edad que consume cerveza artesanal, se detectó que, tantos los emprendedores como el mercado de las Mipyme Cerveceras, la edad objetivo oscila entre los 20 y 39 años, y la mayoría pertenece a deciles de ingreso medio alto. En México, según el Inegi, ese rango de edad representa más del 33 por ciento de la población total, es decir, más de una tercera parte de todo el país, lo cual es un indicador importante sobre la tendencia nacional del mercado cervecero, mismo que, de ser explotado, implicaría un beneficio importante para la economía, tanto regional como nacional.

Una industria tan grande, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, genera mucho empleo; en México, aquellos relacionados directamente con la elaboración de la cerveza son más de 55 mil empleos, y más de 6,886 empleos son creados por las Mipyme Cerveceras, es decir, 12.5 por ciento del total. Es importante señalar que los empleos por parte de Mipyme Cerveceras han aumentado considerablemente, pues de 150 en 2011, se generaron esos 6,886 empleos en 2017, según información de la Asociación Cervecera de la República Mexicana (en adelante Acermex).

Respecto de lo anterior, es importante considerar los empleos adicionales que se generan en la cadena de valor, en la distribución y comercialización, así como los indirectos e inducidos, ya que no solo se generan aquellos dedicados al cultivo de la cebada y elaboración de Malta, sino, también, aquellos dedicados al aluminio y vidrio para las latas y botellas.

Se estima que por cada empleo directo generado en la elaboración de cerveza se apoya la creación de casi 11 empleos adicionales en la cadena productiva. Esto es, los 55 mil empleos de la elaboración de la cerveza apoyan la generación de alrededor de 580 mil empleos adicionales, con base en el estudio de EY, Quantifying the total economic contribution of Mexico’s beer industry during 2015.

La novedosa tendencia de la cerveza artesanal, la cual se produce, se consume y se exporta por medio de marcas mexicanas, debe ser aprovechada, pues la creciente tendencia ha sido sumamente rentable y representa recursos considerables que no se están generando como en otros países.

Muchos estados se han beneficiado ampliamente del surgimiento de las Mipyme Cerveceras, encabezada su producción por Jalisco con 29 por ciento, seguido por Baja California con el 17 por ciento y Nuevo León con 14 por ciento. Asimismo, Baja California fue el estado con mayor concentración de cervecerías artesanales con 12.77 por ciento, seguido muy de cerca por Ciudad de México con 11.7 por ciento y Michoacán con el 10.11 por ciento del total nacional.

Y es que resulta tan relevante que, si bien a nivel federal no se ha emitido alguna regulación en la materia, distintas entidades como Michoacán y Baja California han creado legislación que permita el buen desarrollo de la cerveza artesanal. Específicamente, Baja California aprobó modificaciones a la Ley de Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas, con la finalidad de que sus municipios pudieran dar permisos especiales para la comercialización y producción de cerveza artesanal.

Algunos de los beneficios que estas reformas locales han generado son certeza jurídica para la venta, consumo, almacenaje y distribución de cerveza artesanal, evitar la concentración de licencias por parte de las grandes empresas cerveceras, mayor inversión en el sector, generación de nuevas fuentes de empleo e incremento del turismo.

En comparación, mientras las Mipyme Cerveceras en México representan menos del 0.4% del mercado mexicano, en Estados Unidos, gracias al capital disponible con el que estas Mipyme cuentan, debido a apoyos fiscales y de promoción, así como de las facilidades proporcionadas para accesar a materia prima, las Mipyme Cerveceras ocupan hasta el 12 por ciento del mercado estadounidense.

En México, como en Estados Unidos, una cervecería se considera artesanal (o microcervecería) si tiene una producción anual menor a los 6 millones de hectolitros y es independiente, aunque actualmente el Congreso Estadounidense pretende incrementar dicho límite a 7 millones, en virtud de los excelentes resultados que la política implementada en apoyo a las Mipyme Cerveceras.

Sin embargo, el precio es el elemento principal que impedirán continuar con el sorprendente crecimiento que han tenido las Mipyme Cerveceras en nuestro país, exponenciado particularmente por su carga tributaria. Este precio se eleva de 50 a 300 por ciento por encima de los conocidos industriales comerciales, manejados por empresas extranjeras, por lo que las Mipyme Cerveceras están fuera de la competencia, y solo realmente se mantienen en el mercado por medio de aspectos como sabor, presentación o calidad, entre otros.

Y no precisamente se intenta competir, pues aunque ambos productos son, al final, cerveza, la realidad es que, en virtud de sus ingredientes, acaban siendo vistos en el mercado como bienes muy distintos, de alguna manera, como la diferenciación que se hace entre el tequila y el vino, por ejemplo. Por lo que realmente no se pretende que los consumidores sustituyan la cerveza industrial por la artesanal, sino que las Mipyme Cerveceras logren estabilidad económica, consolidación en el mercado y catalizar la recaudación.

Subir los impuestos no implica aumentar la recaudación, no obstante, sí implica evasión, elusión e informalidad; así como bajar los impuestos tampoco implica necesariamente reducir la recaudación, sino promover determinados sectores de la economía.

Tampoco se pretende disminuir su precio, pues para que ello ocurriera el gobierno tendría que subsidiar su producción; esto, debido a que, como se señaló anteriormente, no costará menos la cerveza artesanal que producen las Mipyme Cerveceras, pues si éstas bajaran sus precios se volverían a colocar en la misma situación que se encuentran ahora, donde no pueden reinvertir y sus ganancias se pierden especialmente en el pago de impuestos, en lugar de aplicarlas en las diversas secciones de la cadena de valor.

Se considera el aspecto de externalidad negativa respecto de la salud relacionada con el consumo de la cerveza, por lo que no se busca, por sí mismo, beneficiar a la industria cervecera como tal, sino beneficiar a las Mipyme, columna vertebral de la economía de nuestro país y del mundo, que, incidentalmente, se dedican a la elaboración y comercialización del producto más importante y con mayor potencial de México.

El consumo no se incrementaría por este nuevo esquema, pues los precios no bajarían y seguiría su costo en el mercado muy por encima de la cerveza industrial, sólo les permitiría a las Mipyme utilizar sus ganancias para mejorar sus condiciones de producción, empleo y competencia.

Toda esta problemática protege el monopolio de las dos principales cerveceras del país, las cuales no son mexicanas, e impiden el crecimiento de Mipyme dedicadas a esta industria.

Recapitulando, las Mipyme no son ajenas a la corta esperanza de vida que se ha señalado y, si bien, la esperanza de vida depende de diversos factores, tales como marca, calidad, cuestiones administrativa, ventas o planeación, debemos reconocer que las Mipyme y los emprendedores se enfrentan a un mercado adverso, pues desde el inicio de sus operaciones deben competir con dos grandes empresas que cuentan con una mayor solidez financiera, así como una compleja estructura tecnológica, características que poseen las compañías extranjeras, teniendo el esquema fiscal actual como principal herramienta para mantener oprimido el potencial de las Mipyme Cerveceras.

El IEPS vigente, al ejercer mayor carga sobre las Mipyme Cerveceras, está distorsionando el mercado, afectando negativamente a pequeños emprendimientos de jóvenes mexicanos que, individual y colectivamente, sustentan el empleo de miles de personas a lo largo y ancho de la República Mexicana; mismos que encarnan el actual motor de la innovación en el mercado de las bebidas en México, logrando, a pesar de todo, crecer anualmente -por lo menos en un 30 por ciento- en una economía deprimida, pues forman parte de un movimiento global y reciente que promueve productos alternativos locales y de mayor calidad, desarrollados por empresas social y ambientalmente responsables. Ello, bajo la óptica del esquema actual del IEPS que contradice la esencia del PND.

Al respecto, resulta oportuno citar una de las conclusiones que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, pues refiere que “los altos costos de elaboración y la actual regulación fiscal frena la producción de cerveza artesanal, por lo que se consideran dentro de los retos que enfrenta los productores de esta industria. Lo anterior, de resolverse, buscaría impuslar al sector para tener mejores condiciones de competencia respecto a sus homólogos en distintas partes del mundo”.

Con base en lo anterior, se propone una reducción al IEPS impuesto a la cerveza, con el objetivo de promover el crecimiento, el empleo y la concreción de igualdad de circunstancias, así como equidad en las contribuciones -un piso parejo-.

En ese sentido, la reducción se calcula con base en lo que de hecho pagan, en promedio, las cerveceras industriales y se fijaría un límite a partir del cual permita un margen de desarrollo para las Mipyme Cerveceras. La propuesta, entonces, consiste en reducir la tasa actual del IEPS causado por la venta de cerveza al 5 por ciento cuando se produzcan menos de 25 mil hectolitros durante un año fiscal.

Los recursos liberados por el ajuste promoverían el dinámico proceso de inversión de la industria cervecera, con un efecto positivo en toda la cadena de valor, mayor oportunidad y desarrollo del campo mexicano, pero, sobre todo, necesariamente generaría la inclusión y el retorno de las Mipyme cerveceras a la formalidad, lo cual representaría un incremento considerable en la recaudación del impuesto sobre la renta (ISR) -la contribución más importante para el Estado-.

La recaudación del IEPS que las Mipyme Cerveceras generan no es significativa para la Federación, no obstante, los beneficios que se obtendrían por apoyar a esta industria sí lo son; aumentaría la recaudación de otros impuestos como el IVA e ISR, incrementaría la generación de empleos, involucrando otros sectores de la economía como la gastronomía y el turismo, incrementaría la esperanza de vida de las Mipyme, la industria nacional podría competir en el mercado interno y externo, entre muchos otros.

Asimismo, permitirá el ingreso de las Mipyme al sector financiero, principal medio por virtud del cual el PND pretende motivar la proliferación de Mipyme nacionales.

Por su parte, el impacto en la recaudación del IEPS a la cerveza, tomando como referencia el IEPS estimado en la Ley de Ingresos de 2019 y utilizando la metodología empleada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, esta propuesta alcanzaría una pérdida fiscal de entre 129 y 323 millones de pesos, pasando de 36,812 millones a, aproximadamente, 36,500 millones pesos en recaudación.

Esta pérdida mínima en la recaudación no es representativa, mucho menos considerando los beneficios económicos transversales, y la cantidad se explica por el hecho de que actualmente la cerveza producida por las Mipyme Cerveceras concentra sólo alrededor del 0.45 por ciento del total de lo pagado por concepto de IEPS impuesto a la cerveza. Ahora bien, considerando la tendencia en la política tributaria actual, esa pérdida se recuperará con el aumento inminente al IEPS respecto de los productores que superen los 25 mil hectolitros, es decir, el perjuicio fiscal generado existe, pero se verá subsanado de manera directa por los productores industriales de cerveza.

Considerando el cambio de paradigma que se presenta en el gobierno federal, previendo la disolución del Inadem y la reducción del 80 por ciento del presupuesto del Fondo para el Emprendimiento, es claro que se busca impulsar a las Mipyme desde una perspectiva sectorial y atendiendo a las necesidades particulares de cada industria. Las Mipyme cerveceras podrían continuar con su favorable tendencia a partir de algo que no solo es justo, sino que es conveniente para las finanzas públicas de la federación y los estados.

Esta propuesta busca proteger a las Mipyme contra la industria extranjera que se aprovecha del mercado mexicano en uno de sus aspectos económicos más prominentes, reduciendo el porcentaje a enterar por parte de estos pequeños empresarios, de tal manera que permita su desarrollo y les posibilite competir con el mercado nacional e internacional.

Ello liberaría la industria cervecera del país de empresas extranjeras y fomentaría la formalidad de estas Mipyme; sin embargo, no pretende que los mexicanos tomen más, sino que consuman nacional y accedan a un producto de mayor calidad, tal como lo afirma el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Es necesario también resaltar el alcance de los beneficios que se prevén a partir de un sector económicamente transversal como el de las Mipyme Cerveceras, como se ha expuesto antes, en apoyo a la agricultura, por ejemplo. Sin embargo, existen muchos otros aspectos que se verán beneficiados directamente si se implementa un régimen fiscal adecuado y proporcional para estas Mipyme; en ese sentido, según encuestados de Acermex, algunos de sus afiliados cerveceros fueron aprobados para participar en el programa social “Jóvenes Construyendo el Futuro” -uno de los programas sociales más icónicos de la presente administración pública federal-, y actualmente se encuentran capacitando jóvenes para que adquieran el conocimiento necesario para llevar a cabo un emprendimiento, elaborar un producto y distribuir y comercializar bienes.

Por otra parte, de conformidad con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, otro aspecto beneficiado directamente es el turismo. En entidades como Baja California, en virtud de su estratégica ubicación geopolítica, ha desarrollado con éxito un turismo con base en la cerveza artesanal.

Es innegable el surgimiento de turismo cervecero. El turismo cervecero está asociado con clústers como distritos cerveceros, festivales y otros esfuerzos creativos como competencias, catas y rutas cerveceras. Una considerable cantidad de comunidades y regiones han reconocido o detectado la aportación que la cerveza artesanal proporciona al turismo de la industria. Muchas ciudades en donde las Mipyme Cerveceras han proliferado o se han unido, se han convertido en distritos cerveceros reconocidos, lo cual apoya a las comunidades a capitalizar el creciente surgimiento del turismo cervecero.

Lo auténtico se vuelve una de las principales preocupaciones para las Mipyme Cerveceras, y uno de los factores que más contribuyen a ello es el consumo de productos locales. Incluso, en algunos casos, muchas Mipyme Cerveceras proporcionan la experiencia de beber cerveza artesanal a la vista o junto a los tanques de fermentación, lo cual representa consumir lo más cercano posible al punto de producción.

La sociedad de cualquier ciudad o región cervecera han aprovechado y utilizan estrategias para atraer turistas atraídos por la cerveza artesanal y los resultados han sido muy interesantes; por ejemplo, rutas de cerveza o paseos cerveceros como el “turibus cervecero” en Ciudad de México, asimismo, un gran atractivo han sido los festivales cerveceros, destacando los de Baja California, Jalisco, Puebla, Michoacán y, nuevamente, Ciudad de México. Y, más allá de los festivales, también las ciudades que ya son consideradas como prominentes destinos turísticos han aprovechado esta situación para mejorar su situación y atracción.

El sector artesanal de la cerveza, mediante las Mipyme, han influenciado la identidad de sus ciudades, reconfigurado el turismo y transformado la manera de concebir la cerveza en general.

Inclusive, la gastronomía se ha visto potencializada, pues las Mipyme Cerveceras proporcionan a los visitantes o turistas una experiencia alimentaria única basada en la ciudad o el estado en donde se encuentran. El localismo de las cervezas artesanales se identifica como un activo sumamente importante para el desarrollo de turismo gastronómico.

Y es que conectar con la comunidad local es clave y crucial para las Mipyme Cerveceras si desean tener éxito, pues esta estrategia ha sido demostrada como exitosa. Consumir al mismo tiempo que se produce dentro de una economía local son importantes aportaciones a la salud de cualquier economía nacional.

Una creciente cantidad de ciudades reconocen el valor y la importancia de la contribución que las Mipyme representan y pueden incentivar el desarrollo local, particularmente a la escala de colonias, pues, en muchos casos, es un catalizador para su revitalización, ya que muchas veces se encuentra deteriorada.

Lo anterior, debido a que las Mipyme Cerveceras no dudan mucho en ubicarse dentro de colonias o edificios que muchas otras industrias consideran poco atractivos. Sin embargo, como resultado del deseo de invertir, aceptan estas áreas deterioradas, transformándolas en lugares concurridos por su novedad o su distanciamiento de lo que es considerado popular por la mayoría. El establecimiento de una Mipyme Cervecera puede representar vida nueva para edificios abandonados o estructuras vacías o sin terminar, convirtiendo esa ubicación en una atracción para residentes e, incluso, turistas. Las Mipyme Cerveceras no sólo reflejan la personalidad de quienes emprenden en esta industria, sino también la personalidad de la comunidad en la que se instalan.

Es importante resaltar que, habiendo afirmado la conexión y el vínculo entre las Mipyme Cerveceras y el lugar en el que se encuentran, además de enaltecer la historia de la comunidad o del lugar, procuran la sustentabilidad y el medio ambiente pues es de donde obtienen la ventaja respecto de sus competidores industriales. Sin ecosistema, sin medio ambiente, sin comunidad y sin historia, las Mipyme Cerveceras y sus cervezas artesanales pierden una ventaja crucial, por lo que deben preocuparse por cualquier tipo de problema que menoscabe dichos valores.

Lo anterior, pues una mercadotecnia basada en un lugar es un punto de partida muy útil y ello se desenvuelve en algo mucho más amplio; las Mipyme Cerveceras se convierten en un concepto que combina historia, ubicación, espacio, regionalismo y práctica para no sólo crear la marca, sino para mejorar la competitividad de la ciudad o la región en una economía global; ya sea respecto de la cerveza, la gastronomía, el turismo, el trabajo del campo o el flujo de capital en general para la inversión en la comunidad.

Además, el vínculo de las Mipyme Cerveceras y las comunidades permite experimentar o acceder a propuestas locales a aquellos consumidores que radiquen fuera de la localidad, reconfigurando el esquema de la globalización y permitiendo el consumo local sin estar dentro de la comunidad.

En este sentido, se realiza un comparativo entre la Ley del Impuesto Especial sobre

Producción y Servicios vigente con la propuesta que se presenta en esta iniciativa:

A partir de esta redacción propuesta para reformar el artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se pretende que aquellos contribuyentes informales puedan acceder a la tasa del 5 por ciento, siempre y cuando se den de alta en el Registro Federal de Contribuyentes y, al mismo tiempo, se prevé que aquellos nuevos emprendedores de este sector cervecero, quienes evidentemente no cuentan con un ejercicio fiscal inmediato anterior, puedan también acceder a la tasa propuesta. Esto fomenta la formalidad y, necesariamente, aumentaría la recaudación federal ampliando la base gravable.

Por su parte, se propone una tasa del 5 por ciento toda vez que ello implicaría, en términos prácticos, que las Mipyme tuvieran una carga tributaria similar a aquella de las cervecerías industriales, generando equidad e igualdad de condiciones para la concurrencia y propiciando la libre competencia que merecen.

Finalmente, se prevé el caso de aquellos quienes superen el límite fijado, extrayéndolos del supuesto de la presente reforma, impidiéndoles acceder nuevamente al supuesto del 5 por ciento, toda vez que se asume que, habiendo superado dicho límite, se han consolidado en el mercado, adquiriendo la capacidad económica para contribuir en mayor medida a la hacienda pública federal.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para la creación de condiciones de competitividad y fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas en la industria cervecera

Artículo Único. Se reforma el artículo 2º-C de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para quedar como sigue:

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Título I

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 2o.-C.- Para los efectos del artículo 2o., fracción I, inciso A), de esta ley, los fabricantes, productores o envasadores de cerveza, que la enajenen y quienes la importen, pagarán el impuesto que resulte mayor entre aplicar la tasa prevista en dicho inciso al valor de la enajenación o importación de cerveza, según se trate, y aplicar una cuota de $3.00 por litro enajenado o importado de cerveza, disminuida, en los casos que proceda, con el monto a que se refiere el siguiente párrafo. En estos casos, el impuesto no podrá ser menor al que resulte de aplicar la tasa prevista en el citado inciso a la enajenación o importación de cerveza.

[ ... ]

A los fabricantes, productores, envasadores o importadores de cerveza se les aplicará una tasa de 5 por ciento, siempre que, en el ejercicio inmediato anterior, no superen 25 mil hectolitros enajenados o importados.

Respecto de los fabricantes, productores, envasadores o importadores de cerveza que se hubieren inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes en el ejercicio, podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en el párrafo anterior, hasta en tanto el monto de la enajenación o importación no exceda el límite a que se refiere el mismo.

Cuando la enajenación o importación realizada excedan 25 mil hectolitros en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, se aplicará la tasa señalada en el numeral 1 del inciso A) del artículo 2o. de esta Ley, a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió el monto citado.

Cuando los fabricantes, productores, envasadores o importadores de cerveza excedan el límite a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso podrán volver a aplicar la tasa· prevista en el presente artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cfr. Durán, Paloma, directora del SDG Fund (2017). Microempresas, Pyme y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de

http://www.onu.org.mx/microempresas-pymes-y-objetivos-de-desarrollo-sostenible/

2 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC (2018) Día de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Recuperado de

https://www.gob.mx/bansefi/es/articulos/dia-de-las-microempresas-y- las-pequenas-y-medianas-empresas?idiom=es

3 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, DOF, 12 de julio de 2019.

4 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, DOF, 12 de julio de 2019.

5 Cfr. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, DOF, 12 de julio de 2019.

6 Mipymes como motor de desarrollo en México, CIEPE/BUAP, Inegi; Doing Business 2017, IMCO.

7 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018.

8 Cfr. Calvillo, Érick, Deloitte, 2017. La Cerveza Artesanal: Una experiencia multisensorial.

9 IEPS a Cervezas y Bebidas Alcohólicas, 2018, CEFP/030/2018, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

10 Cfr. Calvillo, Érick, Deloitte, 2017. La Cerveza Artesanal: Una experiencia multisensorial.

11 Asociación de Cerveceros Artesanales de México (ACERMEX).

12 En ese sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe reclama que pese a que las Mipyme, que constituyen el 99% del tejido industrial, generan la mayoría de los empleos, su productividad es extremadamente baja en relación con la de las grandes empresas, y que para superar esta situación, el desarrollo de cadenas productivas debe incorporar empresas de diferente tamaño, dando especial atención a las Mipyme, pues es requisito insoslayable para la generación de empleos y salarios que reduzcan la heterogeneidad de las economías de la región. Una mayor internacionalización de estas empresas, particularmente en su quehacer exportador, contribuye a mejorar la productividad y las condiciones laborales de sus trabajadores.

13 Cfr. Vera Matías (2018) Iniciativa Cuota Fija a Bebidas Alcohólicas.

14 Recuperado de

https://www.inadem.gob.mx/las-mipyme-en-mexico-retos-y-oportunidades/

15 Cerveceros de México. Recuperado de

https://cervecerosdemexico.com/2018/09/11/cerveza-mexicana-lider- en-exportacion-en-estados-unidos-y-el-mundo/

16 Recuperado de

https://www.gob.mx/siap/documentos/reporte-mensual-de-la-balanza-comercial- agroalimentaria-de-mexico

17 Recuperado de

https://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-agricola-33119

18 Cfr. Jay Gatrell, Neil Reid, Thomas Steiger, 2017, Branding spaces: Place, region, sustainability and the American craft beer industry. Applied Geography Journal

19 Cfr. Carlos Gómez-Corona, Héctor Escalona-Buendía, Mauricio García, Sylvie Chollet, Dominique Valentin, 2015, Craft vs. Industrial: Habits, attitudes and motivations towards beer consumption in Mexico. Appetite Journal.

20 Recuperado

https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/default.html#Informacion_general

21 El Mercado de la cerveza artesanal en México, 2018, CEFP/IFO/402/2018, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Página 6.

22 El Mercado de la cerveza artesanal en México, 2018, CEFP/IFO/402/2018, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Página 7.

23 Cfr. Calvillo, Érick, Deloitte, 2017. La Cerveza Artesanal: Una experiencia multisensorial.

24 Cfr. Calvillo, Érick, Deloitte, 2017. La Cerveza Artesanal: Una experiencia multisensorial.

25 Cfr. Jay Gatrell, Neil Reid, Thomas Steiger, 2017, Branding spaces: Place, region, sustainability and the American craft beer industry. Applied Geography Journal.

26 Cfr. Neil Reid, Jay Gatrell, 2016, Craft Breweries and Economic Development: Local Geographies of Beer. Polymath: An interdisciplinary arts and sciences journal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.— Legisladores: Gerardo Novelo Osuna, Arturo Bours, Martí Batres, Juan José Jiménez Yáñez, Hijinio Martínez Miranda, Rocío Abreu Artiñano, Bertha Caraveo Camarena, Ernesto Pérez Astorga, Alejandro Armenta Mier, María Soledad Luévano Cantú, Eduardo Ramírez Aguilar, Gustavo Madero, Ana Lilia Rivera Rivera, Daniel Gutiérrez Castorena, Imelda Castro Castro, Cecilia Sánchez García, Gina Andrea Cruz Blackledge, Ricardo Monreal Ávila, Susana Harp, Juan Manuel Fócil Pérez, Ricardo Velázquez Meza, Citlali Hernández Mora, Julio Menchaca Salázar, María Merced González González, Samuel García, Miguel Ángel Mancera, Blanca Estela Piña Gudiño, Índira Kempis Martínez, Jorge Carlos Ramírez Marín, Carlos Torres Piña, Martha Lizeth Noriega Galaz, Javier Castañeda Pomposo, José Luis García Duque, Manuel Baldenebro, Martha Patricia Ramírez Lucero, Hirepan Maya Martínez, Juanita Guerra Mena, Olga Juliana Elizondo Guerra, Socorro Irma Andazola Gómez, Mario Ismael Moreno Gil, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Héctor Joel Villegas González, Tatiana Clouthier Carrillo (rúbricas).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnense a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.



COMUNICACIONES OFICIALES

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con el siguiente resolutivo:

Único: En los términos del numeral 3 del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, son integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores para el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura los siguientes senadores:

Senador Ricardo Monreal Ávila

Presidente

Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena

Senador Mauricio Kuri González

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Senador Miguel Ángel Osorio Chong

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Senador Dante Delgado

Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Senador Manuel Velasco Coello

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Senadora Sasil de León Villard

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social

Senadora Freyda Marybel Villegas Canché

Del Grupo Parlamentario de Morena

Senador Higinio Martínez Miranda

Del Grupo Parlamentario de Morena

Senadora Josefina Vázquez Mota

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Para conocimiento preciso del referido acuerdo, adjunto copia del mismo.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2019.— Senador Primo Dothé Mata (rúbrica), secretario.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De enterado.

INTERVENCIONES DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS



PROCESO DE DICTAMINACIÓN EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

La diputada María Marcela Torres Peimbert(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputada Torres Peimbert?

La diputada María Marcela Torres Peimbert (desde la curul): Presidenta, quisiera poner aquí ante el pleno una situación totalmente irregular que se está viviendo en la Comisión de Educación.

El dictamen o los dictámenes, que son tres, se circularon ayer a las cinco de la tarde. No cumple con nuestra Ley Orgánica que marca que los dictámenes tienen que ser circulados cinco días antes para su estudio y después discusión y en su caso aprobación.

Estamos legislando en fast track, estamos legislando al vapor y estamos entregando la educación del país a los líderes sindicales, pasando por encima del interés de niñas y niños, ante un grupo de diputadas y diputados acá que no hacemos nada, ni siquiera por respetar nuestras propias reglas.

El Reglamento es claro y marca cinco días en los que se tiene que circular ese dictamen. Yo pido que se hagan en este parlamento reglas de parlamento abierto como corresponde, invitar a organizaciones de la sociedad civil a que lean este dictamen y vean la enorme simulación de la que vamos a hacer presa los mexicanos si no hacemos nada, presidenta. Estamos a tiempo y creo que corresponde a...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiempo, diputada. Por favor concluya.

La diputada María Marcela Torres Peimbert (desde la curul): ...la Mesa Directiva detener esta comisión que va a suceder el día de hoy, está citada a las seis de la tarde. Yo le pido que tome cartas en el asunto la Mesa Directiva y que no pasemos...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiempo, diputada.

La diputada María Marcela Torres Peimbert (desde la curul): ...sobre nuestros propios reglamentos. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada Torres Peimbert. Quedan registradas sus expresiones y se solicita a la Secretaría de Servicios Parlamentarios haga la revisión del trámite correspondiente y le haga llegar a la Comisión de Educación el informe respectivo.

La diputada Cynthia Iliana López Castro(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputada Cynthia?

La diputada Cynthia Iliana López Castro (desde la curul): Para hechos en el mismo sentido que la diputada Torres Peimbert. Es preocupante que recibimos la convocatoria el día de ayer para que sesione la comisión el día de hoy, mesa directiva a las cuatro de la tarde, y la comisión a las seis de la tarde.

Cambiaron la propuesta de dictamen a última hora, después de los acuerdos de la coordinadora, y no estamos de acuerdo en que se apruebe de esa manera. Necesitamos que haya una discusión, ya que hubo cambios de última hora, de los cuales no hemos sido enterados la comisión, por lo que igualmente respaldo lo que dice la diputada Torres, y solicito que pueda revisar lo que está haciendo la Comisión de Educación. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada, se instruye de la misma manera a la Secretaría de Servicios Parlamentarios a que revise el trámite y se haga llegar la comunicación respectiva, en su caso, a la Comisión de Educación.



GRUPOS DE AMISTAD LEGISLATIVA Y LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA FONART

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández:¿Con qué objeto diputado?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Dos comentarios muy puntuales: pedir que se solicite a la Junta de Coordinación Política que ya se entreguen los clubes, las comisiones de amistad con los diferentes países del mundo. Ha pasado un año, no se han formalizado. Me parece delicado y... los grupos de amistad, se llaman, los grupos de amistad que ya se haga la formalización en el pleno para que empiecen a funcionar.

Y segundo, solicitar a la Secretaría de Hacienda que libere los recursos para Fonart, es una tienda de apoyo a los artistas populares mexicanos, están tristes, tristes las tiendas, porque no se han hecho compras a los artesanos debido a que no han sido liberado los recursos, y me parece que siendo de los pocos apoyos que tienen los artistas populares mexicanos deben darse los recursos para que esas tiendas estén con toda la pluralidad cultural y poderosa raíz que se expresa en nuestro arte popular.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Decir que la Mesa Directiva comparte su petición al respecto de los grupos de amistad, haremos llegar una comunicación formal a la Junta de Coordinación Política para solicitar respetuosamente que ya se conformen los grupos de amistad, y en el tema de Fonart haremos lo propio.



PROCESO DE DICTAMINACIÓN EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada Verónica Juárez, ¿con que objeto?

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Presidenta, gracias. Para sumarme a las expresiones que han exteriorizado aquí algunas diputadas en torno al dictamen de educación.

El día de ayer apenas se empezó a circular, violando a todas luces lo establecido en el Reglamento y en la Ley Orgánica. Y solicitamos desde aquí que usted pueda hacer conducto, para que este dictamen se discuta donde se tiene que discutir, se apruebe donde se tiene que aprobar, y que cumpla con lo necesario para que después podamos discutirlo en este pleno.

Me parece que, para poder legislar en torno a la reforma constitucional, que por unanimidad votamos en este pleno, es necesario que las leyes secundarias cumplan con lo establecido en nuestro Reglamento y en el Ley Orgánica, y es necesario darle su lugar a la Comisión de Educación que es donde deben darse los debates, las reflexiones, y a partir de ello tener los dictámenes correspondientes. Gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias diputada Juárez. Quedan registradas sus expresiones y se reitera la solicitud a la Secretaría de Servicios Parlamentarios en el mismo sentido de las dos solicitudes anteriores. ¿Con que objeto, diputado?

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo:En el mismo sentido, presidenta. Se nos ha distribuido un documento que a todas luces está fuera de los tiempos, lo que pedimos, al igual que lo han externado mis compañeras diputadas que me antecedieron, es que se revise el procedimiento, que se ajuste a los tiempos que establece la Cámara y, en ese sentido, Movimiento Ciudadano se sumaría también a esta petición.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. En el mismo sentido quedan registradas sus expresiones.

PROPUESTAS DE ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO



ANÁLISIS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Pido a la Secretaría dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política referente al análisis del Primer Informe de Gobierno del presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, referente al análisis del Primer Informe de Gobierno del presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 7, numeral 4, 33 y 34 numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de sus facultades, y

Considerando

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 69, que durante la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la Administración Pública del país; mismo que fue presentado el 1 de septiembre de 2019, en la sesión de Congreso General.

II. Que de conformidad con el artículo 7, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General, las Cámaras deberán analizar el informe presentado por el presidente de la República, clasificándolo por materias política interior, política económica, política social y política exterior.

III. Que en el marco de los artículos 33 y 34 de la misma Ley Orgánica, la Junta de Coordinación Política es el órgano en el que se impulsan los entendimientos y las convergencias políticas, a fin de alcanzar los acuerdos necesarios para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

En razón de lo anterior, este órgano de gobierno somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. El presente acuerdo tiene por objeto establecer el formato conforme al cual se desarrollará el análisis del Primer Informe de Gobierno del presidente de la República, que refiere el segundo párrafo del artículo 69 constitucional.

Segundo. Atendiendo a lo establecido en el artículo 7, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, este análisis se desarrollará en diversas sesiones, conforme a los siguientes temas y fechas:

1. Política Económica, el 18 de septiembre de 2019,

2. Política Interior,el 24 de septiembre de 2019,

3. Política Social, el 26 de septiembre de 2019, y;

4. Política Exterior, e1 1 de octubre de 2019.

Tercero. Por cada uno de los temas analizados, habrá intervenciones de los Grupos Parlamentarios que se darán de acuerdo a su representatividad en la Cámara, con el siguiente formato:

I. Por cada tema se realizarán dos rondas de posicionamientos, cada intervención será hasta por 5 minutos.

II. En la primera ronda el orden de participación será el siguiente:

• Grupo Parlamentario de Morena

• Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

• Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

• Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

• Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

• Grupo Parlamentario de Encuentro Social

• Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

• Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

III. En la segunda ronda el orden de participación será el siguiente:

• Diputado sin partido

• Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

• Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

• Grupo Parlamentario de Encuentro Social

• Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

• Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

• Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

• Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

• Grupo Parlamentario de Morena.

IV. Corresponderá a la Mesa Directiva velar por el cumplimiento del presente acuerdo.

Cuarto. Comuníquese a la Mesa Directiva para los efectos legales a que haya lugar.

Quinto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día en que sea aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2019.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado René Juárez Cisneros (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado. Comuníquese.



COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Pido a la Secretaría dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público a fin de realizar el análisis del Primer Informe de Gobierno del presidente de la República en materia económica, así como para que dé cuenta de las iniciativas que comprenden el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de realizar el Análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República en materia económica, así como para que dé cuenta de las iniciativas que comprenden el paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2020.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 69 y 74, fracción IV y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, numeral 4; 33 y 34 numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 124, 125 y 128 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y

Considerando

1. Que el 1 de septiembre de 2019, en cumplimiento del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República presentó, ante el Congreso de la Unión, el informe por escrito en el que manifiesta el estado general que guarda la administración pública del país.

2. Que conforme al artículo 7 numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las cámaras analizarán dicho informe, clasificándolo por materias política interior, política económica, política social y política exterior.

3. El Ejecutivo federal corresponde remitir a esta Cámara de Diputados, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020, mismas que serán estudiadas y dictaminadas durante el actual periodo de sesiones.

4. Que el 8 de septiembre de 2019, el Ejecutivo federal remitió a esta Cámara de Diputados, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, mismas que serán estudiadas y dictaminadas en el presente periodo de sesiones.

5. Que en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el secretario de despacho correspondiente debe comparecer a dar cuenta de las iniciativas de Ley de Egresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

6. Que el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

7. Que de conformidad con el artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es el órgano Colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar los acuerdos que permitan al Pleno adoptar la decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

8. Que de conformidad con el artículo 124, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, establece que los secretarios de Estado podrán comparecer ante el Pleno.

9. Que de conformidad con el artículo 125, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que el formato de comparecencias será acordado por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

10. Que el artículo 42 fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que podrán establecerse mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de integración, aprobación y evaluación del Presupuesto de Egresos.

11. Que en virtud de lo anterior. este órgano de gobierno. en ejercicio de sus facultades acuerda citar a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que dé cuenta del paquete económico para el Ejercicio Fiscal del 2020.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Con la finalidad de profundizar en el análisis del Primer Informe de Gobierno, específicamente en lo relativo a la política económica, y para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a comparecer en el Pleno de esta Cámara de Diputados al Secretario de Hacienda y Crédito Público, el 19 de septiembre de 2019, a las 12.00 horas.

Segundo. Conforme a lo establecido por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el funcionario compareciente rendirá protesta de decir verdad ante el Pleno.

Tercero. El formato de la comparecencia será el siguiente:

a) La presentación a cargo del Secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 45 minutos, en la cual deberá referirse al Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, específicamente a la materia económica, así como al paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2020.

b) Una ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios. hasta por 10 minutos en orden creciente:

• Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

• Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

• Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

• Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Grupo Parlamentario Morena.

c) Un diputado o diputada sin partido podrá hacer uso de la voz únicamente al inicio de los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

d) Dos rondas para preguntas, respuestas y réplicas de los grupos parlamentarios, en la primera profundizará en el análisis del Primer Informe de Gobierno, específicamente en lo relativo a la política económica y en la segunda abordará el paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2020, conforme al siguiente formato:

• Pregunta hasta por 5 minutos, respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público hasta por 5 minutos, y réplica por 3 minutos.

El orden de cada ronda será el mismo previsto en el resolutivo tercero, inciso b).

Cuarto. Los grupos parlamentarios podrán realizar su pregunta y plantear su réplica con la participación del mismo o distinto diputado o diputada

Quinto. En términos del artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados realice la notificación correspondiente al Ejecutivo federal.

Sexto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado René Juárez Cisneros, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado. Comuníquese.



CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Pido a la Secretaría dar lectura al acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.— Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a), del numeral 1, del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 36, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que el artículo 65, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar su primer periodo de sesiones ordinarias.

II. Que de conformidad con el artículo 38, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones y el calendario para su desahogo.

III. El artículo 36, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que por regla general, se realizarán las sesiones los martes y jueves de cada semana y podrán realizarse sesiones en días diferentes a los señalados, cuando así lo determine la Conferencia.

IV. Que, de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos que le corresponden, y que el primer periodo no podrá prolongarse más allá del 15 de diciembre del mismo año.

Con base en lo antes expuesto, este órgano de gobierno acuda someter a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se establece el siguiente Calendario Legislativo para el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Segundo. Comuníquese y publíquese en Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2019.— Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Presidenta; diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica, p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado René Juárez Cisneros (rúbrica, p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Reginaldo Sandoval Flores, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado. Comuníquese.



ESTABLECIMIENTO DEL CONSEJO TÉCNICO RESPONSABLE DE DISEÑAR EL PLAN PARA LA RESTRUCTURACIÓN DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Pido a la Secretaría dar lectura al acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para el establecimiento del Consejo Técnico responsable de diseñar el plan para la reestructuración de los centros de estudios, en tanto se aprueban las reformas para la creación del Instituto de Estudios Parlamentarios de la Cámara de Diputados.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta, le doy lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.— Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, para el establecimiento del Consejo Técnico responsable de diseñar el Plan para la Reestructuración de los Centros de Estudios en tanto se aprueban las reformas para la creación del Instituto de Estudios Parlamentarios de la Cámara de Diputados.

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 77 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 37, 38 y 144 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en las siguientes:

Consideraciones

I. Que el artículo 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Cámara de Diputados puede dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.

II. Que el artículo 144 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las Cámaras podrán establecer instituciones de investigación jurídica y legislativa para la mejor información y realización de los trabajos.

III. Que el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados reconoce a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos como el Órgano de Gobierno competente para conocer y autorizar sobre los asuntos de la estructura administrativa de la Cámara, así como aprobar reestructuraciones parciales.

IV. Que el artículo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, establece que el Poder Legislativo debe implantar medidas para reducir el gasto destinado a actividades administrativas y de apoyo, y del presupuesto regularizable de servicios personales.

V. Que derivado de la disposición anteriormente citada, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados expidió los Lineamientos de Racionalidad, Contención, Austeridad y Transparencia Presupuestal para la Gestión Legislativa de la Cámara de Diputados 2019, que establecen el compromiso con la austeridad y la racionalización del gasto de la Cámara.

VI. Que la transformación institucional y la modernización de las prácticas parlamentarias de la Cámara de Diputados, implican el fortalecimiento de sus capacidades, para que cumpla con eficiencia, eficacia y con absoluto rigor técnico, las funciones y atribuciones que constitucionalmente tiene asignadas. En este sentido, la investigación parlamentaria es una herramienta de la más alta importancia para la generación de información, el análisis y la elaboración de documentos que sean pertinentes al estar asociados a la agenda legislativa y a las grandes problemáticas de la nación; y que coadyuven a la toma de decisiones por parte de las y los legisladores y de los diversos órganos de la Cámara.

VII. Que, para tal efecto, se requiere de servidores públicos que posean las competencias profesionales idóneas para la producción de análisis objetivos, imparciales, basados en evidencia y sustentados en los más altos estándares de las metodologías de la investigación científica. Por ello, es necesario que dichos servidores públicos sean reclutados, formados, actualizados profesionalmente y evaluados, en el marco de un servicio de carrera como el que actualmente está siendo implementado en la Cámara de Diputados.

VIII. Que se requiere dejar atrás la fragmentación y la desarticulación que actualmente se vive en los centros de estudios, para garantizar la racionalidad del gasto, la coherencia y la pertinencia de las acciones, tanto de investigación, como de capacitación. Es así, que se considera indispensable replantear el papel que desempeñan los actuales centros de estudios de la Cámara de Diputados, con la finalidad de encontrar mayor coherencia respecto al conjunto de actividades que realizan y las temáticas que abordan. Todo ello con la finalidad de que la investigación parlamentaria sea útil para una mejor comprensión de las problemáticas que aquejan a las y los mexicanos, así como para la identificación de las vías de acción que, desde el Poder Legislativo, pueden ser impulsadas para su atención y resolución.

IX. Que, por lo anterior, se propone la reestructuración de los siguientes centros: el de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; el de Estudios Sociales y de Opinión Pública; el de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; y el de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género. Esto, con el objeto de optimizar los recursos y consolidar una investigación parlamentaria profesional y efectiva.

X. Que para lograr la reforma aquí mencionada se requiere la realización de diagnósticos organizacionales, metodológicos y procedimentales que conduzcan a un adecuado rediseño institucional. Entre otras acciones, por ejemplo, resulta necesario revisar las más innovadoras prácticas de investigación parlamentaria en México y en otras latitudes.

XI. Que para la creación del Instituto de Estudios Parlamentarios, como una instancia fiable, útil, sólida y que goce de reputación nacional e internacional, es indispensable conformar un Consejo Técnico que sea responsable de su diseño institucional, que pueda coordinar su puesta en marcha y que supervise su debida consolidación.

Por lo anteriormente expuesto, y en pleno uso de las facultades conferidas en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos emite el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se autoriza la creación del Consejo Técnico integrado por un presidente y un representante de los grupos parlamentarios, quienes serán apoyados por la titular de la Secretaría General, los secretarios de Servicios Administrativos y Financieros y de Servicios Parlamentarios, así como el titular de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente. La integración del Consejo Técnico se hará a costos compensados, por lo que no implicará la creación de nuevas plazas. Este consejo será responsable del diseño del Plan de Reestructuración de los Centros de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; de Estudios Sociales y de Opinión Pública; de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaría; y, de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, con la finalidad de reestructurar los Centros de Estudios, en tanto las Cámaras del Congreso aprueban las reformas correspondientes a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la creación del Instituto de Estudios Parlamentarios.

Segundo. Se designa al diputado Porfirio Muñoz Ledo como presidente del Consejo Técnico señalado en el punto anterior, quien dispondrá las medidas necesarias para su integración y funcionamiento, y será el responsable de la coordinación y operación del proceso de restructura de los mencionados Centros de Estudios, en los términos indicados.

Tercero. Se instruye a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios a que realicen todos los actos jurídicos, administrativos y presupuestales necesarios para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los fines del Consejo Técnico previsto en el primer punto del presente acuerdo.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Segundo. Notifíquese a la Presidencia y a los integrantes de la Mesa Directiva y al presidente e integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 11de septiembre de 2019.— Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), presidenta; diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado René Juárez Cisneros (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado. Comuníquese.

EFEMÉRIDE



195 ANIVERSARIO DE LA ANEXIÓN DE CHIAPAS AL PACTO FEDERAL

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 195 aniversario de la anexión de Chiapas al pacto federal. Se otorgará el uso de la palabra a los grupos parlamentarios, hasta por tres minutos.

Tiene la palabra el diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Raymundo García Gutiérrez:Con su venia, diputada presidente. Muy buenos días a todas y a todos los diputados aquí presentes. Chiapas, uno de los estados de la República Mexicana con mayor riqueza cultural cuyo nombre significa, agua debajo del cerro, donde se estableció la cultura maya, es hoy motivo de nuestro recuerdo fundado como estado en 1528. Chiapas es imprescindible para entender el México de hoy.

Con una historia vasta que data de la época de los mayas, quienes establecieron y fundaron grandes ciudades, el estado de Chiapas ha transitado en el tiempo como un espacio mágico, con diversas y grandes reservas naturales y una población que enriquece la pluralidad de nuestro país.

Chiapas en su información cultural, la configuración, 12 lenguas indígenas como son el tzeltal, tzotzil, ch´ol, zoque, tojolabal, mam, caqchiquel, lacandón, mochó, jacalteco, chuj, ikanjumbalo, y otras más que han ido desapareciendo con el tiempo.

En Chiapas hay más de ocho mil especies de plantas que representan el 36.7 por ciento de la flora que se conoce en nuestro país. Llanura costera del Pacífico, Sierra Madre de Chiapas, depresión central, bloque macizo o altiplano central y montañas del norte. Uno de los pulmones de México.

Cuna de personajes como son Jaime Sabines, Alí Chumacero, Eraclio Zepeda, Rosario Castellanos, Ángel Albino Corzo, y de otros personajes que han dado grandes aportaciones a nuestra cultura y las artes.

A décadas de su fundación hacemos este sencillo y sincero homenaje a la tierra mágica que cubre parte de la frontera sur de nuestro país y que ha enriquecido nuestra cultura con sus paisajes, sabores y tradiciones.

Es importante para nosotros celebrar el reconocimiento federal del estado de Chiapas ante la situación actual; las incitaciones a la reelección que han mostrado otros partidos, nosotros refrendamos el pacto federal de correspondencia con el estado de Chiapas.

A los pueblos indígenas de Chiapas les decimos que desde el PRD daremos la lucha en contra de los megaproyectos como son el Tren Maya, que significa la continuación del despojo de las tierras a los pueblos indígenas de México, y la depredación del medio ambiente que solo sirve para acrecentar las ganancias de empresas turísticas trasnacionales, contaminando nuestras aguas y arrebatándonos nuestros sitios sagrados.

Con su historia, Chiapas nos muestra a través de sus movimientos de resistencia que es importante buscar un tránsito democrático que pueda dar voz a las distintas formas de pensar y que no es conveniente concentrar en un solo individuo el destino de millones.

Por eso hoy felicitamos y reconocemos la importancia del estado de Chiapas, conscientes de que hay mucho por hacer por esa noble región que alberga parte trascendental de nuestro pasado y herencia cultural.

Democracia ya, patria para todos.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo:Con su venia, de la presidenta. Compañeros y compañeras diputados, Chiapas es uno de los estados con mayor biodiversidad en el país, y cuanta con una de las más de las riquezas más importantes entre nuestros pueblos originarios.

México es uno de los 17 países megadiversos, esto significa que juntos concentramos el 70 por ciento de las especies del planeta, aportamos entre el 10 y el 12 por ciento de las especies conocidas a nivel mundial, de las cuales el 60 por ciento son endémicas y una gran contribución a ello es la riqueza con la que contamos en Chiapas.

El estado tiene el mayor número de especies de aves y mamíferos en el país, tiene más de 11 mil especies de las cuales más de 4 mil son plantas vasculares, más de mil 600 vertebrados, entre los que se encuentran 140 peces, 109 anfibios, 227 reptiles, 694 aves y 206 mamíferos, más de 4 mil invertebrados incluyendo el 6.5 por ciento de especies de mariposas del mundo.

El territorio tiene al menos 17 tipos de vegetación y una amplia variedad de ecosistemas acuáticos, lo que compone la rede hidrológica más grande de Mesoamérica, incluyendo las cascadas de Agua Azul, las lagunas de Montebello y el cañón del Sumidero.

El 14 de septiembre conmemoramos la anexión de Chiapas a México, el estado que ha sido parte de México en dos ocasiones: primero adherirse al Plan de Iguala en 1821 y después a partir del Plan de Chiapas Libre de 1823 donde se estipulaba que se encontraban en su total libertad para tomar la decisión de unirse a México o a Guatemala, según conviniera a sus intereses. Todos conocemos el resultado.

En 1824 se realiza un referéndum sin precedente entre todos los partidos políticos del territorio y se convoca a todos los habitantes a emitir su voto. El resultado fue el siguiente: 95 mil votos a favor a la anexión a México y 60 mil a favor a la anexión a Guatemala y 15 neutrales.

El 12 de septiembre de 1824 la Junta Provisional se pronuncia a favor de la anexión de Chiapas a México, y el 14 de septiembre se proclama la unión del estado al pacto federal.

Por este motivo es que muchos historiadores expertos locales llamamos a Chiapas el estado más mexicano de todos y el más federal.

Hace 195 años Chiapas decidió su rumbo de manera democrática, apostando por México, es momento de que México apueste por Chiapas.

El Partido Verde Ecologista de México está convencido de que consiste la importancia de la conmemoración de un año más de anexión de Chipas a México en nuestro país, y como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, me permito insistir, la riqueza natural, y cultural de Chiapas es inmensa, hoy tenemos el privilegio de recordarlo y conmemorarlo, pero también la oportunidad de reconocer la importancia de preservarlos. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Ricardo de la Peña Marshall:Compañeras y compañeros legisladores, con su venia, diputada presidenta.

El pasado 14 de septiembre, pero del año 1824, el estado de Chipas se federó con la República Mexicana. Mucho se ha celebrado, conmemorado y hablado del asunto aquí en el centro del país, pero este tipo de situaciones solo lo entendemos los estados que formamos parte de la periferia de este país.

Las condiciones, el ritmo de vida, la velocidad de las comunicaciones y la problemática de los que vivimos en las fronteras tanto norte como sur es muy distinta a como se ve el país desde aquí, desde el centro.

Han pasado más de 195 años de aquel entonces y, como hoy, México demuestra una gran cualidad, ser un país que da la mano a toda persona que lo necesite. Chiapas pasaba por una serie de conflictos ocasionados por los bloques autoritarios que se edificaban en Centroamérica, y que se ajustaron hasta finales del siglo XIX, cuando el presidente Barrios, de las Repúblicas Unidas de Centroamérica, se enfrentó a treinta mil efectivos del ejército mexicano y, escúchenlo ustedes bien, es la primera y la única vez que en la frontera sur de México han existido treinta mil efectivos del Ejército mexicano.

Sí, México, al observar que los países de Centroamérica presionaban al pueblo de Chiapas con argumentos administrativos basados en el autoritarismo para formar un imperio, decidieron las autoridades mexicanas alentar a los chiapanecos para que externaran de manera libre su voluntad para adherirse a nuestra nación. Y es que hay que recordar que Centroamérica se independiza junto con México para el primer imperio mexicano, sí, el de Agustín de Iturbide.

Hacer memoria es engrandecer los actos valientes del pasado, los actos que rompieron estigmas de opresión y que otorgaron derechos a la gente. Es importante que recordemos, Chiapas se une a México de manera pacífica y democrática.

La historia marca que no fue fácil, pero todo resultado democrático siempre da resultados con beneficios para todos. Diferencias siempre existirán, pero estas mujeres y hombres chiapanecos nos dieron un gran ejemplo, el diálogo pacífico para una democracia efectiva.

Conmemorar es no olvidar, conmemorar es volver a felicitar. Conmemorar es ejemplo para el presente y proyección para el futuro. Simplemente veámoslo así: ¿Qué fuerza tiene el voto libre? Que un estado pueda formar parte de una nación. Este acto de 1824 recuerda la autonomía de nuestra nación y la autonomía de la provincia de Chiapas. 1824 fue ejercicio del derecho de autodeterminación.

Este gran acontecimiento de unión entre pueblos se sigue recordando cuando observamos el monumento de anexión ubicado en el Parque Bicentenario, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Por la memoria de las mujeres, hombres y niños, y sobre todo de fray Matías de Córdova, que colaboran en la independencia del estado de Chiapas. A todo ese pueblo de gran historia y desarrollo mi admiración y mi respeto. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Francisco Ramírez Salcido:Con la venia de la Presidencia. En el marco de la conmemoración del 195 Aniversario de la Anexión de Chiapas a nuestro país, es un honor hacer uso de esta tribuna a fin de reconocer la riqueza y aportaciones que ha hecho dicha entidad a nuestro país.

En un día como hoy es importante enaltecer toda la grandeza que encierra ese territorio, siendo un ejemplo de evolución al preservar los valores y la cultura de los pueblos que la conforman.

Cuna de enormes tradiciones y costumbres, sin dejar de lado los hermosos paisajes naturales que la conforman, la riqueza natural de Chiapas es inigualable, por ello la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad ubica a la entidad en el segundo lugar a nivel nacional con mayor biodiversidad.

Reconocemos a los extraordinarios escritores, músicos y compositores que se han forjado en esta tierra, comprometidos con la sociedad, buscando entregar lo mejor de sus habilidades por el bien común, convirtiéndose en grandes representantes de la cultura nacional. Siendo así la anexión del estado de Chiapas a la República Mexicana uno de los más claros ejemplos del federalismo que rige nuestra nación, federalismo que se puede entender como la unión de voluntades individuales para actuar en un camino en común dirigido al desarrollo y bienestar.

Es entonces que Chiapas hace 195 años decidió unirse en este camino, aportando una valiosa parte de lo que hoy es la cultura y la tradición de nuestra nación y, a su vez, avanzando de la mano en la historia que nos trae a lo que hoy es México.

Desde su unión, Chiapas ha pasado por una serie de conflictos que nos han puesto a prueba como federación y en cada uno de ellos, gracias a nuestros hermanos, hemos logrado salir adelante.

Un ejemplo de estas luchas ha sido la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, donde se logró alcanzar y crecer hacia el respeto a la elección de sus formas de gobierno y a tener un mayor respeto a su cultura y sistemas propios de justicia.

Sin embargo, es importante reconocer que aún tenemos cuentas pendientes con nuestros hermanos chiapanecos. No podemos olvidar que Chiapas también es muestra de la gran disparidad que hay entre los estados de nuestra federación y es imperativo reconocer y actuar en aras de resarcir esa tarea pendiente con ellos.

Que sea grande estado, como lo es Chiapas, hoy 195 años después de su unión a la República Mexicana, un recordatorio de la federación en la que vivimos de los avances y logros que juntos hemos alcanzado, pero también de los retos y obstáculos que aún nos faltan superar para alcanzar un desarrollo pleno en conjunto de todos los que formamos esta gran nación.

Por eso, quienes integramos el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tenemos presente la responsabilidad y obligación de colaborar en la generación del diálogo y buscar alternativas para resarcir los daños y abrir puertas de esperanza y realidades a los más desfavorecidos del pueblo chiapaneco. Aquellas comunidades...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Por favor, concluya, diputado.

El diputado Juan Francisco Ramírez Salcido: ... indígenas que fueron y siguen siendo objeto de abuso y atropellos, estamos convencidos que la esencia de los pueblos indígenas es lo que dio vida y origen a este país. Muchas gracias por su atención.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado.

Saludo a los alumnos de la preparatoria Ignacio Manuel Altamirano, del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, que nos visitan el día de hoy, han sido invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Sean bienvenidos.

Tiene la palabra la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Clementina Marta Dekker Gómez:Muy buenos días, diputadas y diputados. Con su venia, diputada presidenta. Mi nombre es Marta Dekker, vengo de Chiapas, de origen maya, y para mí es un gran orgullo estar el día de hoy conmemorando un día más el 14 de septiembre de 1824, la anexión de Chiapas al Estado mexicano, por decisión, fue a través de un plebiscito que se realizó y fueron 9 mil 829 votos que se obtuvieron a favor de esta anexión.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para conmemorar un aniversario más el pasado 14 de septiembre, la incorporación de Chiapas, presenta... Bueno, me siento nerviosa porque soy chiapaneca.

Tengo un discurso elaborado, sin embargo, voy a hablar de los sueños y anhelos que los chiapanecos tenían cuando se decidió anexarse a México. Sueños de desarrollo social, económico y han pasado 195 años desde esa fecha y hoy Chiapas sigue siendo el estado más rezagado de la República Mexicana, muy olvidado durante años por políticas neoliberales.

Chiapas ha sido lastimado y en el deseo de tener un mejor futuro y un mejor país, Chiapas decidió anexarse a México en ese día histórico y hoy nuevamente los chiapanecos nos sentimos esperanzados y esperanzadas porque los cambios se van a realizar.

Estamos viendo esa prioridad que el gobierno de la República Mexicana tiene para el sureste mexicano y que, por supuesto, Chiapas está incluido.

La industria extractivista, que durante años ha tenido grandes actividades mineras, petroleras, de gas, de agua, de tala inmoderada de madera, en el estado de Chiapas, del 100 por ciento que obtiene de los recursos de esta extracción, solamente le regresa a Chiapas el 0.5 por ciento.

Cuando hablamos de las diferencias entre los estados del norte y el sur y decimos que Chiapas no aporta, porque hay quienes se han atrevido a decirlo. Es pura mentira. Chiapas le ha aportado muchísima riqueza natural, cultural, ancestral a todo México. Y gracias a esos 12 pueblos originarios que hoy día prevalecen en el estado de Chiapas y los 125 municipios que comprendemos el estado y que estamos dispuestos a luchar por transformar nuestro país, hoy nos sentimos mucho más orgullosas y orgullosos de ser mexicanos.

El día del grito de la Independencia, los 20 vivas hicieron renacer nuevamente en nosotros la esperanza de que un país mejor y de que un México más justo puede ser posible.

Chiapas está para apoyar y está para realizar este trabajo y esta tarea titánica con el Ejecutivo federal y con el Legislativo. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el 14 de septiembre es un día muy especial para nuestro federalismo.

En 1824 se incorporó el soberano estado de Chiapas al pacto federal. Chiapas es un estado estratégico por su importancia geopolítica en la zona, pues desde esa época es un punto de contacto con Oaxaca, Tabasco y el resto del sureste. Y pieza vital para el desarrollo de una vía de paso por Tehuantepec, que desde entonces se vislumbraba como vía básica para el desarrollo regional.

No solo es importante recordar como efeméride la lección de Chiapas al pacto federal, sino apreciar la importancia que los habitantes de ese gran estado han tenido en la construcción del México moderno.

Históricamente, Chiapas ha ocupado un papel fundamental en el desarrollo económico y social de México. No solo por sus riquezas naturales, sino también por las grandes figuras que le han dado a nuestra nación.

No podríamos explicar la posición de nuestro país en el mundo y en nuestra región sin las aportaciones que han hecho a nuestra entidad. La historia, naturaleza y cultura del estado de Chiapas han forjado hombres y mujeres comprometidos con nuestro país.

Los chiapanecos han sido forjadores de grandes luchas históricas por la libertad y el reconocimiento de las raíces indígenas, del respeto a nuestros pueblos originarios y de su merecido derecho a decidir el cauce de su desarrollo sustentable.

¿Qué sería de México y su historia sin los aportes de Jaime Sabines, Belisario Domínguez, Rosario Castellanos y Abel Domínguez? ¿O de las contribuciones literarias de Rodolfo Figueroa Esquinca y Eraclio Zepeda?

Los mexicanos no debemos olvidar la fecha en que nuestros hermanos chiapanecos decidieron unirse a nuestro pacto federal y engrandecer a México. El federalismo constituye uno de los principales pilares del institucionalismo, del Estado de derecho y la soberanía nacional.

Chiapas y los chiapanecos han contribuido grandemente con nuestra historia, sus recursos naturales. Su cultura ancestral y su visión de futuro son parte significativa de nuestra patria.

Es tiempo de reconocer ampliamente lo que Chiapas ha aportado a nuestra historia. México no puede entenderse sin entender la historia de Chiapas, porque es ahí donde la patria comienza.

Con Chiapas no solo tenemos agradecimiento, sino también una enorme deuda que data desde hace 25 años y que hasta el día de hoy sigue pendiente por resolver.

Invito respetuosamente a las y a los diputados, al gobierno federal para que de una vez y para siempre se alcance la paz duradera que los habitantes de este gran estado merecen. Este es nuestro tiempo y esta es nuestra oportunidad histórica para lograrlo. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Gloria Romero León:Con su venia, diputada presidenta. Diputadas y diputados, dentro de dos días se conmemorará un aniversario de la unión definitiva del estado de Chiapas a la República Mexicana.

Ante la disyuntiva de pertenecer a Centroamérica o a Guatemala o a México, los chiapanecos optaron de forma democrática, como la narra la historia, con la esperanza de ser parte de una patria que les brindara mejores expectativas de progreso.

El 24 de marzo de 1824, después de intensos debates y de algunas acciones militares en la provincia, la Junta Suprema de Chiapas lanzó la convocatoria a la población para decidir el destino definitivo de los chiapanecos.

El 9 de septiembre la comisión de la Junta encargada de revisar los resultados del plebiscito entregó sus resultados. Dos días después la comisión encargada de revisar los padrones entregó su dictamen. Al día siguiente la Junta Suprema levantó el acta con los resultados definitivos de la decisión, para el 14 de septiembre de 1824, proclamar de forma solemne la unión de Chiapas a México.

Años después muchas fueron las voces que criticaron dicho proceso democrático, al decir que fue manipulado en gran manera ofreciendo los argumentos de que en 1824 existía un importante número de indígenas iletrados y que buena parte de la población mestiza era analfabeta como para saber y estar informada de lo que estaba ocurriendo y emitir su opinión o voto.

Hoy no podríamos imaginar a México sin el estado de Chiapas, sus recursos naturales, su ancestral legado maya, su gastronomía, su artesanía, su música encabezada por la marimba, sus tejidos policromáticos, abigarrados, sus productos agrícolas como el café, su roja tierra, madre de todo y de todos, inspiradora de sus grandes poetas y prosistas como Emilio Rabasa y Rosario Castellanos o Jaime Sabines.

Señoras y señores diputados, Chiapas es ejemplo de dignidad y solidaridad que ha hecho frente a la pobreza extrema sufrida por siglos con la fuerza del corazón y el alma esperanzada.

Chiapas, tierra de históricos conflictos sociales, pero también de grandes querencias y amores que engrandecen a México con sus colores y aromas de libertad.

En palabras del abogado y periodista oaxaqueño Enrique Santibáñez, los mexicanos que no somos de origen chiapaneco debemos rendirle un tributo de cariño y gratitud cada vez que del asunto se trate, y guardar con respeto la memoria de aquellos que se esforzaron porque nuestro pabellón tricolor terminase sus ondas refulgentes en las montañas que dan origen al caudaloso Grijalva. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada Romero.

Saludo a jóvenes emprendedores invitados por la diputada Alejandra Pani Barragán. Sean bienvenidos.

Tiene la palabra el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano:Con su venia, presidenta de la Mesa Directiva. Estimadas legisladoras y legisladores. Auditorio del Congreso. Invitadas e invitados. Chiapas y los chiapanecos decidimos unirnos al pueblo mexicano en momentos en que históricamente la República vivía circunstancias verdaderamente adversas.

El 14 de septiembre de 1824 ratificamos nuestra incorporación a México, esto es la federalización de Chiapas a esta grandiosa nación mexicana. No fue fácil lograr la gesta heroica de Chiapas, pues es la única entidad federativa de la República que decide unirse al Estado mexicano por plebiscito, por voluntad propia, y lo hace en un momento en que la creación del Estado nacional necesitaba del vigor y la fuerza de las mujeres y de los hombres de las distintas regiones del territorio mexicano.

Chiapas no dudó. Defendió su decisión de independencia y luchó al lado del liberalismo juarista para restaurar la república, no obstante haber sido despojada de gran parte del territorio en el norte.

No dudamos, no dudaron las chiapanecas y los chiapanecos de la época para unirse a la Independencia y después a la Revolución Mexicana, sumándose al constitucionalismo que hoy rige nuestras vidas y da firmeza y templa a las instituciones de un estado consolidado.

Así unimos nuestras raíces mayenses para configurar día a día la cultura de una nación que emerge y se confirma en su calidad soberana. Constituimos parte fundamental de un pueblo actuante y orgulloso de sus raíces. Vivimos y perseguimos el deseo permanente de fortalecer el espíritu mexicanísimo de la frontera sur de México.

Somos Chiapas y somos México, la historia lo reafirma y los hechos actuales así lo ratifican. Así un movimiento de independencia iniciado en Comitán se fortaleció en San Cristóbal de las Casas y se vigorizó en Tuxtla Gutiérrez y en el Soconusco.

El simbolismo y significado de lo que nuestro estado es para la patria ha quedado certificado por distintas personalidades que han sido protagonistas en la creación del ser mexicano en la frontera sur del país.

Belisario Domínguez y su gallardía al defender principios democráticos universales; Rosario Castellanos y su visión de una sociología que prescribió tendencias futuras del multiculturalismo que observamos en la simbiosis humana vigente, latente en nuestra vida diaria; Jaime Sabines y su poesía que describe con excepcional puntualidad el vivir y sentimientos sublimes en las costumbres chiapanecas.

Constituimos parte fundamental de una cultura actuante y orgullosa con potencialidades sociales diferenciadas y con un sentido único de pertenencia a la mexicanidad.

Somos Chiapas y somos México. La historia lo reafirma y los hechos actuales lo ratifican.

Compañeras y compañeros legisladores, ante esta tribuna de la patria solicito respetuosamente que se inscriba en el Muro de Honor de esta Cámara de Diputadas y de Diputados, la federalización de Chiapas a México. Es un justo reconocimiento a la entrega que durante más de 195 años ha hecho el pueblo de Chiapas a México, a esta gran nación.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputado, por favor concluya.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Gracias.

Con motivo de la presente efeméride, se proyectará un video alusivo en las pantallas de este salón de sesiones.

(Reproducción de video)

En 1523, Pedro de Alvarado llegó a Chiapas. Este hecho daría inicio a la conquista de la región.

Chiapas era considerada una zona de interés para la Corona española. Hasta 1821 formó parte de la Capitanía de Guatemala como una de sus provincias más importantes.

Con la lucha de independencia de la Nueva España, la idea de buscar autonomía se esparció por el resto de América.

En 1821, fray Matías de Córdova declaró la independencia de la provincia de Chiapas.

Los dirigentes de las ciudades más importantes de la provincia, como Tuxtla, Comitán y Ciudad Real, se adhirieron al Plan de Iguala y rompieron con las autoridades guatemaltecas.

Tras la abdicación del emperador Agustín de Iturbide y posteriormente proclamación de la República Mexicana, se desconocieron los Tratados de Córdoba y Plan de Iguala, y Chiapas ya no formaría parte de México. Y el 2 de octubre de 1823 se promulgó el Plan de Chiapas libre, declarándose así su independencia.

Un año después, la Junta Suprema convocó a un plebiscito para definir el futuro de la región. El pueblo de Chiapas eligió así unirse a la República Mexicana a pesar de las protestas de Guatemala.

A partir de ese momento, Chiapas pasó a formar parte de la federación de estados mexicanos el 14 de septiembre de 1824.

La incorporación de Chiapas a México sin duda ha enriquecido la cultura y diversidad de esta nación.

(Termina video)

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es el análisis del Primer Informe de Gobierno del presidente de la República, en materia de política económica.

Se otorgará el uso de la palabra a los grupos parlamentarios hasta por cinco minutos, para hablar en cada una de las rondas que establece el acuerdo anteriormente aprobado por la asamblea.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputada? La diputada Arlett.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina (desde la curul): Queremos participar por hechos, diputada. Si nos haces el grandísimo favor, que están hablando de Chiapas, merece más tiempo, le hemos dado demasiado a la Federación y queremos la bancada chiapaneca hacer un comentario en relación a esto. Si nos das la oportunidad seremos breves, por favor, diputada.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Con mucho gusto, diputada. Al final de la sesión se abrirá una ronda de oradores como usualmente se hace, para que puedan hacer uso de la palabra.

INTERVENCIONES DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS



AYUDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL SOCONUSCO, EN CHIAPAS, AFECTADOS POR LAS LLUVIAS

El diputado José Luis Elorza Flores(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Luis Elorza Flores (desde la curul): Con su permiso, señora presidenta. Ahorita que estamos aprovechando el tema de Chiapas, hago un exhorto respetable al gobierno federal, al coordinador de Protección Civil, el doctor David León Romero, para dar ayuda a los municipios del Soconusco, sobre todo Tapachula, que se vio afectado por las abundantes lluvias el pasado 16 de septiembre del presente año, donde muchas personas perdieron sus pertenencias, incluso se perdieron muchas viviendas. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado.

El diputado Miguel Prado de los Santos(desde la curul): Señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Miguel Prado de los Santos (desde la curul): Presidenta, con su permiso. Igual, de igual manera que mi compañero diputado de Tapachula, hacer un exhorto de manera muy respetuosa de que la costa chiapaneca, derivado de las torrenciales lluvias que se están suscitando por la tormenta Lorena, hemos sido afectados y aprovechando que estamos comentando en las efemérides el tema de la anexión de Chiapas a México, se me hace muy relevante que tenemos que no nada más decirlo, sino ponernos en acción.

Exhortar a la Secretaría de Gobernación y al coordinador de Protección Civil a nivel nacional, el licenciado David León, y a las autoridades del gobierno de Chiapas, para que de manera inmediata se actúe en los municipios de Tonalá y de la costa chiapaneca, como Tapachula también, para poder ayudar a la gente que está sufriendo con estas inundaciones, que lo han perdido todo.

Es un llamado muy respetuoso y desde aquí desde la Cámara de Diputados poder exhortar a la Secretaría de Gobernación.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Quedan asentadas sus expresiones.



ANÁLISIS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra el diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena, en el marco de la glosa de política económica.

El diputado Jorge Luis Montes Nieves:Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena exponemos ante esta soberanía los principales aspectos económicos del Primer Informe de Gobierno del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador.

El Ejecutivo federal busca generar finanzas sanas, estabilidad macroeconómica y certidumbre financiera, basada en la austeridad y en la disciplina fiscal.

En relación con este dato macroeconómico, se resaltó que lo fundamental no es lo cuantitativo, sino la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza, conminando a desechar la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de simple crecimiento económico.

Las acciones de los servidores públicos deben caracterizarse por un régimen de austeridad y de honestidad.

Al respecto, el presidente informó que tiene un salario neto mensual de 108 mil 656 pesos, que funciona como tope institucional. Se suprimió el pago con cargo al erario de seguros para gastos médicos, que significaba una erogación de 6 mil millones de pesos anuales. El gasto de publicidad del gobierno se redujo en 50 por ciento. Se eliminó el Estado Mayor Presidencial y otros servicios, como el avión presidencial y los helicópteros.

En conjunto, en ocho meses se consiguieron ahorros por 145 mil 614 millones de pesos. Ahorros que son fundamentales para un país en el que mayoritariamente hay pobreza.

Las instituciones gubernamentales deben mantenerse al margen de los conflictos de interés y los privilegios injustificados. Es por eso que el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas ahora prohíben que los funcionarios públicos participen en asuntos donde tengan interés personal, familiar o de negocios.

Se han iniciado procedimientos en contra de funcionarios, proveedores y contratistas que hayan infringido disposiciones sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas.

Se derogaron las disposiciones del artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que facultaba la condonación de deudas fiscales.

Se logró la presentación de la totalidad de declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos.

Además, se instrumentaron diversas acciones que resultaron en importantes logros, entre los que destacan:

Primero. El salario mínimo aumentó 16 por ciento este año, como nunca en los 36 años del pesado periodo neoliberal.

Pemex recibió un presupuesto para inversión de 273 mil millones de pesos, de los cuales 210.7 mil millones corresponden a exploración y producción de petróleo y gas.

Mediante la lucha contra el huachicol disminuyó el robo de combustible en un 94 por ciento, con una recuperación estimada de 50 mil millones de pesos para este año.

Se canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco y las deudas generadas por la cancelación ya fueron saldadas.

Se impulsaron importantes proyectos de inversión en infraestructura y desarrollo regional, como el Tren Maya que se construirá en el sureste del país y el corredor transístmico que irá de Minatitlán a Salina Cruz.

Este es el México de la cuarta transformación, el México que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca consolidar para el desarrollo económico y social, que estos avancen de manera paralela.

Un país en el que imperen la honestidad, la austeridad, la responsabilidad, la transparencia y la justicia social. Un país con una política económica que beneficie a todos, pero particularmente a quienes menos tienen.

Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado Montes. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Carlos Alberto Valenzuela González:Con su permiso, compañera presidenta. Hago uso de esta tribuna para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, respecto a los resultados del Primer Informe de Gobierno en materia económica.

No es por presumir y, pues claro que no es para presumir, si la conducción de nuestro país en materia económica ha sido un fracaso en el gobierno de la cuarta transformación.

Nos quieren venir a presumir que no ha crecido la economía, que disminuyeron las obras públicas en los municipios, que recortaron y desaparecieron las estancias infantiles. O acaso nos quieren presumir que les renunció el secretario de Hacienda a unos cuantos meses de tomar protesta en el cargo.

Nos quieren presumir la caída del turismo en el país. La eliminación de los pueblos mágicos, del Consejo Mexicano de Promoción Turística y de las Zonas Económicas Especiales. Nos quieren presumir mucho, pero la realidad es que han logrado muy poco.

La vida en los tiempos de la cuarta transformación cada día se pone más difícil. No hay empleo, a la gente no le alcanza para llegar a los últimos días de la quincena. La gente tiene que pedir prestado para completar la inscripción de los hijos, para comprar los útiles, para los uniformes.

El presidente le prometió al pueblo de México que las cosas iban a cambiar, que su economía iba a mejorar y al día de hoy el presidente todavía no les cumple.

Vendrán a ocultar la crisis económica con discursos, con disculpas o con pretextos, pero la verdad es que la realidad ya los alcanzó.

Mientras Morena y sus aliados culpan a los anteriores gobiernos de todos sus males. Culpan al Prian, los niños con cáncer no tienen medicamento para sus quimioterapias y en todos los hospitales del país las madres y los padres tienen que hacer actos heroicos para salvar la vida de sus hijos.

Mientras el gobierno de Morena maquilla cifras sobre los costos de la energía eléctrica, los empresarios restauranteros y hoteleros en Boca del Río, en Veracruz, en Oaxaca, en Aguascalientes y en todo el país están sufriendo por los cobros excesivos de Comisión Federal de Electricidad.

Los negocios están al punto del colapso. Muchos han cerrado, otros apenas juntan para pagar las quincenas de sus empleados. No hay inversión, no hay confianza en este gobierno.

Hay muchos ninis, pero pocos empleos. Hay muchas ocurrencias, pero pocas obras. Y hay –por qué no decirlo también– muchas ganas, pero poca experiencia. Y para gobernar un país como el nuestro la experiencia también cuenta.

Compañeras y compañeros de Morena, déjense ayudar. Estamos todavía a tiempo para que el país mejore el rumbo. No sean sordos ante las críticas. No gobiernen ni legislen con soberbia. No se conviertan en lo que toda su vida criticaron.

Tenemos la esperanza de que el nuevo secretario de Hacienda, el doctor Herrera, pueda mejorar el rumbo en materia económica. Es una persona capaz, es un tipo inteligente. Esperamos que lo dejen trabajar sin intromisiones.

Estamos en septiembre de 2019, dentro de un año, si Dios quiere, si Dios nos presta vida, estaremos de nuevo aquí analizando el informe del presidente, y en Acción Nacional deseamos, por el bien de nuestro país, que dentro de un año, en materia económica, realmente este gobierno tenga algo que presumir. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Fernando Galindo Favela:Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, hoy nos toca revisar los resultados en materia económica de la nueva administración. Pero, sobre todo, nos toca pensar en qué hacer entre todos para mejorar las condiciones económicas de nuestro país.

¿En dónde estamos en este momento? En primer lugar, estamos en un país con cero crecimiento económico, muy lejos de la promesa de la promesa de tener un crecimiento de seis por ciento anual, pero nos preocupa aún más que se haya tirado ese anhelo por la borda. Esta administración estima en los criterios generales de política económica que acaban de entregar, que en 2024 solo creceremos 2.7 por ciento en términos reales.

Compañeras y compañeros, cómo le ayudamos a esta nueva administración a lograr ese crecimiento que todo mundo anhela para nuestro país. Estamos en un país que de enero a agosto de 2019 ha generado 302 mil menos empleos, que en el mismo periodo de 2018; esto trae consigo una disminución en la calidad de vida de las familias mexicanas, con implicaciones directas en la delincuencia. Luego nos preguntamos ¿por qué hemos tenido el año más violento en nuestro país?

Estamos en un país en donde se ha perdido la confianza para invertir. A junio de 2019 la inversión fija bruta disminuyó 7.4 por ciento en términos reales, en particular, la construcción se contrajo 4.5 por ciento. ¿Qué significa esto? Menos oportunidades de empleo para las familias mexicanas.

Otro dato que nos refleja en dónde estamos. Durante el primer trimestre de 2019, el PIB del turismo registró una contracción casi del uno por ciento. Estos números no se presentaban desde inicios de 2011.

Estamos en un país en donde con tantas necesidades el gobierno deja de invertir 174 mil millones de pesos en salud, en medicinas, en refugios para mujeres, en estancias infantiles, en carreteras, drenajes, en los pequeños productores del campo, en las comunidades indígenas, en la protección a periodistas y sobre todo en la atención de víctimas.

Compañeras y compañeros diputados, no se debe confundir la austeridad con dejar de invertir. Estamos en un país que ha perdido la confianza de los mercados internacionales sobre el manejo de las finanzas públicas.

Todas las calificadoras nos han puesto en perspectiva negativa y una de ellas le ha quitado el grado de inversión a Pemex. Esto implica que vamos a tener que destinar mayores recursos para pagar el costo financiero del gobierno. Por cierto, esta administración prometió no aumentar la deuda pública, pero la verdad es que en este año ha aumentado casi 134 mil millones de pesos.

Y ¿por qué estamos así? Muy simple. Porque las decisiones que se han adoptado tienen consecuencias que se reflejan de manera inmediata, y se los dijimos el año pasado. No fue buena idea cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Por cierto, seguiremos pagando esa deuda por muchos años.

No fue buena idea congelar la implementación de la reforma energética. Tampoco fue buena idea retrasar la operación de los gasoductos, que después de un año se dieron cuenta y apenas están entrando en operación.

Tampoco fue buena idea eliminar el fondo nacional del emprendedor ni la promoción de México en el exterior a través de la eliminación del Consejo de Promoción Turística. No ha sido buena idea quitarle recursos al campo casi 14 mil millones de pesos ni tampoco ha sido buena idea destinar recursos a proyectos de inversión que no pueden iniciar.

Compañeras y compañeros diputados, ahí están los datos. Los datos económicos son duros y fríos. Los resultados en este primer año han sido muy malos, pero estamos en puerta de la discusión del paquete económico para el próximo año. Ahí tenemos la oportunidad de cambiar las condiciones económicas para las familias mexicanas.

Vemos que este paquete económico refleja los mismos problemas que identificamos el año pasado. Estamos a tiempo de recomponer el rumbo. Es cuanto, diputados.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya:Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeras, compañeros diputados. ¿De dónde partimos? Yo creo que aquí un ejercicio honesto es tener claro de dónde partimos al arranque de esta administración.

¿Qué país nos dejaron los gobiernos neoliberales? Diré un par de datos nada más para ilustrar mi intervención: en materia de pobreza, por ejemplo, el reto a vencer es cambiar el destino de las mexicanas y mexicanos pobres en México.

Hay un estudio dramático que debemos tener todos presente en las tareas a realizar, inclusive hasta en las críticas a señalar.

Hoy de cada 100 mexicanos que nacen pobres en este país, 74 mueren pobres. Eso es algo inadmisible, no existe la movilidad social y en buena medida se debe a las políticas neoliberales y a la enorme corrupción que ha tenido esta nación.

Pero para el caso de los estados del sur sureste de Oaxaca, por ejemplo, es todavía peor: De cada 100 mexicanos pobres, 86 mueren pobres.

Compañeras y compañeros ¿y con eso quieren que atendamos sus planteamientos y sugerencias? ¿Quieren seguir hundiendo más a esta nación con las políticas que tanto daño le hicieron al país? Pues se ve que siguen sin entender.

Sí, por tercera ocasión, como alguien lo dijo aquí, el presidente de la República le rinde cuentas a la nación, informa a la ciudadanía el avance de los estados de la República, es decir, está gobernando de cara a la nación, de hecho lo hace todos los días en las conferencias mañaneras; permanentemente está informando. Hablamos entonces de que el gobierno de la cuarta transformación es un gobierno de cara al pueblo y cercano al pueblo.

Es evidente, sin embargo, que es la primera ocasión en que en atención a lo señalado en el artículo 69 constitucional y 6o. de la Ley de Planeación, le informa a esta soberanía en temas que están correlacionados con el Plan Nacional de Desarrollo.

Y vale decir de arranque que, para los diputados del Partido del Trabajo, el gobierno del presidente López Obrador va muy bien. Y decimos esto porque, reitero, algunos no lo entienden todavía. No solamente vivimos un cambio de gobierno, vivimos un cambio del régimen, de ahí que valga la pena volver a subrayar que, para el gobierno mexicano, parte de la concepción de crecimiento por sí mismo no ha implicado desarrollo, en palabras de nuestro presidente.

Con el desarrollo económico, además de riqueza se logra que esta se distribuya de forma justa. Por eso, algunos de los logros que los diputados del PT vemos en materia económica y dado el poco tiempo que tenemos, he de subrayarlos:

Uno es el incremento a los salarios mínimos. La verdad es que estamos ante un aumento, ante una nueva política salarial sin precedentes. En 30 años no había crecido como hoy lo tenemos, el salario mínimo, que en la franja norte del país, inclusive es al doble en 43 municipios, y eso evidentemente es un rescate también para las familias mexicanas.

Y si hablo de rescate, debo decir que estamos empeñados en apoyar al presidente en rescatar el sector energético. Nosotros decimos que lo que se plasma en el informe en materia de propuesta energética, la premisa fundamental seguirá siendo suministrar los combustibles, la energía eléctrica a precios accesibles, y por eso, ya en el apartado del paquete económico, pues nosotros revisaremos avalar la propuesta de seguir dotando a Petróleos Mexicanos y a la CFE de recursos importantes para recuperar estas empresas productivas del Estado, pero que son íconos fundamentales para el desarrollo nacional.

Nosotros reiteramos que nos gustan, nos da gusto que ya se haya logrado detener la caída en la producción de petróleo, y vislumbramos que para el fin de año habrá de incrementarse en una cantidad que estará sumándose, por supuesto, a las posibilidades para sacar adelante a nuestra nación.

Son muchos temas, compañeras y compañeros, de los que habla el informe...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Compañero, por favor, concluya.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Concluyo, diputada presidenta. Mantener las finanzas sanas, no más incrementos impositivos, respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión privada, rescate al sector energético, las y los diputados del Trabajo estamos haciendo la glosa del informe y le decimos al presidente López Obrador, más bien: Presidente, te seguiremos respaldando.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado Robles. Tiene la palabra la diputada Fabiola Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la glosa de un informe de gobierno como ejercicio de rendición de cuentas, implica realizar un análisis exhaustivo más allá de cifras alegres que maquillan realidades que no gustan.

Es decir, es una oportunidad para examinar con responsabilidad los resultados obtenidos para corregir lo que todavía hoy no funciona.

Al respecto, antes debe recordarse que una de las promesas más importantes del Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, avalado por la mayoría legislativa de esta soberanía, fue alcanzar un crecimiento del seis por ciento, así como un promedio anual del cuatro por ciento. Sin embargo, en los primeros nueve meses de esta administración federal pasamos del dos por ciento al nulo crecimiento.

Como si esto no fuera suficiente, varios especialistas estiman un crecimiento menor a 1.3 por ciento para el siguiente año fiscal 2020.

El estancamiento de nuestra economía no es casualidad, tiene su origen en las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo en sus primeros meses de gobierno. Hablo de decisiones que en esta misma tribuna ya he señalado anteriormente, como la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; la centralización de la compra de bienes y servicios; el freno excesivo al gasto gubernamental; la adjudicación directa de tres de cada cuatro contratos; la cancelación de programas claves para la participación laboral de nosotras las mujeres, como estancias infantiles; diminución de obra pública en estados y municipios, así como el recorte presupuestal a rubros esenciales, como ciencia y tecnología, cultura, economía y desarrollo rural.

Además del cero crecimiento, los otros datos que nosotros tenemos también indican que la generación de empleos de enero a agosto presenta una baja de 47 por ciento en comparación al año pasado. No solo eso, el desempleo creció de 3.3 a 3.5 por ciento, así como la subocupación que incrementó de 7 a 7.6 por ciento, según el Inegi.

Por otra parte, los 197 mil millones de pesos de subejercicios han impactado negativamente la inversión. Por ejemplo, la reducción del 16 por ciento del gasto en infraestructura pública. En los primeros seis meses de este año se ha reflejado en el peor semestre para la industria de la construcción desde 2009, con una caída del 5.6 por ciento, también según datos que tiene el Inegi a junio de este año.

A pesar de toda esta evidencia, todavía no vemos un giro de timón. Hace unos días recibimos el paquete económico 2020. Sin embargo, en un primer análisis encontramos nuevamente decisiones preocupantes, vemos reducciones presupuestarias a desarrollo rural, con el 32 por ciento menos; en economía, 34 por ciento menos; infraestructura, turismo. Incluso, se recorta nuevamente la mitad de los programas que favorecen a los trabajadores y a las trabajadoras, como Escuelas de Tiempo Completo.

El gasto federalizado también es menor, lo que impactará en el desarrollo de proyectos para estados y municipios en materia de educación, infraestructura social y seguridad pública.

Señoras y señores legisladores, si no hay gasto público, si no se incentiva la inversión ni se estimula la creación de empleos, no habrá crecimiento económico y, por lo tanto, no habrá desarrollo ni justicia social. Porque si no se genera riqueza, ¿qué vamos a distribuir?

Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo en la discusión del paquete económico 2020, para construir un presupuesto que permita atender las necesidades más profundas de los habitantes de este país, en el que no se descuide la educación, la ciencia y tecnología, la seguridad, el gasto social y, por supuesto, ni la infraestructura que es parte determinante para el desarrollo económico de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en la agenda parlamentaria del Grupo de Encuentro Social promovemos la necesidad de tener una economía sólida ante la volatilidad de los mercados mundiales, por lo que consideramos que la economía mexicana debe ser segura para los mexicanos, en primera instancia, y después para la inversión extranjera, de ahí que creemos insuficiente decir que en el primer año de gobierno detectamos 40 intenciones de inversión extranjera y 86 oportunidades para exportar.

Por tal motivo, la economía de México no puede ser ni quedarse en una mera intención, para Encuentro Social nuestras acciones como gobierno no pueden quedarse en solo intenciones.

¿Qué hubiera pasado en este breve periodo de tiempo si hubiéramos hecho efectivas el número de intenciones y oportunidades? Hoy hablaríamos de mayor crecimiento económico, mayor riqueza nacional que estaría siendo distribuida a los grupos poblacionales más desfavorecidos, porque para el PES en el camino al desarrollo nadie puede quedarse fuera.

En materia de inversión extranjera y en especial en todo lo referente al Tratado de México con Estados Unidos y Canadá, el PES manifiesta que debemos trabajar más en la diplomacia política y comercial, en fortalecer la política interior para darle aún más carácter en la percepción de México a nivel mundial y establecer a través de la buena diplomacia nuestro desacuerdo con tasas arancelarias basadas en rumores y en estados de ánimo de la Unión Americana y en específico de cualquier otro país en general.

Porque hay coincidencia nacional, la economía de las familias mexicanas no puede estar y no debe estar a merced de un tuit, aquí está la disposición para ayudar en el restablecimiento de los canales de la comunicación formal y respetuosa que deben existir entre las naciones.

En materia de inversión pública, si bien es cierto que el Partido Encuentro Social tenemos claridad, por lo que es importante lograr el crecimiento económico que nos permita reducir la pobreza y la desigualdad, mediante la equitativa distribución de la riqueza.

Por ello externamos la siguiente preocupación, en materia de inversión pública, en los ramos petrolero, energético, carretero y portuario hemos destinado más de 11 mil 147 millones de dólares, por lo que el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, y como representante popular del pueblo de México, funjo también como auditor del pueblo. Y por ello, manifestamos con toda formalidad que no estamos y no vamos a estar de acuerdo con las asignaciones directas para cuates o por cuotas.

Al día de hoy todavía estamos pagando los platos rotos de OHL y de Oceanografía. La corrupción que heredamos nos retrasa para crecer y para desarrollarnos como país.

Estamos en total acuerdo con la necesidad de una inversión pública fuerte. Por eso pedimos: hagámosla en serio. Hagámosla impulsando los proyectos regionales, con criterios equitativos de justicia social. Porque todos debemos estar incluidos en el desarrollo de nuestro país y, sobre todo, en aquellos temas en que tanto se ha insistido en dividir a la opinión pública.

Desde esta tribuna el Grupo Parlamentario de Encuentro Social expresa a todos los involucrados en los temas, como el caso de Texcoco, la construcción de Santa Lucía y la renovación de Toluca, que debemos estar unidos.

El tiempo de espera está por agotarse. Están tardando mucho en ponerse de acuerdo y México necesita acelerar su capacidad de trabajo y producción.

Sobre la refinería de Dos Bocas, el informe señala casi únicamente que habrá más empleo y más gasolina. Por lo que debemos considerar entonces que sea construida por manos y por obra mexicana, por mentes brillantes y por empresas mexicanas, por talento mexicano honesto. Dos Bocas debe ser planeada y construida por mexicanos.

En el caso de las fronteras, si bien es cierto que se redujo el ISR y el IVA para promover un sistema de impuestos justos para incrementar la recaudación, pero debemos hacer más aún.

El informe vuelve a indicarnos que únicamente se detectaron propuestas en mejora regulatoria y en trámites susceptibles a la corrupción. Hoy, desde aquí decimos: debemos mejorar todo eso.

En ese sentido, es bueno reconocer que al día de hoy esto se detecta y es transparente. México no ha crecido como quisiéramos, porque hay partes importantes que siguen atadas a la corrupción y el tiempo es tarde. El tiempo no se detiene y México espera mucho de este gobierno.

A nivel mundial, México ha dejado de ser competitivo por el tiempo que le toma a la gente para abrir un negocio.

Reiteramos: México no puede seguir siendo solo un país de intenciones. Por ello, en Encuentro Social estamos listos para tomar parte en la batalla contra la corrupción, para abrirle paso a la inversión pública y privada

México nos necesita a todos. La inversión pública debe ir bien direccionada, deben eficientarse y optimizarse los recursos...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, por favor concluya.

La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas: ... por el bien de nuestro país. Aún el pueblo de México sigue esperando resultados. Aún sigue confiando en este gobierno, Aún estamos esperando resultados de esta cuarta transformación. Los campesinos y México seguimos teniendo esperanzas en este gobierno y en este presidente. Otro México es posible. Hagámoslo nosotros.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Cabrera... Perdón, tiene la palabra el diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado José Ricardo Gallardo Cardona:Con su venia, presidenta diputada. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy nos encontramos en este recinto realizando una de las tareas sustanciales que como legisladores los mexicanos nos han conferido. El abonar a la situación y el escenario económico en el que nos encontramos como país nos dirige la tarea de mencionar las acciones y beneficios que se han reflejado en los trabajos encabezados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

No debe haber sorpresas ni escándalos, porque vienen grandes cambios a realizarse. En esta administración la sociedad demandó un nuevo camino, o, dicho de otro modo, nos exige apoyar al primer gobierno de un México nuevo.

Ante esto, quiero resaltar que se está implementando la mayor política social de programas sociales de México, que hecho desde un modelo incluyente progresivo directo y sin intermediarios hacia los sectores históricamente más rezagados y más vulnerables de este país.

Por fin la prioridad es combatir frontalmente la pobreza. El objetivo central, el motor, es cumplir con un proyecto de nación, un proyecto de resultados de la suma de esfuerzos de los mexicanos y no con proyectos personales.

Es de resaltar también que las nuevas políticas tienen como prioridad hacer y cimentar la erradicación de todo acto de corrupción, así como todo lo que conlleva a dicha práctica.

Además, se ha hecho un profundo acto de conciencia sobre la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. La austeridad con la que se ha conducido este gobierno ha logrado grandes ahorros por más de 145 mil millones de pesos. Se estima que la inflación en el 2019 terminará alrededor del 3.2 por ciento dentro del objetivo del Banco de México, las expectativas inflacionarias a corto plazo están por primera vez, desde el 2016, alineadas con la meta puntual de inflación del Banco de México.

Coincidimos que se debe velar por la recuperación en la plataforma de producción de petróleo; Pemex, el gran activo, debe ser la palanca sustentable de energía de este país. Actualmente Pemex produce 1 millón 840 mil barriles de petróleo crudo, esto es exactamente la mitad de lo que se produjo en el 2004, sin embargo, en este sexenio se plantea llegar a los 2 millones 400 mil barriles, esto es regresar a los niveles del año 2014.

El sector educativo vuelve a su cauce normal, al conseguir que los maestros sean aliados y no enemigos, porque no hay mayor palanca para el desarrollo y para salir de la pobreza, que la educación. Hoy en día México se ha buscado atacar los principales males que aquejan la sociedad, sin embargo, queda claro que todavía hay mucho por hacer.

En el Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de que la política económica del presidente de la República es la adecuada, los programas sociales, la incrementación nos permite sacar del rezago socioeconómico a miles y millones de mexicanos, estamos convencidos que México tiene rumbo, por eso desde aquí decimos que viva México y que viva el Verde Ecologista. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Mónica Almeida López:Muchas gracias, diputada presidenta. Si el día de hoy podemos hacer una evaluación a la política económica es, que es justamente que ha sido un fracaso. Tenemos un crecimiento económico del cero por ciento, el tipo de cambio frente al dólar aumentó, el desempleo aumentó, la creación de empleo formal se desploma.

El primer semestre fue el peor para el desempeño del producto interno bruto en los últimos 10 años. La gasolina sí aumento, la proyección de ingresos y egresos falló y fue menor.

El incumplimiento en las metas de avances de los programas, mermaron el acceso a derechos básicos del mínimo vital a los mexicanos, y 4 mil 200 millones de dólares se pagarán a 19 años por la recompra de los bonos de la cancelación de obras como el aeropuerto. El capricho de construir una refinería inviable económica, social y ambientalmente hablando frente a la era de las energías alternativas, no nos da un buen futuro.

Estas acciones, entre otras, han provocado el estancamiento del país ocasionando incertidumbre en todos los sectores, reflejando un aumento en los costos de endeudamiento en sector público y privado en los mercados internacionales, ocasionando que sea más costos y arriesgado invertir en nuestro país.

Hoy en día impera la falta de transparencia, integridad y rendición de cuentas en la gestión pública. Hoy en día se tienen otros datos con los cuales se hace de la política económica una administración carente de principios básicos de eficiencia, efectividad, equidad, honestidad, confiabilidad, adaptabilidad y solidez, y que por el contrario, se cuenta con un espíritu de opacidad en donde los ahorros, por no llamarles subejercicios, le permiten al presidente utilizar de manera discrecional el presupuesto alejándose de lo aprobado por esta Cámara de Diputados, violando el principio de legalidad.

Las calificadoras de riesgo internacionales señalan que las políticas económicas actuales causan incertidumbre. Se incrementa el gasto en programas asistencialistas, pero con reglas de operación deficientes. Se presenta una miscelánea fiscal que cae en la doble tributación, lo cual da la razón a una pésima estrategia de recaudación y se busca crear e incrementar impuestos.

La deuda de Pemex y el esquema de financiamiento planteado generan riesgo fiscal, y en un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al paquete del año 2020, se reconoce la desaceleración económica principalmente en la producción industrial.

El crecimiento económico del país ha sido nulo, de acuerdo a lo establecido por el Inegi, y no se cuenta con una planeación que cuente con lo mínimo establecido en la ley; de manera paralela también está sufriendo la política social del país cuando en 26 estados y sus municipios no se están recibiendo los apoyos provenientes de programas federales.

El Ejecutivo debe reconocer el bache económico en el que nos encontramos, pero es más importante reaccionar ante esta situación, razón por la cual desde el Grupo Parlamentario del PRD consideramos necesario aperturar la discusión del próximo Presupuesto de Egresos basados en una planeación congruente y prioritaria que recobre la confianza en el desarrollo de nuestro país bajo un modelo de economía solidaria frente a la cuarta revolución industrial.

En el PRD impulsaremos un cambio tecnológico, social y energético, para una nueva manera de generación y distribución de la riqueza, basado en los derechos humanos y acorde a la agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos Globales de Desarrollo Sustentable.

Compañeros diputados y diputadas, lamentablemente la política económica del informe del Ejecutivo no refleja un plan de transformación, refleja un plan de elección con limosnas y engaños. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Iniciamos la segunda ronda de intervenciones. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Morales Vázquez.

El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez:Con su venia, diputada presidenta. Si hablamos de política económica en verdad hay una política eficiente y suficiente en este país, es claro que el plan de acción que ha implementado este gobierno en cuanto a la economía se refiere en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2020, tiene como bandera continuar con la austeridad, una austeridad donde lo barato resulta caro, el asistencialismo disfrazado con el combate a la pobreza y desarrollo social.

¿Cómo vamos en la cuestión de empleos? Contrario al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en abril pasado presumió un incremento nunca antes visto de empleos durante el primer trimestre del año.

El Inegi en sus cifras ha demostrado que la realidad es otra con un crecimiento en la tasa de desocupación del 3.6 por ciento con respecto al mismo periodo de 2018. Vamos mal.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su reporte mensual informó que en agosto apenas logró una creación de 36 mil empleos que representa un 68 por ciento con el mismo periodo en el 2018, la más baja en una década; la generación del empleo viene en picada desde enero.

Parece ser que este gobierno no se topa con la realidad en las calles. Se denota una gran ausencia de fuentes de empleo. El pueblo no está feliz.

En el crecimiento económico para el segundo trimestre del presente año, la economía mexicana creció por debajo de lo esperado, 0.2 por ciento, según las cifras del Inegi. Sin embargo, también lo celebraron con bombos y platillos cuando no había nada que celebrar, un 90 por ciento debajo de sus propias expectativas en este gobierno.

Aunado a la tasa de desempleo debe interpretarse como un resultado desalentador de la política económica que ha implementado este gobierno. La desaceleración de la actividad económica es evidente, así como también es evidente que no habrá manera de generar empleos si no hay inversión.

Ante este panorama lamentable, el gobierno no ha tenido la capacidad ni la visión para dar certeza a la iniciativa privada, por el contrario, ha generado un clima de desconfianza entre gobierno, iniciativa privada y ciudadanía.

Por ejemplo, el dictamen reciente aprobado por el Senado, el cual considera cualquier tipo de defraudación fiscal como delincuencia organizada es algo excesivo y no abona el crecimiento económico, la iniciativa privada es la mayor fuente de generación de empleos y de inversión, las Pymes generan más del 50 por ciento del producto interno bruto.

Por otro lado, tampoco habrá crecimiento económico si el gobierno no invierte en infraestructura, conectividad y desarrollo. Necesitamos un desarrollo sostenible y la provisión insuficiente, ineficiente e insostenible de los servicios de infraestructura lo impide, somos de los países que menos invertimos en infraestructura.

Para este año la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene una reducción del 18.30 por ciento, menos del presupuesto del 2018.

En términos generales, en diversas secretarías existen recortes considerables en esta materia, la CMIC habla de una afectación ya del 20 por ciento en el sector de la construcción, lo cual terminaría en más desempleo. No vamos bien, señores, planeación, transparencia y competitividad es lo que necesita el país.

Los programas ejes del gobierno que desde el inicio han estado marcados por irregularidades y la falta de planeación por ocurrencias y por caer en los mismos proyectos sexenales, los cuales no tienen una visión incluyente, colectiva y equitativa. No podamos pasar por alto los hechos que cada día el gobierno del presidente prefiere mirar hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante.

En lo que va de la presente administración, Expansión dice que el 70 por ciento de los 44 mil contratos para compras se han otorgado de manera directa, no abona a la competitividad, varias ONG coinciden en el mismo término.

Es decir, el gobierno asigna directamente tres de cada cuatro contratos gubernamentales, continuando así con la práctica del sexenio anterior y del anterior y del anterior, no hay cambios.

En pobreza vamos mal, de nada servirán los discursos y la propaganda de la política si esta no da resultados para quienes más lo necesitan. En el primer trimestre de 2019 el índice de personas en pobreza extrema creció cinco puntos en zonas urbanas y rurales.

Somos el último lugar en Latinoamérica en el combate a la pobreza, no vamos bien, compañeras y compañeros diputados. Un año es suficiente para ver qué rumbo está tomando el país. ¿En realidad estos números queremos? Estábamos mejor cuando estábamos peor.

La política económica debe corregir el rumbo, no puede seguir siendo un instrumento de control político ni un ecosistema para el clientelismo, dejar de echar culpas y ponerse a trabajar sin improvisaciones y con visión de Estado. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Claudia Reyes Montiel:Con su venia, diputada presidenta. Compañeros legisladores, hoy nos encontramos reunidos para analizar y evaluar el asunto de gran trascendencia para el pueblo de México, la glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo referente a la política económica.

Una vez hecho el escrutinio del contenido del documento, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD queremos expresar de manera categórica que si bien compartimos la política de cero impunidad, combate a la pobreza y la desigualdad, también tenemos desacuerdos, como el hecho de que muchas de las medidas tomadas, pese a lo prometido, no han generado el crecimiento económico esperado, lo que nos ha conducido sin mayores tecnicismos, a tener una economía estancada.

Muestra de este estancamiento es el hecho de que en lo que va del año se ha visto una contracción mayor a tres por ciento en actividades primarias relativas a actividades como lo es la agricultura y la ganadería.

En el caso del sector industrial, la caída ha sido del 0.2 por ciento y únicamente en el sector de comercio y servicio se ha visto un crecimiento ínfimo del 0.2 por ciento.

Estos datos no significan más que la falta de empleo y desarrollo para el país, sin mencionar afectaciones para quien con mucho esfuerzo buscan emprender en favor de México.

Otro aspecto que nos compartimos como grupo legislativo es la implementación sin criterios razonables de la política de austeridad, medida que ha afectado de manera considerable a niñas, niños y personas con enfermedades graves. Además, esta acción ha servido para dejar sin empleo a miles de personas sin mayor justificación, sin olvidar que también ha afectado áreas tan importantes, como son la ciencia y tecnología.

Desde nuestra perspectiva dicha política, además de vulnerar a las personas en sus trabajos en la manutención de sus familias, así como en la salud, ha restado vigor el ritmo de la economía, al grado de que en el segundo trimestre del 2019 el crecimiento fue cero por ciento.

Con el fin de hacer memoria y una vez un ejercicio comparativo, en 2018, en el primer trimestre del año, hubo un crecimiento del 2.2 por ciento, y en el 2019 fue del 0.1 por ciento. Mientras que en el segundo trimestre, en 2018, fue de 1.6 por ciento y en el 2019 fue como ya mencioné, cero por ciento.

Esta situación no es furtiva ni circunstancial, ya que el estancamiento que se ha vivido en los primeros siete meses del año, se observa también en el impuesto sobre la renta y, en retroceso, en la recaudación del impuesto al valor agregado.

El IEPS a gasolinas es el único que prosigue sin racha vertiginosa, al crecer 66.5 por ciento en términos reales respecto al año pasado. Y este precisamente nos lleva a entender por qué no se ha cumplido la promesa de campaña de eliminar este impuesto, así como también que no es lo mismo prometer en campaña, que ahora ser gobierno.

En este estricto describo poco crecimiento económico y que el precedente presentado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para este año que viene, 2020, donde son evidentes síntomas de la pérdida del dinamismo en los primeros siete meses.

Todos estos indicadores están a la espera de que a la larga incidan al alza del crecimiento de la economía y del empleo.

Para finalizar, quiero decir que más allá de los datos y cifras, lo que como grupo parlamentario nos preocupa es a dónde nos lleva esta situación. Es cierto, hay 30 millones de personas que votaron por el partido y el gobierno en turno, pero también es cierto que esos 30 millones y los más de 50 millones de personas que no votaron por este gobierno, ante las circunstancias que se viven y que se agravan diariamente no aguantarán mucho y entonces, ni toda la demagogia ni toda la culpa al pasado podrán hacer frente a esta fría realidad en México. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz.

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz:Con la venia de la Presidencia. La política económica implementada en un año de un nuevo gobierno es una prioridad, es un asunto de interés público para quienes la implementan, los que la analizan, los que de manera constructiva aportan a cómo se puede mejorar.

Como legisladores, en el marco de nuestras atribuciones, podemos aportar, mediante la correcta regulación, para su implementación, pidiendo que se rindan cuentas por las acciones y estrategias para atenderla.

El presidente de la República ha reconocido que es importante la construcción de mecanismos de reactivación económica, bienestar y desarrollo, tomando en cuenta el contexto político, económico, regional y mundial y el rol que jugamos como actores económicos en un mundo conectado por el intercambio comercial.

La expectativa de los mexicanos es que mediante la política económica que este gobierno busca implementar se sustente en cuatro pilares: fortalecer la economía popular, impulsar proyectos para el desarrollo regional, fomentar la participación de la iniciativa privada y promover la intensificación del comercio exterior y la captación de la inversión extranjera.

Es parte de nuestro trabajo y deber como legisladores facilitar que la política económica sea implementada en beneficio de todos, siempre en el marco del respeto al Estado de derecho y en congruencia con el interés público al que nos debemos, en representación de los ciudadanos.

La economía popular busca desarrollarse mediante el fortalecimiento del campo, promoviendo el desarrollo rural para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y fortaleciendo las actividades productivas, como lo ha dicho el presidente. Y con la entrega de recursos y productos es como se busca dar este impulso a un país que sigue teniendo una importante cantidad de población en las zonas rurales y que dependen de actividades agropecuarias y agrícolas para subsistir.

Es un hecho que ciertos temas mediáticos son los que a veces inclinan la balanza respecto a eventos muy conocidos y tratados en el día a día. Sin embargo, como se ha dicho, el análisis de la participación de los empresarios debe ser atendido y entendido con datos duros y con elementos técnicos como los de los órganos constitucionales autónomos, como el Inegi.

Como se plasmó en el Primer Informe de Gobierno, en materia de inversión extranjera directa, el flujo de esta fue mayor en comparación con el del año pasado, manteniendo la constante de la presencia de nuestros principales socios comerciales.

Esta información es la que debe ser analizada a la luz de los resultados y de cómo se traduce en la vida diaria de los mexicanos, quienes percibimos casi siempre que el ingreso nunca es suficiente para atender nuestros gastos, o decir al menos que contamos con lo suficiente para percibir este bienestar de que haya esperanza y desarrollo mediante una mayor oferta de empleos y de seguridad.

El objetivo primordial del actual gobierno es que la política económica logre una mejor distribución del ingreso y de la riqueza. Y con esto, esperar que se cumpla la expectativa de generar bienestar, que sin duda va de la mano con una intensiva actividad comercial y de inversión en infraestructura, servicios y proyectos productivos.

Es obligación del Estado evitar un estancamiento de la economía. Para ello, este gobierno ha hecho un compromiso para dar certidumbre y certeza jurídica a inversionistas nacionales y extranjeros y continuar haciendo atractivo como destino de desarrollo económico a nuestro país, gracias a sus recursos naturales. Pero, sobre todo, a su capital humano, su gente que no escatima en esfuerzo, innovación, creatividad y compromiso en sus actividades y proyectos laborales diariamente.

Es de reconocer también que un ingreso fundamental de la economía siguen siendo las remesas, las cuales están en los montos más altos que se han registrado en toda la historia, que nos obligan a trabajar en la diversificación de los ingresos de los ciudadanos y del Estado, y continuar desarrollando estrategias para generar esta mejoría en la vida de los mexicanos.

Debe reconocerse lo que se ha hecho bien y lo que puede mejorarse en la política económica. El salario mínimo se fijó considerando la línea de pobreza por ingresos, definida por el Coneval, con lo cual, durante los dos primeros trimestres de 2019 mejoró el poder adquisitivo al ingreso por trabajo de los hogares en un 4.7 por ciento.

Los mexicanos merecemos y exigimos que los recursos se usen y apliquen conforme a derecho, manteniendo finanzas públicas sanas, tomando decisiones inteligentes en el gasto y la deuda pública, tal como lo propone el Paquete Económico 2020.

Tengo la convicción de que este reactivará el sector económico e impulsará la reactivación económica, el mercado interno y el empleo. Y con ello podremos percibir de manera objetiva si las cosas se están haciendo bien y diferente, en beneficio de la colectividad y de un país más próspero y con mayor bienestar. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Eudoxio Morales Flores, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Eudoxio Morales Flores:Con su venia, señora presidenta. En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social no tenemos duda de que los gobiernos neoliberales generaron los problemas que enfrenta el país: la corrupción, la pobreza y la desigualdad social. Fueron años y años que hoy quieren solucionar en un año. Eso no es posible.

La solución está asociada indiscutiblemente con el crecimiento económico y el desarrollo para seguir apoyando los programas sociales. Por esta razón se está poniendo en práctica el mandato constitucional de que el Estado tiene la responsabilidad de promover y encauzar el desarrollo económico nacional.

La esencia de la propuesta económica de la cuarta transformación consiste en convertir la honestidad y la austeridad en una forma de vida del gobierno. El plan del gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad, es decir, implementar el Estado de derecho.

La única forma de generar riqueza es con inversión privada y gasto público, con un alto sentido social, orientado hacia la protección de quienes menos tienen y que más lo necesitan en este país. Esa es la única forma de disminuir un poco las desigualdades sociales que van a tardar muchos años en salir adelante.

El país tiene que crecer, porque solamente generando más riqueza es como podremos cumplir los objetivos de apoyar en mejor medida a las y los mexicanos que más lo necesitan.

Por eso la agenda legislativa que defendemos se apoya en el reclamo social de garantizar las políticas sociales. Esto nos obliga a ser críticos con lo que está mal y constructivos para lograr una verdadera cuarta transformación, que tanto necesita este país.

Necesitamos una redistribución del ingreso, que alcance para que los 55.3 millones de personas en situación de pobreza disminuyan. Por eso vemos buenas señales en las acciones del gobierno federal.

Para 2020, la propuesta del gobierno federal es el compromiso de mantener la disciplina fiscal y las finanzas públicas sanas, que no es fácil y que solamente en este año vamos a pagar en términos de servicio de la deuda más de 700 mil millones de pesos. Es decir, 702 mil 591.6 millones que nos dejaron los gobiernos neoliberales y que hoy tenemos que pagar en 2020, solamente de este año.

Las compras de gobierno de este año van a sumar un billón de pesos y se hacen de manera consolidada. Hemos conseguido en los primeros nueve meses ahorros por 145 mil millones de pesos, con voluntad política, pero sobre todo con austeridad republicana y disciplina fiscal, el paquete económico busca frenar la desaceleración y mejorar las condiciones de vida de miles de mexicanos sin generar un efecto inflacionario.

El aumento del salario mínimo en este año fue del 16 por ciento a nivel nacional y del 100 por ciento en las zonas fronterizas, eso es un hecho que nunca se había dado nunca en la historia de México.

La realización de más de dos mil obras de electrificación favoreció a casi 300 mil personas indígenas y afroamericanas. Se tuvo un incremento real de 200 mil empleos en el sector secundario y de casi 170 mil empleos en el sector terciario, haciendo énfasis en revertir el sector primario, por eso en cada uno de estos rubros advertimos áreas de oportunidad que debemos atender con mucha atención.

Mediante el decreto presidencial se canceló la condonación de impuestos a grandes corporaciones empresariales y financieras, solamente en los dos últimos sexenios 108 grandes contribuyentes se beneficiaron con la condonación de 213 mil millones de pesos, y a partir de este año, no más condonaciones, esto se acabó, se detuvo la caída de producción del petróleo.

El año pasado se perdieron 200 mil barriles por el huachicoleo y este año se contarán con 50 mil barriles adicionales. Se está rehabilitando a las refinerías, aumentando del 30 al 42 por ciento de su capacidad y se están iniciando los trabajos de construcción de una nueva refinería que antes nunca se había hecho. El compromiso de la administración con las finanzas públicas sanas se ratifica.

En el 2008, la deuda pública era del 28 por ciento del producto interno bruto. En el 2018 fue de 49 por ciento del producto interno bruto. Ese incremento de 20 puntos porcentuales equivale a intereses de 350 mil millones de pesos que tenemos que pagar hoy en día todos los mexicanos.

El presupuesto económico para el 2020 que se presentó este 8 de septiembre estará restringido por una alta deuda pública y pago de intereses de los gobiernos neoliberales, insisto. Al Grupo Parlamentario de Encuentro Social nos preocupa los 33 millones de pobres y los casi 12 millones de pobreza.

Finalmente, quiero decir que en Encuentro Social coincidimos en que es necesario desechar la obsesión de medirlo todo en función del crecimiento económico, lo fundamental es la distribución equitativa del ingreso que es la calidad de vida, el bienestar, así como la felicidad de la sociedad mexicana y se pronuncia por el fortalecimiento de mecanismos y acciones de los tres niveles de gobierno, del sector social, económico y político para consolidar la nueva política económica y el desarrollo nacional.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Por favor concluya, diputado.

El diputado Eudoxio Morales Flores: Ya, por último, quiero decir que los cuatro ejes rectores en lo cual estamos apoyando esta nueva política económica es fortalecer la economía popular, impulsar los proyectos para el desarrollo regional, fomentar la participación de la iniciativa privada y promover el comercio exterior, la inversión extranjera. Es cuanto, señora presidenta, y disculpe el tiempo.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Higinio del Toro Pérez:Con su venia, presidenta. He escuchado con mucha atención a quienes me antecedieron en el uso de la voz y encuentro algo que ha permeado en esta legislatura. Encuentro siempre en un punto a discusión todos de blanco y negro, como se dice por ahí, solo opiniones a favor y en contra sin entender a veces que ni todo es blanco ni todo es negro, y que en ocasiones también debemos matizar de grises.

Por supuesto que entendemos y compartimos alguna parte de la política económica del presidente de la República y, por supuesto, estoy a favor y entiendo que se hayan hecho esfuerzos por mantener la inflación, en primer término, en un promedio de 3.7 por ciento anual, que, si no es también nada del otro mundo, pues de menos nos ha ayudado a contener el país en materia inflacionaria.

También celebro que el tipo de cambio se haya mantenido incluso por abajo de lo que venía siendo un promedio en los últimos años para estar por por ahí poco más de los 19.50 pesos por dólar.

Por supuesto que en Movimiento Ciudadano también estaremos a favor de que se gaste menos y que lo que se gaste se gaste mejor con la reducción en el aparato burocrático a través de esta política de austeridad y de eliminación de privilegios, que votamos hace algunos meses.

También estamos a favor en Movimiento Ciudadano del combate a la impunidad a través de la lucha contra el huachicoleo que, si bien tenía un inicio loable, a final de cuentas con datos de Pemex, está resultando que prácticamente estamos en los mismos niveles que cuando se inició. Quise determinar con este punto los que tienen que ver a favor, porque quizá esto es lo que ha permeado en política económica a esta administración.

Muy buenas intenciones, buenas políticas públicas implementadas, pero, sin embargo, los resultados, los que se viven al día a día, no los hemos, no han sido tangibles para la mayoría de los mexicanos.

Y lo quiero comentar porque también aquí en este micrófono se ha dicho que les demos tiempo, y apenas va un año en que recibieron el país en ruinas, pero yo creo que también es tiempo de reconocer que muchos de los resultados que hoy se están entregando son derivados de estas políticas públicas mal encaminadas, y el ejemplo mejor es el huachicoleo.

También tenemos cosas en contra que señalar en la política económica, a través de Movimiento Ciudadano. El principal es la baja en el empleo formal de este país. No puede ser que de un promedio de 4.1 por ciento estemos hoy en niveles del 2.6 por ciento, y tienen que ver con políticas públicas aprobadas en esta Cámara.

Aquí se nos había dicho que la construcción de caminos rurales en el sureste del país, en este programa de reforestación a través de árboles maderables se iba a generar empleo, y la verdad es que esas políticas públicas no lo están generando, y sí están generando un gasto al país.

Por supuesto que también estaremos en contra en el aumento de impuestos porque otra vez se está repitiendo la misma fórmula: cargarle la mano a esta base gravable que ya existe y el paquete financiero que nos acaban de entregar no es ajeno a esto que estoy mencionando, prácticamente viene lo mismo con la creación de un par de nuevos impuestos sin ir a cobrarles a aquellos grandes que hay que cobrarles y cobrarles bien y no condonarles los impuestos.

Y, por supuesto, la joya de la corona, el crecimiento de apenas del 01.1 por ciento cuando por años se nos dijo que íbamos a crecer a tasas mucho más altas.

Y habría que preguntarse por qué estamos así. Pues cómo no vamos a estar así si la primera acción de este gobierno en materia económica fue cancelar la construcción del nuevo aeropuerto.

También nos preguntamos y ¿por qué no ha podido crecer el empleo? Y se han preguntado diputados que aquí aprobamos algunos, algunos estuvimos en contra, a la cancelación de las guarderías infantiles, no son esas mujeres que hoy no tienen donde cuidar a sus hijos, las que ya no se están empleando de manera formal. Todo tiene que ver con lo que se aprueba aquí, señores diputados

También no será que esta economía no ha podido crecer porque le quitamos dinero al campo y al Inadem. Al campo se le apoya con dinero, no con discursos demagógicos de crecimiento, al campo se le entrega dinero para que cada vez más esos agricultores pobres del país puedan salir de ahí y generar riqueza.

Y ¿no será también que será esta situación que vivimos derivada de la cancelación de los fondos para los pueblos mágicos y el Fondo de Promoción Turística? Por primera vez en muchos años no está creciendo la tasa que mide el crecimiento turístico del país.

Y, por supuesto, ningún apoyo a los migrantes que a pesar de que en el discurso del informe del presidente les da las gracias por los miles de millones de pesos que mandan en remesas a este país, la política económica de este gobierno no les ha favorecido en nada absolutamente. Y, por supuesto, la producción del petróleo, 10 por ciento menos de lo que se nos había dicho.

Hay tiempo, señores diputados, replanteemos lo que viene en el nuevo paquete financiero, no podemos dejar sin dinero a los municipios de ese país cancelando nuevamente el Ramo 23, ellos son el factor de crecimiento, la industria de la construcción es la que detona en gran medida el crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico no se generan empleos.

Hay tiempo, analicemos el presupuesto, no todo es bueno y no todo es malo...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Concluya, diputado, por favor.

El diputado Higinio del Toro Pérez: Termino, diputada presidenta. No todo es bueno y es malo, es cuestión de matizar y encontrar qué es lo que mejor le sirve a este país. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alfredo Porras Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Alfredo Porras Domínguez:Muy buenas tardes, con su anuencia presidenta. Compañeras, compañeros legisladores, parece que perdimos la memoria, pero voy a iniciar en 1976, primero de diciembre, en el Auditorio Nacional, ante el Congreso de la Unión, ante los diputados, rezaba y decía José López Portillo: a los desposeídos si algo pudiera pedirles es perdón por no haberlos sacado del ostracismo y del subdesarrollo, pero les prometo que vamos a llegar a la riqueza y al desarrollo de ustedes. Palabra incumplida, presidente del PRI.

Después vino don Miguel de la Madrid Hurtado, en 1982, y se instaura, yo le llamo el presidente del neoliberalismo, con la renovación moral de la sociedad. Y perdimos todos nuestros ahorros. Nacieron, por si ya lo olvidaron, los mex–dólares, y nos saqueó. Y luego, también, presidente del PRI, para que no olvidemos.

Después vino la exposición más grande del neoliberalismo por don Carlos Salinas de Gortari.

Prometió el cambio de México, la solidaridad fue su bandera y caminó por todo el país diciéndonos que habíamos entrado al primer mundo, e hizo el Tratado de Libre Comercio, pero desmanteló la propiedad pública. Vendió todo; Telmex, Conasupo, etcétera. Hoy, uno de los hombres más ricos del mundo, producto de una empresa que no tenía ganancias desde el Estado.

Por si fuera poco, también del PRI, y en 1994 arriba a este Congreso Ernesto Zedillo Ponce de León. Por cierto, era presidente de la bancada del PAN Felipe Calderón Hinojosa, hoy conocido como el Comandante Borolas y empezó el más grande atraco para los mexicanos; el Fobaproa, deuda que ustedes, sus hijos y sus nietos y todos nosotros tendremos que abonar y pagar. También del PRI.

Pero llegó Vicente Fox, uno de los presidentes más legítimos producto de la democracia, pero uno de los más inútiles en Los Pinos. 130 pesos el dólar y lo tiraron y lo dilapidaron. Después, por si fuera poco, el usurpador más grande que ha habido en la época moderna, Felipe Calderón, también del PAN.

Entró por la puerta de atrás y se fue por la puerta de atrás, porque la historia jamás perdona a los usurpadores. ¿No es cierto?

Aún no termino, compañero, aguante, aguante. Yo lo escuché...

Presidencia del diputado Marco Antonio Adame Castillo

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Pido, diputado, permítame. No se permiten diálogos. Pido a la asamblea respeto para escuchar al orador. Continúe, por favor.

El diputado Alfredo Porras Domínguez: Gracias, presidente. Después, y una vez que hizo una declaratoria de guerra tremenda, ahí la está viviendo el país, vino Enrique Peña Nieto, una esperanza televisiva, con un matrimonio hermoso formado en la telenovela, y ahí está el resultado. Acabaron de desmantelar nuestro país y entregan al presidente de México, Andrés Manuel, 60 millones de pobres, y ustedes nos quieren recomendar a nosotros. No nos recomienden, por favor, absténganse de hacerlo, permitan que ese presidente, ¿no lo vieron el 15 de septiembre y el 16? Vieron que el pueblo fue a darle su apoyo. No hubo acarreados, fue el pueblo a decirle: Presidente, aquí estamos contigo; presidente, te respaldamos.

Sé que les molesta, sé que les molesta...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Absalón? ¿Con qué objeto?

El diputado Absalón García Ochoa (desde la curul): Para preguntar por su conducto, si el diputado podría aceptar una pregunta.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: En este momento no está abierto el debate, se están fijando las posiciones de cada grupo parlamentario sobre el contenido en materia económica del informe. En su momento, cuando este debate esté abierto, con mucho gusto. Por ahora, continúe, diputado.

El diputado Alfredo Porras Domínguez: Concluyo, presidente. Todas ustedes, todos nosotros tenemos un gran compromiso, ya miramos atrás, ya les di la reseña, vayamos al presente y al futuro, demos la oportunidad a México de independizarse del yugo del neoliberalismo, démosle la importancia de la confianza del pueblo una vez y seriedad a este Congreso de la Unión. Representemos al pueblo verdaderamente con honestidad, con pasión, con servicio. Debatamos de altura. Muchas gracias, es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez:Compañeras y compañeros legisladores, el pasado primero de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos presumió sus logros con datos que son inexactos y que son falsos, pues contrastan con la realidad que vive México.

México tiene otros datos. La economía no crece, sobre todo ante la falta de inversiones, por la incertidumbre que provocó la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción de proyectos, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que carecen de viabilidad técnica y financiera. Incluso las calificadoras internacionales han bajado las notas crediticias de México y de Pemex.

¿Dónde quedó el compromiso del gobierno federal de impulsar la reactivación económica y de lograr un crecimiento del cuatro por ciento? Los indicadores nos revelan que la cuarta transformación no tiene idea de cómo se maneja la economía, todos los días improvisan para salir del paso.

Los números no mienten, el estancamiento económico ha provocado un desplome en el empleo formal y un aumento en la desocupación. En los primeros ocho meses de la actual administración se perdieron 72 mil 547 empleos formales, el peor inicio de un gobierno durante las últimas dos décadas.

El presidente quiere engañarnos, como ya no le cuadran los datos, suma a los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y a los beneficiarios del programa Sembrando Vida a los empleos generados en su gobierno, esto a pesar de que el IMSS ya lo ha desmentido.

El gobierno financia programas electorales, pero no invierte en proyectos productivos, mientras que al inicio de la anterior administración se tenían 27 mil 562 proyectos de infraestructura, actualmente solo se cuenta con 6 mil 321, cuatro veces menos.

¿Acaso no entienden que invertir en obra pública es una cuestión básica para detonar el crecimiento económico, la generación de empleos y de una mejor calidad de vida de la población? Si no hay crecimiento simple y sencillamente no hay desarrollo.

Se comprometieron con mantener finanzas públicas sanas. Sin embargo, entre enero y julio de 2019 los ingresos presupuestarios del sector público disminuyeron 2.7 por ciento con relación al año anterior, mientras que los ingresos del gobierno federal cayeron en 2.4 por ciento.

La caída de ingresos es grave, ¿quién iba a pensar que harían uso de los fondos de ahorros de gobiernos anteriores que tanto criticaron? Su curva de aprendizaje vaya que ha sido larga y los mexicanos estamos pagando los costos: desabasto de medicamentos, clínicas y hospitales sin médicos y sin insumos, apoyos para el campo detenidos, alumnos destacados sin recursos para representar a nuestro país en competencias internacionales, y todo porque no han gastado 174 mil millones de pesos que están asignados para esos fines.

En turismo, que había constituido una de las palancas de crecimiento económico y de desarrollo regional, no es una prioridad para este gobierno. La falta de una política integral en la materia y decisiones irresponsables, como la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, han propiciado que nuestro país descendiera del sexto al séptimo lugar a nivel internacional en el rubro de captación de turistas internacionales.

Lo anterior es una muestra fehaciente de que México tiene otros datos y que contrastan con los que tiene el presidente de nuestro país.

Todavía existe una importante brecha entre su discurso y los resultados tangibles que esperamos millones de mexicanas y de mexicanos.

Compañeras y compañeros legisladores, la estrategia económica implementada por el gobierno federal no está generando condiciones para lograr el crecimiento comprometido. Al contrario, hay estancamiento, lo que se expresa en menores empleos formales, mayor desocupación, debilitamiento del mercado interno, subejercicio de los recursos públicos e incertidumbre, que en su conjunto impactan adversamente en la economía de las familias mexicanas.

¿Nos preocupa el paquete económico 2020? Claro que nos preocupa. No es realista ante un escenario nacional e internacional adverso. Es un presupuesto 2020 simple y sencillamente insensible e inadmisible.

Finalmente, para que la economía crezca, se requieren inversiones. Pero, para ello, se demanda garantizar el Estado de derecho y certeza jurídica, algo que no tiene la cuarta transformación. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Sonia Rocha Acosta:Con la venia de la Presidencia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Sonia Rocha Acosta: Compañeras y compañeros diputados, en el Primer Informe de Gobierno 2019 hay muchísimo optimismo en los otros datos, lo cual no se sostiene. Por más que el presidente y sus funcionarios se empeñen en vendernos que vamos requetebién, solo vemos puros espejismos económicos.

Desde el inicio del nuevo gobierno, la economía del país y el empleo de miles de familias mexicanas ha sufrido una gran transformación, la cual sobra decir que es muy decepcionante debido a los discursos fatigosos y desgastados de la austeridad republicana, el combate a la corrupción y, sobre todo, por la imperante necedad del presidente de la República de apostar por proyectos que no generan inversión, empleo, confianza económica ni desarrollo regional, situación que infortunadamente podríamos pagar todos los mexicanos si el presidente no rectifica y deja a un lado su terquedad de reconocer recursos... de recortar –perdón– recursos monetarios significativos a instituciones públicas eficientes. Solo para impulsar, sí, impulsar proyectos sin sustentos técnicos ni financieros y ambientales. Todo por dilapidar miles de pesos en dádivas clientelares.

Aquellos que hoy pagan más impuestos en cantidad por los gasolinazos, el IVA, el ISR. Aquellos que según el Coneval forman parte de los 10 millones de familias que no consiguen comprar una canasta básica, saben que el presidente no está de su lado.

Una cosa dijo en campaña y otra hace como gobierno. Además, intuye que el apoyo temporal y de corto plazo que pudiesen recibir con los programas sociales sería insuficiente para mantener a su familia.

Solo quiero recordarles a los que continuamente critican a los gobiernos panistas que los mexicanos necesitamos empleo, necesitamos mejores ingresos, y eso solo se consigue con inversión y confianza, las cuales este gobierno no ha logrado generar.

Por eso, el día de hoy desde esta honorable tribuna denunciaré y expondré con argumentos sólidos hacia los diferentes medios de comunicación, pero principalmente hacia todos los ciudadanos de este país, que hay un riesgo inminente y sistemático para las millones de familias mexicanas de que el presidente perjudique el país y afecte el poder adquisitivo de las familias.

Primero. El presidente nos informó que se redujo el huachicoleo en 94 por ciento, lo que ha permitido recuperar 50 millones de pesos. Bravo, bravo. Lo que no sabemos es dónde está ese dinero, recuperado en una época de presión presupuestaria.

También dijo, con bombo y platillo, que se recuperarían más de 500 mil millones de pesos de la corrupción del Presupuesto de Egresos, pero hasta ahora deben ser ojo de hormiga, porque nadie en esta Cámara sabe en dónde se encuentran.

Durante el primer semestre del año, la inversión extranjera directa se desplomó en 21 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México. Simplemente porque el capital extranjero no confía en México. Es decir, en materia de atracción de inversiones no hay nada que nos pueda presumir este informe.

Es evidente que el gobierno no ha generado una certidumbre jurídica y económica para incentivar el capital extranjero e invertir en nuestro país. Mes a mes, muchos mexicanos han perdido su trabajo y forman parte de las estadísticas del IMSS, son 72 mil 500 empleos formales perdidos en lo que va de la presente administración.

Por ello, de acuerdo con el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre de 2019, en el mes de julio los ingresos tributarios se desplomaron en 82 millones de pesos, 19 por ciento en términos reales con respecto al mismo mes en el año pasado.

En estos meses, el gobierno solo evidencia que no sabe gobernar y que lejos estamos de su promesa de campaña de crecer al seis por ciento. Basta recordar que, en el segundo trimestre del año, la economía creció cero por ciento. Sí, sí, escucharon bien, diputados, cero por ciento.

Tenemos una economía estancada, triste, desolada, que no promueve, ni genera certidumbre a la inversión, no genera empleos, no invierte a futuro y, además, no recauda de manera progresiva e incluyente, sino a costa de quienes hacen un esfuerzo todos los días por complementar el ingreso familiar.

Por tanto, después de este pequeño análisis, espero que entiendan los retos de gobernar, para mandar un mensaje acertado hacia los empresarios, pero especialmente a las millones de familias mexicanas.

En el PAN estamos con los mexicanos y por eso propondremos reafirmar.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada Sonia Rocha Acosta: Termino, presidente. Una economía productiva, con programas y proyectos de inversión enfocados en reactivar una economía regional en cada entidad federativa. El país necesita del esfuerzo de todos los ciudadanos para reactivar toda la inversión posible.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada Sonia Rocha Acosta: Termino diciendo, presidente, como dicen en mi tierra: La gente trabajadora no se esconde detrás de otros datos, ni se excusa en ellos, se levanta temprano por el pan de todos los días. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Pablo Gómez Álvarez:Ciudadanas, ciudadanos. Diputados. El año de la gestión pública que analizamos se caracterizó por una reorganización del gasto con una reducción en ramos administrativos –que continuará–, con un aumento en bienestar y en la inversión de las empresas de energía.

El próximo año tendremos aumentos en estos mismos renglones y el siguiente año también. Y así será durante todos los años de la presente administración, porque ahora sí tenemos una política económica y social, y no la tuvimos en los años del neoliberalismo.

En los años del neoliberalismo había muchísimos proyectos incluyendo los muy lucrativos de los moches que tanto extrañan en esta tribuna algunos diputados de la oposición, que nos han venido a reclamar por qué hemos eliminado 20 mil proyectos. Porque eran las mochadas, por eso. Y, porque estamos reconcentrando el gasto con el propósito de darle utilidad social a los recursos de la nación, en lugar del dispendio y del robadero de dinero con el que nos encontramos al llegar al poder. Eso es lo que estamos haciendo, justo lo contrario.

La dispersión del gasto está incorporado al Estado corrupto. El Estado corrupto es aquel que utiliza leyes o lagunas legales para fomentar la corrupción, y eso fue lo que ocurrió en el país. La dispersión del gasto es un instrumento del Estado corrupto. Y el gasto político y la corrupción organizada, pues ¿qué es? La conclusión general del esquema que los ingresos tributarios están estancados en términos del producto interno bruto. Los ingresos tributarios son de los más bajos del mundo. Durante 35 años mantuvieron esa política, no podemos aumentarlos en un año, 13.3 por ciento que seguirá el próximo año, aunque los ingresos aumentarán en términos del PIB, no habrá aumentos.

¿Qué es entonces lo que hay que hacer? Darle utilidad social al gasto público acotado por esta limitación estructural.

Tenemos el otro problema. El superávit primario es regresarle a la sociedad menos dinero que el que se toma de la sociedad. Nosotros no promovemos el superávit primario. Lo heredamos. Lo bajaremos el próximo año de un punto del producto interno a 0.7 del PIB, con el propósito de que el remanente se utilice en lo que queremos.

¿Qué queremos? Un aumento del seis por ciento real al IMSS y al ISSSTE, un aumento del 3.1 a empresas de energía, Pemex y CFE, un aumento a la procuración de justicia, a la seguridad pública.

Esto que son las prioridades de un gobierno, lo son, porque el gobierno ya no obedece a los dueños del dinero ni a los políticos corruptos que invadieron este país como una verdadera lacra, lo cual se les está acabando.

Protesten lo que quieran, nosotros aguantaremos la protesta siguiendo con nuestro programa de política social, de política productiva, de darle al país capacidad energética...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.

El diputado Pablo Gómez Álvarez:...y alimentaria. Muchas gracias, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: De conformidad con lo que establece el artículo 7o., numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República para su conocimiento.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS



LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Vamos a pasar a otro apartado de la agenda de este día, es el de la ronda de iniciativas. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.

La diputada María Eugenia Hernández Pérez:Con el permiso de la Presidencia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada María Eugenia Hernández Pérez: Compañeras y compañeros diputados, la presente iniciativa tiene como propósito reconocer el valor, el significado y la utilidad de los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos y comunidades indígenas.

La propuesta es reformar la Ley de Ciencia y Tecnología para que estos conocimientos incluyan e interactúen en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Los conocimientos y saberes tradicionales tienen una naturaleza distinta a la ciencia y tecnología europea que predomina en todo el mundo al día de hoy.

Si bien estos conocimientos no nacen del método científico como el modelo europeo, también se derivan de la observación y de una amplia contemplación y conocimiento de nuestro planeta, nuestro universo y de los fenómenos naturales que existen en nuestro entorno, prueba de ello son los magníficos observatorios de los pueblos mayas del sur o el solario tan preciso de los mexicas al centro del país con los cuales nuestros ancestros calculaban.

De manera precisa, los tiempos correctos para sus actividades de agricultura y sus celebraciones religiosas, es evidente, pues, que no son arbitrarios ni simplistas las conclusiones y tradiciones que nos han heredado estos pueblos originarios que nos precedieron en este planeta Tierra.

Es por ello, compañeros y compañeras, que considero menester dignificar a nuestros hermanos indígenas y sus conocimientos ancestrales, para que sea reconocida su utilidad y veracidad ante la ley, y al mismo tiempo para que podamos aprovechar y disfrutar de los beneficios que estos saberes nos pueden brindar al día de hoy.

En un presente, en el cual estamos pasando por una crisis ambiental que necesita de manera urgente una visión de armonía y respeto hacia nuestro planeta, característica fundamental de nuestros ancestros, un presente que requiere instaurar de nuevo como valores máximos el respeto a la tierra, a nuestros hermanos, a nosotros mismos.

La Ley de Ciencia y Tecnología no reconoce la existencia ni el valor de los conocimientos tradicionales y ancestrales, por ello estos quedan al margen de la política nacional en la materia. Esta situación tiene como consecuencia el desaprovechamiento de un factor relevante para el bienestar social, porque los conocimientos tradicionales y ancestrales son saberes que aportan al desarrollo del país, a la innovación y a la acumulación de conocimientos.

De ahí que la presente iniciativa proponga la reforma a diversos artículos de la Ley de Ciencia y Tecnología, a efecto de promover el reconocimiento e inclusión de los conocimientos tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas y comunitarios que forman parte de la gran diversidad cultural de México.

¿Pero qué son los conocimientos tradicionales y ancestrales? Son aquellos saberes y conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas trasmitidos de generación en generación, por siglos, por nuestros ancestros, que fueron seres humanos que experimentaron la vida en la tierra y sus fenómenos físicos mucho antes que nosotros, principalmente compartidos entre los miembros de una misma comunidad, región o pueblo originario.

Han contribuido en distintas áreas a la vida de estos pueblos indígenas. Los conocimientos tradicionales y ancestrales forman parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, aunque estos conocimientos también se generan en comunidades que no son indígenas, pero sí tienen una gran tradición de integración comunitaria, tanto en las zonas rurales como urbanas.

Sin embargo, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación no cuenta con esquemas legales ni institucionales para incluir a los conocimientos tradicionales y ancestrales, razón por la cual estos carecen de acompañamiento necesario para desarrollar sus potencialidades.

Compañeras y compañeros diputados, solicito su respaldo decidido a esta iniciativa, porque repercutirá en el reconocimiento de la diversidad cultural, epistemológica y científica que existe en México. A la vez se impulsa el respaldo decidido a los pueblos indígenas que han aportado a la historia, la riqueza y la identidad de nuestra nación.

Por esa razón, propongo reformar los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 12 y 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para efecto de reconocer y redefinir con precisión a los conocimientos tradicionales y ancestrales como un conjunto acumulado y dinámico de saber teórico, experiencia, práctica y representaciones que poseen los pueblos indígenas o comunidades locales, que se desarrollan, mantienen y transmiten de generación en generación y que tienen una historia antigua de interacción con...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada María Eugenia Hernández Pérez: ...su método natural, como una posesión vinculada la cultura al lenguaje, las relaciones sociales, la espiritualidad y una visión colectiva. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 1, 2, 3, 4, 12 y 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología, en materia de conocimientos tradicionales y ancestrales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los conocimientos tradicionales y ancestrales, tienen una naturaleza epistemológica y social distinta respecto a lo que se entiende por conocimientos científicos. Las características comunitarias y colectivas de los conocimientos tradicionales y ancestrales, así como sus métodos específicos de generación, experimentación, transmisión y aplicación, son factores que determinan las prácticas de marginación, exclusión y discriminación de estos conocimientos por parte de la comunidad científica y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La Ley de Ciencia y Tecnología no reconoce la existencia ni el valor de los conocimientos tradicionales y ancestrales, por ello, éstos quedan al margen de la política nacional en la materia. Esta situación tiene como consecuencia el de-saprovechamiento de un factor relevante para el bienestar social, porque los conocimientos tradicionales y ancestrales son saberes que aportan al desarrollo del país, a la innovación y a la acumulación de conocimientos. De ahí que la presente iniciativa proponga la reforma a diversos artículos de la Ley de Ciencia y Tecnología, a efecto de promover el reconocimiento e inclusión de los conocimientos tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas y comunitarios que forman parte de la gran diversidad cultural de México.

En la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la Diversidad Cultural de 2001 se establece que los saberes tradicionales y ancestrales son un patrimonio cuyo valor no se circunscribe únicamente a las comunidades originarias, sino que dichos saberes constituyen un importante recurso para toda la humanidad:

“14. Respetar y proteger los sistemas de conocimiento tradicionales, especialmente los de los pueblos indígenas; reconocer la contribución de los conocimientos tradicionales, en particular por lo que respecta a la protección del medio ambiente y a la gestión de los recursos naturales, y favorecer las sinergias entre la ciencia moderna y los conocimientos locales.”

En esta declaración se afirma que la diversidad cultural es una fuente de creatividad y de innovación y su reconocimiento fomenta la inclusión social y la participación de los pueblos indígenas.

En términos generales, se denominan los conocimientos y saberes ancestrales y tradicionales a aquellos saberes y conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas transmitidos de generación en generación por siglos por nuestros ancestros que fueron seres humanos que experimentaron la vida en la tierra y sus fenómenos físicos mucho antes que nosotros, principalmente compartidos entre los miembros de una misma comunidad, región o etnia cultural, han contribuido en distintas áreas de la vida de los pueblos indígenas. Estos conocimientos, saberes y prácticas se han conservado a lo largo del tiempo principalmente por medio de la tradición oral de los pueblos originarios, y también por medio de prácticas y costumbres transmitidas de padres a hijos, desde, la mejora en las técnicas de agricultura (hidroponía), conocimiento de los ciclos productivos de la misma, uso de materiales orgánicos como pigmentos, métodos de medicina tradicional, así como solarios, calendarios y distintas formas de saberes y tecnologías de basta utilidad y vigencia al día de hoy.

Los conocimientos tradicionales y ancestrales, forman parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, aunque estos conocimientos también se generan en comunidades que no son indígenas, pero sí tienen una gran tradición de integración comunitaria, tanto en zonas rurales como urbanas. Es importante al respecto, tener en cuenta que México cuenta con 68 pueblos indígenas, cuyos derechos fundamentales están consagrados en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecen que los pueblos indígenas son

“Aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.”

Como podemos observar, los pueblos indígenas de México son reconocidos en nuestra Carta Magna como parte fundamental de composición pluricultural de la nación, la cual está sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Los 68 pueblos indígenas, de conformidad con la Encuesta Intercensal realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015, agrupan a 25.7 millones de personas que se auto adscriben como indígenas, que representan 21.5 por ciento de la población total del país. Esta información poblacional nos da una idea de la relevancia demográfica y cultural de los pueblos indígenas de México. Por ello, es importante conocer y entender el alcance de sus derechos fundamentales.

De este modo, en cuanto al tema que nos concierne, es decir los conocimientos tradicionales y ancestrales, el ya mencionado artículo 2o. constitucional establece la siguiente disposición:

“A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.”

Entonces, la Constitución establece que el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que los pueblos indígenas, en el ejercicio de su derecho a la libre determinación y la autonomía, preserven y enriquezcan sus conocimientos, mismos que forman parte de su identidad y patrimonio cultural.

Es pertinente señalar que el derecho internacional también reconoce y protege los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, cabe hacer referencia a lo que establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:

“Artículo 31

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.”

Como puede apreciarse de lo anterior, los conocimientos tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas constituyen parte fundamental de su patrimonio cultural y tienen pleno derecho a conservarlos y enriquecerlos. Sin embargo, podemos vislumbrar ya con claridad, en lo que se refiere al objeto de la presente iniciativa, que existe un problema específico: que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación no cuenta con esquemas legales ni institucionales para incluir a los conocimientos tradicionales y ancestrales, razón por la cual éstos carecen del acompañamiento necesario para desarrollar sus potencialidades.

En este orden de ideas, es pertinente mencionar que México comparte con América Latina la experiencia de la diversidad cultural basada en sus pueblos indígenas, razón por la cual, comparten también vivencias respecto a la importancia de los conocimientos tradicionales y ancestrales, así como la forma en que se aborda su problemática.

De este modo, podemos decir que, en las comunidades y pueblos indígenas latinoamericanos, el desarrollo científico-tecnológico es apenas incipiente, comparado con otras regiones, en donde se han generado formas alternativas de organización económica más sociales y solidarias, además de una visión de cooperación, armonía y respeto por la naturaleza que tanto necesita la humanidad actual para combatir la crisis climática. Por estas razones, es indispensable dignificar, reconocer e incluir a los conocimientos tradicionales como conocimientos y saberes de alta relevancia, utilidad y vigencia, además de que la base de los sistemas de producción económica no pueden reducirse solamente a la transferencia, movilización, aplicación y generación de conocimiento científico-tecnológico, sino que deben incluir elementos inherentes al patrimonio cultural del territorio mexicano para brindar una economía holística e incluyente.

De acuerdo con los especialistas Liliana Valladares y León Olivé “los conocimientos tradicionales tienen un gran potencial para el desarrollo económico y social de América Latina, e incluso podrían incorporarse a innovaciones comerciales, asimismo pueden contribuir al desarrollo social de muchas maneras no comerciales.”

Para estos expertos, sin embargo, la incorporación de los conocimientos tradicionales y ancestrales en redes plurales de innovación y aprendizaje, así como su consideración en el diseño de políticas públicas en materia de innovación, ciencia, tecnología y protección intelectual, si bien es posible y necesaria, requiere de una mayor claridad conceptual en cuanto a definir con más precisión a qué se hace referencia cuando se habla de conocimiento tradicional.

De este modo, nos acercamos a una definición más precisa de los conocimientos tradicionales y ancestrales: aquellos conocimientos que han sido generados, preservados, aplicados y utilizados por comunidades y pueblos tradicionales, como los grupos indígenas, que constituyen una parte medular de las culturas de dichos pueblos, y tienen un enorme potencial para la comprensión y resolución de diferentes problemas sociales y ambientales.

Como proponen múltiples expertos, la procedencia no-científica de los conocimientos tradicionales y ancestrales no debería restar legitimidad a dichos conocimientos, en la medida en que tanto unos como otros han derivado de prácticas confiables. Por ello, las prácticas y conocimientos generados dentro de comunidades tradicionales indígenas deben analizarse y valorarse en su contexto biocultural y en la cosmovisión en que se insertan, considerando las dimensiones sociales, materiales, contextuales, inherentes a toda forma de conocimiento. Es decir, para construir la mejor forma de inclusión de los conocimientos tradicionales y ancestrales, es preciso que el acercamiento a ellos no se realice con los parámetros de la ciencia, porque de esa forma se desligaría a esos saberes de los valores que conllevan.

La presente iniciativa parte del supuesto de que México es una nación pluricultural, donde conviven muchas formas, diversas, de concebir el mundo y la vida. Conviven diversas lenguas, formas de organización social, valores y procesos de construcción de saberes, ciencias y tecnologías. Existen diversas formas de relacionarse con la tierra, con el medio ambiente, con el agua y con el cosmos.

Por lo tanto, es necesario que la relación entre los pueblos indígenas con el Estado y la sociedad, tenga como base un diálogo intercultural, donde predomine el respeto mutuo por la dignidad de las personas, las culturas, las lenguas y los saberes de todos. Un diálogo intercultural que tenga como objeto generar acuerdos de inclusión para lograr el desarrollo y el bienestar de los pueblos. Es decir, a través de un diálogo intercultural auténtico, puede generarse un clima de comprensión apto para erradicar las barreras que excluyen a los conocimientos tradicionales y ancestrales de los conocimientos científicos, los cuales, éstos últimos, suelen llamarse también “conocimientos occidentales” en oposición a lo tradicional o indígena.

En función de lo anterior, es preciso aproximarse a una definición de los conocimientos tradicionales y ancestrales, con el objetivo de plantear su reconocimiento e inclusión en la Ley de Ciencia y Tecnología, como es el propósito de la presente iniciativa.

De este modo, podemos retomar una definición de la UNESCO citada por las expertas Susana Carolina Guzmán-Rosas y Mina Kleiche-Dray, que definen a los conocimientos tradicionales como:

“Un conjunto acumulado y dinámico de saber teórico, experiencia práctica y representaciones que poseen los pueblos indígenas o comunidades locales que tienen una historia antigua de interacción con su medio natural, enmarcándolo como una posesión vinculada al lenguaje, las relaciones sociales, la espiritualidad y una visión colectiva del mundo.”

Si bien esta definición es pertinente y retoma lo anteriormente expuesto, cabe citar una definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que ha trabajado en las últimas décadas en la elaboración de una legislación que proteja la propiedad intelectual de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales. Si bien la OMPI establece que no existe una definición única, que goce del consenso de la comunidad internacional, los conocimientos tradicionales pueden entenderse como:

“La sabiduría, experiencia, aptitudes y prácticas que se desarrollan, mantienen y transmiten de generación en generación en el seno de una comunidad y que a menudo forman parte de su identidad cultural o espiritual”.

En todo caso, es pertinente tener en cuenta, como lo establecen en el documento citado Liliana Valladares y León Olivé, que sea la definición que se maneje, los conocimientos tradicionales y ancestrales tienen las siguientes características:

1. Dimensión Práctica, que denota la dimensión mayormente tácita de los conocimientos tradicionales, mismos que se constatan y manifiestan en la forma de prácticas sociales y culturales llevadas a cabo por grupos humanos en un espacio-tiempo determinado.

2. Arraigo territorial, que liga el contenido de los conocimientos directamente al contexto, medio o entorno en que se desenvuelve una comunidad indígena, generalmente asociada con algún ecosistema particular.

3. Carácter colectivo, que reconoce como agente poseedor, portador y/o generador del conocimiento a una colectividad, comunidad, pueblo o nacionalidad indígena.

4. Linaje u origen histórico, que enfatiza el desarrollo histórico del conocimiento y su transmisión, retención y preservación intergeneracional.

5. Dinamismo intergeneracional, que alude a la posibilidad permanentemente abierta que han tenido y tienen estos conocimientos de desarrollarse e innovarse de forma intergeneracional.

6. Valor económico y socio-ambiental, que hace referencia al potencial que tiene este conocimiento de contribuir en un futuro a la conservación ambiental y al desarrollo social y económico de un país.

7. Carácter Oral-Lingüístico, que subraya la importancia de las lenguas indígenas maternas como medios de preservación y transmisión intergeneracional de este conocimiento y, con frecuencia, la ausencia de un soporte material escrito como forma registro y codificación del conocimiento tradicional.

8. Matriz cultural, que incorpora a los conocimientos tradicionales en el contexto de una cultura compartida y de una identidad colectiva con la que se auto identifican los miembros de una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena.

9. Expresión de un derecho colectivo, que ubica a estos conocimientos dentro del marco de derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.

Con base en los argumentos antes expuestos, la presente iniciativa plantea la propuesta de reformar los artículos 1, 2, 3, 4, 12 y 21, de la Ley de Ciencia y Tecnología, con el objeto de establecer lo siguiente:

• Incluir a los pueblos indígenas como actores para la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación.

• Que, en la estrategia de promover el desarrollo, la vinculación y diseminación de la investigación científica que se derive de las actividades de investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico de calidad y la innovación, se incluya a los conocimientos ancestrales y tradicionales.

• Establecer que, en la integración del Sistema Nacional, al mencionar como integrante a la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación y las actividades de investigación científica de las universidades e instituciones de educación superior, conforme a sus disposiciones aplicables, se agreguen los conocimientos tradicionales y ancestrales.

• Establecer una definición de los conocimientos tradicionales y ancestrales.

• Establecer que, entre los principios que regirán el apoyo que el gobierno federal está obligado a otorgar para fomentar, desarrollar y fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, se adicione que: se reconocerán, incluirán, incentivarán y promoverá el desarrollo de los conocimientos tradicionales y ancestrales.

• Que el Programa Especial de Ciencia y Tecnología incluya las políticas, contenidos y acciones para la inclusión y el desarrollo de los conocimientos tradicionales y ancestrales.

Con la presente iniciativa se busca reconocer y potenciar los conocimientos tradicionales y ancestrales, las cuales tienen un gran valor para los pueblos indígenas de México. Actualmente, en temas como la medicina tradicional, dichos conocimientos tienen una aplicación importante, aunque son presa del despojo y el abuso porque se carece de una legislación que los proteja.

Esta iniciativa busca incidir en la revalorización de dichos conocimientos, y es acorde con los ideales del Grupo Parlamentario de Morena y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que la ciencia, la tecnología y la innovación tiene que enfocarse a resolver los grandes problemas nacionales y generar mayor bienestar para los que menos tienen.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 1, fracciones IV y V; 2, fracción II; y 3, fracción V; y se adicionan una fracción XV al artículo 4; una fracción XXI al artículo 12; y una fracción VI al artículo 21; todos de la Ley de Ciencia y Tecnología

Único. Se reforman los artículos 1, fracciones IV y V; 2, fracción II; 3, fracción V; y se adicionan una fracción XV al artículo 4; una fracción XXI al artículo 12; y una fracción VI al artículo 21; todos de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 1

La presente Ley es Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto:

I. a III. ...

IV. Establecer las instancias y los mecanismos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, así como de vinculación y participación de la comunidad científica y académica de las instituciones de educación superior, de los sectores público, social, privado y los pueblos indígenas para la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como para la formación de profesionales en estas áreas;

V. Vincular a los sectores educativo, productivo y de servicios en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, así como a los pueblos originarios poseedores de conocimientos tradicionales y ancestrales.

VI. a IX. ...

Artículo 2.

Se establecen como bases de una política de Estado que sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las siguientes:

I. ...

II. Promover el desarrollo, la vinculación y diseminación de la investigación científica que se derive de las actividades de investigación básica y aplicada, los conocimientos ancestrales y tradicionales, el desarrollo tecnológico de calidad y la innovación, asociados a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación y la expansión de las fronteras del conocimiento apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y, en su caso, mediante el uso de plataformas de acceso abierto. Así como convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en elementos fundamentales de la cultura general de la sociedad;

III. a VIII. ...

Artículo 3.

Para los efectos de esta Ley, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se integra por:

I. a III. ...

V. La Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación y las actividades de investigación científica de las universidades e instituciones de educación superior, conforme a sus disposiciones aplicables, así como los conocimientos tradicionales y ancestrales.

Artículo 4.

Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XIV. ...

XV. Conocimientos Tradicionales y Ancestrales, un conjunto acumulado y dinámico de saber teórico, experiencia práctica y representaciones que poseen los pueblos indígenas o comunidades locales, que se de-sarrollan, mantienen y transmiten de generación en generación, y que tienen una historia antigua de interacción con su medio natural, como una posesión vinculada a la cultura, al lenguaje, las relaciones sociales, la espiritualidad y una visión colectiva del mundo.

Artículo 12.

Los principios que regirán el apoyo que el gobierno federal está obligado a otorgar para fomentar, desarrollar y fortalecer en general la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como en particular las actividades de investigación que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal, serán los siguientes:

I. a XX. ...

XXI. Se reconocerán, incluirán, incentivarán y promoverá el desarrollo de los conocimientos tradicionales y ancestrales.

Artículo 21.

La formulación del Programa Especial estará a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología...

El Programa deberá contener, cuando menos, los siguientes aspectos:

I. a V. ...

VI. Las políticas, contenidos y acciones para la inclusión y el desarrollo de los conocimientos tradicionales y ancestrales.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, realizará las adecuaciones reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con el mismo.

Notas

1 En las diversas investigaciones, documentos y ordenamientos consultados para la elaboración de la presente iniciativa, los conocimientos tradicionales y los conocimientos ancestrales son definidos y analizados prácticamente como sinónimos, en función de algunas de sus características principales, tales como su naturaleza colectiva, comunitaria y su herencia básicamente oral a través de los siglos.

2 Anexo II Orientaciones principales de un plan de acción para la aplicación de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural; Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001; Consultado en 2019:

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179 &URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

3 Valladares, Liliana y Olivé, León, ¿Qué son los conocimientos tradicionales? Apuntes epistemológicos para la interculturalidad, consultado en

http://www.scielo.org.mx/pdf/crs/v10n19/v10n19a3.pdf

4 Ibíd.

5 Guzmán-Rosas, Susana Carolina y Kleiche-Dray, Mina, La inclusión del conocimiento tradicional indígena en las políticas públicas del Estado mexicano, consultado en

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S1405-10792017000200297#B42

6 Consultado en

https://www.wipo.int/tk/es/tk/ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.— Diputadas y diputados: María Eugenia Hernández Pérez, Alejandra Pani Barragán, Alfredo Femat Bañuelos, Alfredo Porras Domínguez, Ana María Rodríguez Ruiz, Carlos Iván Ayala Bobadilla, Casimiro Zamora Valdéz, Claudia López Rayón, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Delfino López Aparicio, Edith Marisol Mercado Torres, Emilio Manzanilla Téllez, Eudoxio Morales Flores, Gustavo Contreras Montes, Ignacio Benjamín Campos Equihua, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Leticia Díaz Aguilar, Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos, Lucinda Sandoval Soberanes, Marco Antonio Reyes Colín, Maria Beatriz López Chávez, María de los Ángeles Huerta del Río, María Marivel Solís Barrera, Martha Patricia Ramírez Lucero, Maximino Alejandro Candelaria, Miroslava Carrillo Martínez, Nancy Yadira Santiago Marcos, Santiago González Soto, Sergio Pérez Hernández, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbrica).»

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen, y a la Comisión de Pueblos Indígenas, para opinión.

Presidencia de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández



EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR EL DELITO DE FEMINICIDIO Y REFORMA LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tienen la palabra, hasta por cinco minutos cada una, las diputadas Adriana Dávila Fernández y Verónica Sobrado Rodríguez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio, y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Adriana Dávila Fernández:Muchas gracias, señora presidenta, con su venia. Diputadas y diputados de esta legislatura denominada de la paridad de género, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, venimos a presentar la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio.

A pesar de tantos pronunciamientos públicos, el uso permanente de tema para hacer campañas electorales y usarlo también para señalar errores de los gobiernos, el silencio y la indiferencia para resolver este terrible mal, es brutal. Hablar fuerte y gritar mucho no significa que hayamos sido escuchadas.

El feminicidio, amigas y amigos, es lamentablemente una realidad. No es un mito ni tampoco es producto de las mentes femeninas que queremos o buscamos atención, reitero, el feminicidio, amigas y amigos, no es un mito.

Ante la muerte de una mujer, no hay forma de reparar el daño, no la hay, ¿cómo se le explica a los hijos que su madre fue asesinada por motivos de género? Sí, por ser mujer, porque antes fue violentada emocional, mental y físicamente.

¿Cómo se les dice a unos padres que su hija murió a manos de un esposo o una pareja que antes la maltrató, la vejó, la humilló y que no podía hacerse nada, más que esperar que las cosas se resolvieran por sí solas?

Se puede, sí, en un feminicidio, castigar al culpable, pero jamás, escúchenlo bien, jamás podremos reponer una vida. Ningún delito puede perdonarse, menos puede justificarse en el feminicidio.

Hemos convertido la violencia de género y la violencia feminicida en un paisaje común, se nos hace normal que haya todo tipo de expresiones que se refieren a nosotros de manera peyorativa, que nos lastiman, que nos duelen, que nos marcan. Hasta cierto punto hemos preferido ignorar lo que suceda a nuestro alrededor solo por el hecho de pensar que no nos afecta a nosotros.

Con tristeza e indignación observamos cómo los gobiernos federales, estatales y municipales se hacen indiferentes ante la violencia creciente hacia las mujeres. Se niegan y tienen miedo de reconocer las alertas de género, ¿por qué? Porque lo sienten como un ataque político. Es más, hay quienes dicen que mejor hay que cambiarlo, que este es un mecanismo que ya no sirve. Yo le pregunto, ¿no sirve el mecanismo o no están sirviendo los gobiernos?

Es un tema, dicen también, que es de mujeres, que estamos locas y que seguramente estamos exagerando en lo que decimos, pero lo digo con toda claridad, el feminicidio no puede resolverse, como se ha dicho en muchos de los casos, con la presencia de la Guardia Nacional.

Debemos estar conscientes de lo que significa coordinar los esfuerzos en la investigación y prevención de la violencia de género. En muchos foros he escuchado todavía el cuestionamiento de por qué un tipo penal específico para estos casos, hay abogados que nos dicen: si para eso está ya el homicidio. ¿Es esto cierto? Pues no, lamentablemente sí hay razones de género, las razones que se traducen en conceptos como la misoginia, el sometimiento, la discriminación, la superioridad, la repulsión y hasta el rol cultural que se nos ha signado a las mujeres.

Es cierto, reitero, la violencia también es ignorar las señales de alerta por parte de los responsables de procurar condiciones de seguridad e impartición de justicia, los gritos silenciosos de miedo porque nos sentimos inseguras, agresiones de palabra, violencia psicológica, violencia física, hasta llegar a la peor de todas, la violencia fatal, la que produce la muerte de una mujer.

Quiero recordarles que, en las últimas semanas, hemos escuchado lamentablemente expresiones que nos lastiman y que, además, por parte de la autoridad se disculpan: hay que perdonarlos, hay que mandarlos a un curso de equidad, de igualdad.

Quiero preguntarles, si les suenan algunas de estas palabras: piruja, nalguita, pedorra, loca, demente, zorra, estúpida, no vales nada, basura.

Estas son solo pocas de las expresiones que se escuchan diariamente en muchos de los foros y son terribles, aún más terribles cuando las dice un servidor público. Todo esto, señoras y señores diputados, nos lastima, pero después podría matarnos.

Empiezo por reconocer que la vida es el bien más preciado que una persona tiene. Quiero decirles que para nosotros es fundamental la presentación de esta iniciativa. Dejo en esta tribuna a la diputada Verónica Sobrado.

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez:Con su venia, presidenta. El 2 de agosto de 2006 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. El 1 de febrero de 2007 fue publicada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ambas leyes, de gran importancia para los derechos de las mujeres, pero en su proceso de construcción y aprobación se enfrentaron a voces que señalaban que no eran necesarias. Que la legislación con la que se contaba ya era suficiente y que contemplaban todos los derechos en las disposiciones generales.

Hoy nos encontramos ante esta misma realidad. ¿Para qué legislar más leyes específicas a favor de las mujeres? ¿Por qué una ley como la del feminicidio? Y les digo lo siguiente: porque la lucha de las mujeres a favor del cumplimiento de sus derechos, si bien ha avanzado, es una realidad que en México las mujeres seguimos siendo vulneradas en nuestros derechos fundamentales.

Cada día conocemos el creciente número de violaciones, desapariciones, feminicidios, delitos por razones de género, es decir, por el simple hecho de que somos mujeres.

¿Por qué la ley? Porque en los últimos años la cifra ha aumentado de siete a nueve mujeres asesinadas al día en México por razones de género. Porque de enero a julio de 2019, de acuerdo a los datos del Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, llevamos 540 presuntos delitos de feminicidio en México.

Estas escalofriantes cifras nos obligan a contar hoy con una ley que tenga un tipo penal único, así como con acciones y sanciones para los responsables.

Si bien el feminicidio ya se encuentra en el artículo 19 constitucional como un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, esto no es suficiente, compañeras y compañeros.

Por ello, hoy la importancia de presentar una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito del Feminicidio. Es preciso aclarar que la misma guarda relación con la iniciativa de reforma constitucional al artículo 73, presentada el pasado 21 de febrero, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión, a efecto de legislar en materia de feminicidio. Por lo que exhortamos a que esta sea aprobada para dar este siguiente paso.

El objetivo de esta presente ley es establecer las condiciones que permitan investigar eficazmente el feminicidio, para erradicar la impunidad, sí, la impunidad. Es lo más importante en su comisión. Así como eliminar la violencia que la causa, es decir la violencia feminicida.

Y es que el feminicidio es la privación, recordemos, de la vida de la mujer. Es la forma más extrema de violencia física, visible y evidente contra las mujeres como un modo de control, de dominación y de poder.

La propuesta de la ley general que hoy hacemos, compañeras y compañeros, está compuesta por dos títulos. Uno, con disposiciones generales; otro, referente al delito de feminicidio, su procesamiento, sus sanciones y medidas de prevención, con la advertencia de que el delito debe ser prevenido desde otros frentes, como el aspecto educativo y el social.

El título primero prevé el fundamento y el objeto de la ley, incorpora principios rectores en la política pública para prevenir, atender y sancionar el delito, como son: la autonomía de las mujeres, centralidad en los derechos de las víctimas de estos derechos, debida diligencia, reparación del daño, inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima como justificación del delito. Perspectiva de género y no revictimización, entre otros.

Se prevén conceptos y definiciones específicas para la ley, como es el caso de la violencia feminicida. Establece reglas de competencia para investigación y procesamiento del delito de feminicidio y los relacionados con él. Estos últimos solo en la materia federal, mientras que en las entidades tendrán que expedir lo relativo.

El título segundo establece el delito de feminicidio y otros delitos que se relacionan con él, como es la inducción del suicidio de la mujer o la obstrucción del cumplimiento de medidas de protección, así también se alude a la posibilidad que se configure la tentativa en estos delitos, así como sus sanciones y medidas cautelares.

Asimismo, se señala que el delito de feminicidio no prescribe, se incorpora la prohibición de atenuantes o excusas obligatorias dentro del proceso, del procesamiento de este delito. Se prevé la actuación y legitimación en el proceso de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, entre otros. Seguimos teniendo una deuda con las mujeres, compañeras y compañeros.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, concluya, por favor.

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez: Concluyo. Ya no queremos vivir con temor, con el miedo de saber si este será nuestro último día de vida, si llegamos bien a nuestros hogares, si no seremos ultrajadas en el camino a la escuela, al trabajo o a donde vayamos o con el dolor de la pérdida de una hija, de una hermana o de una madre.

Porque ya no haya más impunidad en la justicia de las mujeres.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, por favor, concluya.

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez: Porque se erradique la violencia feminicida, hoy presentamos esta ley. Porque vivas nos queremos. Viva, México. Es cuanto.

«Iniciativa que expide la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar el Delito de Feminicidio; y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Nohemí Alemán Hernández, María de los Ángeles Ayala Díaz, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Adriana Dávila Fernández, Antonia Natividad Díaz Jiménez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Martha Elena García Gómez, Dulce Alejandra García Morlan, Mariana Dunyaska García Rojas, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Silvia Guadalupe Garza Galván, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Martha Elisa González Estrada, Karen Michel González Márquez, Isabel Margarita Guerra Villarreal, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Rosario Guzmán Avilés, Ana Paola López Birlain, Jacquelina Martínez Juárez, Óscar Daniel Martínez Terrazas, Lizbeth Mata Lozano, Janet Melanie Murillo Chávez, Saraí Núñez Cerón, María del Pilar Ortega Martínez, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Sonia Rocha Acosta, Laura Angélica Rojas Hernández, Gloria Romero León, Martha Estela Romo Cuéllar, Josefina Salazar Báez, María Liduvina Sandoval Mendoza, Verónica María Sobrado Rodríguez, Terrazas, Adolfo Torres Ramírez María Marcela Torres Peimbert, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el delito de Feminicidio, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Previamente a la presentación de la exposición de motivos de la presente iniciativa, es preciso aclarar que la misma guarda relación con una iniciativa de reforma constitucional presentada el pasado 21 de febrero en la Cámara de Diputados, con el objeto de facultar al Congreso para legislar en materia de feminicidio, para el efecto de expedir una ley que permita atender, erradicar y sancionar este grave flagelo que forma parte de la violencia extrema en contra de la mujer, esta propuesta es el planteamiento de la ley en cuestión.

La violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres que conlleva la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público o privado, que se caracteriza por conductas misóginas que pueden culminar en feminicidio, es decir, en la privación de la vida.

El feminicidio es, por tanto, la forma extrema de violencia física, visible y evidente en el cuerpo sin vida de una mujer, ejercida contra las mujeres como forma de control, dominación o poder. La mayoría de los casos son precedidos por una historia de violencias (verbales y/o físicos) de todo tipo que, por desgracia, son ignorados por el Estado y la justicia.

Muchos años han tenido que pasar para visibilizar y definir este delito a nivel mundial. Lo primero fue reconocer la violencia contra la mujer. De esa forma, en 1975 se celebró en lo que hoy es la Ciudad de México, la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, proclamándose en también el año que corría como el Año Internacional de la Mujer, en la que se desarrollaron tres objetivos prioritarios:

• Trabajar por una igualdad plena de género que a la vez eliminara la discriminación por tales motivos.

• Que la mujer tuviera una participación plena en el desarrollo de la sociedad.

• Tener una mayor participación de las mujeres en la paz mundial.

En 1992, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), al emitir la Recomendación General 19, la define como “ aquella violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada” y de forma particular “ la violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, constituye discriminación”.

Posteriormente, en el Plan de Acción de la Conferencia de Derechos Humanos de Viena se reconoció que la violencia contra las mujeres y las niñas es una clara violación a los derechos humanos. Así, la Convención de Belém do Para? (1994), establece que la violencia contra las mujeres es fruto de las relaciones asimétricas de poder entre varones y mujeres, y se establece que los Estados son responsables de las acciones de prevención y sanción de este tipo de violencia.

Otra conferencia de suma relevancia, es la celebrada en Beijing en 1995, que contó con una representación de cerca de 189 Estados, en ella se reflexionó sobre las relaciones entre mujeres y hombres. De esa forma, bajo una visión sobre la sociedad, la cultura e igualmente bajo una perspectiva historicista, se imprimió una nueva visión de esos papeles que durante siglos han sido atribuidos a las mujeres y los hombres en la sociedad y sus distintas facetas, como en la política, la familia, las instituciones.

Lo anterior supuso la elaboración y aprobación de una serie de objetivos estratégicos diseñados para replantear la vida el rol de las mujeres y hombres en distintas facetas de la vida en la sociedad.

Si bien es cierto que México cuenta con instrumentos jurídicos como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Estado mexicano tiene como pendientes internacionales, el fortalecer la estrategia de seguridad pública y adoptar medidas para prevenir las muertes violentas, homicidios y desapariciones por cuestiones de género, así como la tipificación penal de conformidad con las convenciones y los protocolos de investigación en la materia.

Son alarmantes los niveles de inseguridad que hoy padecen las mujeres, así como el incremento de la criminalidad que, en no pocos casos terminan en la muerte por cuestiones de género.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde 2018, alertó sobre el grado alarmante de violencia que prevalece en México, ya que de cada 10 mujeres mexicanas, 6 habían padecido incidentes violentos. A diciembre de ese mismo año, un alto porcentaje de mujeres fue víctima, en la mayoría de los casos, de violencia sexual, que pudo llegar a la violencia feminicida, conducta descrita en la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como una forma extrema de violencia.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a diciembre de ese año, se contabilizaron 894 carpetas de investigación por feminicidios. A los casos anteriores, hay que sumar el número de feminicidios reportados en lo que va de este 2019: 294.

A la luz de los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, no hay reducción en las cifras y hoy las mujeres de todos los rincones de este país, vivimos con más temor ante la constante amenaza de este delito.

Muchas mujeres son torturadas, violadas o sometidas a esclavitud sexual, otras más son asesinadas -en promedio cada dos horas y media-, por el hecho de ser mujer. Sin justicia, solo quedan los nombres de las víctimas, el dolor e impotencia de familiares y amigos, así como el silencio que acompaña la impunidad.

Es oportuno recordar que, en noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el primer fallo internacional sobre feminicidio, en el cual se responsabilizó al Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el caso del Campo Algodonero. Entre 1993 y 2012 fueron asesinadas más de 700 mujeres (jóvenes y niñas entre 15 y 25 años) ante la falta de acciones contundentes para inhibir los delitos de las autoridades local y federal.

Derivado de lo anterior, México se convirtió en el primer país que propuso la tipificación del delito de feminicidio y se incorporó al Código Penal Federal, en 2012, en su artículo 325, que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Adicional a ello, nuestro país ha destacado por el número de iniciativas presentadas en esta materia.

Sin embargo, lo que contemplan tanto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como el Código Penal, no ha sido suficiente y los delitos se han elevado de manera significativa, aunque a partir del 2008 hayan entrado en vigor reformas constitucionales que establecieron las bases del nuevo sistema de justicia penal.

Es fundamental avanzar en los cambios normativos para enfrentar, combatir y erradicar los feminicidios. El Estado Mexicano tiene la facultad de emitir normas penales necesarias para sancionar conductas ilícitas que atenten contra la vida de las mujeres. Pero no basta con el incremento de las penas, porque ante la complejidad de los delitos, se hace necesario crear una ley en la que se configuren los tipos penales, acorde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones contenidas en tratados internacionales.

Es urgente contar con un cuerpo jurídico articulado que castigue, tipifique y establezca la misma pena en todo el país, con sus agravantes, que sancione la obstaculización en la protección y acceso a la justicia en los casos de violencia feminicida o feminicidio y que, al mismo tiempo, evite más muertes de mujeres y brinde atención a las víctimas indirectas, es decir, a los deudos, afectados y ofendidos.

Al homologar los distintos tipos de violencia contra las mujeres y unificarlas en la Ley General o el Código Penal Federal, se podrán articular esfuerzos para prevenir la violencia de género. El propósito es combatir y erradicar el feminicidio desde los tres niveles de Gobierno y los distintos poderes del Estado.

De esta forma, se podrá establecer el tipo penal del delito de feminicidio; el bien o bienes jurídicos tutelados; su punibilidad y las agravantes; las reglas en caso de concurso de delitos, así como las de autoría y participación; las órdenes de protección, los lineamientos especiales sobre la ejecución de sentencias; y la aplicación de medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva.

Las entidades federativas, de manera obligatoria, contarán con fiscalías especializadas en investigación y procesamiento del delito de feminicidio y los relacionados con él; los operadores del sistema acusatorio tendrán la especialización y las técnicas de litigación adecuados para aportar elementos de prueba pertinentes para acreditar los tipos penales.

Se contempla la institucionalización de las Unidades de Género, para brindar certeza jurídica a sus actuaciones. El Instituto Nacional de las Mujeres, los institutos locales o los que realicen funciones homólogas a ellos, promoverán que también, dentro de las empresas constituidas como personas jurídicas, se puedan crear Unidades de Género.

Con el objeto de vigilar, monitorear, supervisar, proponer y sistematizar la información relativa a las acciones y resultados, se establecerá un Observatorio Ciudadano, desarrollado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Organizaciones de la Sociedad Civil y Colectivos.

Al estandarizar los protocolos de actuación dentro de instituciones tanto de procuración como de impartición de justicia, se reducirá la impunidad y se dará mejor servicio a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.

Justicia y seguridad para las niñas, jóvenes y mujeres, son algunos de los grandes pendientes de los Poderes de la Unión. Para que lo descrito se pueda llevar a cabo, es fundamental dotar de facultades al Poder Legislativo para que pueda legislar sobre una ley en materia de feminicidios y evitar así la dispersión en los tipos penales, por la falta de datos y porque no hay obligatoriedad de las autoridades para castigar este delito.

En este sentido, la actividad parlamentaria, que demanda responsabilidad y compromiso en cualquiera de sus fases, debe fortalecer mecanismos de participación y diversas formas de interacción con los ciudadanos.

Por ello es que para sentar las bases del ordenamiento jurídico que se presenta en esta iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio, se llevaron a cabo foros en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Yucatán, Coahuila, Durango, Sonora, Hidalgo, Guanajuato, Estado de México, Morelos, ciudades importantes de la República Mexicana, con la finalidad de conocer la opinión, las investigaciones y el análisis que autoridades, legisladores, especialistas, académicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil tienen en materia de feminicidios, ya que cada entidad federativa tiene, cuando menos, una forma distinta de tipificar el feminicidio, por lo que no es posible acreditar este delito como tal y en más de una ocasión se reclasifica como homicidio.

Una alianza entre gobiernos y la sociedad civil es fundamental para erradicar y combatir ese delito. Por ello es que el primer paso es reformar el texto constitucional, a efecto de permitir que el Congreso legisle sobre el particular, fortalezca a las instituciones involucradas y dote de herramientas para investigar y procesar los ilícitos de forma que permita dar con los responsables y evitar la impunidad.

Necesitamos trabajar y revisar las leyes porque la justicia no puede impartirse solo de un lado, la justicia debe ser para todos, en cualquier sentido. No debe darse perdón ni olvido para los culpables de feminicidio. Castigo a los criminales con la ley en la mano es lo mínimo que exige una sociedad con instituciones de justicia sólidas, transparentes. Las mujeres requieren justicia, seguridad y garantía de sus derechos.

La responsabilidad legislativa demanda dejar de lado los colores partidistas y trabajar por justicia para todas las mujeres, en su derecho fundamental para vivir en libertad. Contar con una adecuada definición de los tipos penales y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, Estados y Municipios, coadyuvará en la prevención, atención, sanción y erradicación del feminicidio en México.

Con este propósito y con base en la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres por Cuestiones de Género, aprobada por el Comité de Expertas de la Convención de Belem do Pará, se pone a consideración de la Cámara de Diputados la propuesta normativa.

Facultades del Congreso de la Unión en materia concurrente

Quienes suscribimos estamos conscientes de la necesidad que, previa a la aprobación de la presente propuesta, se dictamine en la Cámara de Diputados la iniciativa constitucional que se presentó el pasado periodo ordinario de sesiones, por la que se le otorgan facultades a este Honorable Congreso para legislar sobre una ley general en materia de feminicidio, que contemple al menos los tipos penales y sus sanciones, así como atribuciones concurrentes entre la Federación, las entidades federativas y los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México en la materia de la erradicación del delito de feminicidio, el cual ha cobrado, en lo que va del año, muchas vidas de mujeres, adolescentes y niñas, en razón de la violencia feminicida imperante en México.

Contenido de la ley

Dentro del Título Primero se establecen las disposiciones generales, como es el fundamento de la ley y su objeto, entre los que destacan la prevención, el procesamiento y la investigación de esos delitos, así como los bienes jurídicos que protege esta ley.

Igualmente se prevén sus principios rectores, como la autonomía de las mujeres, la centralidad de los derechos de las víctimas de estos delitos, la debida diligencia, el derecho a la reparación del daño, la gratuidad, la inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima como justificación del delito, la perspectiva de género, trasformadora, la no revictimización, entre otros.

Uno de los aspectos que se plantea en primer lugar, es la definición de lo que debe entenderse, para efecto de la ley, por feminicidio y violencia feminicida, de ahí que la misma se contemple en la fracción primera de las definiciones y sea coincidente con la prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En el mismo apartado existen otras definiciones no menos importantes, como es el caso de Ministerio Público, la actuación de los órganos públicos autónomos en materia de derechos humanos, las medidas cautelares o medidas de protección, el fondo, por mencionar algunas.

Asimismo, se incluyen las definiciones de víctima y ofendido, las cuales se armonizan con lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales; respecto la figura del ofendido, la ley prevé como tales a personas del mismo sexo que estén unidos con la víctima bajo algún vínculo, incluso a partir del matrimonio igualitario, de ahí las múltiples hipótesis contempladas para los ofendidos.

Más adelante, en el Capítulo Segundo, se contemplan las reglas de competencia para la investigación y el procesamiento del delito de feminicidio; para ese propósito, se incorporan reglas claras que prevén cuándo será competente para las entidades federativas como regla general, y los casos de excepción que le corresponderá conocer a la federación.

Asimismo, las facultades concurrentes en materia de prevención, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en concordancia con la propuesta de ley.

Posteriormente, el Título denominado “ Del delito de feminicidio y otros relacionados con él”, refiere a las medidas aplicables a esos delitos dentro de la investigación, procesamiento y la sanción, proponiéndose, entre otras cosas, la debida garantía del respeto de los derechos de las víctimas, así como que los imputados deberán ser sujetos a prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 de la Constitución; que el ministerio público y las policías deberán iniciar la investigación a partir de la noticia que tengan sobre la realización de alguno de los delitos contemplados en la ley; los elementos que deberá contener la sentencia que declare la responsabilidad de una persona procesada por esos delitos; y la debida actuación con perspectiva de género de las autoridades que intervengan en dicho proceso.

De igual forma, el debido reconocimiento de un periodo de espera o reflexión, en caso de que la víctima o testigos no estén en condiciones de rendir su testimonio, con el objeto de que puedan obtener una espera y estabilización física, además de la obligación para que el ministerio público se auxilie en la investigación por peritajes en materia de antropología social, psicología y trabajo social, encaminados a desentrañar la posible violencia preexistente que vivía la víctima.

Se plantea también que la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad son imprescriptibles, mientras que para el resto de los delitos se aplicará la regla general del Código Penal Federal.

Se incorporan reglas de aplicabilidad del Libro Primero del Código Penal, y en lo relativo al procedimiento, se estará a lo dispuesto en el Código Procesal y la Ley General de Víctimas, y de supletoriedad respecto a las técnicas de investigación.

Finalmente, de suma relevancia es la propuesta del delito de feminicidio y ciertas agravantes, así como otros delitos como suicidio feminicida por inducción o ayuda; la obstaculización de protección y acceso a la justicia por violencia feminicida; y la obstaculización del acceso a la justicia por el delito de feminicidio.

Esto último se trata de conductas reprochables que se producen a partir de la obstaculización de justicia en la investigación de los tipos penales a que se refiere en la presente ley.

Es derivado de la gravedad de los delitos que se comentan, que se establece una serie de prohibiciones para la aplicación de atenuantes o excusas absolutorias, como la emoción violenta, los celos, el honor o cualquier otra que se utilice como subterfugio para eludir la responsabilidad.

Igualmente se incorpora un artículo en relación con la no integración de tipo penal de suicidio feminicida por inducción o ayuda, cuando se trate de conductas relativas a la voluntad anticipada de las personas, y los cuidados paliativos en materia de personas con una enfermedad terminal, remitiendo siempre a las leyes en materia de salud.

Se incluye además un capítulo relativo a las reglas comunes que deberán aplicarse a los presentes delitos, una de las cuales aporta claridad a la existencia de la tentativa de feminicidio, pues se ha detectado que se suele establecer como lesiones o un delito menor, aquellas conductas en las cuales las mujeres logran sobrevivir a un ataque feminicida, en tanto el sentenciado queda con una sanción mínima por un hecho que pudo privar de la vida a una mujer por motivaciones de género.

Como principios rectores del proceso de investigación, se establece la independencia e imparcialidad; igualdad y no discriminación; debida diligencia; dignidad humana; no revictimización; perspectiva de género; personal calificado; estándares probatorios libres de estereotipos y prejuicios de género; debido proceso; pertenencia cultural; y garantía de privacidad en el tratamiento de datos personales.

El principio de pertenencia cultural radica como ejemplo, en el caso de que si la víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Asesor jurídico, deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento, además del cumplimiento de ciertas formalidades dentro de las etapas procedimentales, con el objeto de considerar la pertenencia a esos pueblos o comunidades, acorde con los beneficios establecidos también en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Algo muy importante acorde a los estándares internacionales, es que esta ley prohíbe el uso de mecanismos de conciliación, mediación o acuerdo reparatorio alguno; la suspensión condicional del proceso; la aplicación de criterios de oportunidad, o el desistimiento y la conmutación de la pena o la aplicación de algún beneficio, en tratándose de estos delitos.

Se permite la legitimación en proceso de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas por medio de sus asesores jurídicos, las instituciones de defensa de derechos de las mujeres, públicas y privadas, para actuar como parte en los procesos penales relativos a los delitos de feminicidio y los relacionados con él, previstos en la presente ley, siempre que la víctima u ofendidos así lo autoricen.

Un asunto esencial es la aplicación oficiosa de la prisión preventiva tratándose de los delitos de feminicidio por virtud de los trabajos desarrollados en la presente legislatura que tuvieron como resultado su incorporación en la Constitución dentro del catálogo de delitos que ameritan esta medida; sin embargo, se establece la obligación del ministerio público para que en caso de que se llegue al plazo máximo permitido por el texto constitucional para esta medida cautelar, solicite con oportunidad, la aplicación de otra medida cautelar suficiente para mantener al procesado sujeto al procedimiento.

Se atribuyen responsabilidades en los actos de prevención e investigación por conducto del ministerio público, así como las técnicas de investigación aplicables, con el objeto de tener éxito en ella; es el caso de una reunión de planeación, metas y facultades en la investigación, y la realización de ciertos actos de investigación sin control judicial.

Se establecen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre ellos, el periodo de espera y reflexión y la posibilidad de desahogar prueba anticipada con menos requisitos de los que pide el Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de ser necesario el desahogo de esa modalidad de prueba.

Además, se plantea la reparación integral del daño y las formas en las que cuantificará, y que esta se pueda reclamar por la vía civil, de forma conexa a la responsabilidad penal.

También se relacionan algunas medidas de protección en materia de violencia feminicida, de acuerdo con la evaluación que hagan las autoridades y de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Se contempla la obligación para que la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, mantengan actualizados los registros de feminicidios, los cuales deberán incluir al menos, las características sociodemográficas de las víctimas y los feminicidas, así como aquellas que estime la autoridad a cargo de este registro; se posibilitará la consulta de tal información, de forma disgregada cuantitativamente por edad, sexo, grupos étnicos, o comunidades, regiones y entidades federativas, en tanto forma parte del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Un aspecto sobre el cual es necesario aportar certidumbre jurídica es en el establecimiento de facultades precisas de las Unidades de Género de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales deberán coadyuvar y ejecutar un plan de capacitación permanente en materia de derechos humanos desde una perspectiva de género, principalmente para fiscales, policías, policías de investigación y demás personal que actúe de forma directa o indirecta en la operación del sistema de justicia penal y con precisión en este tipo de delitos de género; sobre tales unidades, es preciso hacer la acotación que las mismas no solo deberán desarrollar políticas al interior, sino además en razón de la preparación los elementos deben de tener como agentes activos en la atención y erradicación de la violencia de género, como policías de proximidad frente a la sociedad.

Se incorpora la obligación de las autoridades federales y locales para crear fiscalías especializadas en feminicidio y en el resto de delitos contenidos en la presente ley, los cuales deberán contar con personal especializado en su investigación y procesamiento, incluidos peritos con actitud científica y perspectiva de género en sus actuaciones.

Para el efecto de realizar la supervisión, propuestas, vigilancia en la aplicación de la presente ley, se faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para desarrollar un observatorio en el cual se dé amplia participación a la sociedad civil organizada que tenga experiencia en la materia de la supervisión y vigilancia de las políticas públicas, que tenga facultades para formular su programa, entregar informes y plantear mejoras en las políticas que desarrollen los entes en la materia de prevención de los delitos.

Un aspecto esencial que se considera se ha dejado de lado, es la promoción de la creación de Unidades de Género en la iniciativa privada, con el objeto de que en sociedad civil, academias, personas jurídicas, empresas corporativo, se conformen Unidades de Género que fortalezcan la perspectiva de género y la igualdad, mediante la implementación de condiciones para mejorar el trato entre géneros, el acceso a las oportunidades, la toma de decisiones y los beneficios en el desarrollo de las mujeres, es decir, establecer un compliance con perspectiva de género.

Es sabido que, en la actualidad, en las personas jurídicas se ha desarrollado la cultura del compliance penal, ambiental o fiscal, sin embargo, es necesario que se creen instancias de prevención de conductas que vulneren derechos humanos de las mujeres, e incluso que se concreten delitos.

Finalmente, dentro del régimen transitorio, se establecen los lineamientos adecuados para evitar que se equivoque el sentido de la reforma, pues en ningún supuesto existirá supresión de tipo alguno que permita excarcelaciones.

Por todo lo expuesto y fundado es que se plantea la presente iniciativa por la que se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio.

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio, y se reforman algunas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio.

Título Primero Disposiciones Generales Capítulo I
Generalidades

Artículo 1. Fundamento de la Ley

La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 73, fracción XXI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de feminicidio.

Artículo 2. Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto:

I. Establecer las competencias y formas de coordinación para la identificación de sus causas y su prevención, la investigación, la persecución y la sanción del delito de feminicidio y los relacionados con él, entre los Gobiernos Federal, de las entidades federativas, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México;

II. Establecer el tipo penal de feminicidio, así como los relacionados con él y sus sanciones;

III. Determinar los procedimientos penales especialmente aplicables al delito de feminicidio y los relacionados con él;

IV. Establecer la distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas, posibles víctimas y ofendidos de los delitos objeto de esta Ley;

V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad personal, la igualdad y no discriminación, el acceso a una vida libre de violencia y la seguridad de las niñas, las adolescentes y las mujeres, cuando sean amenazadas o lesionadas por la violencia feminicida o la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y

VI. Reparar el daño a las víctimas tanto directas como indirectas y los ofendidos por los delitos objeto de esta Ley, de forma integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

Artículo 3. Principios rectores de la Ley

La interpretación, aplicación y definición de las acciones previstas en este ordenamiento; el diseño e implementación de acciones de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos objeto de la presente Ley; así como la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos, además de lo previsto en el orden jurídico nacional, se regirán por los siguientes principios:

I. Autonomía de las mujeres: En las decisiones que se adopten, se deberá respetar y promover la autonomía de las mujeres y fortalecer sus derechos;

II. Centralidad de los derechos de las víctimas: las acciones realizadas en el marco de esta Ley, priorizarán la protección de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares;

III. Debida diligencia del Estado y sus servidores públicos: Para dar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, persecución y sanción, así como en la reparación del daño del delito de feminicidio y los relacionados con él, incluyendo la protección y asistencia a las víctimas y ofendidos de tales delitos, dentro de un plazo razonable, libre de prácticas discriminatorias basadas en estereotipos de género, de conformidad con el interés superior de la niñez y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;

IV. Derecho a la reparación del daño: La obligación del Estado y sus servidores públicos, de tomar todas las medidas necesarias para garantizar a la víctima o a los ofendidos, la restitución de sus derechos, indemnización y rehabilitación por los daños sufridos, así como vigilar la garantía de no repetición que, entre otros, incluye la garantía a la víctima, ofendidos y a la sociedad, de que el crimen que se perpetró o intentó perpetrar, no volverá a ocurrir en el futuro; el derecho a la verdad, que permita conocer lo que verdaderamente sucedió; la justicia, que busca que los criminales paguen por lo que han hecho, y la reparación integral;

V. Gratuidad: Toda acción, mecanismo, procedimiento y actuación o trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima u ofendidos;

VI. Igualdad y no discriminación por razón de género contra las mujeres: Por lo que las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida principalmente por su edad, condición socio económica y cultural, origen étnico o racial, orientación sexual, identidad de género, opinión política, origen nacional u otras causas;

VII. Inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima: Se considerará irrelevante cualquier consideración que aluda al comportamiento, preferencias o actitudes anteriores de la víctima, con el fin de probar que la víctima ejercía un tipo de comportamiento determinado o demostrar su predisposición para ser víctima de violencia feminicida;

VIII. Interés superior de la niñez: Entendido como el reconocimiento y respeto de los derechos de niñas y adolescentes, inherentes a su condición de persona humana, y la obligación del Estado de proteger primordialmente sus derechos y velar por las víctimas y testigos menores de 18 años de edad, atendiendo a su protección y desarrollo armónico e integral.

Los procedimientos señalados en la presente Ley reconocerán sus necesidades como sujetos de derecho en desarrollo; asimismo, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá condicionar el ejercicio de los derechos de las niñas y las adolescentes;

IX. Máxima protección: La obligación de todas las autoridades de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la vida, la dignidad humana, la libertad, la seguridad y los derechos humanos de las víctimas y ofendidos de los delitos previstos por esta Ley.

En consecuencia, las autoridades adoptarán, en todo momento, medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el resguardo de su identidad y sus datos personales;

X. No revictimización: La obligación del Estado y sus servidores públicos de tomar todas las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para evitar a la víctima u ofendidos, la constante actualización de lo sucedido u otra acción que pueda constituirse en una nueva experiencia traumática para ella u ofendidos;

XI. Perspectiva de género: Entendida como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos en la sociedad, que permite enfocar y comprender las desigualdades socialmente construidas, a fin de establecer políticas y acciones de Estado transversales, para disminuir y hasta abatir las brechas de desigualdad entre los sexos y garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio pleno de sus derechos;

XII. Perspectiva transformadora: En la aplicación de la presente Ley, las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán aplicar los esfuerzos encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral inherentes al derecho de las víctimas, contribuyan a erradicar patrones, esquemas, costumbres, prácticas de discriminación y marginación que pudieron ser el factor de los hechos contra la víctima;

XIII. Principio pro persona: Las normas relativas a los derechos humanos y aquellas que los garantizan, se interpretarán en su aspecto positivo extensivamente, y en su aspecto negativo, las que los limitan de forma restrictiva, teniendo en cuenta el contexto social para la efectiva protección de todas las mujeres; y

XIV. Progresividad de los derechos humanos y prohibición de regresividad: Lo cual implica que las políticas, normas y acciones para el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres deben orientarse a dar cumplimiento efectivo, así como a garantizarlos, y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados a las obligaciones asumidas por el Estado.

Artículo 4. Definiciones

Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público o privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

II. La Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. La Ley: Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio.

IV. Ley General de Acceso: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

V. Código Penal: El Código Penal Federal.

VI. Código Procesal: El Código Nacional de Procedimientos Penales.

VII. La Secretaría: La Secretaría de Gobernación.

VIII. La Fiscalía: La Fiscalía General de la República o las fiscalías de justicia de las entidades federativas o sus equivalentes.

IX. Ministerio Público: El Ministerio Público de la Federación o al Ministerio Público de las entidades federativas;

X. Las Comisiones: La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y las comisiones de las entidades federativas de la misma naturaleza.

XI. Organismos Públicos Autónomos de Derechos Humanos: Los organismos oficiales autónomos dedicados a la defensa, protección y promoción de los derechos humanos previstos en el artículo 102, apartado B, de la Constitución.

XII. El Fondo: El Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas y Ofendidos de los Delitos de Feminicidio y los relacionados con él.

XIII. El Observatorio: El Observatorio para la Erradicación y Atención del Delito de Feminicidio, conformado por organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo presidirá, pudiendo recaer esta facultad, de forma supletoria, en un visitador.

XIV. Abuso de una relación de poder: Aprovechamiento que realiza el sujeto activo para la comisión del delito de feminicidio, derivado de una relación o vínculo familiar, sentimental, de confianza, de custodia, laboral, formativo, educativo, de cuidado, religioso o de cualquier otro que implique dependencia o subordinación de la víctima respecto al victimario, incluyendo a quien tenga un cargo público o se ostente de él.

XV. Daño grave o amenaza de daño grave: Cualquier daño físico, psicológico, financiero, sexual o a la reputación, o la sola amenaza para la víctima, capaz de hacerle creer que no tiene más opción que someterse o seguir sometida a la conducta de sometimiento con el agresor, y que el sujeto activo, conociéndola, la utilice para obtener el sometimiento de la víctima.

XVI. Asistencia y protección a las víctimas: Conjunto de medidas de apoyo y protección de carácter integral que se brinda a las víctimas u ofendidos, desde el momento de su identificación y hasta su reincorporación plena a la sociedad, que cumplen la función de orientarlas legalmente, otorgar apoyo médico, psicológico, económico temporal, así como protección para ellas y sus familias.

XVII. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima, derivada de una o más de las siguientes circunstancias:

a) Su origen, edad, preferencia u orientación sexual, nivel educativo, condición socioeconómica precaria;

b) Violencia o discriminación sufridas previas a la consumación de alguno de los delitos previstos en esta Ley;

c) Embarazo o vivir con un trastorno físico o mental o discapacidad;

d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena, afrodescendiente o a cualquier otra equiparable;

e) Ser persona mayor de sesenta años;

f) Vivir con cualquier tipo de adicción;

g) Ser persona menor de 18 años de edad;

h) Situación migratoria, aislamiento social, cultural o lingüístico; y

i) Tener una condición personal, geográfica o circunstancial, preexistente o creada, que ponga a la víctima en desventaja respecto del sujeto activo del delito.

XVIII. Medidas de protección o cautelares: Aquellas implementadas durante la investigación y el proceso penal, de aplicación obligatoria para el Ministerio Público y los Poderes Judiciales de la Federación, de los Estados y de la Ciudad de México, las cuales deberán instrumentarse en cualquier momento para asegurar que adicional a las finalidades que establece el Código Procesal, las víctimas, ofendidos o testigos puedan declarar libres de intimidación o temor, sin afectar el derecho al debido proceso.

XIX. Víctima: Persona física que directamente ha sufrido daño o el menoscabo en su derecho a vivir una vida libre de violencia como producto o consecuencia de violencia feminicida;

XX. Ofendido: La persona o personas que, en caso de muerte de la víctima, o que esta no pudiera ejercer personalmente los derechos que la presente ley le otorga, estarán facultados para ejercerlos en el siguiente orden siempre que no ostenten la calidad de imputado, el o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima.

Capítulo II
Competencias y facultades en la prevención, investigación, procesamiento, sanción y ejecución de penas de los delitos previstos en esta Ley

Artículo 5. Competencias en la investigación, procesamiento y ejecución de las penas de los delitos previstos en la presente Ley

Corresponderá a las fiscalías de las entidades federativas o sus equivalentes, investigar, procesar y sancionar los delitos establecidos en esta Ley, salvo que se actualicen los siguientes supuestos:

I. Se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

II. El delito se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando produzca o se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional y produzca o se pretenda que tengan efectos en el extranjero, conforme a los artículos 2o, 3o, 4o, 5o y 6o del Código Penal Federal;

III. Lo previsto en el artículo 21 del Código Procesal;

IV. El Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de una entidad federativa, la atracción del asunto, atendiendo a las características propias del hecho, así como las circunstancias de ejecución o a la relevancia social del mismo;

En caso de que se actualice algunos de los supuestos anteriores, la Federación será competente para investigar, procesar y sancionar los delitos consumados o en grado de tentativa, por conducto de la Fiscalía General y los Órganos Jurisdiccionales competentes.

La ejecución de las penas por los delitos de feminicidio y los relacionados con él, se regirá conforme a las disposiciones especiales previstas en la presente Ley, así como en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Artículo 6. Competencia concurrente en materia de prevención

La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, estarán obligados a coordinarse, en el ámbito de sus competencias y en función de las facultades exclusivas y concurrentes previstas en esta Ley, con el objeto de generar condiciones que erradiquen las causas de la violencia feminicida, su prevención general, especial y social, en los términos y reglas establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la presente Ley.

Título Segundo
Del Delito de Feminicidio y los Relacionados con él Capítulo I
De las medidas aplicables en la investigación, procesamiento e imposición de las sanciones

Artículo 7. Medidas aplicables al delito de feminicidio y los relacionados con él

Para dar cumplimiento a esta Ley en materia de investigación, procesamiento y sanción, se deberá observar y atender lo siguiente:

I. El Ministerio Público y los Poderes Judiciales de la Federación, de los Estados y de la Ciudad de México, deberán tomar todas las medidas adecuadas para garantizar en todo momento los derechos de las víctimas u ofendidos, con el fin de brindar asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia. Para ello, tendrán que informarle de inmediato a la víctima u ofendido, que tiene derecho a ser asesorada y representada dentro de la investigación y el proceso, por un Asesor Jurídico, en términos de la Ley General de Víctimas y el Código Procesal;

II. Los imputados por la comisión de las conductas delictivas previstas en esta Ley, estarán sujetos a prisión preventiva durante el proceso, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución y la presente Ley;

III. El Ministerio Público y las policías darán inicio a la investigación, a partir del conocimiento que haga cualquier persona sobre hechos que pudieran ser constitutivos del delito de feminicidio;

IV. La sentencia condenatoria que se dicte por los delitos previstos en esta Ley, deberá contemplar:

a) La reparación del daño a las víctimas u ofendidos, cuyo monto lo fijará el juez con los elementos que el Ministerio Público o la víctima, ofendidos o testigos aporten, o aquellos que se consideren procedentes; y

b) La pérdida de los derechos que el feminicida tenga respecto de la víctima y sus bienes, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela, guarda y custodia;

V. Las policías, el Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales adoptarán medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los responsables por los delitos previstos en la presente Ley. A esos efectos, respetarán los intereses y las circunstancias personales de víctimas, ofendidos y testigos, entre otros, la edad, el género y la salud, y tendrán en cuenta la naturaleza de los delitos, en particular los de violencia feminicida;

VI. Las policías, el Ministerio Público y los Órganos jurisdiccionales, de verificar que la víctima u ofendidos no se encuentran en condiciones para rendir su declaración, deberán reconocer el derecho de la víctima u ofendido a tener un período de espera y estabilización física y psicoemocional; y

VII. El Ministerio Público deberá auxiliarse en la investigación, por personal pericial en materia de antropología social, psicología y trabajo social, con formación en estudios de género, quienes deberán actuar con la debida diligencia para tener el dictamen con la oportunidad adecuada para su judicialización.

Artículo 8. Prescripción del delito de feminicidio

La pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad del delito de feminicidio son imprescriptibles; al resto de los delitos contenidos en la presente Ley, se le aplicarán las reglas comunes previstas en el Código Penal.

Artículo 9. Aplicabilidad de otras disposiciones

A falta de disposición expresa para los delitos previstos en la presente Ley, regirá el Libro Primero del Código Penal, y en lo relativo al procedimiento, se estará a lo dispuesto en el Código Procesal y la Ley General de Víctimas.

Artículo 10. Supletoriedad

Ante la falta de disposición suficiente sobre técnicas de investigación previstas en la presente Ley, se aplicarán las normas relativas a las técnicas de investigación previstas en el Código Procesal.

Capítulo II
Del delito de feminicidio y los relacionados con él

Artículo 11. Feminicidio

Comete el delito de feminicidio, quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

Se considera que existen razones de género, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia o abuso de una relación de poder en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima, una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo daño grave o amenazas de daño grave relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, y

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

VIII. El agresor forme parte de la delincuencia organizada, o la privación de la vida ocurra en el marco de un rito o ceremonia de grupo.

IX. El agente lo realiza como forma de impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos de la víctima u otras mujeres.

X. La privación de la vida es motivada por el embarazo de la víctima.

XI. La mujer es sexoservidora, o es víctima de explotación sexual o trata de personas.

XII. Se ejecute en situaciones de conflicto o de guerra y la mujer se considere enemiga, como venganza o represalia; o cuando se use a la víctima como botín de guerra, presa o arma de guerra.

XIII. La víctima se halla en la línea de fuego o se interpone ante un hombre, en alguno de los dos casos, cuando este trataba de matar o agredir a otra mujer.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite alguna razón de género, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio y sus agravantes.

Artículo 12. Agravantes del delito de feminicidio

La pena de prisión por el delito de feminicidio se aumentará hasta en una mitad más cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. Si una servidora o servidor público, aprovechándose de su cargo, interviniere en cualquier etapa del hecho delictivo;

II. Si fuere cometido por dos o más personas;

III. Si fuere cometido en presencia de personas con quienes la víctima tuviere vínculo de parentesco por consanguinidad, afinidad, civil o una relación afectiva o sentimental de hecho, a sabiendas de esta relación;

IV. Cuando la víctima fuere menor de edad o adulta mayor; de pueblos originarios; estuviere embarazada; sufriere discapacidad física, mental, intelectual o sensorial; o se encuentre en cualquier otra condición especial de vulnerabilidad;

V. Exista o haya existido, entre el activo y la víctima, una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación de hecho o amistad, laboral, docente, o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad;

VI. Si la víctima, por cualquier medio, fue sometida a prácticas que alteraran su estructura corporal en contra de su voluntad o bajo coacción;

VII. Si la víctima se encontraba bajo el cuidado o responsabilidad deservidor público encargado de la seguridad pública, y este utilizó los medios o circunstancias que su cargo o situación personal le proporcionaron;

VIII. El cuerpo de la víctima sea enterrado ilegalmente u ocultado; y

IX. Cuando la víctima hubiera vivido alguna situación de vulnerabilidad.

Artículo 13. Prohibición de aplicación de atenuantes o excusas absolutorias en el feminicidio

No constituyen ni serán aplicables como excusas absolutorias o atenuantes en el feminicidio, la actuación por emoción violenta, la ira, la provocación por parte de la víctima, el honor, los celos, las creencias culturales, las costumbres contrarias a los derechos humanos, el intenso dolor u otras análogas, que promuevan o justifiquen la violencia contra las mujeres.

Artículo 14. Suicidio feminicida por inducción o ayuda

Cualquier hombre que ayude a una mujer para que se prive de la vida, se le impondrá pena de prisión de cinco a veinticinco años, si el suicidio se consuma. Si el hombre prestare el auxilio a la mujer hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la pena aplicable será la del delito de feminicidio.

Al hombre que induzca a una mujer para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de seis a quince años, si el suicidio se consuma, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el suicidio fuera precedido por cualquier forma de violencia de género del activo contra la víctima; o,

b) Que el activo se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él o la víctima.

Si el suicidio no se consuma, por causas ajenas a la voluntad del hombre que induce o ayuda, pero sí se causan lesiones, se impondrá las dos terceras partes de la pena anterior. Si no se causan éstas, la pena será de una cuarta parte de las señaladas en el párrafo anterior.

Si la persona a quien se induce o ayuda al suicidio es una menor de edad o mujer que no tuviere capacidad de comprender la relevancia de su conducta o determinarse de acuerdo con esa comprensión, se impondrán al hombre o inductor, las sanciones señaladas al feminicidio agravado o respecto de las lesiones. Las penas resultantes de las reglas previstas en los dos anteriores párrafos se aumentarán hasta en una mitad más.

Artículo 15. No integración de los elementos del tipo penal de suicidio feminicida por inducción o ayuda

En el supuesto previsto en el artículo anterior, no integrarán elementos del cuerpo del delito de suicidio feminicida o ayuda, las conductas realizadas por el personal de salud correspondiente para los efectos del cumplimiento de las disposiciones relativas a voluntad anticipada, tratamientos o cuidados paliativos previstos en la Ley General de Salud y en las disposiciones previstas para ese efecto en las entidades federativas.

Tampoco integran los elementos del cuerpo del delito de suicidio feminicida o ayuda, las conductas suscritas y ejecutadas por el solicitante o representante, conforme a las disposiciones de los ordenamientos generales de salud y de las entidades federativas que refiere el párrafo anterior.

Artículo 16. Obstaculización de protección y acceso a la justicia por violencia feminicida

A quien entorpezca u obstaculice la investigación, la persecución, la sanción o la ejecución de la pena de un feminicidio, será sancionado con pena de prisión de cinco a diez años.

A quien entorpezca u obstaculice las medidas de protección, la investigación, la persecución o la sanción de cualquier delito con violencia en contra de una mujer y como consecuencia resulta en su feminicidio, será sancionado con la pena de diez a veinte años de prisión.

La pena prevista para el delito del párrafo anterior, se incrementará hasta en una mitad cuando se trate de un servidor público.

Artículo 17. Obstaculización de acceso a la justicia por el delito de feminicidio

Al servidor público que con motivo de sus funciones y atribuciones conozca, sustancie o investigue sobre un delito de feminicidio, y retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Capítulo III
Reglas comunes aplicables a los delitos previstos en esta Ley

Artículo 18. Tentativa

La tentativa punible de los delitos previstos en esta Ley, se configura en términos de los párrafos primero y segundo del artículo 12 del Código Penal y se sancionará con pena de prisión, que no será menor a la pena mínima y hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado que se trate, tomando en cuenta las circunstancias que prevé el artículo 52 del Código Penal.

Artículo 19. Principios rectores del proceso de investigación y su procesamiento

Las investigaciones de los delitos previstos en esta Ley se realizarán de acuerdo con los siguientes principios rectores, sin demérito de los contenidos en el Código Procesal:

a) Independencia e imparcialidad;

b) Igualdad y no discriminación;

c) Debida diligencia;

d) Dignidad humana;

e) No revictimización;

f) Perspectiva de género;

g) Personal calificado;

h) Estándares probatorios libres de estereotipos y prejuicios de género;

i) Debido proceso;

j) Pertenencia cultural; y

k) Garantía de privacidad en el tratamiento de datos personales.

Artículo 20. Restricciones procesales

Dentro de la investigación, durante el procesamiento y en la ejecución de la sanción por los delitos previstos en los artículos 11 y 13 de la presente Ley, sean consumados o en grado de tentativa, queda prohibido:

a) El uso de todo tipo de mecanismo de conciliación, mediación o acuerdo reparatorio u otras alternativas a la resolución del conflicto penal;

b) La suspensión condicional del proceso;

c) La aplicación de un criterio de oportunidad o la facultad del desistimiento de la acción penal; y

d) La conmutación de la pena o la aplicación de cualquier otro beneficio previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Artículo 21. Legitimación procesal

Las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas, por medio de sus Asesores Jurídicos y las instituciones de defensa de derechos de las mujeres, públicas y privadas, podrán tener legitimación procesal para actuar como parte en los procesos penales relativos a los delitos de feminicidio y los relacionados con él previstos en la presente Ley, siempre que la víctima u ofendidos así lo autoricen.

Artículo 22. Prisión preventiva y otras medidas cautelares

El Juez de Control, al dictar el auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio, sea consumado o en grado de tentativa o alguno de los relacionados con él, previstos en la presente Ley, ordenará de oficio la medida cautelar de prisión preventiva durante el proceso, la cual no podrá ser superior a dos años; en caso de que sea cumplido dicho término y aún no se ha pronunciado sentencia, deberán imponerse medidas adecuadas para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento.

Para el efecto de la última parte del párrafo anterior, el Ministerio Público solicitará con oportunidad y previamente a la conclusión del plazo máximo de la prolongación de la prisión preventiva por los delitos de la presente Ley, la aplicación de otra medida cautelar que cumpla con los objetivos de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento.

Artículo 23. Responsabilidades en los actos de prevención e investigación

En la prevención y en la investigación de los delitos materia de la presente Ley, el Ministerio Público deberá:

a) Asegurar la inmediata y exhaustiva búsqueda e identificación de las víctimas o sus restos, en casos de desaparición;

b) Investigar toda muerte violenta de una mujer, con independencia de edad, como posible feminicidio, y a partir de los resultados de la investigación, contemplar cualquier otra clasificación jurídica sobre los hechos;

c) Indagar sobre los antecedentes de violencia del agresor contra la víctima, aun a través de la recuperación de testimonios y actos de investigación que permitan tener datos y medios de pruebas necesarios;

d) Valorar el contexto en que se cometió el delito y los elementos subjetivos del tipo penal vinculados a razones de género para la comisión del feminicidio;

e) Adoptar medidas para eliminar los obstáculos de hecho y de derecho que producen impunidad en los casos de feminicidios;

f) Actuar en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la presente Ley, la Ley General de Acceso y los reglamentos y protocolos aplicables en la materia; y

g) Ordenar la elaboración de los dictámenes periciales para obtenerlos con la oportunidad necesaria, ser integrados en la carpeta de investigación y puedan ser aportados, en su momento, como datos de prueba frente al juez de control.

Para efecto del párrafo anterior, las víctimas u ofendidos podrán solicitar la contratación de peritos independientes nacionales o incluso internacionales en orden de prelación, cuando no se cuente con personal capacitado en la institución de procuración de justicia, ni en el ámbito nacional; para ese propósito, los gastos podrán correr a cargo del fondo federal o estatal de víctimas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Ley General de Víctimas.

Capítulo IV
De las Técnicas de Investigación aplicables a los delitos de la presente Ley

Artículo 24. Facultad de investigación del Ministerio Público

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento por cualquier medio de la comisión de alguno de los delitos materia de esta Ley, asumirá la función de la dirección de investigación a que se refiere el artículo 21 de la Constitución.

Artículo 25. Reunión de planeación

El Ministerio Público, una vez con el conocimiento de los hechos del probable feminicidio, convocará a una reunión de planeación de la investigación a la que asistirán todas las áreas encargadas del desarrollo de la investigación y las auxiliares, en la que se deberá fijar por lo menos:

I. El Ministerio Público que será responsable del caso;

II. Los policías de investigación designados;

III. El mando policial responsable de la investigación;

IV. La estrategia básica de la investigación;

V. El control de riesgo, manejo de crisis y la ejecución de medidas de protección;

VI. El control de manejo de información;

VII. El lugar en el que deberá ser alojada la víctima u ofendidos y sus familiares, en caso de ser necesario;

VIII. La relación con el personal encargado de la atención y apoyo a la víctima u ofendidos, y

IX. Las subsecuentes reuniones del grupo en las fases críticas y en la continuación de la investigación.

Artículo 26. Metas de la investigación

Las policías y el Ministerio Público, en el respectivo ámbito de sus competencias, deberán tener como metas de la investigación, por lo menos las siguientes:

I. Protección en su caso, de la víctima, de los ofendidos o sus familiares, del lugar de los hechos o de donde se encuentra, si se considera un riesgo para ellos;

II. Identificación del probable o probables responsables;

III. Obtención de los elementos probatorios antes, durante y posterior a la acción prevista en la fracción I del presente artículo;

IV. Aseguramiento de elementos probatorios, conforme a los lineamientos de cadena de custodia;

V. Detención de las personas que cometieron o participaron en la comisión;

VI. En caso de que el delito sea cometido por más de dos personas, identificar y determinar el grado de participación de cada integrante, y

VII. Obtener sentencias definitivas contra los responsables del delito.

Artículo 27. Facultades en la investigación

Las policías que actuarán bajo la dirección y conducción del Ministerio Público, además de las facultades que les confieren otros ordenamientos, durante la fase de investigación podrán:

I. Recabar información en lugares públicos, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulte necesaria para la generación de inteligencia. En el ejercicio de esta atribución, se deberán respetar los derechos particulares de los ciudadanos;

II. Recabar información de bases de datos públicos, con el objeto de identificar a las víctimas, testigos, lugares de los hechos, forma de operar, sujetos involucrados o bienes de estos;

III. Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la información obtenida, para la generación de inteligencia;

IV. Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito o delitos para, en su caso, informarlo al Ministerio Público; y

V. Efectuar el procesamiento del lugar de los hechos, para lo cual deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme al procedimiento previamente establecido por éste y en términos de las disposiciones aplicables, en caso de contar con personal calificado para tal fin.

Artículo 28. Actos de investigación específicos

El Ministerio Público, además de las facultades que les confieren otros ordenamientos, durante la fase de investigación podrá:

I. Solicitar información a las empresas telefónicas y de comunicación, en términos de la legislación federal o local aplicable;

II. Autorizar el seguimiento de personas hasta por un periodo de un mes, el cual podrá ser prorrogado siempre que existan motivos suficientes, sin que el mismo tenga una duración mayor a seis meses, en términos de la normatividad aplicable;

III. Autorizar la colaboración de informantes, en los términos de los lineamientos mínimos que emita el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como demás disposiciones;

IV. Autorizar la utilización de cualquier medio, instrumento o herramienta para la obtención de pruebas, siempre que ésta no contravenga los derechos humanos y no violente el orden jurídico, y

V. Toda aquella que determinen las leyes aplicables.

En los casos en que las autoridades locales carezcan de normatividad para el ejercicio de cualquiera de las atribuciones anteriores, la Fiscalía General coadyuvará en la investigación.

Artículo 29. Informante

Por informante se entenderá toda persona que, de forma directa o indirecta, tiene conocimiento de la comisión de delitos y por su situación o actividad que realiza, provee dicha información a las instancias de gobierno para la investigación.

Capítulo V
Derechos de las Víctimas u ofendidos

Artículo 30. Derechos de las víctimas u ofendidos durante la investigación, el proceso y la ejecución

Adicional a los derechos previstos por la Constitución y la Ley General de Víctimas, las autoridades de procuración e impartición de justicia, tanto federales como pertenecientes a las entidades federativas, garantizarán el derecho de las víctimas a:

a) Acceso universal a la justicia, mediante la asesoría jurídica especializada que el Estado proporcione por sí, a través de convenios con organizaciones de defensa de los derechos de mujeres pertenecientes a la sociedad civil o de instituciones privadas, debidamente especializadas y certificadas en el rubro de la representación y la asesoría en materia penal; el órgano jurisdiccional; el tribunal de enjuiciamiento; el tribunal de alzada y, en su caso, los jueces de ejecución dictarán las medidas conducentes encaminadas a que se materialice este derecho en la respectiva etapa procesal, en todo lugar en que se desarrolle el proceso;

b) En caso de que se trate de víctimas u ofendidos con alguna discapacidad, el Ministerio Público, el Órgano jurisdiccional, el tribunal de enjuiciamiento, el tribunal de alzada y, en su caso, los jueces de ejecución, ordenarán la materialización de los ajustes razonables necesarios para permitir un acceso efectivo a la justicia;

c) Que se proporcione a las víctimas, ofendidos y sus familiares que así lo requieran, un traductor o intérprete según su nacionalidad, idioma, lengua o condición de discapacidad; y

d) El Ministerio Público y los Órganos jurisdiccionales, de verificar que la víctima u ofendidos no se encuentran en condiciones para rendir su declaración, deberán reconocer su derecho a tener un periodo de espera y estabilización física y psicoemocional.

Las víctimas u ofendidos y sus familiares a cargo, sean extranjeros o migrantes, no podrán ser deportados como consecuencia de la realización de la denuncia, a pesar de encontrarse en situación migratoria irregular; asimismo, deberá respetarse el derecho a que se refiere el párrafo anterior, salvo que la víctima solicite el retorno asistido; igualmente, las autoridades migratorias deberán respetar el periodo y las medidas dictadas para dicho propósito.

Tratándose del delito de feminicidio, sea en grado de tentativa o consumado, se podrá disponer sin más justificación del desahogo de prueba anticipada, de conformidad con los artículos 304 y 305 del Código Procesal Penal.

Capítulo VI
Reparaciones y Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas Indirectas del Feminicidio y Ofendidos de los Delitos Relacionados con él

Artículo 31. Reparación integral

Cuando una persona sea declarada penalmente responsable de la comisión de alguno de los delitos previstos en esta Ley, el Órgano jurisdiccional del conocimiento deberá condenarla al pago de la reparación integral del daño, a favor de la víctima u ofendidos, en todos los casos.

La reparación integral del daño debe ser plena, adecuada, efectiva, con enfoque diferencial, especializado y transformador, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del proyecto de vida y, siempre que sea posible, la rehabilitación física, psicológica y social. Tomando las circunstancias de cada caso, las acciones restitutorias siguientes:

I. La restitución de los bienes o la cosa obtenida por el delito con sus frutos y accesorios, y el pago, en su caso, de los deterioros que hubiere sufrido, y si no fuese posible la restitución, el pago de su valor actualizado;

II. El pago de los daños físicos, materiales, psicológicos, así como la reparación al daño moral.

Se incluirá el resarcimiento de los costos de tratamiento médico, medicina, exámenes clínicos e intervenciones necesarias, rehabilitación física, prótesis o aparatos ortopédicos, así como también la terapia o el tratamiento psiquiátrico, psicológico y la rehabilitación total, social y ocupacional de la víctima;

III. El monto por la pérdida de oportunidades, de empleo, educación y prestaciones sociales que, de no haberse cometido el delito, se tendrían; por tanto, deberá repararse el daño, para que la víctima u ofendido puedan acceder a nuevos sistemas de educación, laborales y sociales, acorde a sus circunstancias;

IV. El pago de los ingresos económicos que se hubieren perdido, así como el lucro cesante ocasionado por la comisión del delito; para ello, se tomará como base el salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima; en caso de no contar con esa información, será conforme a la Unidad de Medida y Actualización al tiempo del dictado de la sentencia;

V. Los gastos de asistencia y representación jurídica o de peritos, hasta la total conclusión de los procedimientos legales;

VI. Los costos del transporte de retorno a su lugar de origen, si así lo decide la víctima; gastos de alimentación; vivienda provisional; vestido y los que sean necesarios durante la investigación, el proceso y la rehabilitación física y psíquica total de la víctima;

VII. La declaración que restablezca la dignidad y la reputación de la víctima u ofendido y de las personas vinculadas a ella, a través de los medios que solicite; y

VIII. La disculpa pública de reconocimiento de hechos y aceptación de responsabilidad, cuando en el delito participe servidor público o agente de autoridad, lo anterior con independencia de otras responsabilidades en que incurra el Estado por la omisión de cumplimiento en la presente Ley.

Cuando sean servidores o agentes estales los que actúen a título oficial y cometan cualquiera de los delitos materia de esta Ley, las víctimas serán resarcidas por el Estado, conforme a la legislación en materia de responsabilidad patrimonial estatal.

A solicitud de la víctima u ofendido, la persona titular de la dependencia o instancia deberá emitir la declaración oficial que refiere la fracción VII de este artículo.

Artículo 32. Fijación de la reparación integral

La reparación del daño será fijada por los jueces, según el daño o perjuicios que sean precisos reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas, y se cubrirá con los bienes del responsable y, subsidiariamente, con el importe de la caución que otorgue para obtener su libertad.

Tiene el carácter de pena pública, será exigida de oficio por el Ministerio Público, sin que medie formalidad alguna y fijada por el juzgador, habiéndose demostrado la existencia del hecho y la responsabilidad del inculpado.

La obligación de pagar la reparación del daño es preferente al pago de cualquier otra sanción pecuniaria u obligación contraída con posterioridad a la comisión del delito, salvo las referentes a alimentos y relaciones laborales.

Tienen derecho a la reparación del daño:

I. La víctima y personas ofendidas; y

II. A falta de la víctima o personas ofendidas, sus dependientes económicos, herederos o derechohabientes, en la proporción que señale el derecho sucesorio.

Artículo 33. Conexidad en la reparación del daño

La reparación del daño se podrá reclamar en forma conexa a la responsabilidad penal, por la vía civil; y cuando sea exigible a terceros, tendrá el carácter de responsabilidad civil, lo anterior de conformidad a lo establecido en los códigos sustantivos y adjetivos que correspondan.

Artículo 34. Obligaciones de la Federación y las entidades federativas

Son obligaciones de las autoridades federales y de todas las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias para lograr la reparación del daño por los delitos previstos en la presente Ley:

I. Realizar todas las acciones y diligencias necesarias para que la víctima sea restituida en el goce y ejercicio de sus derechos; y

II. Proporcionar los tratamientos médicos y psicológicos para la recuperación de la víctima, en los términos de la Ley General de Víctimas.

Capítulo VII
Fondo de Reparación Integral

Artículo 35. Acceso al Fondo de Reparación

Cuando la reparación del daño no sea cubierta total o parcialmente por el sentenciado, la Federación y las entidades federativas, según corresponda, cubrirán dicha reparación con los recursos de sus respectivos fondos previstos para tal efecto, de acuerdo con la Ley General de Atención a Víctimas, en los términos establecidos por la presente Ley, respecto de las obligaciones de los fondos de reparación.

Los derechos de la autoridad para exigir al sentenciado la reparación del daño, quedarán a salvo para hacerlos efectivos de acuerdo con las disposiciones relativas en la operación de tales fondos.

Artículo 36. Sustento de personas dependientes en situación de discapacidad y personas mayores

Sin perjuicio de la responsabilidad del sentenciado, el Estado asegurará el sustento de las personas dependientes de la víctima de feminicidio y de quienes asuman el cuidado de las mismas, incluyendo las personas en situación de discapacidad y personas adultas mayores, el cual debe comprender la atención integral, que garantice servicios psicológico-sociales y una prestación o subsidio monetario mensual que asegure la vivienda, la alimentación, la educación y la salud. Para ese propósito, tratándose de los delitos previstos en la presente Ley, tales personas podrán acceder a los beneficios del Fondo de reparación respectivo.

Capítulo VIII
Prevención y obligaciones de la Federación y las entidades federativas en materia de políticas públicas

Artículo 37. Protección contra la violencia feminicida

De acuerdo con la Ley General de Acceso, las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a la pronta evaluación del riesgo de feminicidio por parte de un equipo multidisciplinario y especializado, así como al acceso inmediato a la justicia y a las máximas medidas de prevención y protección contra la violencia previstas en la citada Ley General y el Código Procesal; este derecho será extensivo a los familiares o personas cercanas a la víctima o probable víctima, de acuerdo con la situación personal y las justificaciones que encuentre el Ministerio Público, para brindarles una protección integral.

En caso de un feminicidio, y aun cuando se concrete solo en grado de tentativa, las medidas de protección que hubiera decretado el Ministerio Público persistirán sin necesidad de que sean ratificadas ante el Órgano jurisdiccional; únicamente la persona contra la que se hayan decretado podrá solicitar su cancelación o modificación ante el Juez de control, en el que se cumplan las formalidades previstas conforme al artículo 137 del Código Procesal.

Artículo 38. Registro de feminicidios

La Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán mantener actualizados los registros de feminicidios, los cuales tendrán que incluir al menos, las características sociodemográficas de las víctimas y los feminicidas, así como aquella que estime la autoridad a cargo de este registro; tal información, en tanto forma parte del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, deberá ser accesible, de conformidad con los lineamientos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo. 39. Registro de mujeres y personas desaparecidas

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas, a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, deberá posibilitar la consulta de su información de forma disgregada cuantitativamente por edad, sexo, grupos étnicos o comunidades, regiones y entidades federativas.

Artículo 40. Incorporación al Banco Nacional de Datos Forenses

Los familiares de las mujeres y niñas desaparecidas, en primer grado en línea recta ascendente o descendente, o segundo grado en línea colateral, podrán solicitar, en términos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, la toma de muestras para la incorporación de su información genética en el Banco Nacional de Datos Forenses.

Artículo 41. Participación de las Unidades de Género

Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública contarán con Unidades de Género, las cuales deberán organizar y ejecutar un plan de capacitación permanente en materia de derechos humanos desde una perspectiva de género, principalmente para fiscales, policías, policías de investigación y demás personal que actúe de forma directa o indirecta en la operación del sistema de justicia penal.

Asimismo, deberán coadyuvar en el desarrollo de protocolos de actuación homologados y ajustados a las normas y criterios internacionales de la materia, en cuanto a la violencia de género y feminicidio a los que alude el artículo 47 de la Ley General de Acceso.

Artículo 42. Fiscalías especializadas en feminicidio

La Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías de justicia de las entidades federativas, deberán establecer fiscalías especializadas en Feminicidio y el resto de delitos contenidos en la presente Ley, y contar con personal especializado en su investigación y procesamiento, incluidos peritos con actitud científica y perspectiva de género en sus actuaciones.

Para efecto del párrafo anterior, las fiscalías o sus equivalentes en las entidades federativas deberán contemplar, dentro de la elaboración de sus proyecciones presupuestales, los recursos suficientes que permitan proveer de personal y recursos materiales, tomando en cuenta el gasto total de la Fiscalía, el número de feminicidios reportados y las obligaciones que derivan de la investigación y procesamientos especializados respecto de los delitos previstos en la presente Ley.

Artículo 43. Observatorio de supervisión

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil y Colectivos conformarán un ente de participación que supervise, vigile, monitoree, proponga y sistematice la información sobre la ausencia de políticas de prevención, así como la procuración e impartición de justicia para las víctimas de violencia feminicida o producto de discriminación de género.

Este mecanismo deberá hacer una evaluación anual al programa integral para la prevención de delitos violentos contra las mujeres, en los ámbitos público y privado, cuya responsabilidad es de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que presentará a las Cámaras del Congreso con los resultados de la supervisión, vigilancia, monitoreo y sistematización del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su vertiente de la prevención, erradicación y sanción del delito de feminicidio.

El informe podrá contener propuestas de iniciativas, políticas y prácticas que pueden desarrollarse en el mejoramiento de los objetivos de la presente Ley.

Los Órganos Públicos Autónomos de Derechos Humanos de las entidades federativas deberán conformar, en el ámbito de sus competencias, estos órganos de supervisión, monitoreo, vigilancia y sistematización de las políticas que se desarrollen en la materia.

Artículo 44. Creación de Unidades de Género en la Iniciativa Privada

Para cumplir con las obligaciones que establece la Ley General de Acceso, el Instituto Nacional de las Mujeres y los institutos de las entidades federativas o equivalentes, promoverán en las organizaciones de la sociedad civil, academias, personas jurídicas, empresas corporativos, la conformación de las Unidades de Género, encargadas de fortalecer la perspectiva de género y de igualdad, mediante la implementación de condiciones para mejorar el trato entre géneros, el acceso a las oportunidades, la toma de decisiones y los beneficios para el desarrollo de las mujeres.

Asimismo, desarrollarán campañas de prevención de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, incluida la feminicida.

Artículo Segundo. Se reforman el artículo 21; la denominación de la Sección Cuarta, del Capítulo III perteneciente al Título III; el artículo 44, primer párrafo y su fracción III, todos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 21. Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio.

Sección Cuarta. De la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Artículo 44. Corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana:

I. y II. ...

III. Integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres, incluida la violencia feminicida, de conformidad con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio;

IV. Diseñar un programa integral para la prevención de delitos violentos contra las mujeres, en los ámbitos público y privado, en el que se inmiscuya el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como los encargados del desarrollo del programa integral.

V. a XII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor de este decreto, para el caso en que la presente Ley contemple una descripción legal de una conducta delictiva que en el Código Penal Federal, así como de las entidades federativas se contemplaban como delito de feminicidio y, por virtud de las presentes reformas, se denominan, penalizan o agravan de forma diversa, salvo lo expresamente previsto en el quinto transitorio del presente decreto, siempre que las conductas y los hechos respondan a la descripción que ahora se establecen, se estará a lo siguiente:

I. En la investigación de los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, el Ministerio Público efectuará la traslación del tipo, de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades;

II. En los procesos incoados, en los que aún no se formulen conclusiones acusatorias, el Ministerio Público las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte;

III. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el tribunal, respectivamente, podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades, y

IV. La autoridad ejecutora, al aplicar alguna modalidad de beneficio para la persona sentenciada, considerará las penas que se hayan impuesto, en función de la traslación del tipo, según las modalidades correspondientes.

Tercero. El Gobierno Federal y las entidades federativas deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente Ley y establecer una partida presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.

Cuarto. Dentro de los ciento ochenta días a la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá expedir el Reglamento de Operación del Observatorio de Supervisión de la presente Ley, con las bases que establece el artículo 36 de la misma.

Quinto. Los tipos penales de feminicidio, femicidio o consistentes en la privación de la vida de una mujer por razones o motivaciones de género, previstas en el Código Penal Federal y en los Códigos Penales de las entidades federativas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, seguirán constituyendo tipo penal para aquellas conductas ejecutadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, siempre y cuando colmen los elementos del tipo previstos en ella; en consecuencia, deberán sancionarse de conformidad con la punibilidad establecida en el tipo penal del respectivo ordenamiento, por lo que las reformas ordenadas por el presente decreto, no significan supresión de tipo alguno.

Sexto. Tomando en consideración la facultad constitucional del Congreso de la Unión para legislar en materia de feminicidio, los congresos de las entidades federativas deberán adecuar sus legislaciones penales para contemplar los tipos penales relacionados con el delito de feminicidio previstos en la presente ley, en materia de obstaculización de acceso a la justicia por el delito de feminicidio y obstaculización de protección y acceso a la justicia por violencia feminicida.

Salón de sesiones, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2019.— Diputadas y diputados: Adriana Dávila Fernández, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Alfredo Femat Bañuelos, Alfredo Porras Domínguez, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Carlos Iván Ayala Bobadilla, Carmen Julia Prudencio González, Casimiro Zamora Valdéz, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dionicia Vázquez García, Dulce Alejandra García Morlan, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Rigoberto Mares Aguilar, Josefina Salazar Báez, Julieta Macías Rábago, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lidia Nallely Vargas Hernández, Lizbeth Mata Lozano, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Hernández Pérez, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, María Marivel Solís Barrera, María Sara Rocha Medina, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, Mónica Bautista Rodríguez, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Santiago González Soto, Saraí Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidenta, hemos escuchado con atención la iniciativa que ahora se presenta y que tiene que ver con uno de los más graves problemas que estamos viviendo las mujeres y que se encuentra en todo el país, que es el feminicidio.

En ese sentido me parece importante el recordar las lamentables declaraciones que hiciera un funcionario del ISSSTE en el estado de Michoacán.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, estamos en ronda de iniciativas.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): ...el señor Mireles. Y en ese sentido lo que me parece inconcebible, que mientras en el país el pan de cada día de las mujeres y de las niñas es estar sufriendo la inseguridad cada día y tener funcionarios irresponsables que piensan que con un perdón es suficiente, no hay perdón y no queremos tampoco olvido, lo que queremos es la renuncia o destitución del señor Mireles.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Quedan registradas sus expresiones, diputada.

VOLUMEN II



LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por dos minutos y medio, el diputado Fernando Galindo Favela, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Fernando Galindo Favela:Con el permiso de la Presidencia. Acabamos de revisar los resultados en materia de política económica, y los resultados ahí están. Cero crecimiento, menos empleo y una caída dramática de la inversión.

Ahora tenemos una gran oportunidad en la discusión del paquete económico de hacer mejoras al marco fiscal que permita mejorar los incentivos en materia de inversión y sobre todo de mejorar la economía de las familias mexicanas.

Por eso el Grupo Parlamentario del PRI está presentando un paquete de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a la Ley del IVA y a la Ley de Coordinación Fiscal.

¿Cuál es el objetivo? En primer lugar, hacer efectiva la reducción del IVA y el impuesto sobre la renta en la frontera.

Hoy la nueva administración emitió un decreto que no ha funcionado, y no ha funcionado porque no les da certidumbre a las empresas ni a los que pagan impuestos en la franja fronteriza tanto del norte como del sur.

Si todos apoyamos esta reforma va a ser efectiva la reducción de los impuestos en la frontera norte y sur, mejorando las condiciones económicas de esta zona que tanto nos interesa que se desarrolle para detonar el crecimiento económico en nuestro país.

El segundo objetivo es que ya se realiza una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para que las empresas puedan hacer una deducción inmediata de sus inversiones, dado que el gobierno no está dispuesto a invertir en infraestructura, tenemos que generar mayor crecimiento económico dándoles mejores condiciones de flujo a las empresas que quieren invertir en nuestro país.

El tercer objetivo es, dado que se les han dado mayores atribuciones a los estados y vemos un presupuesto completamente centralista, se propone reformar la Ley de Coordinación Fiscal para incrementar de 20 a 25 por ciento los recursos que se destinan a través de las participaciones a los estados y los municipios.

No va a haber desarrollo en nuestro país si los estados y los municipios no tienen las condiciones para hacer frente a mayor delincuencia, hacer frente a mayor inversión y tener recursos para educación y seguridad. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes de los Impuestos al Valor Agregado, y Sobre la Renta, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de incentivar el crecimiento económico e inversión del país, así como mejorar la calidad de vida y la economía de las familias mexicanas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Es importante señalar que, a nueve meses de la transición política a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la economía del país no se encuentra en su mejor momento, siguen bajando las expectativas de crecimiento económico para 2019, como se demuestra en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Agosto de 2019, la cual destaca que las previsiones de crecimiento económico para agosto 2019 disminuyeron de 0.80 a 0.50 en relación al mes de julio.

Es más, organismos internacionales también han comentado que el desempeño económico del país se encuentra afectado; por ejemplo, el Estudio Económico de México de 2019 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado en mayo de 2019, señaló que el desempeño económico de México se está viendo afectado por tres grandes cambios, la desaceleración del entorno económico internacional, la incertidumbre en las relaciones con Estados Unidos de América y la transición política mexicana con cambios profundos en las prioridades de política económica. En este sentido, la OCDE redujo su pronóstico de crecimiento económico para este año de 2 por ciento a 1.6 por ciento, y para 2020 lo redujo de 2.3 por ciento a 2 por ciento, de acuerdo con ese informe.

Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señaló en el documento de Perspectivas económicas de México 2019, que la actividad económica tendrá un crecimiento real del 1.7 por ciento en 2019 por las siguientes razones: desaceleración económica en el último trimestre de 2018, menor inversión pública en los primeros meses de 2019 debido a retrasos en la ejecución del gasto público y una moderada inversión privada.

Es importante señalar que, en agosto de 2019, la Junta de Gobierno del Banco de México señaló que existe un estancamiento de la economía mexicana que refleja una mayor desaceleración del consumo doméstico y una parálisis en la inversión; por lo que redujo sus proyecciones de crecimiento económico para 2019 y 2020. Asimismo, los integrantes de la Junta de Gobierno de ese organismo constitucional autónomo señalaron que existe un ambiente de incertidumbre que ha impactado a la inversión privada, derivado de decisiones de políticas públicas de la nueva administración y de preocupaciones por la inseguridad y la corrupción.

Por lo antes expuesto, el mercado interno se encuentra deprimido y no ha sido el motor del crecimiento económico que requiere el país. En este sentido, los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentamos un paquete de reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) y a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) con el objetivo de incentivar el crecimiento económico e inversión del país, así como mejorar la calidad de vida y la economía de las familias mexicanas.

Dicho paquete consta de los apartados siguientes:

A. Reducir la tasa del IVA e ISR en zonas fronterizas del norte y del sur.

B. Deducción del pago de colegiaturas al 100 por ciento en todos los niveles educativos.

C. Deducción inmediata de inversiones de bienes nuevos de activo fijo de las personas físicas con actividad empresarial y las empresas.

A. Reducir la tasa del IVA e ISR en zonas fronterizas del norte y del sur.

Panorama actual

Hoy en día, la frontera norte cuenta con dos estímulos fiscales, para el ISR e IVA con fundamento en el Decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 31 de diciembre de 2018.

En términos generales el Decreto establece dos estímulos fiscales, uno para el IVA y otro para el ISR.

1. Estímulo fiscal para IVA

Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas y personas morales, que realicen los actos o actividades de enajenación de bienes, de prestación de servicios independientes u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en los locales o establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza norte a que se refiere el artículo Primero del presente Decreto, consiste en un crédito equivalente al 50 por ciento de la tasa del impuesto al valor agregado prevista en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Requisitos

1. Realizar la entrega material de los bienes o la prestación del servicio en los locales o establecimientos ubicados dentro la región fronteriza norte.

2. Presentar en tiempo y forma el aviso de aplicación de estímulo fiscal a más tardar el 30 de junio de conformidad con la versión anticipada de la Novena Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2018, disponible en la sección más información y material de apoyo de este sitio, misma que se publicará próximamente en el DOF. Quienes se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) después del 30 de junio tendrán la posibilidad de presentar el aviso a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se inscribieron.

2. Estímulo fiscal para ISR

Para efectos de ISR el estímulo consiste en aplicar un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, contra el impuesto sobre la renta causado en el mismo ejercicio fiscal o en los pagos provisionales del mismo ejercicio, según corresponda, en la proporción que representen los ingresos totales de la citada región fronteriza norte, del total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda a los pagos provisionales.

Requisitos

1. Presentar un aviso al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para solicitar su inscripción en el padrón de beneficiarios del estímulo a más tardar el 31 de marzo de 2019.

2. Acreditar que cuentan con una antigüedad de por lo menos 18 meses con domicilio fscal en la región fronteriza norte o que cuentan con un establecimiento permanente dentro de la misma, en cuyo caso el estímulo se otorgará en la proporción que representen los ingresos totales obtenidos en la zona fronteriza norte del total de los ingresos del contribuyente.

3. Los contribuyentes que inicien operaciones o tengan menos de 18 meses de antigüedad en el domicilio fiscal, deberán acreditar que cuentan con la capacidad económica, activos e instalaciones para operar sus actividades empresariales en dicha región, y que, para realizar las actividades dentro de esta zona, utilizan bienes nuevos de activo fijo.

4. Contar con firma electrónica avanzada, opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, tener acceso al buzón tributario y colaborar semestralmente con el SAT, participando en el programa de verificación en tiempo real.

Este Decreto va dirigido a los contribuyentes residentes en México o en el extranjero con establecimiento permanente en el país que cumplan con las siguientes características:

-Ingresos exclusivamente en la región fronteriza norte de al menos el 90 por ciento del total de los ingresos

-No gocen de ningún otro estímulo fiscal

-Se encuentren bajo alguno de los siguientes regímenes: personas Morales del Régimen General (Título II LISR), personas Morales que optaron por acumulación de ingresos (Titulo VII, Capítulo VIII LISR), personas físicas con actividad empresarial y profesional (Titulo IV, Capítulo II, sección I LISR).

-Personas físicas y morales de 43 municipios de la región fronteriza norte que realicen actividades de enajenación de bienes, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, o de prestación de servicios independientes, siempre que se efectúen en los locales o establecimientos ubicados en la citada región.

Consideraciones para proponer la reforma

Es importante señalar que el Decreto en comento tiene un periodo de vigencia de 2 años, tal y como se estableció en el artículo Primero transitorio, es decir dichos estímulos fiscales solamente estarán válidos para el año 2019 y 2020; asimismo se establecen una serie de requisitos que los contribuyentes deben cumplir para poder ser beneficiarios del estímulo fiscal para el IVA y el ISR.

A la fecha, no se han presentado los resultados esperados, dado los requisitos solicitados.

Es aquí donde los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos necesario retomar la tasa preferencial de zonas fronterizas del norte y del sur en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para que tengan resultados tangibles y redes para la gente; ya que consideramos necesario reactivar la economía del país, a través de fortalecer la economía de los contribuyentes que residen en esas zonas, lo que generará aumento en la productividad y en la inversión, a su vez aumentarán los empleos; pero sobre todo dicho cambio dará certeza a los contribuyentes al establecerse nuevamente en la LIVA, sin una serie de requisitos y sin una validez temporal de dos años; además de establecer como único requisito que los actos o actividades se realicen por residentes en la región fronteriza.

La existencia de una tasa diferenciada se derivaba de la especial situación de consumo que se presenta en las regiones fronterizas, ya que los habitantes tienen la posibilidad de trasladarse a otros países, para adquirir bienes de consumo, afectando la economía local.

Retomar la tasa preferencial del IVA en zonas fronterizas se explica por la necesidad de contar con una tasa competitivas frente a las naciones colindantes.

Hoy en día, resulta necesario tener la tasa diferenciada tanto del IVA como del ISR en zonas fronterizas, como una medida extra fiscal que busque apoyar la competitividad económica de los estados que tienen frontera en el norte y en el sur.

Como es sabido, la Suprema Corte señaló que la tasa preferencial para zonas fronterizas no viola la garantía de equidad tributaria, en tanto tiene por objeto proteger la industria y el comercio nacional en esas regiones y con ello fomentar la generación de empleos y evitar la salida de divisas al extranjero.

Es necesario fijar en ley la tasa preferencial para zonas fronterizas del norte y del sur, pues dichas zonas enfrentan retos importantes a largo plazo como lo son la atención de flujos migratorios que requieren servicios e infraestructura y la competitividad económica que le permita atraer inversión nacional y extranjera para generar empleos.

Es urgente implementar medidas fiscales tendientes a apoyar al sector productivo, y particularmente a los trabajadores que viven en la zona norte y sur de nuestro país.

Como sabemos, desde el origen de la LIVA, 1978, se contempló en el artículo 2o. la salvedad de pagar menos impuesto al valor agregado en determinadas zonas fronterizas, para estimular la competitividad de las ciudades que se ubican en estas zonas frente a sus vecinos extranjeros.

En 1991 desapareció el tratamiento diferencial que existía para las franjas fronterizas y zonas libres del país, al derogarse el artículo 2o. de la LIVA, pues se homologó en todo el país la tasa de dicho impuesto.

En 1995, el gobierno federal implementó como medida para reactivar el consumo de la producción nacional en las zonas fronterizas tanto del norte como del sur, retornando a un tratamiento diferenciado de tasas en el impuesto al valor agregado.

En el 2002, se incluyó dentro de esta zona de tasa diferenciada al municipio de Caborca.

En el 2009, se modificó la tasa preferencial de las zonas fronterizas a 11 por ciento.

En el 2013, se derogó el artículo 2o. de la LIVA porque se homologó a la tasa del 16 por ciento.

Como podrá observarse, el espíritu del legislador siempre ha sido beneficiar a los contribuyentes de las zonas fronterizas norte y sur, dándoles un trato extra fiscal o disminuyendo la tasa.

Es importante señalar que el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción IV, propone la participación proporcional y equitativa para contribuir en los gastos públicos, esta propuesta no viola dichos preceptos ya que busca principios de proporcionalidad y justicia a partir de un esquema de principios tributarios diferenciado para los municipios fronterizos.

Por lo tanto, este grupo parlamentario reconoce la importante participación de la región fronteriza norte y sur en el desarrollo económico de nuestro país, por ello propone reducir la tasa porcentual del IVA a 8 por ciento y la reducción de la tasa del ISR a 20 por ciento en la zona fronteriza norte y sur, para impulsar el crecimiento económico y social de estas regiones.

En estos momentos, en los que la economía del país se encuentra estancada, es fundamental que las políticas económicas, promuevan el consumo y la inversión nacional de las fronteras norte y sur del país.

Consideramos que los empresarios y trabajadores de estas regiones del país, requieren de incentivos fiscales, y por tal motivo la presente iniciativa propone que la región fronteriza norte y sur tengan el cobro del IVA y del ISR de un 8 y un 20 por ciento respectivamente, para quedar de la siguiente manera:

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Ley del Impuesto Sobre la Renta

B. Deducción del pago de colegiaturas al 100 por ciento en todos los niveles educativos.

Panorama Actual.

Debemos empezar señalando que los pagos de colegiaturas no son considerados deducciones personales de conformidad con la LISR, por ende, no les es aplicable el tope general de estas.

De conformidad con el artículo 151 de la LISR, las deducciones personales son beneficios fiscales aplicables a las personas físicas obligadas a presentar su declaración del ejercicio, tales como: honorarios médicos y gastos hospitalarios, gastos funerarios, donativos, intereses de créditos hipotecarios, aportaciones complementarias de retiro, seguro de gastos médicos, transporte escolar, e impuesto local sobre ingresos por salarios.

Cada uno de estos gastos deben cumplir con requisitos precisados en la propia norma fiscal, y de manera conjunta, el monto total de las deducciones no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cuatro salarios mínimos generales elevados al año, o del 10 por ciento del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se paga el impuesto. Lo anterior no es aplicable a los donativos ni a las aportaciones complementarias de retiro.

A pesar de no estar contemplado como deducción el pago de colegiaturas a cualquier nivel en la LISR, el Presidente de la República emitió el “Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013.

En dicho Decreto se estableció que “el Ejecutivo federal, con la intención de procurar el acceso a la educación de las familias mexicanas, estima oportuno mantener el estímulo por los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico y medio superior, incluso sin tomarlo en cuenta para el límite global de las deducciones personales establecido en la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta;..”.

Este Decreto establece en su artículo 1.8, que las personas físicas pueden deducir las colegiaturas pagadas a preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior del pago de ISR, dicho beneficio es para las personas físicas que residen en el país y obtengan ingresos de acuerdo con lo establecido en la LISR, y que paguen colegiaturas en instituciones educativas privadas, radicadas en México.

Se establece que para hacer efectivo el beneficio es necesario lo siguiente:

-Las deducciones podrán ser tomadas por cualquier persona física que cubra gastos de colegiatura, sean los de un hijo, la tutoría de un tercero o los propios si te encuentras estudiando.

-La persona que quiera el beneficio deberá corroborar que la institución educativa esté reconocida o tenga validez oficial, ya que, si no la tiene, no podrás hacer la deducción.

-Para hacer efectiva la deducción es necesario presentar las facturas mensuales de cada pago de colegiatura y registrarlas al realizar tu declaración anual.

Para que proceda la deducción, los pagos deberán realizarse por medios electrónicos, como cargo automático a tu tarjeta de crédito, transferencia bancaria, cheque nominativo o factura electrónica.

El máximo puede ser de 14 mil 200 pesos si el alumno va en el nivel preescolar, mientras que si se encuentra en nivel medio superior la deducción puede llegar a ser de 24 mil 500 pesos.

Hoy en día, sigue vigente el Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, con fundamento en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y sus anexos 1 y 1-A, publicada en el DOF el 29 de abril de 2019.

Consideraciones para proponer reforma.

Fue en el 2011 cuando se promulgó por primera vez un Decreto que otorgaba un estímulo fiscal a los contribuyentes en su carácter de personas físicas con el objeto de que en su determinación del impuesto sobre la renta pudieran disminuir los pagos efectuados por concepto de colegiaturas siempre y cuando cumplieran con ciertos requisitos.

Desde ahí se ha venido replicando en los Decretos vinculados a estímulos fiscales porque han servido de gran apoyo a los padres y madres mexicanos que tienen a sus hijos estudiando en colegios privados ante la falta de oferta educativa en su carácter público.

Como se señaló, el pago de colegiaturas no está considerado como deducción en la Ley del Impuesto sobre la Renta, el estímulo fiscal que tienen hoy en día los contribuyentes para deducir el pago de sus colegiaturas es con base en un Decreto que expide el Ejecutivo federal, con lo cual hay incertidumbre para los contribuyentes, es por esa razón que los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario presentamos una reforma para elevar a nivel de Ley la deducción del pago de colegiaturas al 100 por ciento en todos los niveles de educación.

Lo anterior es así, ya que al estar establecidos en un Decreto esos beneficios fiscales pueden quitarse en cualquier momento, no así, sí esos estímulos se quedan plasmados en Ley.

Además, el Decreto vigente no incluye el nivel de educación superior, y con base a un estudio del banco HSBC la cantidad promedio que los estudiantes gastarán a lo largo de su educación universitaria será de 252 mil 46 pesos.

Por último, el Decreto establece montos sumamente bajos para utilizar el estímulo fiscal, permitiendo deducir un máximo de 14 mil 200 pesos si el alumno va en el nivel preescolar; mientras que si se encuentra en nivel medio superior la deducción puede llegar a ser de 24 mil 500 pesos.

Como se señaló, en el 2019, se está dando continuidad al Decreto a través de la Resolución Miscelánea Fiscal, documento que tiene una validez anual para facilitar la aplicación de las leyes, el cual depende de una decisión administrativa de la autoridad fiscal, con ello observamos nuevamente la vulnerabilidad que tenemos los contribuyentes al dejar la decisión a una autoridad administrativa.

Es importante señalar que, aunque exista el estímulo fiscal para poder deducir del impuesto anual sobre la renta, los pagos de colegiatura en los niveles de escolaridad obligatorios, resulta importante implementar un mecanismo que permita la deducción sobre los pagos de colegiatura de la educación superior correspondiente a los niveles de licenciatura y posgrado (maestría y doctorado).

Se considera fundamental hacer está reforma para elevar a nivel de ley la deducción de pagos a colegiaturas a nivel superior, pues se cumplirá con la necesidad de insertar a nuestros jóvenes en el mercado laboral, con ello a la vez se propiciará el desarrollo profesional de los mexicanos y se incremente su inserción en el mercado laboral.

Además, esto se reflejará de manera directa en la economía de los contribuyentes con lo que se estaría apostando por fortalecer no sólo al sistema educativo, sino también a las familias mexicanas.

Por todo lo anterior, los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos comprometidos con la economía de las familias mexicanas que destinan parte de su ingreso a la educación de sus hijos; por lo que consideramos necesario llevar a ley, la deducción del 100 por ciento del pago de las colegiaturas de todos los niveles de educación, ampliando así los supuestos de deducción establecido en la LISR, para quedar como sigue:

C. Deducción inmediata de inversiones de bienes nuevos de activo fijo de las personas físicas con actividad empresarial y las empresas.

Panorama Actual.

A partir del ejercicio de 2019 se dejó de aplicar el beneficio fiscal de la deducción inmediata, ya que era otorgada por el Ejecutivo federal a través del Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal en materia de deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo para las micro y pequeñas empresas, el cual estuvo vigente durante los ejercicios 2017 y 2018.

Este estímulo fiscal se otorgó a las personas morales y a las personas físicas que realizaban actividades empresariales, en ambos casos, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial en el ejercicio inmediato anterior de que se trate, fueran de hasta por 100 millones de pesos.

La deducción inmediata permitía a los contribuyentes beneficiados, la opción de deducir de manera acelerada sus inversiones en activos fijos nuevos, en lugar de aplicar los porcentajes previstos en los artículos 34 y 35 de la LISR.

El estímulo fiscal de la deducción inmediata fue un beneficio muy importante que incidió en la base gravable de las empresas, que incluso eventualmente podría generar una pérdida fiscal, amortizable en ejercicios posteriores, reduciendo o difiriendo el pago de ISR; situación que permitía una reinversión de sus recursos en el fomento o incremento su productividad.

Dicho Decreto permitió que las empresas y las personas físicas pudieran deducir de manera inmediata bienes nuevos de activo fijo, deducción que se encontraba vigente en la LISR hasta el 30 de diciembre de 2013.

A partir del 2019, al no haber sido renovado o prorrogado el beneficio de la deducción inmediata, los contribuyentes deberán determinar la deducción de sus inversiones aplicando los porcientos establecidos en los artículos 34 y 35 LISR.

Consideraciones para proponer la reforma.

Los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reconocemos la importancia de las empresas y de las personas físicas con actividad empresarial, como fuente generadora de empleos, además estamos comprometidos con impulsar su competitividad y facilitar su inserción como proveedores de las cadenas productivas, por lo que estimamos conveniente incorporar nuevamente a la LISR un Capítulo sobre la Deducción Inmediata de Bienes Nuevos de Activo Fijo.

Lo anterior es así, porque a partir del 2019 las empresas y las personas morales ya no pueden hacer la deducción inmediata de bienes nuevos de activo, porque el estímulo fiscal estaba fundamentado en un Decreto que tenía una validez temporal de dos años; esto genera incertidumbre a los contribuyentes y sigue estancando a la economía de las empresas.

Es indiscutible que las inversiones en activos fijos que realizan las empresas incrementan su productividad y competitividad, generando eficiencias en sus procesos productivos como en sus unidades de negocio, creando derramas económicas en el lugar en que realizan esas inversiones.

De conformidad con el artículo 32 de la LISR, un activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo.

Como hemos señalado, debido al entorno económico por el que estamos atravesando, consideramos oportuno reestablecer la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo en la LISR, ya que consideramos que ayudará a las empresas y personas físicas con actividad empresarial a tener más liquidez de manera inmediata.

El Capítulo II, De la Deducción Inmediata de Bienes Nuevos de Activo Fijo, de la LISR, que estuvo vigente desde el 31 de diciembre de 2010 hasta el 11 de diciembre de 2013, permitió atraer inversionistas y consolidar a los nacionales, tan es así que la eliminación de la deducción de activos fijos representó poco crecimiento de la inversión. La inversión extranjera directa que recibió México en los tres primeros trimestres del 2014 sumó 5,820.8 millones de dólares (mdd), 16.7 por ciento mayor a la cifra preliminar del mismo periodo en 2013 (4,987.7mdd).

Consideramos que algunas ventajas para las empresas al reincorporar la deducción inmediata en la LISR serían las siguientes:

-Permitirá que financien su inversión, ya que no pagarán el ISR inmediatamente.

-Usarán como fuente de financiamiento importante el apalancamiento de inversiones.

-Al tener mayor liquidez en el corto plazo, podrán usar ese dinero para reinversión, crecimiento y creación de empleos.

-Reinvertirán en activos fijos que les permita incrementar su capacidad productiva, con lo que no tendrán que recurrir a los bancos u otras fuentes de financiamiento.

Los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reconocemos que reincorporar la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo en la LISR, es un mecanismo fiscal que fomenta y genera crecimiento económico, atrae inversión y por ende de empleos.

La propuesta consiste en adicionar una fracción XXIII al artículo 27, adicionar una fracción VI al artículo 86 y adicionar un Capítulo XII, De la Deducción Inmediata de Bienes Nuevos de Activo Fijo, todos de la LISR, para quedar de la manera siguiente:

En virtud de lo anteriormente expuesto, con fundamentos en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona el artículo 2 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado; se reforma el artículo 1, fracción I; se adiciona una fracción IX al artículo 151, una fracción XXIII al artículo 27, una fracción VI al artículo 86 y un Capítulo XII, De la Deducción Inmediata de Bienes Nuevos De Activo Fijo, todos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Primero. Se adiciona el artículo 2 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2. El impuesto se calculará aplicando la tasa de 8% a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa de 8% siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta ley la tasa de 16%.

Para efectos de esta ley, se considera región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora, comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Segundo. Se reforma el artículo 1, fracción I; se adiciona una fracción IX al artículo 151, una fracción XXIII al artículo 27, una fracción VI al artículo 86 y un Capítulo XII, De la Deducción Inmediata de Bienes Nuevos de Activo Fijo, todos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan, y en el caso de la región fronteriza de México, señalada en el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, estarán obligadas al pago del impuesto sobre la renta del 20%.

II. ...

III. ...

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. a VIII. ...

IX. Los gastos destinados al pago por concepto de inscripciones, reinscripciones y colegiaturas de los niveles de educación básica, media superior y superior a los que refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para sus descendientes en línea recta, o sobre los que tenga tutela legal, con una tasa de deducción del 100%.

Dichas erogaciones deben realizarse a establecimientos que se dediquen a la enseñanza con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación.

Que los pagos por concepto de inscripciones, reinscripciones y colegiaturas deberán realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, traspasos de cuentas en instituciones de créditos o casa de bolsa o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios.

Para la aplicación de la deducción a que se refiere esta fracción se deberá comprobar, mediante documentación que reúna requisitos fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones educativas residentes en el país.

............

Artículo 27. ...

I. a XXII. ...

XXIII. Tratándose de la deducción inmediata de bienes de activo fijo a que se refiere el artículo 205 de esta Ley, se cumpla con la obligación de llevar el registro específico de dichas inversiones en los términos de la fracción VI del artículo 86 de la misma.

Artículo 86. ...

I. a V. ...

VI. Llevar un registro específico de las inversiones por las que se tomó la deducción inmediata en los términos del artículo 205 de esta Ley, anotando los datos de la documentación comprobatoria que las respalde y describiendo en el mismo el tipo de bien de que se trate, el por ciento que para efectos de la deducción le correspondió conforme al citado artículo 205, el ejercicio en el que se aplicó la deducción y la fecha en la que el bien se dé de baja en los activos del contribuyente.

La descripción en el registro de las inversiones a que se refiere el párrafo anterior, se deberá efectuar a más tardar el día en que el contribuyente presente o deba presentar su declaración del ejercicio en el que efectúe la deducción inmediata de dicha inversión, salvo que el bien se dé de baja antes de la fecha en que se presente o se deba presentar la declaración citada, en cuyo caso, el registro del bien de que se trate se realizará en el mes en que se dé su baja.

El contribuyente deberá mantener el registro de los bienes por los que se optó por la deducción inmediata a que se refiere esta fracción, durante todo el plazo de tenencia de los mismos y durante los diez años siguientes a la fecha en que se hubieran dado de baja.

.....................

Capítulo XII
De la Deducción Inmediata de Bienes Nuevos de Activo Fijo

Artículo 205. Los contribuyentes del Título II y del Capítulo II del Título IV de esta Ley, podrán optar por efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 31 y 37 de la Ley, deduciendo en el ejercicio en el que se efectúe la inversión de los bienes nuevos de activo fijo, en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión, únicamente los por cientos que se establecen en este artículo. La parte de dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo el por ciento que se autoriza en este artículo, será deducible únicamente en los términos del artículo 206 de esta Ley.

Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se refiere este artículo, son los que a continuación se señalan:

I. Los por cientos por tipo de bien serán:

a) Tratándose de construcciones:

1. 74% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que cuenten con el certificado de restauración expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes.

2. 57% en los demás casos.

b) Tratándose de ferrocarriles:

1. 43% para bombas de suministro de combustible a trenes.

2. 57% para vías férreas.

3. 62% para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones.

4. 66% para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, gatos de motor para levantar la vía, removedora, insertadora y taladradora de durmientes.

5. 74% para el equipo de comunicación, señalización y telemando.

c) 62% para embarcaciones.

d) 87% para aviones dedicados a la aerofumigación agrícola.

e) 88% para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo.

f) 89% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.

g) Tratándose de comunicaciones telefónicas:

1. 57% para torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica.

2. 69% para sistemas de radio, incluye equipo de transmisión y manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, tales como el de radiotransmisión de microonda digital o analógica, torres de microondas y guías de onda.

3. 74% para equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de la planta interna que no forman parte de la conmutación y cuyas funciones se enfocan hacia las troncales que llegan a la central telefónica, incluye multiplexores, equipos concentradores y ruteadores.

4. 87% para equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de llamadas de tecnología distinta a la electromecánica.

5. 74% para los demás.

h) Tratándose de comunicaciones satelitales:

1. 69% para el segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuerpo principal del satélite, los transpondedores, las antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y análogas, y el equipo de monitoreo en el satélite.

2. 74% para el equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y análogas y el equipo para el monitoreo del satélite.

II. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en la fracción anterior, se aplicarán, de acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes:

a) 57% en la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad; en la molienda de granos; en la producción de azúcar y sus derivados; en la fabricación de aceites comestibles; y en el transporte marítimo, fluvial y lacustre.

b) 62% en la producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón natural.

c) 66% en la fabricación de pulpa, papel y productos similares; en la extracción y procesamiento de petróleo crudo y gas natural.

d) 69% en la fabricación de vehículos de motor y sus partes; en la construcción de ferrocarriles y navíos; en la fabricación de productos de metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales y científicos; en la elaboración de productos alimenticios y de bebidas, excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados.

e) 71% en el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la elaboración de productos químicos, petroquímicos y farmacobiológicos; en la fabricación de productos de caucho y de plástico; en la impresión y publicación gráfica.

f) 74% en el transporte eléctrico.

g) 75% en la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, así como de prendas para el vestido.

h) 77% en la industria minera; en la construcción de aeronaves. Lo dispuesto en este inciso no será aplicable a la maquinaria y equipo señalado en el inciso b) de esta fracción.

i) 81% en la transmisión de los servicios de comunicación proporcionados por las estaciones de radio y televisión.

j) 84% en restaurantes.

k) 87% en la industria de la construcción; en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

l) 89% para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país.

m) 92% en la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para discos duros y tarjetas electrónicas para la industria de la computación.

n) 74% en otras actividades no especificadas en esta fracción.

o) 87% en la actividad del autotransporte público federal de carga o de pasajeros.

En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o más actividades de las señaladas en la fracción II de este artículo, se aplicará el por ciento que le corresponda a la actividad en la que hubiera obtenido más ingresos en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se realice la inversión.

La opción a que se refiere este artículo, no podrá ejercerse cuando se trate de mobiliario y equipo de oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles, o cualquier bien de activo fijo no identificable individualmente ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la aerofumigación agrícola.

Para los efectos de este artículo, se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera vez en México.

La opción a que se refiere este artículo, sólo podrá ejercerse tratándose de inversiones en bienes que se utilicen permanentemente en territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo que en estas áreas se trate de empresas que no requieran de uso intensivo de agua en sus procesos productivos, que utilicen tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones contaminantes y que en este último caso además obtengan de la unidad competente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, constancia que reúne dicho requisito, la opción prevista en este párrafo no podrá ejercerse respecto de autobuses, camiones de carga, tractocamiones y remolques.

Artículo 206. Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en el artículo anterior, por los bienes a los que la aplicaron, estarán a lo siguiente:

I. El monto original de la inversión se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo que transcurra desde que se efectuó la inversión y hasta el cierre del ejercicio de que se trate.

El producto que resulte conforme al párrafo anterior, se considerará como el monto original de la inversión al cual se aplica el por ciento a que se refiere el artículo 220 de esta Ley por cada tipo de bien.

II. Considerarán ganancia obtenida por la enajenación de los bienes, el total de los ingresos percibidos por la misma.

III. Cuando los bienes se enajenen, se pierdan o dejen de ser útiles, se podrá efectuar una deducción por la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión ajustado con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que se haya efectuado la deducción señalada en el artículo 205 de esta Ley, los por cientos que resulten conforme al número de años transcurridos desde que se efectuó la deducción del artículo 205 de la Ley citada y el por ciento de deducción inmediata aplicado al bien de que se trate, conforme a la siguiente:

Para los efectos de las fracciones I y III de este artículo, cuando sea impar el número de meses del periodo a que se refieren dichas fracciones, se considerará como último mes de la primera mitad el mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo.

Artículo 206-A. Para los efectos del artículo 205 de esta Ley, se consideran áreas metropolitanas las siguientes:

I. La correspondiente al Distrito Federal que comprende todo el territorio del Distrito Federal y los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Juchitepec, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Ocoyoacac, Tenango del Aire, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán, Valle de Chalco-Solidaridad y Xalatlaco, en el Estado de México.

II. La correspondiente al área de Guadalajara que comprende todo el territorio de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, en el Estado de Jalisco.

III. La correspondiente al área de Monterrey que comprende todo el territorio de los municipios de Monterrey, Cadereyta Jiménez, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, San Pedro Garza García, Santa Catarina, General Escobedo, García y Juárez, en el Estado de Nuevo León.

Cuando se modifique total o parcialmente la conformación territorial de alguno de los municipios a que se refiere este artículo y como resultado de ello dicho municipio pase a formar parte de otro o surja uno nuevo, se considerará que el municipio del que pase a formar parte o el que surja con motivo de dicha modificación territorial, se encuentra dentro de las áreas metropolitanas a que se refiere este artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Agosto 2019;

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las- expectativas-de-los-especialis/%7BB1710A25-D945-B135-7AC3-C6E1862EB09E%7D.pdf

2 OCDE Economic Surveys Mexico, Executive Summary, May 2019;

http://www.oecd.org/economy/mexico-economic-snapshot/

3 La OCDE reduce su pronóstico de crecimiento para México;

https://expansion.mx/economia/2019/05/02/la-ocde-reduce-su-pronostico-de- crecimiento-para-mexico

4 Perspectivas Económicas México 2019;

https://www.cepal.org/es/notas/perspectivas-economicas-mexico-2019

5 El estancamiento económico en México refleja un menor consumo y atonía de inversión, según Banxico;

https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-mexico.php?Id=8714.

6 Amparo en Revisión 691/2004; www2.scjn.gob.mx › juridica › engroses

7 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328028 &fecha=26/12/2013

8 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5558921 &fecha=29/04/2019

9 https://www.hsbc.com.mx/content/dam/hsbc/mx/documents/seguros/ el_valordela_educacion.pdf

10 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5558921 &fecha=29/04/2019

11 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469285 &fecha=18/01/2017

12 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/4226/enero_marzo_2014.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días de septiembre de 2019.— Diputados y diputadas: Fernando Galindo Favela, Brasil Alberto Acosta Peña, Ricardo Aguilar Castillo, María Alemán Muñoz Castillo, María Ester Alonzo Morales, Frinné Azuara Yarzábal, Laura Barrera Fortoul, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Juan Francisco Espinoza Eguía, Margarita Flores Sánchez, Martha Hortencia Garay Cadena, Isaías González Cuevas, Norma Guel Saldívar, Anilú Ingram Vallines, Manuel Limón Hernández, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Juan Ortiz Guarneros, Claudia Pastor Badilla, Ximena Puente de la Mora, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Mariana Rodríguez Mier y Terán, María Lucero Saldaña Pérez, Lourdes Érika Sánchez Martínez, Marcela Guillermina Velasco González, Héctor Yunes Landa,Eduardo Zarzosa Sánchez, Benito Medina Herrera (rúbricas).»

Presidencia de la diputada María de los Dolores Padierna Luna

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por dos minutos y medio, la diputada Cynthia López Castro, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Cynthia Iliana López Castro: Con su venia, presidenta. Desde el 2011 los contribuyentes pueden deducir el impuesto sobre la renta, los gastos de servicios educativos en instituciones privadas, pero los montos establecidos no reflejan en ningún sentido el costo real de la educación en esas instituciones.

Además, no se ha incluido el nivel de educación superior. Es por ello que presentamos esta iniciativa a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, por la que se reforma la fracción VII del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a fin de incluir la deducibilidad desde el nivel inicial hasta el superior, incluyendo las cuotas de inscripción y las correspondientes al pago periódico de los servicios educativos que realicen los contribuyentes en escuelas privadas.

La iniciativa que hoy presentamos permitirá a las personas físicas residentes en el país, hacer deducciones por los gastos en materia de educación destinados al pago por servicios educativos desde nivel inicial, básico, medio superior y superior, que realicen para sí, para su cónyuge o la persona con la que viven en concubinato, para sus ascendientes o descendientes en línea recta, incluyendo adoptados o personas bajo su tutela judicial en instituciones privadas de educación que tengan autorización y validez oficial.

Estos pagos deducibles van a incluir cuotas de inscripción, correspondientes al pago periódico de los servicios educativos. Deben observarse los criterios establecidos en el último párrafo de este artículo.

También va a incluir la transportación escolar de los descendientes en línea recta, es decir, van a poder deducir lo que se paga en transporte escolar para sus hijos.

Esta iniciativa es para que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación y apoye a las familias a que cubran las colegiaturas con sus propios ingresos.

En 2011 las familias pueden deducir los gastos de la educación para sus hijos, pero no incluye educación inicial ni educación superior.

Hoy propongo que la deducibilidad sea posible desde el nivel inicial, superior e incluya los gastos de transportación.

Por diversas razones, muchas personas han adoptado el dar educación privada a sus hijos ante la insuficiencia del Estado, y es momento de respaldarlo.

Es por eso que el PRI está comprometido con mejorar la economía de los mexicanos y quiere apoyar a todos los padres de familia...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, compañera.

La diputada Cynthia Iliana López Castro: ... para que las colegiaturas puedan ser deducibles de impuestos, desde educación inicial, educación superior, incluyendo gastos de transportación. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Cynthia Iliana López Castro, diputada federal a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en las facultades que me confieren el artículo 71, fracción II, y los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de deducibilidad en el pago de servicios educativos que realicen los contribuyentes en escuelas privadas, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

La Constitución Mexicana, reformada en mayo del presente año, considera al Estado como rector en materia educativa y prevé que la educación será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La norma fundamental también prevé que corresponde al Estado impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. El Estado cumplirá con las obligaciones que le señala el artículo 3o. constitucional con base en las leyes que el Congreso de la Unión emita.

La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación superior –aunada a la que ya tenía de garantizar la educación en los niveles previos– fue incluida en la reforma constitucional aprobada por esta Soberanía en mayo de 2019, y por esta razón, compañeras y compañeros legisladores, tenemos frente a nosotros un gran desafío para poder dar al Ejecutivo federal las herramientas necesarias con las que pueda dar cumplimiento a todo aquello que él nos propuso en su iniciativa de reformas en materia educativa y lo que nosotros adicionamos, y que finalmente aprobamos hace apenas unos meses.

Y más nos vale que comencemos a trabajar en el diseño de esas herramientas para que podamos honrar el compromiso que como representantes de la nación asumimos al aprobar la reforma educativa: garantizar a todos los ciudadanos el derecho a recibir educación desde el nivel inicial hasta el nivel superior.

El periplo educativo que deben recorrer los mexicanos desde su primera infancia hasta el final de su formación en el nivel superior tiene una duración de, al menos, unos 22 años, tiempo durante el cual el Estado debe acompañarlos como garante de su realización.

El Estado mexicano ha venido cumpliendo con su obligación constitucional de brindar educación a los mexicanos, aunque sus esfuerzos no han sido suficientes para atender el total de la demanda de servicios educativos.

Educación inicial

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), durante la última década, México avanzó considerablemente en la matriculación en educación inicial. Si bien en el 2005, “el 69 por ciento de los niños de 4 años estaban matriculados en la educación preescolar [...] para el 2015 la tasa de matrícula de México para este grupo de edad fue de 89 por ciento, por encima del promedio de la OCDE de 87 por ciento, así como otros países latinoamericanos como Argentina (81 por ciento), Brasil (79 por ciento), Colombia (81 por ciento) y Costa Rica (59 por ciento). México obtuvo el sexto mayor incremento en las tasas de matriculación de niños de 4 años entre los países de la OCDE, después de Australia, Chile, Corea, Polonia y Turquía, y el doble del promedio de la OCDE en este período.”

La educación preescolar en el ciclo 2017-2018 tuvo una matrícula de casi 4.9 millones de alumnos y una cobertura del 73.9 por ciento (129 mil niñas y niños más respecto al ciclo 2012-2013).

Educación primaria y secundaria

La educación impartida en planteles públicos –el 83 por ciento del total nacional– atendió al 86 por ciento de los casi 36.5 millones de alumnos de la matrícula total en la modalidad escolarizada del Sistema Educativo Nacional. La educación básica proporcionada por el Estado en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, atendió a 25.4 millones de alumnos, con una cobertura de 95.4 por ciento de la población entre los tres y los catorce años de edad.

Según datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Escolar que en 2014 levantó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en México había 207 mil 682 planteles de educación básica y especial, de las cuales 42.5 por ciento eran primarias, 40.1 por ciento de nivel preescolar y 16.7 por ciento secundarias. Del total, 86.4 por ciento por ciento eran públicas y 13.6 por ciento, privadas. Estas últimas complementando el servicio educativo que brindaban los planteles pertenecientes al sector público.

Educación media superior

Por la reforma constitucional de 2012, se hizo obligatoria la educación media superior con el objetivo inicial de alcanzar la cobertura universal para el año 2022.

En 2014 se creó el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (U079), cuyo objetivo fue aumentar la matrícula en el nivel medio superior, mediante la atención solución a los bajos niveles de cobertura y deficiencias en materia de infraestructura y equipamiento de las instituciones públicas de este nivel educativo, y de las de formación para el trabajo y educación superior. El programa quedó a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En este nivel, la matrícula escolarizada ascendió a más de 5.2 millones de estudiantes en el ciclo escolar 2017-2018, lo que permitió alcanzar una tasa de cobertura escolarizada de 78.5 por ciento, un aumento significativo en comparación con el 65.9 por ciento registrado en el ciclo escolar 2012-2013 y muy cercana a la meta de 80 por ciento establecida para 2018-2019. La gran expansión de la matrícula de la Educación Media Superior –tanto en la modalidad escolarizada como en la no escolarizada– fue posible gracias a la inversión en nueva infraestructura y equipamiento, así como a la diversificación y flexibilidad de opciones educativas como la Prepa en Línea-SEP y el Telebachillerato Comunitario (TBC) que se establecieron en el ciclo escolar 2014-2015 como nuevas modalidades educativas, así como el Bachillerato Intercultural recibió un mayor impulso.

En la actualidad, de acuerdo con el documento “Educación Obligatoria en México Informe 2019”, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), las cifras en número de planteles escolares, número de docentes y alumnos atendidos en el ciclo escolar 2017-2018, en educación básica y media superior, fueron las siguientes:

Educación superior

En el documento “Visión y Acción 2030”, dado a conocer en agosto de 2018, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) estableció que en nuestro país “la matrícula universitaria es de poco más de 4.2 millones de estudiantes, equivalente a una tasa de cobertura de 38.4 por ciento de la población en edad de cursar el nivel superior, es decir, entre los 18 y 22 años.” La Anuies, que en esa fecha agrupaba a 191 del total de 3,186 instituciones de educación superior públicas y privadas que existían en el país, señaló que, aun cuando la cobertura en educación superior había crecido en los últimos años, era todavía “significativamente baja frente a los estándares internacionales, insuficiente e inequitativa para atender las necesidades educativas de millones de jóvenes”.

Si bien, como señalé antes, el Estado ha realizado esfuerzos significativos para cumplir con su obligación de brindar y garantizar el servicio educativo en los niveles previstos por la Constitución, no ha conseguido tener una cobertura homogénea ni completa en todos los niveles, y en algunos de ellos, como en el nivel superior, presenta un rezago considerable en relación con la demanda y en perspectiva con los estándares internacionales. Esto resulta preocupante, especialmente si tomamos en consideración que hoy el Estado Mexicano debe cumplir un nuevo reto: el de garantizar a los mexicanos la educación en el nivel superior. Debe señalarse que, en la tarea de brindar educación a los mexicanos, los particulares han complementado el esfuerzo público mediante la oferta de servicios educativos que realizan desde sus propias plataformas, y ampliado así la cobertura a grupos de población que, por razones diversas, no pueden acceder a la oferta educativa pública.

Cobertura educativa

En su informe de 2019, el INEE estableció que la asistencia a la educación primaria de niñas, niños y adolescentes entre 6 a 11 años es de alrededor de 98 por ciento y, a partir de los 12 años, la tasa de asistencia va disminuyendo con la edad.

En 2015, según datos de la Encuesta Intercensal, poco menos de 4.8 millones de habitantes con edades de entre 3 y 17 años no asistía a la escuela.

En cuanto al nivel de educación superior, en 2017 solicitaron su ingreso a la UNAM un total de 144 mil 6 personas y en 2018 este número se incrementó a 148 mil. En 2017, la UNAM solamente tuvo capacidad para aceptar a 12 mil 472 alumnos, menos del 10 por ciento y para 2018 el porcentaje fue similar.

En 2018, tuvo una oferta de 28 mil 400 espacios y solicitudes de inscripción de alrededor de 40 mil aspirantes.

El panorama se repite en todas las universidades públicas, de forma que, alrededor de siete de cada 10 aspirantes se quedan sin un espacio en las instituciones públicas de educación superior para cursar estudios de ese nivel. “En conjunto, rechazaron a más de 420 mil jóvenes que buscaban un lugar, de acuerdo con estadísticas de las instituciones.”

De todo lo anterior es posible deducir que resulta insuficiente la oferta educativa del Estado mexicano para cumplir con su obligación constitucional de proveer educación, desde el nivel inicial al nivel superior.

Costos de la educación

A lo largo de los años, muchos ciudadanos han optado en diferentes momentos y por razones diversas, por los servicios educativos que prestan los particulares, ante la insuficiente oferta del Estado en la materia, y han debido cubrir los gastos correspondientes con sus propios ingresos.

Los gastos en educación que imparten los particulares varían dependiendo principalmente del nivel educativo, del lugar donde se ubican, sus instalaciones y otros servicios adicionales que prestan. De acuerdo con la OCDE, el costo anual por alumno de primaria en escuelas públicas entre 2013 y 2014 fue de 2 mil 896 dólares y el de un alumno de educación superior fue de 8 mil 949 dólares.

Por su parte, de acuerdo con el estudio “El valor de la educación. El precio del éxito”, publicado en 2018 por el Banco HSBC Holdings, estudiar una carrera profesional en México cuesta alrededor de 252 mil pesos. Esta publicación destaca que destaca que el 43 por ciento del monto de la educación es financiado por los padres y el otro 57 por ciento es financiado por los estudiantes, por otros familiares o con becas, además de que el 92 por ciento de los estudiantes mantienen un trabajo simultáneo. También refiere que el 56 por ciento de los padres de los estudiantes recurre al endeudamiento para poder sufragar esos gastos.

Una nota publicada en el periódico Milenio revela los costos por servicios educativos en las universidades siguientes:

En reconocimiento al esfuerzo que realizan las familias mexicanas para enviar a sus hijos a las escuelas privadas que con su oferta educativa complementan el esfuerzo gubernamental en la prestación de los servicios educativos, en febrero de 2011 se emitió un decreto presidencial –el cual fue ratificado en 2013 y que se encuentra aún en vigor–, por el que se estableció un estímulo a los contribuyentes para poder deducir estos gastos del Impuesto Sobre la Renta sobre la base gravable, de acuerdo con lo siguiente:

Como se aprecia, estos montos difícilmente reflejan los costos reales que deben cubrirse por la educación que se imparte en las escuelas privadas, además de que no incluye el nivel de educación superior. Por otra parte, al no estar incluido en la ley, puede ser derogado a voluntad del presidente en turno y dejar a los padres de familia en una situación de desventaja y sin opción a recibir los servicios educativos que toca al Estado proveer.

Gastos deducibles en la ley

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), en materia de educación, los contribuyentes pueden deducir los gastos por concepto de transporte escolar pero solamente si éste es obligatorio, además de los montos señalados en el decreto presidencial citado líneas arriba.

A eso se reducen los conceptos que por servicios educativos pueden deducir los contribuyentes, a pesar de que éstos constituyen una obligación a cargo del Estado, el cual debe garantizarla prestación de este servicio y, vistas las cifras analizadas en los apartados previos, es un hecho que el Estado no está cumpliendo a cabalidad con esta obligación y por ello los ciudadanos recurren a la educación privada.

Debe, entonces, corresponder al Estado otorgar a los contribuyentes el beneficio legal de la deducibilidad de los gastos que realizan por concepto de los servicios educativos que prestan las instituciones privadas, bajo las reglas previstas en la última parte del propio artículo 151 de la LISR, y no limitarlo a montos fijos que no reflejan, en sentido alguno, el costo real que corre a cargo de los ciudadanos. Este costo debería asumirlo el Estado tal como lo asume con los gastos que realizan los contribuyentes en materia de salud, de acuerdo con la fracción I del multicitado artículo 151.

Propuesta legislativa

En este sentido, con la presente iniciativa propongo reformar la fracción VII del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de incluir la deducibilidad de los gastos por concepto de servicios educativos que los contribuyentes realicen en instituciones privadas de educación del nivel inicial al nivel superior, bajo las condiciones previstas en el último párrafo de este artículo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de: Decreto que reforma la fracción VII del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para hacer deducibles los pagos que realicen los contribuyentes por concepto de servicios educativos en instituciones privadas de educación, del nivel inicial al nivel superior, en los términos siguientes:

Artículo Único. Se reforma la fracción VII del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. a VI. ...

VII. Los gastos en materia de educación destinados a:

a) El pago por los servicios educativos del nivel inicial, básico, medio superior y superior que los contribuyentes realicen para sí, para su cónyuge o la persona con la que viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, incluyendo adoptados o personas bajo su tutela judicial, en instituciones privadas de educación que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos de la Ley General de Educación, siempre y cuando dichas personas no perciban durante el año calendario ingresos propios en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Los pagos deducibles incluyen las cuotas de inscripción y las correspondientes al pago periódico de los servicios educativos, debiendo observarse los criterios establecidos en el último párrafo del presente artículo; y

b) La transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura.

Los pagos deberán efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

...

VIII. ...

...

...

...

...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá expedir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la debida aplicación del presente decreto, dentro de los sesenta días siguientes de su entrada en vigor.

Notas

i Panorama de la Educación 2017 – México, disponible en internet:

https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/ EAG2017CN-Mexico-Spanish.pdf

ii Sexto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, pág. 95, disponible en internet:

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/09/ asun_3730635_20180901_1535843813.pdf

Debe decirse que la OCDE, destacó los esfuerzos realizados por México en cuanto al reconocimiento del derecho a una educación de calidad, el fortalecimiento de la profesión docente y la mejora física de las escuelas. Véase: Panorama de la Educación 2018, OCDE, disponible en internet:

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/ laocdesostienequeesnecesarioredoblarlosesfuerzosparamejorar laequidadenlaeducacion.htm

iii Ídem.

iv Inegi: en planteles básicos, 25 millones de alumnos y dos millones de trabajadores, nota del periódico La Jornada del 1º de abril de 2014, disponible en internet:

https://www.jornada.com.mx/2014/04/01/sociedad/033n1soc

v Ver nota ii, Sexto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, pág. 96.

vi Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Educación Obligatoria en México Informe 2019, disponible en internet:

https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/04/P1I245.pdf

vii Reconoce ANUIES rezago en cobertura educativa a nivel superior, nota del periódico La Jornada del 19 de agosto de 2018, disponible en internet: https://www.jornada.com.mx/2018/08/19/sociedad/029n2soc

viii Ver nota vi, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Educación Obligatoria en México Informe 2019, pág. 42.

ix Aumentan aspirantes a la UNAM, nota del periódico El Universal del 25 de febrero de 2018, disponible en internet:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/aumentan-aspirantes-la-unam

x Universidades rechazan a 420 mil al año, nota del periódico El Informador del 2 de agosto de 2018, disponible en internet:

https://www.informador.mx/Universidades-rechazan-a-420-mil- al-ano-l201808020003.html

xi El valor de la educación. El precio del éxito, publicación del Banco HSBC, 2018, disponible en internet:

https://www.hsbc.com.mx/content/dam/hsbc/mx/documents/seguros/ el_valordela_educacion.pdf

xii ¿Cuánto cuestan en México las universidades privadas?, nota del periódico Milenio del 3 de agosto de 2019, disponible en internet: https://www.milenio.com/negocios/cuanto-cuestan-en-mexico- las-universidades-privadas

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de septiembre de 2019.— Diputadas y diputados: Cynthia Iliana López Castro, Alfredo Femat Bañuelos, Carlos Iván Ayala Bobadilla, Claudia Báez Ruiz, Feliciano Flores Anguiano, Nohemí Alemán Hernández, Santiago González Soto (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.



LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y LEY DEL SEGURO SOCIAL

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social. El diputado Armando Reyes, en sustitución, adelante. Ah, el ponente.

El diputado Armando Reyes Ledesma:Gracias. Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Armando Reyes Ledesma: Legisladores, legisladoras, el Estado mexicano contempla que los adultos mayores cuenten con todos los derechos que se encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución Política y los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como en el derecho internacional, los derechos humanos, Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

México cuenta con el Inapam, que es la institución de gobierno federal rectora de la política nacional a favor de los adultos mayores, su labor consiste en procurar el desarrollo humano integral de todas las personas adultas mayores.

A pesar de los derechos antes mencionados, las personas adultas mayores enfrentan una serie de problemas, como son falta de protección y atención, maltrato, violación de sus derechos fundamentales, falta de oportunidades para continuar su vida de manera productiva, exclusión social. Se encuentran en total abandono miles y miles de adultos mayores, falta de sensibilidad hacia ellos por parte de muchos sectores de la sociedad.

Es importante reconocer que cuidar a las personas adultas mayores es una tarea ardua para las familias y representa dejar de lado sus actividades o abandonar su trabajo.

De ello depende el abandono de las personas de la tercera edad, quienes sufren descuido, generando efectos devastadores como la depresión en su calidad de vida y en su salud.

Una medida para resolver este problema es precisamente esta iniciativa que hoy ponemos a su consideración la diputada Mary Carmen, presidenta de la comisión, y un servidor, Armando Reyes Ledesma, ambos integrantes de esta Cámara de Diputados, de igual manera todos los diputados del Partido del Trabajo.

El día de hoy presentamos ante esta pleno esta iniciativa que es la creación de las estancias de cuidado de día de nuestros adultos mayores, con la finalidad de coadyuvar con mecanismos alternos con las familias y brindando servicios de calidad a este sector de la población tan importante, que nos ha dejado mucha sabiduría a través de los años.

Si las personas mayores pueden vivir esos años adicionales de vida en una buena salud y en un entorno propicio, podrán hacer lo que más han soñado y valorado, vivir una vida como jóvenes.

Es por ello que el Partido del Trabajo hoy pone a su consideración esta iniciativa de ley, para que podamos contar con las estancias de cuidado para nuestros adultos mayores. Es decir, no va a costar más al presupuesto, lo que estamos planteando es utilizar la infraestructura ya creada por el Seguro Social, que hoy cada vez va habiendo más adultos mayores y menos niños. Eso es lo que hoy ponemos a consideración de todos, esperando contar con todo su apoyo, con todo su respaldo y sobre todo para que nuestros adultos mayores no sufran lo que hoy están sufriendo en nuestro país.

Pido su apoyo a todas las fracciones parlamentarias. Hay diputados de Acción Nacional que ya manifestaron su apoyo, hay diputados del Partido Revolucionario Institucional que ya mostraron su apoyo, hay diputados de la fracción mayoritaria de Morena que ya mostraron su apoyo, del Partido Encuentro Social, del Partido de la Revolución Democrática, del partido MC, ahora pido que todos nos sumemos por el bien de nuestros adultos mayores. Es cuanto, diputados, muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Seguro Social, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Mary Carmen Bernal Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del honorable congreso de la unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77 numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, fracción XII, inciso d), 41, fracción V, y 131, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los numerales 66, 137, 138, fracción III, y 171 de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad social, conforme a la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidades, es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad de ingreso, en particular, en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidente de trabajo, maternidad o pérdida del sostén familiar.

Por su parte, en México la seguridad social ha sido definida como el “...sistema general y homogéneo de prestaciones, de derecho público y supervisión estatal, que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, mediante la redistribución de la riqueza nacional, especialmente dirigida a corregir supuestos de infortunio”.

La seguridad social es un derecho fundamental, aunque en realidad sólo una pequen?a proporción de la gente en nuestro planeta disfrute del mismo. Definida en términos generales como un sistema basado en cotizaciones que garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo, así como las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos, la seguridad social se ha convertido en un reto universal en un mundo globalizado.

De acuerdo a las Organización Internacional del Trabajo, sólo el 20% de la población mundial tiene una cobertura adecuada en materia de seguridad social mientras que más de la mitad no dispone de ninguna forma de protección social.

Aquellos que no están cubiertos tienden a formar parte de la economía informal, por lo general, no están protegidos en su vejez por la seguridad social y no están en condiciones de pagar sus gastos de salud.

Además, muchas personas tienen una cobertura insuficiente, esto es, puede que carezcan de elementos significativos de protección (como la asistencia médica o las pensiones) o que la protección que reciben sea escasa o presente una tendencia a la baja. La experiencia muestra que la gente está dispuesta a cotizar a la seguridad social, siempre y cuando ésta satisfaga sus necesidades prioritarias.

Hasta no hace mucho se suponía que la proporción creciente de la fuerza de trabajo de los países en desarrollo, terminaría en un empleo en el sector formal cubierto por la seguridad social.

Sin embargo, la experiencia, tanto internacional como nacional, ha mostrado que el crecimiento del sector informal se ha traducido en tasas de cobertura estancadas o en proceso de reducción. Aun en países con un elevado crecimiento económico, cada vez más trabajadores, a menudo mujeres, se encuentran en empleos menos seguros, como es el trabajo eventual, el trabajo a domicilio y algunos tipos de empleo por cuenta propia que carecen de cobertura de la seguridad social.

Los grupos más vulnerables que no forman parte de la fuerza de trabajo, son personas con discapacidad y personas mayores que no pueden contar con el apoyo de sus familiares y que no están en condiciones de financiar sus propias pensiones.

En México existen tres instituciones a nivel federal que proveen de seguridad social a la población:

1). El Instituto Mexicano del Seguro Social, creado en 1943 y atiende a los trabajadores del sector privado.

2). El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, creado en 1959 y que atiende a los trabajadores del sector público.

3). El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, creado en 1976 y atiende al sector militar.

Conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en caso de fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez, los institutos que regula, otorgarán a sus beneficiarios una pensión, ya sea por viudez, por orfandad o a los ascendientes.

En otro orden de ideas, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su reforma del año 2011, colocó el tema de los derechos humanos en el centro de la actuación del Estado Mexicano, al incluir el principio pro persona.

El principio pro persona ha sido conceptualizado como el criterio fundamental que impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o amplían y las que los limitan o restringen, de esta manera este principio condice a la conclusión de que la exigibilidad inmediata e incondicional de los derechos humanos es la regla y su condicionamiento la excepción.

Luego entonces, el principio pro persona se refiere a que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. Bajo esta lógica, el catálogo de derechos humanos ya no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 150/2008, declaró inconstitucional el artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por prever como un motivo de impedimento para la concesión de la pensión de viudez, que la muerte del trabajador o pensionado suceda antes de cumplir 6 meses de matrimonio o un año, cuando a la celebración de éste, el trabajador fallecido tuviese más de 55 años o cuente con una pensión de riesgos de trabajo o invalidez; requisito de temporalidad que se consideró ajeno al afiliado, por lo que no debía ser motivo para negarla, permitiéndome transcribir la jurisprudencia mencionada:

Época: Novena Época

Registro: 166402

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXX, septiembre de 2009

Materia(s): Constitucional, Laboral

Tesis: P./J. 150/2008

Página: 8

ISSSTE. El artículo 136 de la ley relativa, al limitar la pensión de viudez del cónyuge supérstite, es violatorio de los artículos 1o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (legislación vigente a partir del 1 de abril de 2007). El artículo 129 de la ley establece que ante la muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad y hubiere cotizado al Instituto por 3 años o más, dará origen a las pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia; asimismo, el artículo 131 contiene el orden de los familiares derechohabientes para recibirla y en primer lugar señala al cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de 18 años o mayores de esa edad si están incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien, hasta 25 años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo. Por su parte, el artículo 136 de la ley del Instituto refiere una serie de supuestos en los cuales el cónyuge supérstite no tendrá derecho a recibir la pensión de viudez; sin embargo, esto último transgrede las garantías de igualdad y de seguridad social, porque si la pensión de viudez se actualiza con la muerte del trabajador o del pensionado, y de acuerdo al orden de preferencia de los familiares derechohabientes, en primer lugar se encuentra el cónyuge supérstite siempre que no se tengan hijos; no deben ser motivo para no otorgarla, circunstancias ajenas al trabajador o pensionado, como lo es que su muerte suceda antes de cumplir 6 meses de matrimonio o un año, cuando a la celebración de éste, el trabajador fallecido tuviese más de 55 años o tuviese una pensión de riesgos de trabajo o invalidez, es decir, condiciona la muerte del trabajador o del pensionado que es una causa ajena al mismo, porque si bien la fijación de la fecha de dicho matrimonio se encuentra a su alcance, no lo es la de su muerte. A mayor abundamiento, el último párrafo del referido artículo establece que tales limitaciones no serán aplicables cuando al morir el trabajador o el pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él, lo que hace aún más evidente la inconstitucionalidad del precepto en comento, ya que por la simple existencia de hijos, el legislador sin mayor explicación, hace procedente el otorgamiento de la pensión de viudez. En esa virtud, atendiendo a que el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Federal considera como derecho fundamental de los trabajadores protegerlos ante la contingencia de su muerte, lo que necesariamente implica la protección de su familia en caso de fallecimiento, tendría que analizarse si los criterios de distinción por los cuales el legislador estimó que dicho acontecimiento no los protege en determinados supuestos, tuvo motivos realmente justificados para restringir los derechos que otras personas, en igual situación, sí tienen, y dado que el legislador no expresó en la exposición de motivos justificación alguna del porqué el trato diferente otorgado al cónyuge supérstite, en el caso de las exclusiones marcadas en el artículo 136, ni aquéllos se aprecian del propio contexto de la ley, debe estimarse que tal exclusión resulta injustificada y por ende, violatoria de la garantía de igualdad y al derecho fundamental de la seguridad social prevista en la propia Constitución.

El Tribunal Pleno, el treinta de septiembre en curso, aprobó, con el número 150/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de septiembre de dos mil ocho.

Bajo la premisa fundamental aprobada por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de establecerse que los artículos 6, fracción XII inciso D, 41 fracción V y 131 fracción III de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, también resultas inconstitucionales, al establecer como requisito para la procedencia de la pensión por ascendencia, acreditar que quien pretenda obtenerla dependió económicamente del trabajador o pensionista.

Lo anterior, por violar lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, incisos a) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece:

El anterior criterio, también debe hacerse extensivo a la Ley del Seguro Social, ello atendiendo al principio pro persona, con el cual se busca igualar los derechos de las personas que se encuentran bajo el régimen de esta Ley.

Por lo cual, la exigencia de que se acredite la dependencia económica constituye una restricción irracional que no encuentra respaldo en un criterio objetivo o que derive de la exposición de motivos o del contexto de la ley, además de no ser considerada en la Ley Fundamental. Esto es, si la Constitución Federal establece las condiciones generales para el otorgamiento de la pensión en favor de los trabajadores o de sus familiares, sin condicionar el tema de la acreditación de la dependencia económica, cuando la hipótesis es por muerte, la restricción señalada no tiene una razón válida de existir, en la medida en que ese evento no es previsible ni depende del afiliado, mucho menos de sus ascendientes.

En ese orden de ideas, los artículos 66, 137, 138 fracción III y 171 de la Ley del Seguro Social, prevén el otorgamiento de una pensión a los ascendientes cuando acrediten que dependen económicamente del trabajador o pensionado, por lo que siguiendo el principio pro persona, se debe decir que dichos numerales también violan el espíritu de la Carta Magna, en esta materia.

Por lo que el objetivo de la presente iniciativa, es el de reformar los artículos 6, fracción XII inciso D, 41 fracción V y 131 fracción III de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los numerales 66, 137, 138 fracción III y 171 de la Ley del Seguro Social, a efecto de eliminar la condicionante de que los ascendientes del trabajador o pensionado, dependen económicamente de él, por lo que, con la eliminación de este requisito se estará abriendo la posibilidad de una verdadera justicia social en materia de seguridad social, que cumpla con los objetivos fijados tanto internacional como nacionalmente.

Con base a lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente

Iniciativa de ley con proyecto de reforma los artículos 6, fracción XII inciso d), 41 fracción V, y 131, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y los numerales 66, 137, 138 fracción III, y 171 de la Ley del Seguro Social

Artículo Primero. Se reforman los artículos 6, fracción XII inciso d, 41 fracción V y 131 fracción III, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como siguen:

Artículo 6. ...

I. a la XII. ...

XII. ...

a) al c) ...

d). Los ascendientes del Trabajador o Pensionado.

...

XIII. a la XXIX. ...

Artículo 41. ...

I. a la IV. ...

V. Los ascendientes del Trabajador o Pensionado.

...

Artículo 131. ...

I. a la II. ...

III. A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubinario la Pensión se entregará a la madre o padre conjunta o separadamente y a falta de éstos a los demás ascendientes del Trabajador o Pensionado;

IV. a la V. ...

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 66, 137, 138, fracción III, y 171 de la Ley del Seguro Social, para quedar como siguen:

Artículo 66. ...

...

A falta de viuda o viudo, huérfanos, concubina o concubinario con derecho a pensión, a cada uno de los ascendientes del trabajador fallecido, se le pensionará con una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que hubiese correspondido al asegurado, en el caso de incapacidad permanente total.

...

Artículo 137. Si no existieran viuda, viudo, huérfanos ni concubina o concubinario con derecho a pensión, ésta se otorgará a cada uno de los ascendientes del asegurado o pensionado por invalidez fallecido, por una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que el asegurado estuviese gozando al fallecer, o de la que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez.

Artículo 138....

I. a la II. ...

III. Si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina, ni hijos menores de dieciséis años se concederá una asignación del diez por ciento para cada uno de los padres del pensionado.

IV. a la V. ...

Artículo 171. ...

I. a la II. ...

III. Si no existieran beneficiarios con derecho a pensión conforme a lo previsto en las fracciones I y II anteriores, ésta se otorgará a cada uno de los ascendientes del pensionado fallecido, por una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que el asegurado estuviese gozando al fallecer.

...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Nota

1 Macías Santos, Eduardo; Moreno Padilla, Javier; Milanés García, Salvador; Martínez Velasco, Arturo; Hazas Sánchez, Alejandro, el Sistema de pensiones de México dentro del contexto internacional, Ed. Confederación Patronal de la República Mexicana, Instituto de Proposiciones Estratégicas, Themis, México, 1993, p. 1.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de septiembre de 2019.— Diputados y diputadas: Armando Reyes Ledesma, Alfredo Femat Bañuelos, Alfredo Porras Domínguez, Armando Javier Zertuche Zuani, Casimiro Zamora Valdéz, Claudia Báez Ruiz, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, Dionicia Vázquez García, Emilio Manzanilla Téllez, Eudoxio Morales Flores, Gustavo Contreras Montes, Higinio del Toro Pérez, Maricruz Roblero Gordillo, Martha Patricia Ramírez Lucero, Mary Carmen Bernal Martínez, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Nohemí Alemán Hernández, Santiago González Soto (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado Armando Reyes Ledesma. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Seguridad Social, para opinión.



LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo:Gracias, presidenta, con su venia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: El día de hoy es para mí un honor presentar ante este pleno esta iniciativa encaminada a ponerle fin a la discriminación que sufren las personas con alguna discapacidad a la hora de solicitar créditos ante instituciones de banca, tanto múltiple como de desarrollo.

La discriminación es un mal que aqueja la vida de millones de mexicanos. Incontables vidas han sufrido malos tratos de parte, tanto de individuos como de diferentes estructuras en la sociedad y que han hecho que este problema de discriminación aún persista entre nosotros.

La discriminación está en todas partes y es nuestro deber, como Poder Legislativo, asegurar que nuestras leyes tomen esto en cuenta. Las diferentes oportunidades que ofrece nuestro país para el pleno desarrollo de vida de todos los mexicanos todavía están incompletas, y hacemos un llamado desde esta iniciativa para poder solucionar parte de este problema.

Precisamente uno de los focos donde hay posibilidades de incurrir en discriminación es en los servicios de banca múltiple, esto por el hecho de que muchos de sus servicios, tales como los créditos o financiamientos están sujetos a un proceso tedioso que desean recurrir a dichos productos.

Es perfectamente entendible que las bancas pongan requisitos de solvencia económica, pero existen muchas personas a las que, por el simple hecho de tener un tipo de discapacidad, se les niega en automático acceder a estos productos o servicios.

Es perfectamente entendible entonces esto, por lo tanto, lo que estamos hoy haciendo es un llamado para que, como en todo, proceso haya la posibilidad de que alguien que solicite un crédito o un producto a estas instituciones les sea dado de manera formal, como se les da a todas las personas.

Además, hay que decir que muchas de las instituciones bancarias no gozan con infraestructura adecuada para el acceso para este tipo de personas, ¿por qué? Porque como no son parte preferente de sus clientes, pues tampoco gastan en modificar o tener acceso a cajeros que les den facilidad para sacar o adquirir dinero dentro de sus instalaciones.

Muchos son los bancos que han tratado de caminar en ese sentido, pero muy pocas son las respuestas que se han tenido. En los cajeros automáticos, por ejemplo, todavía son muchos los que carecen de explicación por voz o que tengan un conector de audífonos, este sinceramente no funciona. Justamente resulta esta prohibición de la discriminación de los discapacitados, por parte de las instituciones bancarias.

Es una de las obligaciones en los tratados internacionales a los cuales México está adherido. Este tratado está en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, presentado ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y aprobada por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, el 27 de septiembre de 2007, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008. Es decir, lo único que tenemos que hacer es alinear esta Convención, a la cual ya nos suscribimos como país, y tenemos que darle entrada para las modificaciones que se necesiten.

En estos puntos, hoy lo que estamos pidiendo es que sean las modificaciones en las instituciones de banca múltiple o de desarrollo.

La banca en México ha tenido muchos beneficios y muy poco ha aportado para el beneficio personal de la comunidad mexicana. Lo que estamos pidiendo entonces, en este sentido, es esta modificación para que estas personas que, debo decirlo y lo debo subrayar, la discapacidad no es una enfermedad, es una condición, a veces hasta genética, no hay que hacer este tipo de comparaciones y esto es lo que hace la banca de desarrollo y la banca múltiple.

Por todas estas razones es que es necesario presentar una iniciativa como esta, para que los usuarios de las instituciones bancarias no sean objeto de ninguna discriminación.

Pongo sobre la mesa el hecho de no poder utilizar además las pólizas de gastos médicos de ninguna situación de atención médica a personas con discapacidad. A veces, y yo creo que cada uno de nosotros tiene cercana a alguna persona con algún tipo de discapacidad, que se le ha negado, incluso, una atención de seguro de gastos médicos o seguro de vida, por el simple hecho de serlo, aunque esté sana la persona, porque se confunde la discapacidad con la enfermedad.

Entonces, el llamado es, compañeros diputados y compañeras diputadas, a que nos apoyemos en esta iniciativa para poderle dar un beneficio a millones de mexicanos, en los que de alguna manera han sido discriminados en estas instituciones y que de alguna manera debemos decir, y lo voy a subrayar como debe ser, la discapacidad no es una enfermedad y todos tenemos épocas de salud y de enfermedad y todos debiéramos tener el mismo derecho a asegurarse y a acceder a servicios de salud privados, como lo son también los servicios financieros.

Se le requiere atribuir a discapacidad enfermedades que no se derivan de esta, sino que son propias de la vida y de la edad. Reitero, la discapacidad no es una enfermedad. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado federal de la LXIV Legislatura, en el nombre del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos especifica que todos los tratados celebrados por el presidente de la República, con aprobación del senado, pasarán a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión. Al mismo tiempo, en su artículo 1, párrafo segundo, se especifica que “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia.”

Adicionalmente, la sentencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve la contradicción de tesis 293/2011 establece criterios sobre cómo interpretar la Constitución junto con los tratados internacionales como fuentes de Ley Suprema. En dicha sentencia, se establece que ambas fuentes de derecho están en el mismo nivel de jerarquía, pero que a la hora de resolver un caso, se debe tomar de entre ambas fuentes de ley suprema la norma que resulte más protectora.

El 13 de diciembre de 2006, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, presentada ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Dicha Convención fue aprobada por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión el 27 de septiembre de 2007, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008 para entrar en vigor el día siguiente.

El artículo 12, fracción 5, de dicha convención especifica lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados parte tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. [...]”

El 17 de julio de 1980, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, José López Portillo y Pacheco, ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, presentada ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Dicha Convención fue aprobada por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión el 18 de diciembre de 1980, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.

El artículo 13 de dicha convención especifica lo siguiente:

“Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:

[...]

b. El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero”

Expuesto lo anterior, queda claro que a raíz de la ratificación de las dos convenciones anteriormente mencionadas, la Ley Suprema Nacional exige a las instituciones de banca múltiple, de desarrollo, y a toda persona o institución que preste servicios financieros, que no discriminen a las personas por motivo de su género o discapacidad, y es necesario que las leyes secundarias nacionales reflejen dicho cambio en la legislación suprema, con el fin de que éstas armonicen con las Convenciones anteriormente mencionadas; en particular, la Ley de Instituciones de Crédito.

Con el fin de llevar a cabo lo anterior, hemos identificado que será necesario hacer los siguientes cambios a las leyes secundarias nacionales:

• En la Ley de Instituciones de Crédito añadiremos disposiciones orientadas a establecer que, en igualdad de condiciones con las personas con capacidades normales, a ninguna persona discapacitada se le podrá negar por motivo de su condición el acceso a todos los productos, servicios e instrumentos financieros y de crédito que ofrezcan las instituciones de crédito.

• La misma garantía de igual acceso a los servicios financieros anteriormente mencionada deberá ser garantizada para las personas de cualquier género, en igualdad de condiciones con todas las demás.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito

Único. Se adiciona un artículo 44 Bis 6 y un párrafo al artículo 46 a la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como se especifica a continuación:

Artículo 44 Bis 6.- Las instituciones de banca de desarrollo deberán garantizar el acceso de las personas discapacitadas, en igualdad de condiciones con las demás, a tener acceso a sus productos y servicios financieros, así como a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Bajo ningún motivo podrá negársele el acceso a dichos productos y servicios a una persona discapacitada por motivo de su condición.”

Artículo 46. [...]

[...]

[...]

“Las instituciones de crédito deberán garantizar en todo momento el acceso de las personas discapacitadas y de cualquier género, en igualdad de condiciones con las demás, a todos los servicios descritos en el presente artículo. Bajo ningún motivo se podrá discriminar o negársele el acceso a dichos productos y servicios a cualquier persona por motivo de su género o discapacidad.”

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Honorable Congreso de la Unión. (1917). Artículo 1. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México: Diario Oficial de la Federación.

2 Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos. (2008). Decreto Promulgatorio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos mil seis. Diario Oficial de la Federación.

3 Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos. (1981). Decreto de Promulgación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1979. Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2019.— Diputados y diputadas: Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Carmen Julia Prudencio González, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Higinio del Toro Pérez, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.



LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 132 y 391 de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz:Muchas gracias, con su venia, diputada presidenta.

Compañeras y compañeros diputados, todo ser humano posee, desde su nacimiento, una dignidad que debe prevalecer como piso mínimo de los derechos sociales que el Estado debe proteger y garantizar.

En razón de lo anterior es que el género no debe ser condición para tratar de forma distinta a una persona, ya sea en el ámbito público, privado y en las distintas materias que integran estos sectores, resaltando especialmente el campo laboral, materia que dignifica y compone al ser humano.

Por ello, debemos ser conscientes de que el trato diferenciado que vivimos las mujeres es completamente sistemático e integra una serie de condiciones que afectan la calidad de vida de las mujeres y de sus familias.

¿Por qué debemos ser las mujeres las que sirvamos el café? ¿Por qué debemos ser nosotras quienes realicemos las tareas secretariales? ¿Por qué, teniendo la misma preparación, no somos colocadas en espacios de toma de decisiones? ¿Por qué seguimos ganando menos? Esa es la gran pregunta.

¿Por qué seguimos siendo acosadas y se nos llegan a pedir favores sexuales para ser tomadas en cuenta?

Cuando discutimos sobre la brecha salarial por cuestión de género, no pretendemos hablar de estadísticas. Nosotras queremos hablar de oportunidades, de ejercer nuestros derechos sociales, de ser reconocidas por las labores que desempeñamos y, sobre todo, de ser escuchadas.

No solo debemos legislar para la inclusión de los principios. Debemos legislar para darles herramientas a todas las mujeres para que, de manera efectiva, puedan acceder a un trabajo digno y que este sea remunerado de manera justa.

La voz de las mujeres debe ser escuchada en las mesas de toma de decisiones. Nuestra perspectiva debe ser incluida en las negociaciones, porque quién más que nosotras que vivimos día a día esta discriminación. Ya basta.

Estas diferencias salariales sabemos que tienen sustento en patrones culturales, en los cuales prevalece la responsabilidad mayoritaria de las mujeres al cuidado de los hijos, de los enfermos o de los adultos mayores y del hogar; lo cual ocasiona que se compita laboralmente de forma desigual.

Por todo lo anterior expuesto, compañeras y compañeros, la iniciativa que hoy presento ante esta honorable Cámara propone la reforma al artículo 391 de la Ley Federal de Trabajo, para que se considere la incorporación de cláusulas con perspectiva de género en la creación de los contratos colectivos, a fin de garantizar que los organismos sindicales consideren la diferencia de condiciones y que esta forme parte de las negociaciones entre patrones y las y los trabajadores.

De igual manera, se propone una reforma al artículo 132 de la misma ley, para que las y los patrones promuevan mecanismos de transparencia en las estructuras salariales, para que las y los trabajadores puedan tener conocimiento tanto de los montos como de los criterios que intervienen para su determinación.

Es el momento laboral de las mujeres, es la oportunidad para ocupar más y mejores espacios de trabajo. Es el tiempo de nosotras.

Mujer que caminas atrás de un hombre, apresura el paso, que vienen buenos tiempos. Mujer que ya trabajas, sigue mostrando tu capacidad, que todos sepan que mereces seguir creciendo profesionalmente. Mujeres, nosotras que tenemos poder, impulsemos a otras mujeres, porque segura estoy que nos lo van a agradecer. Otro México es posible. Es cuanto tengo que decir, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 132 y 391 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable Congreso, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La aspiración de todo Estado moderno ha evolucionado a lo largo de la historia, por un lado, los objetivos fundamentales persisten, poseer un territorio determinado, gobernar a un elemento humano concentrado en este territorio y lograr una soberanía con relación a sus semejantes. Por otro lado, la complejidad de la realidad en la que vivimos y la evolución de lo que hoy son los derechos humanos han generado la necesidad de modificar los marcos normativos para definir y asegurar estos derechos conforme a esta evolución jurídica.

Es en este devenir y evolución jurídica que podemos localizar la problemática en discusión, ya que a lo largo de las últimas décadas los derechos humanos se han perfeccionado y desarrollado en nuestra ley fundamental. El artículo 1o. de nuestra Constitución establece que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.” (CPEUM, artículo 1o.).

De la misma forma, establece la prohibición de “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” (CPEUM; artículo 1o., párrafo 5).

Dicho lo anterior, es necesario explicar que a pesar de que ya existe una disposición en la Ley Fundamental sobre la prohibición de todo tipo de discriminación a cualquier persona en el territorio mexicano, ésta aún existe en ámbitos donde el Estado es débil. Es en este sentido que se pretende, a través de este instrumento jurídico, dar un paso más para acortar la brecha salarial entre hombres y mujeres en México.

Por lo tanto, el Estado mexicano debe adquirir una responsabilidad ética con relación a los derechos de las mujeres de este país. Esta fuente de derecho y responsabilidad debe iniciar desde el poder legislativo ya que debe ser este el elemento de resonancia de las cuestiones fundamentales de México.

Problemática desde la perspectiva de género

El problema a discusión y exposición es esencialmente un problema de discriminación salarial relacionado directamente con el género del trabajador. En otras palabras, dada la esencia del problema lo podemos redefinir como un problema de ejercicio de derechos fundamentales.

En este sentido, el Estado mexicano debe buscar en todo momento velar por la tutela de los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentran en el país, sin importar el género.

Todo ser humano tiene desde su nacimiento una dignidad que debe prevalecer como piso mínimo de los derechos sociales que el Estado debe proteger y garantizar mediante un bloque de constitucionalidad. Es por lo anterior, que el género no debe ser condición para tratar de forma distinta a una persona, sobre todo en la materia laboral; materia que dignifica y compone al ser humano.

Argumentos estadísticos

Cada año la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realiza un informe denominado “El Informe Mundial sobre Salarios”, el cual “utiliza una manera más precisa de calcular las disparidades de remuneración entre hombres y mujeres. Lo llamamos el factor de ponderación de la brecha salarial de género.”

En este informe la OIT declaró aproximadamente 64 países los cuales fueron clasificados por su relación geográfica y por grupos de ingresos. Este informe presenta en términos porcentuales la diferencia entre los salarios que reciben las mujeres en comparación con el de los hombres.

Gráfica 1. Brecha de remuneración entre hombres y mujeres en México y el mundo

Como se observa en la gráfica 1, la brecha salarial en el mundo aún persiste; de hecho, la brecha mundial en promedio es de 3.2 por ciento. Comparando el caso mexicano con relación al promedio mundial, la situación de nuestro país está lejos de la deseable, registrando un 10.8 por ciento; es decir, más de 3 veces el promedio mundial.

Para someter este indicador a una categoría regional tenemos la gráfica 2, la cual señala la relación de México con sus homólogos latinoamericanos. En este caso, México se encuentra mucho mejor que los países de América Latina y del Caribe, ya que la brecha promedio entre estos es del 14.1 por ciento, de esta manera podemos ver que nuestro país se encuentra por debajo del promedio, de tal forma que hemos logrado ya un avance; sin embargo, este aún no es suficiente.

Gráfica 2. Brecha de remuneración América Latina y el Caribe

En otro orden de ideas, se tiene que pensar que el trato diferenciado hacia las mujeres es completamente sistemático e integra una serie de factores que repercuten de forma negativa en la calidad de vida de la persona. Por lo tanto, cuando se discute acerca de la brecha salarial se tiene que pensar que de alguna manera se está limitando el acceso a oportunidades para desarrollarse de manera personal y profesional.

Parece conveniente señalar que el Foro Económico Mundial (FEM) realiza cada año el “El Reporte Mundial de Brecha de Género (nombre original en inglés: The Global Gender Gap Report)”, que permite señalar de forma integral la brecha de género en todo el mundo.

Este reporte evaluó a 149 países en cuatro grandes criterios: i) economía, ii) educación, iii) salud y, iv) política. En este reporte, la categoría que nos atañe es la de oportunidades y participación económica. Esta categoría considera a los países en un espectro que va del 0 al 1 de acuerdo con el nivel de acceso que tienen las mujeres a la participación económica y a la igualdad de oportunidades en la economía; en el cual 0 indica ausencia de participación y oportunidades y 1 el completo acceso.

En este reporte, México ocupa el lugar 122 de 149 con un indicador de 0.574 en el ranking global. Por otro lado, aquel país que ocupa el lugar número 75 (relativamente la mitad) es Honduras con un indicador de 0.673. Finalmente, el país mejor posicionado es Laos con un índice de 0.915.

Por lo anteriormente expuesto es que el Estado mexicano debe mejorar la posibilidad de las mujeres de acceder en igualdad de condiciones y de oportunidades a lograr un desarrollo formal en el ámbito laboral y personal, así como los hombres.

La cuestión de la brecha salarial es un tema de suma complejidad en el cual para su reducción y posible eliminación es necesaria la implementación de mecanismos complementarios que actúen no solo como un indicativo, sino que sean una herramienta para resolver dicha problemática.

Asimismo, la evidencia de las diferencias salariales se encuentra sustentada en distintos patrones culturales en los cuales prevalece la responsabilidad mayoritaria de las mujeres al cuidado de los hijos, de los enfermos o de los adultos mayores y del hogar, lo cual ocasiona que no cuenten con la posibilidad de competir laboralmente en igualdad de circunstancias.

Es por esto que se propone la reforma al artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo, donde se considere la incorporación de cláusulas con perspectiva género en la creación de los contratos colectivos, a fin de garantizar que los organismos sindicales consideren las diferencias de condiciones y que estas formen parte de las negociaciones entre patrones y trabajadores.

De igual manera, se propone la adición de una fracción al artículo 132 de la misma Ley, para establecer la obligación por parte de los patrones de promover el principio de transparencia en las estructuras salariales, a las cuales únicamente puedan acceder los trabajadores, para tener conocimiento tanto de los montos, como de los criterios que intervienen para su determinación.

El siguiente comparativo resume los alcances de la propuesta de reforma a la Ley a la Ley Federal del Trabajo:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, al tenor del siguiente:

Decreto por el cual se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en materia de brecha salarial entre hombres y mujeres

Único. Se adiciona una fracción XXXIV al artículo 132 y se reforma el artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

I. ... a XXXIII. ...

XXXIV. Establecer mecanismos internos de transparencia relacionados a la estructura salarial de los trabajadores, sujetos a la normatividad en materia de protección de datos personales.

Artículo 391. El contrato colectivo contendrá:

I. ... a IX. ...

X.

Artículo 391. El contrato colectivo contendrá:

I. ... a X. ...

[...]

[...]

Los contratos colectivos deberán incorporar tanto en su redacción como en sus fines una perspectiva de género que garantice la representatividad y las particulares condiciones de mujeres y hombres trabajadores.

[...]

I. ... a VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Real Academia Española, “discriminar: dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc.”, fecha de consulta: 10 de agosto de 2019, disponible en:

https://dle.rae.es/?id=DtHwzw2

2 Organización Internacional del Trabajo, “¿Qué tan grande es la brecha salarial de género en su país?”, fecha: s/f. fecha de consulta: 11 de agosto de 2019, disponible en:

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/ enhanced/WCMS_650872/lang—es/index.htm

3 Elaboración propia con base en los datos de Organización Internacional del Trabajo, “¿Qué tan grande es la brecha salarial de género en su país?”, fecha: s/f. fecha de consulta: 11 de agosto de 2019, disponible en:

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/ enhanced/WCMS_650872/lang—es/index.htm

4 Ídem.

5 World Economic Forum, “The Global Gender Gap Report 2018”, Suiza, fecha de consulta: 13 de agosto de 2019, disponible en:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf

6 Ibidem.

7 Ibidem.

8 ¿Cómo eliminar la brecha salarial?, La Razón (España), fecha: 7 de marzo 2018, fecha de consulta: 29 de agosto de 2019, disponible en:

https://www.larazon.es/blogs/politica/la-economia-del-bienestar-para- las-personas/como-eliminar-la-brecha-internacional-JN17837439

9 Autores: Jorge Martínez Stack, Alejandra Benítez y Víctor Morales Noble, “De secretarias a juezas: ¿un techo de cristal?”, fecha: 2014, fecha de consulta: 30 de agosto de 2019, disponible en: https://www.researchgate.net/publication/277664401_De_Secretarias_ a_Juezas_Un_techo_de_cristal/download

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.— Diputadas y diputados: Olga Patricia Sosa Ruiz, Claudia Báez Ruiz, Emilio Manzanilla Téllez, Nohemí Alemán Hernández, Santiago González Soto (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.



LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Zulma Espinoza Mata, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y Morena.

La diputada Zulma Espinoza Mata:Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputada.

La diputada Zulma Espinoza Mata: Es bien conocido que México es uno de los países con mayor riqueza natural a nivel internacional. Hablar de los recursos naturales con los que cuenta, indudablemente nos ayudaría a visualizar la verdadera importancia de la protección de los mismos.

No obstante, en esta ocasión centraré la atención en los problemas ambientales que enfrentamos, los cuales encuentran su origen en dos fuentes: Por un lado los fenómenos naturales, consecuencia del cambio climático, y, por el otro, la intervención negativa del hombre. De ahí la necesidad de desviar la mirada del objetivo primordial para lo cual fue creada la legislación ambiental, pues hoy derivado de las afectaciones graves al medio ambiente hemos tenido que transitar de crear y aplicar leyes preventivas para pasar a la aprobación de leyes prohibitivas e incluso punitivas con la finalidad de poner un alto definitivo a los daños ambientales.

Resulta inevitable destacar la desaparición de especies nativas a causa del bajo impacto que tienen las sanciones actuales, mismas que deberán reforzarse para lograr se cumpla la legislación en esta materia y así hacer efectiva la conservación de la flora y fauna existente en el territorio nacional.

Al mismo tiempo, el cuidado de la diversidad vegetal debe ser estricto considerando que alrededor del 54 por ciento de las plantas en México son especies endémicas, es decir, no se encuentran en ningún otro lado. Recuperar, es por lo general mucho más costoso que proteger el ecosistema original.

La depreciación y daño de los hábitats naturales es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad al distorsionar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas, arrecifes y campos agrícolas –se destruye el hábitat de estas especies.

Es por ello que buscamos establecer criterios estandarizados que no solo permitan su aplicación, sino que garanticen la pertinencia y los resultados positivos para mejorar la calidad de nuestros ecosistemas.

Al respecto no podemos dejar de observar las acciones del gobierno actual que ha puesto en marcha. Se trata del programa sembrando vidas. Este busca incentivar a los sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales. Combinando métodos de cultivo tradicionales y sistemas modernos y a través del cual se pretende generar empleos e incentivar autosuficiencia alimentaria, al tiempo de recuperar la cobertura forestal de un millón de hectáreas en 19 estados.

Si bien ello representa una clara muestra del interés de nuestro gobierno federal para recuperar uno de los ecosistemas más afectados como lo es el forestal, lo cierto es que existe la necesidad de hacerlo con la responsabilidad necesaria para que las plantaciones que se hagan se lleven a cabo con las especies vegetales que sean acordes con los suelos que se pretenden recuperar.

En razón de ello, la propuesta del Partido Verde es realizar una modificación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la finalidad de insertar el concepto de paleta vegetal, entendiéndose por esta las disposiciones de observancia general mediante las que a partir de criterios ambientales y paisajísticos se determinen las especies de árboles cuya plantación esté permitida, y se definan los términos, condiciones y especificaciones para esta plantación.

Asimismo, al ser una ley de carácter general, se busca distribuir competencias en donde la federación expida las disposiciones reglamentarias mediante las que se establezca la paleta vegetal, aplicable a los espacios naturales localizados fuera de los centros de población y asimismo los términos que definan su implementación, y a los municipios para que, entre otras, participen en la elaboración, actualización y publicación del inventario de especies arbóreas originarias.

Compañeras y compañeros, en el Partido Verde estamos convencidos de que debemos seguir encaminando nuestra labor hacia el fortalecimiento de la legislación ambiental como la vía inequívoca para garantizar la protección efectiva de nuestro medio ambiente.

Es por todo ello que, a nombre de quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, someto a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esperando contar con su respaldo, agradezco su atención. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y de Morena

Quienes suscriben, diputado coordinador Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados federales Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el numeral 1, fracción I del artículo 6; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa de reforma, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país con una importante riqueza natural, sin embargo, una gran parte de los problemas ambientales que enfrentamos actualmente, son producto de la inexistencia de una conciencia ecológica y un compromiso para comprender los sistemas naturales y la conservación de nuestro entorno con la gran diversidad que lo caracteriza.

Para poner nuestra situación en perspectiva, es importante destacar que somos el tercer país con mayor diversidad biológica del mundo, no solo porque en nuestro territorio habita un elevado número de especies vegetales y animales, sino que también por una amplia variedad de ecosistemas. Se estima que en nuestro país se encuentra el 12 por ciento de la biodiversidad total del planeta y esto se traduce en una enorme responsabilidad de conservar nuestro patrimonio vegetal y animal.

Resulta inevitable destacar la desaparición de especies nativas a causa del bajo impacto que tienen las sanciones actuales, mismas que deberán de reforzarse y hacer que se cumpla la legislación en esta materia para hacer efectiva la conservación de flora y fauna que conserva el territorio nacional. Al mismo tiempo, el cuidado de la diversidad vegetal mexicana debe ser estricto al considerar que alrededor del 54 por ciento de las plantas son especies endémicas, es decir, no se encuentran en ningún otro lado.

Recuperar un ecosistema es, por lo general, mucho más costoso que proteger el ecosistema original. La depreciación y daño de los hábitats naturales es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. Al distorsionar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas, arrecifes y campos agrícolas se destruye el hábitat de varias especies. Constantemente la transformación no es completa, pero existe un daño de la composición, estructura o función de los ecosistemas que impacta a las especies y a los bienes y servicios que se obtienen de la naturaleza.

Alrededor del 35 por ciento del territorio nacional está cubierto por bosques, selvas y otros tipos de vegetación de amplia cobertura y, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), México se ubica en lugar 12o. en cuanto a superficie forestal. Asimismo, es necesario considerar que el 60 por ciento de las especies conocidas de plantas en el mundo se encuentran en nuestro territorio. Los estados que cuentan con una mayor diversidad biológica se encuentran en la región sur, donde Oaxaca tiene la mayor riqueza, seguido por Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán.

Lo anterior permite observar que nos hemos posicionado como un país sumamente relevante en cuanto a la diversidad de la cubierta vegetal, siendo comparable solamente con China e India. Esto se debe a que, además de tener un elevado número de especies y ecosistemas, somos también uno de los centros de origen y domesticación más importantes del mundo. Igualmente, podemos destacar que por lo menos 120 especies han sido domesticadas en nuestro territorio, incluyendo especies como el maíz, el frijol y el jitomate que son de especial importancia alimentaria para todo el mundo.

Adicionalmente, México ocupa la posición número 5 de los 12 países megadiversos del mundo. Este grupo está compuesto por Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, China, India y Australia, por mencionar algunos. Ante la privilegiada posición y enorme responsabilidad que ostentan los miembros de dicho grupo, se realizó en México una Reunión Ministerial de Países Megadiversos en 2002 en donde se acordaron mecanismos de cooperación para promover la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.

Asimismo, es posible advertir que los mexicanos dependemos de la naturaleza en diversos aspectos, desde la pesca, agricultura, silvicultura, y muchas otras formas. Los principales sectores económicos dependen de recursos naturales para proveer la base de la vida a la población nacional. Sin embargo, enfrentamos grandes problemas de degradación ambiental como resultado de prácticas poco sostenibles en el uso de los recursos naturales que han resultado en una importante disminución en el capital natural que ostentamos, prueba de ello es que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en los últimos 20 años hemos perdido cerca del 35 por ciento de los bosques y selvas del país. Adicionalmente, el Inegi estimó que el costo total de la degradación ambiental en 2015 alcanzó un alarmante 5.7 por ciento del PIB. Entre los principales sectores que han contribuido a esta degradación están el de la energía, agricultura, pesca, minería y explotación forestal.

Lo anterior nos permite llegar a la conclusión, que el impacto de la pérdida de poblaciones silvestres es un preludio de la extinción de especies y tiene importantes repercusiones negativas a nivel local y regional, ya que se pierden servicios ambientales y la funcionalidad de los ecosistemas y suelen afectar más a las personas más vulnerables que dependen directamente de los recursos naturales para su supervivencia y conservación.

Ante este panorama, en 1993 entró en vigor el Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, en el que se definió la Estrategia Global para la Conservación Vegetal cuyo fin es orientar las acciones de conocimiento, conservación y uso de la diversidad vegetal. En este contexto, se implementó la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal 2012-2030 (EMCV). Dicho instrumento incluye como objetivos estratégicos la generación y transmisión de conocimientos, la prevención y control de amenazas, el uso sustentable y la educación y cultura ambiental.

También, durante este sexenio, el gobierno federal anunció la creación del programa Sembrando Vida que busca incentivar a los sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, combinando métodos de cultivo tradicionales y sistemas modernos. Se pretende generar empleos e incentivar la autosuficiencia alimentaria al tiempo de recuperar la cobertura forestal de un millón de hectáreas en 19 estados. Particularmente, el programa otorgará apoyos económicos, en especie y asesoría técnica para la producción agroforestal.

Es importante tomar en consideración que toda transformación de un ecosistema natural para satisfacer las necesidades de una población conlleva necesariamente un costo en la transacción. Un ejemplo claro es el incremento de la producción alimentaria convirtiendo los ecosistemas naturales en sistemas agrícolas. Esta transformación tendrá un costo identificable en la reducción de otros servicios igual de importantes como lo es la disponibilidad de agua, la regulación de inundaciones y el control de la desertificación.

Las políticas que han propiciado este tipo de transformaciones en los ecosistemas naturales nunca han tomado en consideración los impactos que se generan a largo plazo. El crecimiento económico puede tener un alto costo ecológico y traducirse en una irreversible transformación del medio ambiente, y el reto estriba precisamente en desvincular el crecimiento económico del deterioro ecológico a través de un desarrollo ordenado.

En este sentido, el ordenamiento sustentable de una localidad debe delimitar claramente los usos permitidos de acuerdo con el espacio, acompañado de los correspondientes estudios de viabilidad y una paleta vegetal. Esto a través de una regulación técnica que esté prevista en todos los programas de planeación de cada estado y municipio.

Actualmente, contamos con un marco jurídico desarrollado en materia de protección a la diversidad vegetal. Particularmente, la Ley General de Equilibrio Ecológico, publicada en 1988, ha sido referente internacional para países latinoamericanos por su enfoque integral en el que se contemplan el medio ambiente y los recursos naturales, al mismo tiempo que incorpora importantes elementos dirigidos a las políticas ambientales.

Asimismo, existen ordenamientos que contribuyen a los mismos fines, como lo es la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Federal de Variedades Vegetales, la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, así como diversas NOM y disposiciones estatales que regulan esta materia.

A pesar de tener un andamiaje jurídico extenso, la aplicación de estos instrumentos y la definición de responsabilidades a los principales actores no ha sido efectiva ni asertiva. Como consecuencia, se han presentado rezagos y limitaciones en la operación de estos instrumentos. Es por estos motivos que resulta indispensable dedicar esfuerzos para fortalecer las acciones relativas a la protección de la diversidad ecológica.

En razón de lo anterior, es necesario que las estrategias estén acompañadas de una paleta vegetal con una previa investigación de la vegetación que se podrá presentar o proponer en el proyecto, con base en las características naturales de cada localidad. Esta paleta vegetal consiste en un catálogo de especies nativas y naturalizadas que mejor se han adaptado a nuestro ecosistema y permite a la sociedad y a sus diversos sectores, saber cuáles son las especies idóneas para el ecosistema de cada localidad y también para espacios que se pretenden reforestar.

En ese sentido, tenemos la convicción de ir más allá, buscando generar beneficios ambientales a través de programas integrales y acciones locales. De esta forma, es necesario considerar los esfuerzos realizados en el estado de Guanajuato, donde se aprobó una reforma a su Código Territorial a través de la cual el gobierno estatal y los ayuntamientos publican y actualizan una paleta vegetal aplicable a los espacios naturales de su competencia buscando evitar la plantación desordenada de especies arbóreas en el territorio.

Consideramos que el ordenamiento del territorio debe servir de unión para integrar todos los aspectos que involucran el desarrollo de un determinado espacio, planeando los mejores usos de los recursos biológicos y fundamentando la toma de decisiones en estudios sobre estos recursos y las actividades económicas del territorio. Lo anterior para eliminar las externalidades negativas que surgen en los modelos tradicionales de desarrollo urbano. Con esto en mente, proponemos complementos y mejoras para la correcta aplicación de las normas, buscando en primer término la inclusión del instrumento normativo de ordenamiento forestal denominado paleta vegetal.

Este instrumento contribuye a tener especies vegetales en mejores condiciones, con mayores niveles de supervivencia, y que éstas brinden servicios ambientales de manera rápida y eficiente. La paleta vegetal permitirá que se haga una mejor selección de las especies vegetales para la forestación de zonas urbanas y rurales de tal manera que no se afecte al equilibrio ecológico natural. La medida que se propone constituiría un mecanismo eficaz de política pública para garantizar el uso sustentable de la diversidad vegetal, al representar oportunidades de empleo formal y un mejoramiento del entorno ecológico.

La presenta iniciativa encuentra sustento en los objetivos de la EMCV, buscando que se generen esquemas de buenas prácticas en donde se incorporen elementos de conocimiento tradicional y desarrollos tecnológicos, y la evaluación constante de planes de manejo de las especies sujetas al aprovechamiento.

Es importante considerar que los proyectos de plantación agrícola y diseño de áreas verdes en zonas urbanas, al tratar con elementos vivos, tienen la facultad de ser cambiantes por motivos tanto biológicos como sociales y urbanos. Es por eso que resulta necesario atender y asegurar los criterios de diseño y planeación, así como garantizar su adecuado mantenimiento.

Se busca establecer criterios que integren la tipología de las áreas verdes y usos de suelo existentes, con intervenciones que no alteren el sistema ecológico preestablecido, que afirmen la intervención paisajista homogénea en el caso de asentamientos urbanos, y de bajo costo en su mantenimiento para asegurar su continuidad y correctas condiciones en el tiempo. En este sentido, la elección y combinación de especies será esencial para lograr un equilibrio armónico en la planeación usando la paleta vegetal.

En ese contexto, el desarrollo ordenado de una ciudad requiere de planeación y cumplimiento normativo desde diversos aspectos del crecimiento. Es importante entender que en ese territorio es donde se constituye el centro de interacción humana, por ello, la debida regulación del territorio se debe comprometer no solo a la protección de los derechos individuales, sino que también la realización de intereses colectivos como la protección de la infraestructura, medio ambiente y la prestación de servicios públicos.

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente y las implicaciones que tiene este problema en la sociedad, el Partido Verde Ecologista de México expone, por conducto de la presente iniciativa, su voluntad de legislar a favor del ordenamiento ecológico ordenado, la protección de la diversidad vegetal, el cuidado del ambiente para futuras generaciones de mexicanas y mexicanos, y la preservación de la riqueza natural que caracteriza a nuestro país, sometiendo a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se adiciona la fracción XXIV Bis al artículo 3o., se adiciona la fracción XXIII al artículo 5o., las fracciones XVIII, XIX y XX al artículo 8o., se reforma la fracción II del artículo 19 y se adicionan los artículos 20 Bis 8, 20 Bis 9 y 20 Bis 10 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a XXIV. (...)

XXIV Bis. Paleta Vegetal: Disposiciones de observancia general mediante las que, a partir de criterios ambientales y paisajistas, se determinen las especies de árboles cuya plantación esté permitida, y se definan los términos, condiciones y especificaciones para esa plantación;

XXV. a XXXIX. (...)

Artículo 5o. Son facultades de la federación:

I. a XXII. (...)

XXIII. Expedir las disposiciones reglamentarias mediante las que se establezca la paleta vegetal aplicable a los espacios naturales localizados fuera de los centros de población, así como los términos que definan su implementación.

Artículo 8o. Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a XVII. (...)

XVIII. La elaboración, actualización y publicación, por conducto de la unidad administrativa municipal competente, del inventario de especies arbóreas originarias del municipio, con la participación de la unidad administrativa en materia de planeación;

XIX. La expedición de las disposiciones administrativas de observancia general mediante las que se establezca la paleta vegetal aplicable dentro de los centros de población ubicados en el territorio del municipio, y

XX. La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio a que se refiere el artículo 20 Bis 9 de esta ley, en los términos en ella previstos.

Artículo 19. En la formulación del ordenamiento ecológico se deberán considerar los siguientes criterios:

I. (...)

II. Una paleta vegetal específica donde se contemple la vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la distribución de la población y las actividades humanas o fenómenos naturales;

III. a VI. (...)

Artículo 20 Bis 8. La formulación, expedición, ejecución y evaluación del ordenamiento ecológico general del territorio se llevará a cabo de conformidad con una Paleta Vegetal específica a cada territorio.

Artículo 20 Bis 9. Mediante la paleta vegetal, cada municipio deberá determinar las especies y las características de los árboles susceptibles de ser utilizados en la forestación de los parques urbanos, jardines públicos y áreas verdes, así como de áreas ajardinadas de plazas cívicas, glorietas, camellones, banquetas y demás bienes inmuebles de propiedad municipal ubicados dentro de los centros de población.

Las paletas vegetales que aprueben los ayuntamientos deberán priorizar la utilización de especies originarias de la región ecológica en que se ubique cada municipio.

En la paleta vegetal, los ayuntamientos deberán determinar los espacios, condiciones y especificaciones en que los árboles de cada especie pueden ser plantados, considerando su tipo de copa, follaje y raíz, así como su porte en edad adulta, densidad de cobertura, ritmo de crecimiento y los servicios que la especie presta.

Artículo 20 Bis 10. En la paleta vegetal o en los reglamentos municipales respectivos, a que se refiere el artículo 20 Bis 9 deberán establecerse las disposiciones para:

I. Determinar el espacio que los árboles requieren para su desarrollo adecuado, acorde a su especie;

II. Evitar que los ejemplares arbóreos afecten o puedan afectar a cualquier edificación, a la infraestructura pública o privada, o a la seguridad vial;

III. Fomentar la utilización de las especies determinadas en la Paleta Vegetal, en la forestación de cualquier bien inmueble ubicado dentro de los centros de población;

IV. Utilizar árboles de especies con raíz pivotante en la forestación de banquetas, camellones y glorietas;

V. Usar especies arbóreas acordes a las disposiciones en materia de seguridad de la infraestructura eléctrica, en la forestación de cualquier sitio ubicado bajo de la red de conducción de energía eléctrica;

VI. Evitar la plantación de especímenes de especies tropicales en sitios ubicados a más de mil novecientos metros sobre el nivel del mar; y

VII. Las demás que determine el ayuntamiento para favorecer el desarrollo adecuado de los especímenes arbóreos y su convivencia equilibrada con el entorno en que se ubiquen.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, en un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá? expedir y armonizar las disposiciones reglamentarias que correspondan conforme a lo dispuesto en el presente decreto.

Tercero. Las entidades federativas y los municipios realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este decreto, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Notas

1 Jiménez-Sierra, Cecilia, et al. Biodiversidad: Una Alerta. 5 de marzo de 2019, de Universidad Autónoma de México. Sitio web:

http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/36_iv_oct_2010/ casa_del_tiempo_eIV_num36_09_16.pdf

2 Ibídem.

3 TEEB. La importancia de la Biodiversidad para México. 5 de marzo de 2019, de la Economía de los Ecosistemas y Biodiversidad. Sitio web:

http://www.teebweb.org/teeb-mexico/biodiversidad/

4 Semarnat. México, un país megadiverso. 5 de marzo de 2019, de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sitio web:

https://apps1.semarnat.gob.mx: 445/dgeia/informe_resumen/ 04_biodiversidad/cap4.html

5 Semarnat. (2018). México, biodiversidad que asombra. 5 de marzo de 2019, de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sitio web:

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-biodiversidad- que-asombra?idiom=es

6 Biodiversidad mexicana. (2016). Grupo de Países Megadiversos Afines. 5 de marzo de 2019, de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Sitio web:

https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/ paises_megadiversos.html

7 Ibídem.

8 Biodiversidad mexicana. Estrategia mexicana para la conservación vegetal. 5 de marzo de 2019, de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Sitio web:

https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/emcv/EMCV.html

9 Ibídem.

10 Sarukhán, José, et al. (2017). Capital Natural de México. 5 de marzo de 2019, de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Sitio web:

https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Sintesis_CNM_2017.pdf

11 De Ávila, Alejandro, et al. (2012). Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal 2012-2030. 5 de marzo de 2019, de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Sitio web:

https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/emcv/pdf/EMCV_Completa_Baja.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2019.— Diputadas y diputados: Zulma Espinoza Mata, Arturo Escobar y Vega, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Érika Mariana Rosas Uribe, Ana Patricia Peralta de la Peña, Francisco Elizondo Garrido, Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.



LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. En la abundante literatura dedicada a revisar el esquema fiscal que se utiliza en México, existen coincidencias acerca de la crisis de un modelo aplicado durante varios años, mismo que exige su revisión a causa del incumplimiento de sus principales objetivos.

Son ampliamente conocidos los agudos problemas que aquejan a los estados y municipios: ausencia de planes, ya no digamos a corto y mediano plazo, así como el agravamiento de dificultades financieras, convirtiéndose en un obstáculo para atender temas que les permitan cumplir sus necesidades básicas de operación, como es el pago de nómina y otras responsabilidades inherentes a sus funciones elementales.

Para nadie es un secreto que las dificultades financieras de los estados y municipios les han colocado en una situación muy vulnerable que requiere ser subsanada de forma urgente e inmediata.

Si se desea convertir a estos órganos en verdaderas instancias de gobierno, es indispensable dotarlos con recursos que les permitan encontrar una solución permanente a los problemas que les aquejan a diario.

En este contexto se argumentó que las disposiciones legales contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal tuvieran como propósito realizar aportaciones a las entidades federativas y a los municipios, a partir de los recursos obtenidos a lo largo del territorio nacional por el gobierno de la República.

Nos referimos fundamentalmente a los dos principales impuestos que contribuyen a dar forma al modelo al que hemos hecho referencia: el cobro del IVA y el del ISR.

Sin embargo, y contrariamente a los objetivos planteados, la enorme dependencia que reflejan la mayor parte de las administraciones locales, con respecto a la administración federal, se ha convertido en un grave obstáculo para el desarrollo de muchas zonas del país.

Un prestigiado economista se refiere de esta forma a las dificultades descritas. Abro la cita: “Las entidades federativas y los municipios prácticamente no tienen fuentes propias de tributación, a partir de 1980, con la Ley de Coordinación Fiscal las entidades federativas y los municipios renunciaron a ejercer una muy buena parte de sus potestades a cambio de recibir un porcentaje de la recaudación federal participable. En la actualidad los presupuestos estatales y municipales dependen en una muy alta proporción de la transferencia que les hace la Federación”. Cierro la cita.

En este contexto, es necesario recordar que además de las dificultades a las que hemos aludido, existe otro factor que requiere de la pronta acción de esta Cámara de Diputados, nos referimos a la discrecionalidad con que se actúa en muchas ocasiones de parte de la Secretaría de Hacienda, para llevar a cabo la administración de estos recursos, por motivos que escapan al espíritu original que guio su aprobación por la Cámara de Diputados.

En este tema, es de gran ayuda la siguiente reflexión: evaluados por resultados, las reformas en materia fiscal efectuadas a partir de 1983 no han logrado alcanzar los objetivos que de ella se esperaban, ni se ha aumentado la recaudación. El sistema tributario no es equitativo, permanece altamente concentrado en el gobierno federal, y no hay una administración tributaria más eficiente, en la actualidad la recaudación es insuficiente frente al gasto público, que es muy necesario para atender de manera adecuada los derechos que tienen los mexicanos, como es garantizar la educación, la salud, la vivienda y combatir la pobreza.

En ese sentido, someto a esta soberanía la reforma al primer párrafo del artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 40 por ciento de la recaudación federal participable, distribuyéndose de la siguiente manera:

Un 25 por ciento para los estados y el 15 por ciento para los municipios.

Compañeras y compañeros, espero contar con su respaldo a esta propuesta, pues la viabilidad financiera de los estados y municipios como órganos de gobierno, exige la adopción de medidas oportunas y concretas para tal fin. Si verdaderamente se quiere la transformación de México tenemos que dotar de más recursos a los estados y a los municipios. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Problemática

En la abundante literatura dedicada a revisar el esquema fiscal que se utiliza en México, existen coincidencias acerca de la obsolescencia de un modelo aplicado durante varios años, mismo que exige su revisión, a causa del incumplimiento de sus principales objetivos.

Las disposiciones legales contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, se argumentó, tuvieron como propósito realizar aportaciones a las entidades federativas y a los municipios, a partir de los recursos obtenidos a lo largo del territorio nacional por el gobierno federal.

Nos referimos, fundamentalmente a los dos principales impuestos que contribuyen a dar forma al modelo al que hemos hecho referencia: El cobro del IVA y el del ISR.

Concebida esta estrategia bajo la premisa de un pacto federal teniendo como telón de fondo el bien de la nación, mediante la distribución de los recursos presupuestales a las entidades y los municipios, es necesario revisar algunos de los aspectos que le dieron sustento, particularmente en lo que se refiere a sus componentes de carácter económico.

La debilidad de la vida institucional que caracterizó en ciertas etapas de nuestra historia a las administraciones locales, requiere de un rediseño que pasa necesariamente por la evaluación rigurosa de la configuración de las haciendas estatales y municipales.

La enorme dependencia que reflejan la mayor parte de éstas, con respecto a la administración federal, generada por la aplicación de un modelo que se consideró el más idóneo para evitar la parálisis de la gestión pública por la escasez de recursos financieros, se ha presentado notoriamente en el escenario nacional, para constituirse en un grave obstáculo al desarrollo de muchas zonas del país.

La desigualdad persistente entre muchas regiones debido a su vocación económica, además de una multiplicidad de factores, dan señales de un modelo agotado que requiere un replanteamiento con la intención de cumplir sus metas iniciales.

Al denominado “centralismo fiscal” que prevalece actualmente, se suman las dificultades inherentes al conocimiento de las reglas a seguir para la obtención de recursos y los problemas vinculados a su cumplimiento, configurando un escenario en el que resulta difícil avanzar, a pesar de las buenas intenciones de las partes a coordinar.

Un prestigiado economista se refiere de esta forma a las dificultades descritas “Las entidades federativas y los municipios prácticamente no tienen fuentes propias de tributación. A partir de 1980, con la Ley de Coordinación Fiscal, las entidades federativas renunciaron a ejercer una muy buena parte de sus potestades a cambio de recibir un porcentaje de la recaudación federal participable (RFP).... En la actualidad, los presupuestos estatales y los municipales dependen en una muy alta proporción de las transferencias de la Federación”

El retraso para acceder a los recursos, así como la insuficiencia del monto de éstos, en el mayor de los casos, demandan la acción revisora del Poder Legislativo, con objeto de generar propuestas orientadas, por una parte, a concretar la asignación oportuna, así como su correspondencia en lo que corresponde a las cantidades acordes a las necesidades por atender.

En este contexto, es necesario recordar que además de las dificultades a las que hemos aludido, existe otro factor que requiere la pronta acción del Congreso.

Nos referimos a la discrecionalidad con que actúa la Secretaría de Hacienda para llevar a cabo la ministración de estos recursos, afectada en no pocas ocasiones, por motivos que escapan al espíritu original que guio su aprobación por la Cámara de Diputados, dando lugar a prácticas consistentes en la reducción y/o negociación de los recursos aprobados, sin el menor conocimiento del Poder Legislativo.

En algunos casos, el proceso para la obtención de dichos recursos se ha convertido en un problema insuperable para gobernadores y alcaldes, pues lo que debiera ser un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, se convierte, desafortunadamente, en un verdadero desafío que sólo puede ser subsanado mediante lo que podríamos denominar “acuerdos extralegales”, lo cual, indudablemente, abre la puerta para posibles comportamientos irregulares por ambas partes.

Justificación

La débil capacidad recaudatoria del Estado mexicano, ha generado un efecto en cascada que se traduce en la reducción de los recursos que se transfieren a las entidades federativas y a los municipios, debido, entre otros temas, al incremento de las necesidades esenciales de grandes segmentos de la población que no pueden mejorar sus condiciones de vida.

Es un hecho que en México la población más pobre difícilmente abandonará esa condición a lo largo de su existencia, pues la mayor parte de las políticas públicas diseñadas para ello, como los programas sociales, por citar un ejemplo, sólo son meros paliativos, pero de ninguna manera una solución para atender la problemática descrita.

La crónica insuficiencia de recursos, debida a factores como la ausencia de una cultura ciudadana que posibilite e incremente el pago de impuestos, aumentando el número de contribuyentes y la recaudación, sabemos que requiere de acciones orientadas a superar una actitud complaciente en la que han incurrido las autoridades hacendarias, manteniendo inercias como la exención o trato preferencial a grandes contribuyentes, estimándose pérdidas de ingresos por montos que fluctúan entre los 400 y 500 mil millones de pesos anuales.

A cambio, hemos observado una tendencia a seguir manteniendo una reducida base gravable de alrededor de contribuyentes “cautivos”, quienes, en el terreno de los hechos, proveen los ingresos que llegan a las arcas públicas.

Al respecto, es de gran ayuda la siguiente reflexión: “Evaluadas por resultados, las reformas en materia fiscal efectuadas a partir de 1983 dejan mucho que desear. No han logrado alcanzar los objetivos que de ellas se esperaban. Ni se ha aumentado la recaudación, el sistema tributario no es equitativo, permanece altamente concentrado en el gobierno federal y no hay una administración tributaria más eficiente.

En la actualidad la recaudación es insuficiente, frente al gasto público necesario para atender de manera adecuada los derechos sociales en México: la educación, la salud, la vivienda; combatir la pobreza en la que viven más de la mitad de los mexicanos; modernizar y ampliar la infraestructura, y promover el crecimiento de la economía”

La problemática descrita, a la que nos hemos referido para efectos de exposición, se traduce en grandes dificultades para cubrir las necesidades de un gran número de entidades y municipios, enclavados la mayor parte de las veces, en entidades que, pese a los esfuerzos realizados, no pueden superar sus condiciones de pobreza y atraso.

Es pertinente recordar que el municipio nace de la necesidad de descentralizar la administración pública, de acercarla a los ciudadanos y de hacerla más eficiente, el municipio en México encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su génesis y las bases legales de su autonomía. Desde sus inicios, la Revolución mexicana buscó la democracia y la libertad del municipio, dicha libertad fue una de las causas por las que se luchó durante el movimiento social mexicano desarrollado de 1910 a 1917.

Son ampliamente conocidos los acuciosos problemas que aquejan a los municipios: Ausencia de planes ya no digamos a corto y mediano plazo, así como el agravamiento de dificultades financieras, convirtiéndose en un obstáculo para atender dificultades que les permitan cumplir sus necesidades básicas de operación, como el pago de nóminas y otras responsabilidades inherentes a sus funciones elementales.

Por ello, si se desea convertir a estos órganos en verdaderas instancias de gobierno, es indispensable dotarles no sólo con recursos que les permitan atender situaciones coyunturales, como se ha hecho desde hace mucho tiempo, postergando simplemente los problemas.

Si sólo se actúa con base en criterios político-electorales, atendiendo solamente la cercanía del próximo proceso electoral, para colocar administraciones a modo, los problemas no sólo se incrementarán, sino que terminarán convirtiéndose en una amenaza para la gobernabilidad del estado correspondiente.

En este contexto, no deben omitirse las conductas irregulares en que han incurrido diversos funcionarios encargados de la aplicación de las transferencias presupuestales que les han sido entregadas para atender las más variadas demandas ciudadanas.

Al respecto, consideramos que debemos avanzar, tanto en la consolidación de órganos de control que revisen puntual y eficientemente la aplicación del gasto, para inhibir, corregir o sancionar con rigor, las presuntas irregularidades detectadas, así como dotar de la suficiencia presupuestal a las entidades federativas y municipios, en un esquema que contemple los mecanismos de coordinación para la obtención de los fines descritos.

Reiteramos, no es mediante restricciones presupuestales como vamos a subsanar los problemas que aquejan a las entidades y muy particularmente, a los municipios, pues las crisis económicas que ha experimentado el país, han condenado a una situación de rezago a muchos de ellos, en vastas regiones y/o estados.

La complejidad de la situación demanda el cambio de rumbo, no para una fase de ensayo-error, sino para promover, a través de la aplicación de recursos un verdadero desarrollo económico que se transforme en beneficios para la población.

La sociedad mexicana se ha cansado de observar cómo se escatiman recursos para beneficiarle, a cambio de ver el dispendio en que incurren no pocos actores políticos, además de corroborar en carne propia, los desaciertos de una política económica fallida, la cual pulveriza tanto las posibilidades de desarrollo, como la búsqueda de mejores condiciones de vida, derecho fundamental en todo régimen democrático.

Por lo antes expuesto y fundado, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 40% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio, distribuyéndose éste en un 25% para las entidades y en un 15% para los municipios.

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Carlos Tello Macías. “Política Fiscal”. PP. 132-133. En El trimestre económico número 99. FCE y UNAM. México 2008

2 Op. Cit. P. 134

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de septiembre de 2019.— Diputados y diputadas: José Guadalupe Aguilera Rojas, Frida Alejandra Esparza Márquez, Verónica Beatriz Juárez Piña, Antonio Ortega Martínez, Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Presidencia del diputado Marco Antonio Adame Castillo



LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena. Presenta iniciativa que adiciona el artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El diputado Jesús Fernando García Hernández:Con el permiso de la Mesa Directiva. Desde Navolato vengo, compañeras diputadas, compañeros diputados. Al pueblo de México:

“El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza”. André Maurois.

La iniciativa que hoy someto a la atenta y amable consideración de esta honorable asamblea propone una adición a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Este grupo de personas está perfilado como el sector de la población que ocupa un lugar relevante en la agenda pública, dadas las particularidades de atención que demanda, sobre todo en el rubro de la salud, más ahora que una mayor esperanza de vida los expone a los denominados riesgos emergentes derivados de estilos de vida poco saludables.

El segmento de adultos mayores estará requiriendo en consecuencia de una mayor atención por parte del sector público. Se requiere así, que las políticas al respecto determinan una atención integral en todos los aspectos del sistema de salud para el cuidado en específico de este grupo de edad.

Es este un legítimo requerimiento que debe ser atendido con toda puntualidad. La atención médica de urgencia en adultos mayores es precisamente uno de los servicios que mayor demanda presenta ante el agravamiento de padecimientos diversos de este grupo de la población, dedicado así, es así que los derechohabientes de los sistemas de salud y todavía más complejo para quienes carecen de esta garantía.

La atención médica de urgencias brindada con oportunidad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Debe ser garantizada tanto a la población derechohabiente de los servicios de salud del sector público, como a quienes no reciben esta garantía.

Así haremos realidad el cumplimiento del precepto contenido en el artículo 4o. de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual determina que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

“La medicina tiene que pasar de ser reactiva y genérica a ser predictiva y personalizada”. Peter Diamandis.

Si bien el envejecimiento de la población puede considerarse un éxito en razón de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, constituye sin embargo un reto para la sociedad que deberá adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud, participación social y seguridad, así como la capacidad funcional de las personas adultas mayores.

“Es muy triste llegar a viejo, pero es más triste no llegar”. Refranero popular.

En razón de lo expuesto, la iniciativa propone una adición al artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para establecer que entre otras obligaciones que corresponden a las instituciones públicas del sector salud, se determine para este grupo de población el acceso a la atención médica de urgencias sin costo alguno, cuando se trate de personas que no sean derechohabientes de los servicios de salud del sector público.

“Nadie es jamás tan viejo, que después de un día no espere otro”. Séneca.

Por su atención y apoyo a la presente propuesta, gracias. Ánimo, compañeros diputados y quien no escuche este consejo, quiere decir que no quiere a los viejos. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, diputado a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IV del artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el propósito de garantizar la atención médica de urgencia para este sector de la población, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El programa denominado Salud para toda la Población, contenido en el apartado titulado Política Social del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 determina que “el gobierno federal realizará las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos”.

El documento establece que “este objetivo se logrará mediante la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que dará servicio en todo el territorio nacional a todas las personas no afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”. Se indica asimismo que “la atención se brindará en atención a los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural, trato no discriminatorio, digno y humano”.

En lo general, el documento expone entre otras disposiciones que se propugna por “la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo” y por “un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades económicas regionales y locales”.

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refiere que nuestro país “experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos treinta años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica, se trata de una transformación que a nivel internacional se califica como un logro de la humanidad, pero que a la vez representa importantes retos para nuestro país, ya que implica crear las condiciones de vida idóneas que contribuyan al desarrollo pleno de las personas mayores”, contenido en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de este segmento de la población en México, publicado en febrero del presente año.

Así, las personas adultas mayores, están perfiladas como el sector de la población que ocupa un lugar relevante en la agenda pública, dadas las particularidades de atención que este grupo de edad demanda, sobretodo en el rubro de la salud, más ahora que una mayor esperanza de vida los expone a los denominados riesgos emergentes derivados de estilo de vida poco saludables.

En México, 1a cifra de adultos con 60 años de edad y más se ubica en 13.8 millones de personas, que constituyen 11.3 por ciento de la población total, de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares.

Gracias a un descenso en la mortalidad general y a un incremento en la esperanza de vida, la tasa de crecimiento del sector de los adultos mayores, superior en una alta proporción a la que registra el total de los otros segmentos, concentrará en las próximas tres décadas en este grupo de edad una cuarta parte de la población, lo cual implicará una mayor demanda para la atención suficiente y oportuna a las condiciones generales de vida, entre las que están por características propias, los servicios de salud.

El panorama en términos de los retos de la seguridad social en México para el futuro inmediato se perfila preocupante, dado en principio precisamente el crecimiento acelerado de la población de adultos mayores, que prevé desbalances en el acceso a los servicios de salud, a partir de una demanda de atención médica que irá en aumento progresivo.

En relación a esto, el informe en referencia destaca que “se requiere del desarrollo de estrategias con enfoque multidisciplinario y de trabajo coordinado entre el Estado, las familias y la comunidad, cuyo eje fundamental debe ser la perspectiva de derechos humanos” para las personas adultas mayores, “en la cual se ve implícito el reconocimiento de su carácter de sujetos de derechos, de su dignidad y autonomía, de su capacidad de decisión, participación y actuación en todos los aspectos de su vida, en los diferentes ámbitos en que se desenvuelven”.

Respecto a ello, determina que “de igual manera, se hace patente la necesidad de invertir en la formación de capital humano especializado en la atención de la población mayor de 60 años; en investigación geriátrica y gerontológica, y en materia de preparación para la vejez de los sectores más jóvenes de la población, de manera que se pueda asegurar la suficiencia de servicios en el mediano plazo; además se cuente con elementos científicos que permitan una mejor planeación estatal, y se promueva la responsabilidad individual sobre el propio proceso de envejecimiento y sus consecuencias”.

En el apartado de observaciones, respecto al derecho a la protección de la salud, el estudio puntualiza que “un tema central que deberá abordar la política en materia de salud será el aumento de la demanda de servicios de cuidado de personas mayores”. Sugiere asimismo que “retomando las cifras sobre las enfermedades más frecuentes de la población y los indicadores prospectivos sobre discapacidad, se avizora la necesidad de contar con infraestructura y recursos humanos suficientes, aptos y adecuados para proporcionar cuidado por tiempo prolongado después de los 60 años”.

Enuncia que la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, referida a la materia de protección al derecho a la salud, “establece en su Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 la obligación internacional de los Estados parte de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades, para lo cual contempla el aumento considerable de la financiación de la salud y la contratación, capacitación y retención del personal profesional de la salud en los países en desarrollo”.

Aún más, en el apartado de conclusiones y propuestas, recomienda a los titulares de las dependencias federales, entre otras medidas “facilitar el trabajo interinstitucional con el objetivo de diseñar una ruta crítica para atender los problemas del Sistema de Salud”. Ello, subraya, “a efecto que: se alcance la cobertura total de la población mayor”.

Determinando que “el Estado mexicano invierta en el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura médica y hospitalaria”, en cuyo proceso “se garantice que los servicios que se proporcionan sean de calidad y que todas las personas puedan acceder a ellos sin discriminación”, donde esté presente el diseño de programas integrales para las personas que requieren un sistema de cuidados de largo plazo, rehabilitación y cuidados paliativos.

Las recomendaciones de gran visión a cargo de la CNDH, son aquí y ahora propuestas de enorme trascendencia para el segmento de los adultos mayores, a partir del reconocimiento público de que este grupo de personas, por condiciones propias de la edad, constituyen un sector de riesgo frente a la prevalencia de enfermedades derivadas precisamente por el envejecimiento.

Aquí, están y estarán presentes enfermedades de carácter crónico. Padecimientos a los que con mayor frecuencia está expuesto el grupo de personas adultas mayores y que por cuyas características de larga duración y lenta progresión, demandará de una mayor atención, tanto en el aspecto preventivo como curativo.

Amén de las condiciones de envejecimiento, donde están presentes en alta proporción la aparición de padecimientos por enfermedades crónico degenerativas, el segmento de los adultos mayores estará requiriendo en consecuencia de una mayor atención por parte del sector público, de suerte tal que las políticas al respecto determinen una atención integral en todos los aspectos del sistema de salud, para el cuidado en específico de este grupo.

Es este un legítimo requerimiento que debe ser atendido con toda puntualidad, más ahora que derivado de las profundas desigualdades sociales, acumuladas por una inacabada protección de carácter institucional, un alto porcentaje de los adultos mayores no sólo padece los efectos de salud asociados al envejecimiento, sino también condiciones de pobreza.

Es aspiración pública, preceptuada en la legislación respectiva, que las personas adultas mayores reciban atención médica en cualquiera de las instituciones de los Sistemas Nacional y Estatales de Salud. Disposición que sin embargo no se cumple a cabalidad, dado que no todo el universo de este segmento población es derechohabiente de los servicios de salud del sector público.

Si bien la legislación determina que corresponde a las instituciones públicas del sector salud garantizar a las personas adultas mayores, entre otros derechos: la prestación de servicios públicos de salud integrales y de calidad en todas las actividades de atención médica, que vaya desde la detección oportuna y tratamiento temprano de enfermedades crónicas y neoplasias, no preceptúa la de carácter de urgencia.

Es precisamente la atención médica de urgencia en adultos mayores, uno de los servicios que mayor demanda presenta, ante el agravamiento de padecimientos diversos en este segmento de la población, delicado en sí para derechohabientes de los sistemas de salud y todavía más complejo para quienes carecen de esta garantía.

Si bien la atención a los problemas de salud de las personas adultas mayores resulta un reto de enorme dimensión para el sector público, que requiere de ser atendido con la puntualidad debida desde la prevención, en razón de una mayor frecuencia de padecimientos crónicos en este segmento de la población, no debe dejarse de lado el aspecto referente a los servicios de urgencia.

Toda vez que la atención médica de urgencia brindada con oportunidad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, debe ser garantizada tanto a la población derechohabiente de los servicios de salud del sector público como a quienes no reciban esa garantía, para hacer realidad así el cumplimiento del precepto contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual determina que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acertó que si bien el envejecimiento de la población puede considerarse un éxito en razón de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, constituye sin embargo un reto para la sociedad, que deberá adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud, participación social y seguridad, así como la capacidad funcional de las personas adultas mayores.

En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Único. Se adiciona la fracción IV, recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como como sigue:

Artículo 18. Corresponde a las instituciones públicas del sector salud, garantizar a las personas adultas mayores:

I. a III. ...

IV. El acceso a la atención médica de urgencia sin costo alguno para quienes no sean derechohabientes de los servicios de salud del sector público;

V. a XI. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

• Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, 2019, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019.— Diputados y diputadas: Jesús Fernando García Hernández, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Carlos Iván Ayala Bobadilla, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, Jannet Téllez Infante, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Lidia García Anaya, Lucinda Sandoval Soberanes, María Eugenia Hernández Pérez, María Marivel Solís Barrera, Martha Robles Ortiz, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Olegaria Carrasco Macías (rúbricas).»

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.



LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN. Presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Jacquelina Martínez Juárez:Con su venia, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Jacquelina Martínez Juárez: La protección de los datos personales es en realidad una de las materias de salvaguardar el derecho de toda persona a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada.

¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido algún acoso o violación por parte de alguna institución que tiene nuestra información y que hace mal uso de ella? ¿Cuántas veces hemos solicitado que borren nuestros datos, principalmente los bancos, y vuelven a llamarnos semanas después? ¿Cuántas llamadas recibimos de compañías telefónicas a las que nunca hemos pertenecido o bancos donde nunca hemos manejado cuentas?

Recordemos que el propósito de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares es justamente el de la protección de los datos personales, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado. Y una de las formas de hacer efectiva esa protección es reconociendo el derecho a la reparación del daño, debido a que el fin que persiguen los particulares que hacen uso de estos datos no es otro más que el de lucro.

La modificación a la ley que aquí les planteo, mediante la creación del artículo 27 Bis, propone que la reparación del daño se dé mediante el otorgamiento de una indemnización monetaria, cuyos montos serán establecidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respetando así la autonomía que la Constitución le confiere.

Para la determinación de los montos de indemnizaciones se debe considerar como agravante el manejo de datos personales sensibles, que son aquellos más íntimos o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este, revelando aspectos como: origen racial o étnico, estado de salud presente, creencias religiosas, opiniones políticas u orientación sexual, etcétera, en el uso ilícito de la información.

Actualmente, la ley ya contempla como sanciones pequeñas infracciones que van de los 100 a los 32 mil salarios mínimos que, por cierto, hasta el momento el INAI solo ha cobrado una multa en materia de protección de datos en los nueve años de vigencia de esta ley.

Algunas conductas causantes de sanción son las siguientes:

1. No cumplir con la solicitud del titular para el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales sin razón fundada en los términos previstos en esta ley.

2. Actuar con negligencia o dolo en la tramitación y respuesta de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales.

3. Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales cuando exista total o parcialmente la base de datos del responsable.

4. Omisiones en el aviso de privacidad.

5. Recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular, en los casos en que este sea exigible.

6. Obstruir los actos de verificación de la autoridad.

7. Recabar datos en forma engañosa o fraudulenta.

8. Continuar con el uso ilegítimo de los datos personales cuando sea solicitado el cese del mismo por el instituto o los titulares.

Y únicamente se considera como infracción la vulneración de la seguridad de base de datos locales, programas o equipos cuando resulte imputable al responsable. Pero no se hace referencia a la vulneración de las bases de datos que los responsables pudieran sufrir de forma ilícita por parte de terceros.

Compañeras y compañeros diputados, pido su apoyo, ya que por todo lo anterior, además de la indemnización monetaria a los afectados por dichas violaciones de derecho, incluyo también la propuesta de agregar un artículo 70 a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, para sancionar con hasta siete años de prisión al que con cualquier medio accediera violando sistemas de...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada Jacquelina Martínez Juárez: ... confidencialidad y seguridad a la base de datos en posesión del responsable. –Finalizo–. Esta omisión no es menor, pues presenta un rezago de México en la materia, ya que legislaciones como la argentina o la española tipificaron la actividad desde hace más de 15 años. Espero contar con su apoyo. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, suscrita por la diputada Jacquelina Martínez Juárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Jacquelina Martínez Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

I. Problemática

La reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales ha generado la necesidad de crear nuevas leyes secundarias para regular las nuevas disposiciones constitucionales. De este modo, por ejemplo, se publicó en mayo de 2015 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y actualmente en el Senado está pendiente de ser discutido y, en el caso, aprobado el dictamen por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En este momento de actualización del marco jurídico nacional en esta materia resulta conveniente actualizar, asimismo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. La iniciativa que aquí presento pretende hacerlo en tres aspectos: a) reconocer el derecho de los titulares de los datos a recibir una indemnización en caso de que sus derechos hayan sido vulnerados, como se hace en otros Estados; b) eliminar la posibilidad de que los particulares recurran al juicio de nulidad ante Tribunal de Justicia Fiscal y administrativa por las sanciones determinadas por el INAI, y c) establecer como “delito en materia de tratamiento indebido de datos personales” la vulneración (física o informática) de las bases de datos en posesión de los particulares.

II. Argumentación

1. Derecho a la indemnización

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares es el resultado de un esfuerzo que tuvo su origen en el Congreso de la Unión. En el dictamen realizado en 2010 por la Comisión de Gobernación, los legisladores señalaron la necesidad de contar con una legislación que regulara el uso de la información en posesión de los particulares y que permitiera contar con formas de garantizar los derechos de los titulares de la información. Lo anterior permitiría asimismo contrarrestar el atraso que la legislación mexicana presentaba en la materia, en comparación con otros países.

En el dictamen puede encontrarse un extenso análisis acerca de diferentes instrumentos internacionales y casos de legislación extranjera, en el que se explica cómo la protección de los datos personales es en realidad una de las maneras de salvaguardar el derecho de toda persona a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada.

Entre los instrumentos jurídicos a los que el dictamen hace referencia, se encuentra la directiva 95/46/CE, de la Unión Europea, por medio del cual los Estados miembros homologaron su normativa nacional a efecto de permitir el libre intercambio de datos entre ellos, pero garantizando en todo momento su uso correcto y la protección de los mismos. Entonces los legisladores mexicanos advirtieron: “en América Latina, únicamente Argentina cuenta con el reconocimiento de la Unión Europea como país con nivel adecuado de protección de datos... que representa para la economía argentina ingresos anuales significativos tan sólo en el terreno de las inversiones en el ámbito de la investigación médica y de ensayos clínicos”. De lo anterior puede entenderse que la actual Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares encontró en este documento de la Unión Europea una fuerte influencia.

Sin embargo, esa directiva estableció desde 1995 “que los daños que pueden sufrir las personas a raíz de un tratamiento ilícito han de ser reparados por el responsable de tratamiento de datos”. Es decir, las personas cuyos derechos fueron vulnerados por los responsables del tratamiento de datos, tienen asimismo el derecho a obtener la reparación del daño.

De los dictámenes que dieron lugar a la ley vigente en México no puede determinarse cuáles fueron los motivos por los cuales, en el catálogo de los derechos de los titulares de los datos, el de la reparación de daños no haya sido incluido, pues ni siquiera es mencionado. No obstante, si los legisladores no hicieron mención al porqué el derecho a la reparación de daños no fue establecido en la legislación, tampoco especificaron por qué no debe ser incluido.

El objeto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDP) es “la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular sus tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas” (artículo 1). Precisamente, una de las formas de hacer efectiva esa protección es reconociendo el derecho a la reparación del daño.

Es cierto que la ley ya determina qué conductas, por parte de los responsables del tratamiento de datos, constituyen infracciones, así como las sanciones que a éstas corresponden. De igual forma, contiene un capítulo en el que se especifican cuáles son los delitos en materia de tratamiento indebido de datos personales. Sin embargo, con el actual sistema de sanciones, el titular de la información –que es el sujeto directo de los derechos– queda prácticamente marginado. En dado caso, a lo más que puede aspirar es a que el particular responsable que comete una infracción respete los derechos del titular, después de haberlos vulnerado.

Más allá de las infracciones y las penas que ya señala la ley, debe tenerse presente que la importancia de la reparación del daño radica en que es uno de los modos con los que cualquier sistema democrático debe contar a fin de prevenir la repetición de las conductas que incurren en infracciones o delitos y, sobre todo, para hacer efectivo los derechos de los titulares de la información.

Debido a que el fin que persiguen los particulares que hacen uso de los datos personales no es otro que el del lucro, la modificación a la ley que aquí se plantea (mediante la creación de un artículo 27 Bis) propone que la reparación del daño se dé mediante el otorgamiento de una indemnización monetaria. Corresponderá al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) decidir las maneras en que se fijarán los montos de las indemnizaciones. Se considera que al facultar al INAI a fijar las indemnizaciones, y no especificarlas desde el texto de la ley, se respeta la autonomía que la Constitución otorga al instituto y se garantiza que se ciñan al principio constitucional de proporcionalidad, de acuerdo a cada caso particular.

Por último, la modificación propone que en la determinación de los montos de indemnizaciones se considere como agravante el manejo de datos personales sensibles, en el uso ilícito de información.

El artículo 58 de la Ley estipula actualmente que los titulares que consideren que haya sufrido un daño en sus bienes o derechos como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la ley por el responsable o el encargado del tratamiento de información “pueden ejercer los derechos que estimen pertinentes para efectos de la indemnización que proceda, en términos de las disposiciones legales correspondientes”.

De lo anterior deben destacarse dos aspectos: en primer lugar, si bien la legislación enuncia la posibilidad del titular de los datos a solicitar una indemnización, no la reconoce como un derecho y, por tanto, para que la indemnización pueda darse depende de la decisión y la iniciativa que el titular tenga para promover un recurso jurídico (y, en el caso, que éste proceda en un sentido favorable) y no como un acto a priori que deba darse como consecuencia de la vulneración de un derecho. En segundo lugar, el artículo 58 se limita a enunciar que el titular puede “ejercer los derechos que estimen pertinentes para efectos de la indemnización que proceda, en términos de las disposiciones legales correspondientes”; debe hacerse notar que este enunciado es por lo menos ambiguo y confuso y que, por tanto, contraviene al principio del derecho de la claridad que debe tener toda disposición jurídica. Por tal motivo, se propone la modificación de este artículo, vinculándolo con el artículo 27 Bis propuesto.

2. La incompatibilidad actual del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

a) La reforma constitucional de 2014 hizo del INAI un organismo con autonomía, “responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados” (fracción VIII del inciso A, artículo 6o. de la Constitución).

La Constitución establece que este organismo garante (el INAI) tiene competencia de conocer los asuntos en la materia de cualquier autoridad u organismo de los tres poderes de la unión, además de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal. También le corresponde conocer de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas.

El párrafo séptimo de ese inciso señala: “Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados”. De igual forma advierte que es posible interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación siempre y cuando las resoluciones “puedan poner en peligro la seguridad nacional”.

b) Ahora bien, actualmente la LFPDP señala en el artículo 56: “Contra las resoluciones del instituto, los particulares podrán promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”.

Esta disposición buscó en su momento garantizar el derecho de todo particular a ejercer una acción jurídica contra la resolución de cualquier autoridad. Cabe mencionar que la LFPDP fue publicada en julio de 2010. Es decir, fue publicada antes de la reforma que diera lugar al INAI como organismo garante con autonomía constitucional, y cuando el organismo encargado a nivel federal de la protección de datos era el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos).

El IFAI, de acuerdo con la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, era un organismo de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, y por este motivo fue que la LFPDP contempló al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como la instancia ante la cual los particulares pudieran acudir a promover el juicio de nulidad contra sus resoluciones.

El artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal mencionado establece que éste puede conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos dictados por autoridades fiscales federales, organismos fiscales autónomos, o bien que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales (entre otros supuestos). Asimismo, debe tenerse en cuenta que el juicio de nulidad en general, puede ser promovido también por las autoridades administrativas.

c) De lo anterior se concluye que ya no puede corresponder al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el conocimiento de los juicios de nulidad que los particulares promovieran ante las resoluciones del organismo encargado de la protección de datos personales, debido a que éste posee, desde 2014, un carácter de autonomía constitucional y no uno administrativo (como sí lo tenía IFAI).

El hecho de que la LFPDP continúe permitiendo el juicio de nulidad para particulares contraviene el artículo 6o. de la Constitución que, como se ha visto, indica que “las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados”. Si bien es cierto que los particulares que tratan datos personales no hacen parte de la categoría de “sujeto obligado”, no puede negarse que por sus actividades son responsables de la protección de los datos personales con los que trabajan. Por este motivo es que la presente iniciativa busca modificar el artículo 56 de la LFPDP.

Esta posible modificación no vulneraría el derecho de los particulares a recurrir una resolución de la autoridad competente pues, como en la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública vigente, se propone establecer que contra las resoluciones de sanción del Instituto procederá el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

d) Además, esta propuesta de modificación responde a una problemática en particular, dado que la posibilidad de promover el juicio de nulidad ha provocado que la facultad sancionatoria del Instituto carezca, en la práctica, de verdadera efectividad: durante los primeros cinco años de vigencia de la LFPDP, el Instituto sólo ha podido hacer efectivo el pago de una sola multa; todas las demás se encuentran en litigio ante Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

3. La necesidad de tipificar el acceso ilícito a las bases de datos de los responsables

Por último, esta iniciativa propone tipificar el acceso ilícito a las bases de datos personales en posesión de los particulares, ya que tanto en la LFPDP como en el Código Penal Federal se omite este acto como delito y, por tanto, no existen consecuencias punitivas contra el mismo. Esta omisión no es menor, pues presenta un rezago de México en la materia, ya que legislaciones como la argentina o la española tipificaron la actividad desde hace más de 15 años.

En el capítulo X, “De las infracciones y sanciones”, de la ley vigente únicamente se considera infracción la vulneración de “la seguridad de bases de datos, locales, programas o equipos, cuando resulte imputable al responsable”, pero no se hace referencia a la vulneración de las bases de datos que los responsables pudieran sufrir, de forma ilícita, por parte de terceros.

Por este motivo se hace la propuesta de agregar un artículo 70 a la LFPDP para sancionar con hasta siete años de prisión “al que por cualquier medio accediera, violando sistemas de confidencialidad y seguridad, a las bases de datos en posesión del responsable”.

Adicionalmente, se prevé que en caso de que una vulneración de este tipo ocurriera, el Instituto deberá sancionar al responsable del manejo de datos personales con una multa equivalente a la establecida en la fracción II del artículo 64 de la ley. Lo anterior se propone tomando en cuenta que:

1. En buena medida, la vulneración de bases de datos, por parte de terceros, puede ocurrir por negligencia de los responsables de los datos y esta modificación de ley obligaría a los responsables a priorizar los aspectos relacionados con la seguridad de sus bases de datos;

2. A este tipo de acción no puede corresponder una sanción mayor o igual a aquella que se impone cuando en la vulneración de la seguridad de bases de datos resulta “imputable el responsable” –como establece la fracción XI del artículo 63 de la ley–, dado que el sujeto imputable en este supuesto sería un tercero.

Por lo expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

Único. Se reforman los artículos 3, fracción XI, 56 y 58; y se adicionan el 27 Bis y 70 a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para quedar como sigue:

Artículo 3....

I. a X. ...

XI. Instituto: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a que hace referencia la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

XII. a XIX. ...

Artículo 27 Bis. El titular tendrá derecho a recibir la indemnización correspondiente, por parte del responsable, cuando uno o más de los derechos reconocidos en esta ley le sean vulnerados.

La indemnización tendrá lugar cuando el Instituto determine que el responsable incurrió en una o más de las infracciones señaladas en el artículo 63 de esta ley.

El instituto elaborará los criterios mediante la cual se establecerán las formas de determinar los montos de las indemnizaciones, procurando la proporcionalidad entre el monto de la indemnización y la infracción cometida, y teniendo en cuenta como agravante el tratamiento de datos personales sensibles.

Artículo 56. En contra de las resoluciones derivadas del procedimiento de imposición de sanciones previsto en esta ley procede el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

Artículo 58. Los titulares que consideren que han sufrido un daño o lesión en sus bienes o derechos como consecuencia del incumplimiento a lo dispuesto en la presente ley por el responsable o el encargado, podrán ejercer los derechos que estimen pertinentes para efectos de la indemnización que proceda, en términos del artículo 27 Bis de esta ley.

Artículo 70. Se sancionará con una pena de uno a siete años de prisión al que por cualquier medio accediera, violando sistemas de confidencialidad y seguridad, a las bases de datos en posesión del responsable.

Cuando la autoridad judicial competente determine que se ha incurrido en el delito señalado en el párrafo anterior, el Instituto sancionará al responsable del tratamiento de datos personales conforme a la fracción II del artículo 64 de esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales contará con un plazo de hasta un año, a partir de la publicación del decreto, para emitir y publicar los lineamientos en que se establezcan los criterios señalados en el artículo 27 Bis de esta ley.

Notas

1 Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares..., 25 de marzo de 2010. Página 24. Disponible en

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/231031/621446/ file/Version_final_ley_proteccion_datos_personales.pdf.

2 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, considerando 55.

3 De acuerdo con el artículo 3, fracción VI, se consideran como datos personales sensibles aquellos “que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual”.

4 Urrutia Alonso, “En 5 años, el Inai sólo ha cobrado una multa en materia de protección de datos”, en La Jornada,sección Política, 23 de noviembre de 2015. Disponible en

http://www.jornada.unam.mx/2015/11/23/politica/004n2pol

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2019.— Diputadas y diputados: Jacquelina Martínez Juárez, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Janet Melanie Murillo Chávez, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Romero Herrera, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Rigoberto Mares Aguilar, Josefina Salazar Báez, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Saraí Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada... Perdón. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.



LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La diputada Norma Adela Guel Saldívar:Con la venia, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Norma Adela Guel Saldívar: Buenas tardes. Me permito presentarme ante este recinto para exponer el proyecto de decreto que plantea una visión y modificación a la Ley General del Procedimiento Administrativo.

La administración pública federal centralizada y descentralizada afecta y modifica la esfera jurídica y patrimonial de todos los ciudadanos. A través del acto administrativo y para que este sea completamente valido y eficaz, debe cumplir con los requisitos exigidos en nuestro máximo ordenamiento legal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás leyes aplicables, entre ellas la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Además, tal o cual actuación de la autoridad debe ser exteriorizada, hacerle saber al particular la determinación que habrá de modificar su esfera jurídica en particular, y para ello debe ser debidamente notificado al respecto.

Nuestro máximo ordenamiento, nuestra Carta Magna, garantiza el derecho de petición de los ciudadanos, para que toda solicitud realizada a una autoridad deba ser resuelta por escrito en un breve término.

A la falta de contestación por parte de la autoridad al ciudadano en cuestión se le denomina como silencio administrativo y conlleva dos efectos. El primero, en sentido positivo; el segundo, en sentido negativo.

El primero de ellos significa que lo que se solicita es concedido. El segundo, en contraparte, es que se tiene por negado lo solicitado.

En nuestra legislación, la regla general ante la ausencia de contestación de la autoridad de toda petición es la negativa. Dicha negativa es reconocida en nuestro sistema jurídico como negativa ficta, misma que es recurrible en los términos que la propia ley y la jurisprudencia han exigido.

En nuestro país se realizan alrededor de 150 millones de peticiones diversas de los ciudadanos a la administración pública federal. Tan solo el 49 por ciento es atendido y contestado.

Ante dicha situación, es claro que la mayoría de las peticiones no son solventadas y por ende obligados en la mayoría de los casos a recurrir dicha situación ocasionándole un perjuicio mayor a la esfera jurídica y patrimonial del ciudadano, aunado a que genera opacidad y falta de probidad de los servidores públicos en lugar de eficientar su actividad y con ello ofrecer una mejor calidad de respuesta a la ciudadanía en general.

Compañeros, no podemos seguir solapando la inactividad administrativa en detrimento de la ciudadanía en general. La burocracia no puede ser favorecida en cuanto a su inactividad, siempre se debe velar por el interés del gobernado, siempre. Debemos buscar activar el desempeño, eficiencia y responsabilidad de los servidores públicos de la administración pública federal y defender los derechos de los ciudadanos al sustituir la figura de negativa ficta por la de positiva ficta.

Si la autoridad no resuelve la situación planteada por cualquier ciudadano, la misma debe tenerse por contestada en sentido afirmativo, evitando la opacidad en la función pública por completo, toda vez que obliga al servidor público a tener mayor diligencia en el despacho de los asuntos que se le solicite, de lo contrario incurriría en faltas de probidad si se derivara en una afectación a erario de la administración pública.

Al tener una administración pública, ágil, eficiente y transparente, no se consigue con mera retórica o hablando bonito, debemos generar los mecanismos legales necesarios para garantizar el cumplimiento del deber de todo servidor público, atender en todo momento a la ciudadanía estando de su lado y no complicando su esfera jurídica.

Vamos por una administración pública que respete y que trate dignamente a la sociedad, es nuestra responsabilidad, compañeros. Tomemos acciones claras y contundentes, como la planteada por esta iniciativa. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Adela Guel Saldívar, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La administración pública federal, centralizada y descentralizada, afecta y modifica la esfera jurídica y patrimonial de todos los ciudadanos del país a través del acto administrativo, y para que este sea completamente válido y eficaz debe cumplir con los requisitos exigidos en nuestra máximo ordenamiento legal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás leyes aplicables, entre ellas, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, además de ser debidamente notificado al particular en cuestión.

Nuestro máximo ordenamiento jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 8o. establece a la cita:

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

Este artículo garantiza el derecho de petición de los ciudadanos de la República para que toda solicitud realizada a una autoridad deba ser resuelta por escrito en un breve término.

A la falta de contestación por parte de la autoridad al ciudadano en cuestión, se le denomina como “silencio administrativo” y conlleva dos efectos: uno en sentido positivo y el otro en sentido negativo. El primero de ellos significa, que lo que se solicita es concedido y el segundo, en contraparte, es que se tiene por negado lo solicitado.

En nuestra legislación, la regla general ante la ausencia de contestación de la autoridad a toda petición hecha por un ciudadano de la república es la negativa. Dicha negativa, es reconocida en nuestro sistema jurídico como negativa ficta, misma que es recurrible en los términos que la propia ley y la jurisprudencia han exigido.

En nuestro país se realizan alrededor de ciento cincuenta millones de peticiones diversas de ciudadanos a la administración pública federal, y solo el cuarenta y nueve por ciento son atendidas y contestadas por escrito. (Inegi.- Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017.)

Ante dicha situación, es claro que la mayoría de las peticiones ciudadanas no son solventadas y por ende, obligados, en la mayoría de los casos, a recurrir dicha situación ocasionándole un perjuicio mayor a la esfera jurídica y patrimonial del ciudadano. Aunado a que genera opacidad y falta de probidad de los servidores públicos en lugar de eficientizar su actividad y con ello ofrecer una mejor calidad de respuesta a la ciudadanía en general.

Por lo anterior, la presente iniciativa busca activar el desempeño, eficiencia y responsabilidad de los servidores públicos de la administración pública federal y defender los derechos de los ciudadanos al sustituir la figura de la negativa ficta por la de la positiva ficta. Es decir, ante el silencio de la autoridad que la petición del ciudadano se tenga por contestada en sentido afirmativo. Esta situación evitaría por completo la opacidad en la función pública y ante ello. El tener que acudir al Poder Judicial de la Federación para que le sea contestada su solicitud, pues obliga al servidor público a tener mayor diligencia en el despacho de los asuntos que se le soliciten de lo contrario podría incurrir en faltas de probidad si de ello se derivara una afectación al erario de la administración.

En virtud de lo antes expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta soberanía las siguientes reformas:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo

Único. Se reforman el artículo 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido positivo. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver, de lo contrario el servidor público debidamente facultado para emitir el acto incurrirá en responsabilidad administrativa, haciéndose acreedor a las sanciones que imponga la ley en la materia al observar falta de probidad en su actuar.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019.— Diputada Norma Adela Guel Saldívar (rúbrica).»

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Presidencia de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Beatriz López Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., 8o. y 14 de la Ley General de Educación.

La diputada María Beatriz López Chávez:Con su venia, señora presidenta. Compañeros diputados y diputadas. Presento iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se modifican las fracciones XI y III de los artículos 7 y 8, respectivamente, y se adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación.

El maltrato animal ha ido en aumento en la Ciudad de México en los últimos años. Es un tema menos denunciado porque existen lagunas legales, de acuerdo con lo declarado por la Procuraduría Ambiental y el Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

En México, aproximadamente 19.5 millones de animales son de compañía, del cual el 30 por ciento tienen dueño, el 70 por ciento restante está en las calles y son o fueron víctimas del abandono y maltrato, cifra que crece un 20 por ciento anual. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esto solo hace referencia a las mascotas domésticas, aves, perros, gatos, entre otros.

Actualmente a pesar de que existen leyes federales y locales en materia de medio ambiente, solo algunos estados cuentan con la materia de medio ambiente y leyes de protección animal como son Baja California, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz y Zacatecas.

Todas ellas están orientadas a la cultura de corrección, es decir cuando el daño ya fue hecho y el sufrimiento fue inevitable provocando en algunos casos la muerte, aunado a las lagunas legales, como ya lo referí, lo cual coloca a los animales en un estado de indefensión, ya que no tenemos una cultura de bienestar animal, es decir los términos en que los animales tienen que vivir considerando su estado físico y mental, así como las condiciones en las que viven.

Por lo que la educación presentará una herramienta para hacer frente a los problemas, siendo la parte medular de la estrategia de esta iniciativa para impulsar o fortalecer la cultura de bienestar animal a través de su inclusión en los planes y programas de estudio para la educación básica, esto constituye un elemento sustancial en las instituciones encargadas de normar y velar por el bienestar de los animales.

Por ello es importante que los planes y programas elaborados por la Secretaría de Educación Pública se coordinen con la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Salud, en el respectivo ámbito de sus competencias, bajo las cinco provisiones básicas universales reconocidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal.

En vista de que el bienestar animal es una cuestión de políticas públicas nacionales e internacionales complejas y de múltiples facetas con dimensiones científicas, éticas, económicas, legales y culturales, se deben considerar a todos los animales incluyendo los de consumo.

Con la presente iniciativa se inculcará a las nuevas generaciones a convivir sanamente con otros seres vivos, además de hacer conciencia de que los animales no son objetos que se puedan desechar o maltratar, por lo que se fomentará el cuidado y tenencia responsable, impulsando la empatía y el respeto hacia ellos.

En Morena estamos convencidos que, aparte de las leyes correctivas que solo castigan conductas y no las erradican, también se requieren leyes preventivas, y con esto se irá disminuyendo el problema que aqueja hoy por hoy a los seres más desprotegidos del planeta como son los animales. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 7o., 8o. y 14 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Beatriz López Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada María Beatriz López Chávez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XI del artículo 7, la fracción III del artículo 8 y se adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Considerando que los animales que habitan en el planeta son parte del medio ambiente, la Federación y los gobiernos Locales han tenido a bien procurar el derecho a un medio ambiente sano, promulgando Leyes Federales y Locales, en su respectivo ámbito de competencia.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO) aprobó, “La Declaración Universal de los Derechos de los Animales”, esta es, una normativa de carácter no vinculante. Es una mera declaración de intenciones, entre otras cosas, por el hecho de que los ordenamientos jurídicos no suelen considerar a los animales como sujetos de derecho, en la mayoría de los casos son declarados bienes semovientes.

Actualmente, y a pesar de que existen Leyes Federales y Locales en materia de medio ambiente, no existe regulación o sanciones a quienes maltraten, mutilen y/o abandonen a las mascotas o animales domésticos, solo algunos estados con leyes de protección animal, Baja California, Coahuila, Colima, Ciudad de México:

Sobre el maltrato animal, las denuncias han ido en aumento en la Ciudad de México en los últimos años, pero es un tema menos denunciado porque existen lagunas legales, de acuerdo a lo manifestado por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Entre otros estados se encuentra Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Estado de México. Los citados estados han tratado de combatir a través de sus distintas normatividades conductas de maltrato animal, sin embargo, todas ellas están orientadas a la cultura de la corrección, es decir cuando el daño ya fue hecho y el sufrimiento es inevitable.

De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los perros que hay en el país son aproximadamente 19.5 millones, de éstos el 30% tienen dueño y el 70% restante está en las calles y son, o fueron, víctimas de abandono y maltrato, cifra que crece un 20% anual.

La atención que se le ha otorgado al maltrato animal es escasa, por lo que Morena propone no más leyes correctivas, si no leyes que prevengan y que hagan conciencia en las nuevas generaciones a través de la educación que los animales no son un producto o un recurso que debe estar disposición de las personas, son seres con capacidad de sentir dolor, placer, hambre, sed, frío, calor, aburrimiento y estrés, así como nosotros, mismos que forman parte de nuestro medio ambiente.

Por lo que, el espíritu de esta iniciativa es la implementación en los planes y/o programas de educación preescolar, primaria, secundaria, respecto de la cultura de bienestar animal, ya la que los seres humanos tenemos como obligación la protección material de los sectores débiles, y no sólo de los sociales, sino que además nuestro medio ambiente incluido en ello a los animales y no solamente los de compañía, si no también aquellos utilizados para la producción de alimentos, toda vez que éstos, son seres dignos de protección de derechos, y aunque son diferentes a nosotros, son seres vivos que sienten y merecen una vida y trato digno, con ello se inculcará en las generaciones futuras la cultura de bienestar animal, erradicando el maltrato animal, sabemos que la educación representa la herramienta más idónea para hace frente a los problema, es decir, es la parte medular de una estrategia para impulsar o fortalecer el cuidado de los derechos de los animales.

Por ello, se propone modificar la fracción XI del artículo 7, la fracción III del artículo 8 y se adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación.

Decreto por el que el que se modifican las fracciones XI y III de los artículos 7 y 8, respectivamente y se adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación.

Artículo Único. Se modifican las fracciones XI del artículo 7; III del artículo 8 y se adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I-X ...

XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

XII-XVI ...

Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en 4 de 74 los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, y del medio ambiente debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I-II ...

III. Contribuirá a la mejor convivencia humana y con el medio ambiente, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad y del medio ambiente, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y

IV ...

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I-IX ...

IX Bis. Promover e impulsar en el ámbito de su competencia las actividades y programas relacionados al medio ambiente, así como fomentar y difundir la cultura de bienestar animal;

X-XIII ...

...

Artículos Transitorios

Artículo Primero. La Secretaría de Educación Pública contará con un plazo de 180 días para emitir la normativa correspondiente.

Artículo Segundo. La Secretaría de Educación Pública deberá coordinarse con las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Salud, a fin de que se contemplen los cinco puntos básicos que establece la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), en la Cultura de Bienestar Animal, para su implementación en los planes y programas de educación básica y media superior.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputadas: María Beatriz López Chávez, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Jannet Tellez Infante, Lidia García Anaya, María Eugenia Hernández Pérez, María Marivel Solís Barrera, Martha Robles Ortiz, Socorro Irma Andazola Gómez (rúbricas).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.



CÓDIGO PENAL FEDERAL

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Nohemí Alemán Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Nohemí Alemán Hernández:Con el permiso de la Presidencia. Como bien mencionó Manuel Clouthier en uno de sus discursos y que hoy sigue esta frase tan vigente, decía: la escuela del amor eso es lo que es la familia, ahí, es ahí donde nos enseñamos a amar a los desiguales, por lo que la manifestación más grave de la violencia es aquella que se presenta en el medio familiar, la que más daño puede causar a la persona, a la familia y a la sociedad, ya que es la que con más frecuencia actúa en la vida cotidiana.

El tema de la violencia familiar tiene antecedentes históricos de décadas atrás, y lo más grave es que continúan existiendo muchas víctimas que sufren de maltrato en sus familias, ya sea hacia los hijos, hacia las madres, y en algunas ocasiones también los padres de familia.

Este es un tema de muy alta importancia porque la violencia familiar constituye un fenómeno que atenta indiscriminadamente a todos los miembros del núcleo familiar y, en particular, contra las mujeres.

Hoy en día es la principal amenaza para su integridad física y psicológica. Además, la violencia familiar es uno de los mayores asuntos de entender debido al elevado impacto emocional y la afectación en la salud de las personas de quienes desafortunadamente sufren este tipo de violencia.

Esta problemática ha obligado a considerar esta forma de violencia como uno de los mayores asuntos a tratar por el Estado en materia de salud pública y en la defensa de los derechos humanos.

La violencia familiar afecta a todos los miembros de la familia. Recordemos lamentablemente que, en México, del total de las personas víctimas de violencia, el 91 de cada 100 son mujeres y nueve son hombres, sin embargo, la agresión al hombre ha ido creciendo y ha incrementado drásticamente del uno por ciento que teníamos en el año 2000 al 22 por ciento en este año.

Debemos agregar el carácter oculto y silencioso de las agresiones, así como las dificultades que enfrenta la víctima para hacerse oír y poder obtener la justicia que demanda. En nuestro país el combate contra este tipo de violencia debe ser hoy por hoy una exigencia social al cual como legisladores tenemos la obligación de atender y dar respuesta a este problema otorgando las herramientas legislativas al Ejecutivo y al Judicial para que estos en conjunto con acciones firmes y claras combatan y erradiquen la violencia familiar.

La violencia familiar es un problema que atañe a la salud de las personas y al desarrollo de la familia. La legislación federal debe atenderla.

Es entonces que la violencia familiar, si bien es un problema de índole privado, sus consecuencias trascienden en el núcleo familiar y afectan al conjunto de la sociedad convirtiéndose en un problema social, de salud, asistencia, procuración y justicia.

A partir de esas premisas, debemos tener en cuenta que la violencia familiar afecta de manera directa y dramática a todos los miembros de la familia.

Una niña o niño que crece en un medio hostil, en el cual la falta de respeto, las agresiones físicas, sexuales y psicológicas, así como el abandono y el descuido, son la constante como sucede en las familias que padecen este yugo, aunque no sean los sujetos directos de las agresiones, son niños y niñas que están siendo indirectamente violentados al interior de sus hogares.

Es por lo anterior que la presente iniciativa propone reformar la penalidad, para que a quien cometa el delito de violencia familiar se le imponga de cinco a ocho años de prisión. Y, atendiendo al espíritu de brindar mayor protección a las víctimas, se propone adicionar que en estos casos el delito sea perseguible de oficio.

La familia es y seguirá siendo la unidad básica de la sociedad. En nuestra legislación es evidente la falta de claridad en las definiciones jurídicas que se han elaborado sobre el concepto de violencia familiar, lo cual dificulta las tareas de procuración e impartición de justicia.

En Acción Nacional entendemos el importante papel de las familias y la imperiosa necesidad de fortalecer la legislación para dotar de los instrumentos de prevención, detección, sanción y erradicación de la violencia familiar, a fin de lograr construir sociedades pacíficas.

Cuidemos a las familias mexicanas, porque son el pilar de la sociedad y en ellas y sus nuevas generaciones está la auténtica transformación que todos anhelamos en nuestro país.

Por lo anterior, compañeros y compañeras, los invito a sumarse a esta iniciativa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Nohemí Alemán Hernández e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Nohemí Alemán Hernández, y las y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que les otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, a fin de que la violencia familiar se persiga de oficio.

Exposición de Motivos

De conformidad con su etimología, la palabra violencia deriva de la raíz latina vis, que significa vigor, poder, maltrato o fuerza. Se define como la acción o efecto de violentarse; acción violenta o contra el natural modo de proceder; fuerza extrema, o abuso de la fuerza ejercida sobre una persona para obligarla a hacer lo que no quiere.

Una de las manifestaciones más graves de la violencia es aquella que se presenta en el medio familiar; la que más daño puede causar al individuo, a la familia y a la sociedad, y es la que con más frecuencia actúa en nuestra vida cotidiana, constituyéndose en una parte fundamental del patrón de convivencia y cultura humanas.

Es importante resaltar que cuando se habla de violencia, se minimiza la que se ejerce en el entorno doméstico o familiar porque se ha “naturalizado” este tipo de relación, ya que al aceptarse que la violencia es una forma natural de comportarse y relacionarse, ha sido un factor influyente para su frecuencia en nuestras sociedades.

La violencia familiar constituye un fenómeno que atenta indiscriminadamente contra la población femenina, convirtiéndose hoy en día en la principal amenaza para su integridad física y psicológica. El elevado impacto sobre la salud de quienes la sufren ha obligado a considerar esta forma de violencia como uno de los mayores asuntos a tratar por el estado en salud pública y de la defensa de los derechos humanos (Organización Mundial de la Salud, 2000).

La violencia familiar y, en general toda forma de violencia contra la mujer, es un problema muy extendido en México. De acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), realizado en diez países del mundo, México ocupó el primer lugar.

La violencia familiar afecta a todos los miembros de la familia. En México, del total de personas víctimas de violencia, 91 de cada 100 son mujeres y 9 hombres; sin embargo, la agresión al hombre en el hogar ha ido creciendo y ha pasado del 1% que se tenía en el año 2000 al 21% en el año 2010. Asimismo, los hijos también son víctimas de violencia, pero su condición física propicia que, en la mayoría de los casos, este maltrato sea desconocido por quienes deben denunciarlo; éstos, al crecer, consecuentemente, se ven imposibilitados para llevar un desarrollo psicobiológico estable e integrado a la sociedad, por lo tanto, los menores que padecen la violencia física o sexual a su vez se convierten en agentes generadores de violencia en contra de sus descendientes, o continúan siendo víctimas; como ejemplo tenemos que 65 de cada 100 mujeres que sufren de violencia física o sexual fueron objeto de ésta cuando eran niñas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma, también, que la violencia doméstica o familiar es la más común de las agresiones en contra de la mujer, ésta tiene mayor probabilidad de ser lastimada, privada de la vida o violada por su pareja o por otra persona cercana a ella. Se trata de un tipo de agresión comparable a la tortura, nos indican los expertos en salud, precisamente porque:

“...las agresiones están destinadas a lesionar la salud psicológica de la mujer al igual que su cuerpo, y suelen ir acompañadas de humillación y violencia física. Al igual que la tortura, las agresiones son impredecibles y guardan poca relación con el comportamiento de la mujer. Finalmente, las agresiones pueden sucederse una semana tras otra, durante muchos años.”

A estas similitudes debemos agregar el carácter oculto de las agresiones, así como las dificultades que enfrenta la víctima para hacerse oír y obtener la justicia que demanda.

En la comunidad internacional se reconoce que la mujer tiene derecho a una vida sin violencia; México es parte de esa comunidad internacional, por tanto en nuestro país el combate contra la violencia contra la mujer debe ser hoy por hoy un imperativo social al cual los funcionarios y funcionarias públicos tienen la obligación de responder; las diferentes instituciones del Estado tienen la obligación de hacer realidad el derecho de toda mujer, independientemente de su edad o condición social, a una vida digna y sin violencia.

Es cierto que los aspectos jurídicos relacionados con la familia son de competencia local, en los términos del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, la propia carta magna en su artículo 4o. establece tres premisas: la igualdad entre el varón y la mujer, la protección que la ley debe dar a la organización y el desarrollo de la familia y el derecho a la protección de la salud. En este contexto, siendo la violencia familiar un problema que atañe, entre otros, a la salud de las personas y al desarrollo de la familia, la legislación federal debe atenderla. Con base en esos criterios y fundamentos se promulgó la norma de salud que contiene los elementos para la atención médica de la violencia familiar.

Esta norma define a la violencia familiar como “El acto u omisión único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia, en relación de poder -en función del sexo, la edad o la condición física-, en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar el espacio físico donde ocurra el maltrato físico, psicológico, sexual o abandono”.

En esta norma de salud, se establece que la violencia familiar comprende, como se observa en la definición que antecede, cuatro elementos que se presentan aislados, combinados o simultáneos: el abandono, el maltrato físico, el psicológico y el sexual.

Por maltrato físico se entiende “el acto de agresión que causa daño físico”; por maltrato psicológico “la acción u omisión que provoca, en quien lo recibe alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos”; por maltrato sexual, “la acción u omisión mediante la cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene incapacidad de consentir”.

La legislación mexicana, de acuerdo con los modernos criterios político-criminales, tipificó en los artículos 343 Bis, 343 Ter y 343 Quáter del Código Penal Federal la conducta delictiva de violencia familiar en el año 1997, anteriormente sólo se sancionaban los delitos que eran consecuencia de la conducta del agresor, pero, dada la importancia que para la sociedad representó esta creciente conducta antisocial, el legislador incorporó al Código Penal Federal este delito.

El 1 de febrero de 2007, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual en la fracción I del artículo 9 menciona que los Poderes Legislativos, Federal y Locales, considerarán tipificar el delito de violencia familiar con los elementos del tipo contenidos en la definición prevista en esta ley.

En el entonces Distrito Federal se promulgó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar en la cual se entiende que violencia familiar es todo acto de poder u omisión intencional, recurrente o cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psico-emocional o sexualmente a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, que tengan parentesco o lo hayan tenido por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o mantengan una relación de hecho, y que tiene por efecto causar daño.

Posteriormente a la promulgación de esta ley, en el entonces Distrito Federal se hicieron reformas a los códigos civil y penal con el fin de dar cabida a los conceptos de violencia familiar o doméstica en ambas materias y, en el interior de la república, al día de hoy, por lo menos los siguientes estados han legislado en esta materia ya sea a través de reformas a los ordenamientos vigentes o mediante una ley ad hoc: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. En las definiciones de los instrumentos legales correspondientes, se encuentran casi todos los elementos hasta aquí referidos.

Es preciso destacar que algunas definiciones sean tan precisas que se convierten en una interpretación judicial difícil de aplicar siendo el tipo penal confuso y poco práctico para el juzgador. Es el caso del artículo 323 ter del Código Civil del Distrito Federal, en el cual se pone como condición para que se configure la figura de violencia familiar el que tanto el agresor como la víctima vivan en el mismo domicilio y tengan una relación de parentesco. Definición a la que se remite, como se estableció, la nueva causal de divorcio, la cual no se retoma en el código penal, de ahí que puede suceder que un mismo hecho reciba dos conclusiones distintas dependiendo de la materia en que se juzgue. Ello, independientemente de que el legislador del Distrito Federal desconoció que, en muchas de las familias disfuncionales, el agresor y la víctima no necesariamente viven bajo el mismo techo; ignora, también, que los círculos de violencia no se alcanzan a romper, aunque haya mediado un divorcio entre los cónyuges y que, supuestamente, la víctima y el agresor ya no habitan en el mismo hogar.

Es entonces, que, a pesar de estas incongruencias y errores, es cierto que la actividad programática y legislativa que se ha desarrollado en nuestro país, es un esfuerzo por romper el círculo vicioso de ocultamiento y tolerancia que envuelve esta particular forma de violencia; aún se requiere revisar y modificar la legislación y dar continuidad a este tipo de acciones políticas y de gobierno.

Es entonces, que la violencia familiar es un problema de índole “privado” cuyas consecuencias trascienden el núcleo familiar y afectan al conjunto de la sociedad, convirtiéndose, así, en un problema social, de salud, asistencia, procuración y administración de justicia. Es un problema que genera violencia social, tanto como fortalece la cultura de la impunidad. Es un problema que requiere acciones de Estado firmes y claras para combatirlo y erradicarlo; acciones que se deben dar tanto en el ámbito legislativo como en los demás poderes; tanto en los sectores de educación, atención a la salud, desarrollo social, como de gobierno.

A partir de estas premisas, tenemos que tener en cuenta que la violencia familiar afecta de manera directa y dramática a todos los miembros de la familia -incluido el agresor-; es tanto una de las formas de violencia contra la mujer como parte del problema de la niñez maltratada. Un niño o niña que crece en un medio hostil en el cual la falta de respeto, las agresiones físicas, sexuales y psicológicas, el abandono y el descuido son la constante, como sucede en las familias que padecen este yugo, son niños y niñas maltratados, aunque no sean los sujetos directos de las agresiones.

Es por lo anterior que la presente Iniciativa propone evitar la violencia contra la mujer y el hombre, ya que es no sólo una necesidad, sino una posibilidad real. La igualdad, la colaboración entre mujeres y hombres y el respeto de la dignidad humana deben permear en la sociedad.

Es por lo anterior que la presente Iniciativa propone que se reforme el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, con el objeto de establecer que quien efectúe cualquier acción u omisión intencional, dirigido a dañar, dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual, a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, exista o hay existido una relación de pareja, dentro o fuera del domicilio familiar.

Asimismo, se considera necesario reformar la penalidad para que quien cometa el delito de violencia familiar se imponga de cinco a ocho años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.

Por último, y atendiendo al espíritu de brindar mayor protección a las víctimas, se propone adicionar que, en estos casos, el delito se perseguirá de oficio.

La protección de la dignidad e igualdad de los miembros de la familia se encuentra contemplada como derechos fundamentales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la diversas Constituciones Estatales y responden a un sistema de valores jurídicos superiores y principios de alcance universal que están contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y diversos convenios internacionales de los que México forma parte.

Así, debemos extraer de las definiciones propuestas tanto en el ámbito internacional como nacional, aquellos elementos comunes que nos ayuden a realizar de la mejor manera esta labor.

En Acción Nacional sabemos que es tarea de todos nosotros como legisladores, plantear una solución y enfocar de manera adecuada, sin prejuicios, las diferentes facetas de este problema para afinar los instrumentos de prevención, detección, sanción y erradicación de la violencia familiar. Por el momento, es evidente la falta de claridad en las definiciones jurídicas que se han pretendido elaborar sobre el concepto de violencia familiar lo cual dificulta las tareas de procuración e impartición de justicia.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal

Único. Se reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo cualquier acción u omisión intencional, dirigido a dañar, dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual, a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o existió una relación de pareja, dentro o fuera del domicilio familiar.

A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de cinco a ocho años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.

En estos casos, el delito se perseguirá de oficio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 21 a. ed., Ed. Espasa, Madrid, 1992, p. 2092.

ii Análisis jurídico descriptivo de la violencia familiar y el daño a la persona en el derecho civil peruano, Revista de Investigación en Psicología - Vol. 13, N.º 1

iii Ibídem.

iv Ibídem.

v Análisis jurídico descriptivo de la violencia familiar y el daño a la persona en el derecho civil peruano, Revista de Investigación en Psicología - Vol. 13, N.º 1

vi Instituto de la Mujer, señala que unas de cada dos mujeres padecen de violencia intrafamiliar y nueve de cada cien son objeto de agresiones físicas. Inegi-Inmujeres. Encuesta Nacional de la Dinámica en las Relaciones de los Hogares: Estados Unidos Mexicanos, 2006.

vii Ibídem.

viii Facio, Alda, Violencia contra la mujer: Reflexiones desde el derecho, Organización Mundial de la Salud, Lima, Movimiento Manuela Ramos, 1996, p. 23.

ix Pérez Duarte y Noroña, Alicia Elena. La violencia familiar, un concepto difuso en el derecho internacional y en el derecho nacional. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, [S.l.], jan. 2001. Disponible en:

<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/ article/view/3683/4505>. Fecha de acceso: 22 aug. 2019

x Ibídem.

xi Ibídem.

xii Ibídem.

xiii Pérez Duarte y Noroña, Alicia Elena. La violencia familiar, un concepto difuso en el derecho internacional y en el derecho nacional. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, [S.l.], jan. 2001. Disponible en:

<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/ article/view/3683/4505>. Fecha de acceso: 22 aug. 2019

xiv Ibídem.

xv Reformas al Código Civil y Penal del Distrito Federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1997.

xvi Pérez Duarte y Noroña, Alicia Elena. La violencia familiar, un concepto difuso en el derecho internacional y en el derecho nacional. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, [S.l.], jan. 2001. Disponible en:

<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/ article/view/3683/4505>. Fecha de acceso: 22 aug. 2019

xvii Ibídem.

xviii Pérez Duarte y Noroña, Alicia Elena. La violencia familiar, un concepto difuso en el derecho internacional y en el derecho nacional. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, [S.l.], jan. 2001. Disponible en:

<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/ article/view/3683/4505>. Fecha de acceso: 22 aug. 2019

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019.— Diputadas y diputados: Nohemí Alemán Hernández, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Elhier Cinta Rodríguez, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María Del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.



LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS Y CÓDIGO PENAL FEDERAL

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y del Código Penal Federal.

La diputada Socorro Irma Andazola Gómez:Con su permiso, diputada presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Saludo con gusto a todos los que nos siguen a través del Canal del Congreso.

A lo largo de la historia, en México se tiene una extensa lista de crónicas lamentables en las que se ha sabido de desenlaces fatales ocasionados por las denominadas balas perdidas, como el caso de la estudiante del CCH, Aideé Mendoza, quien perdiera la vida por una bala que cayó en su salón de clases, o el caso del menor de edad que en el estado de Puebla acompañaba a su abuelo, quien trabaja como acomodador de autos, hasta ahí le llegó la muerte por otra bala perdida.

Y así podemos comentar innumerables casos como estos que se han quedado en la impunidad, y se han quedado en la impunidad porque siempre se ha pensado que sería difícil, entre comillas, tener una solución de Estado para esta problemática.

Lo que no debemos olvidar es que el Poder Legislativo es precisamente esa parte del Estado que debe encontrar y proponer una solución para que se resuelva este asunto tan grave, de tal manera que propongamos un marco legal que esté acorde a la realidad que vivimos en nuestro país.

Debemos modernizar las leyes necesarias para ofrecer a la ciudadanía esa solución que tanto se espera para salvaguardar su vida y estar acorde a los derechos consagrados por nuestra Carta Magna y los tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, que en su artículo 3 establece claramente que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Es importante mencionar que en algunas entidades federativas de este país ya se ha avanzado en este sentido. Por lo que, en ese orden de ideas, me permito comentarles que en estudios recientes se han encontrado varias razones no justificables por las que la gente decide disparar sus armas al aire, sin ningún miramiento y en la mayoría de los casos sin remordimiento o preocupación por hacerle daño a una persona inocente.

Hace unos días fuimos testigos de lo que en diversos medios de comunicación se publicó referente a la impunidad con la que los grupos criminales hacen alarde de su poder disparando armas de alto calibre, sin importar que esos proyectiles al momento de caer son potencialmente mortales para gente inocente.

En otros casos se le atribuyen estos actos de accionar sus armas al aire indiscriminadamente a festejos por usos y costumbres de algunas regiones del país, en las que a ciertas personas se les ha inculcado erróneamente que, por ser un día festivo, también es un día para festejar equis o ye conmemoración, también está permitido realizar esa práctica nefasta y dañina.

Entre otros festejos o usos y costumbres se encuentran el festejo de la Navidad, Año Nuevo, fiestas patronales, carnavales, Día de la Independencia o cualquier otra. Sin embargo, debemos dejar atrás prácticas que ya no están acorde a los tiempos en que vivimos y menos a las necesidades y demandas de seguridad de la población en general.

Es decir, no podemos seguir cerrando los ojos ante este problema y pensar que por el hecho de que se trata de una costumbre se deben seguir permitiendo actos que atenten contra la vida de la ciudadanía inocente y que, por lo tanto, no se puede hacer nada.

De tal manera que es hora de proponer modificar las leyes y códigos penales, en donde existe un vacío o ausencia de la tipificación de esta acción como un acto ilícito o delictivo, lo que impide a la autoridad correspondiente actuar en consecuencia, incluso, en casos de denuncias directas.

Como dato adicional, en el estudio denominado Análisis de casos de balas perdidas, reportadas en medios de comunicación, en América Latina y el Caribe, presentado por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, se documentó 741 casos a causas de balas perdidas, con 826 víctimas.

Cabe decir que este organismo, perteneciente a Naciones Unidas, clasifica a las balas perdidas como una modalidad de violencia armada. Por lo anterior, solicito el apoyo de todos y todas ustedes, para que con su aprobación logremos cambiar esta realidad lacerante y se sancione el disparo de armas de fuego, sin razón justificada, en nuestro país. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal Socorro Irma Andazola Gómez, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 1, fracción I, del artículo 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el artículo 162 del Código Penal Federal adicionando una fracción VI, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A lo largo de la historia, en México se tiene una extensa lista de crónicas lamentables en las que se ha sabido de desenlaces fatales ocasionados por las denominadas “balas perdidas” y que de una forma menos sensible por parte de algunas autoridades también llamadas “bajas colaterales” cuando estas cifras resultan presuntamente de enfrentamientos armados contra, o entre la delincuencia organizada.

Lo cierto es que se sabe de la muerte de inocentes de diferentes edades y de ambos sexos.

En estudios recientes se han encontrado varias razones, no justificables por completo, por las que la gente decide disparar sus armas al aire sin ningún miramiento y en la mayoría de los casos, sin remordimiento o preocupación por hacerle daño a una persona inocente.

Existen casos documentados, en los que a los autores de estas prácticas insensibles, les provoca un estado de satisfacción y “empoderamiento” quienes dicen sentirse bien al disparar al aire porque eso les da un estatus de poder y solo eso, sin otro objetivo de más peso que su ego

En otros casos, se le atribuye estos actos de accionar sus armas al aire indiscriminadamente, a festejos por “usos y costumbres” de ciertas regiones del país en las que a ciertas personas se les ha “inculcado” erróneamente, que por ser un día festivo también es un día en el que para festejar X o Y conmemoración también está permitido esa práctica nefasta y dañina, como es el caso del festejo de Navidad, Año nuevo, Fiestas Patronales, Carnavales, Día de la Independencia o cualquier otra festividad. Lo que no necesariamente se debería clasificar como un uso o una buena costumbre, porque se asocia a las negativas consecuencias de las que daremos cifras más adelante.

Por otra parte, sin contar con los números que arrojan las cifras negras de las balas que provendrían como consecuencia de hechos delictivos como lo son enfrentamientos entre bandas rivales o enfrentamientos entre autoridades y bandas del crimen organizado, se tiene conocimiento de aquellas estadísticas que surgen a consecuencia de las denominadas y ya referidas “Balas perdidas”, que no se relacionan con dichos enfrentamientos y que se pudieran asociar a disparos al aire por gusto o satisfacción, como las descritas en los párrafos anteriores.

Además de que hay una posibilidad muy amplia, de que los casos de tragedias originadas por balas perdidas sean mucho más cuantiosas pero que, por la falta de denuncia o la ya sabida práctica nefasta de algunas autoridades de clasificar intencionalmente de forma errónea los casos, a fin de encubrir cifras que podrían manchar la imagen al gobernante en turno, lo que aumenta la gravedad del caso.

Y por otro lado, encontramos que actualmente en la mayor parte de las normas, leyes y códigos penales del país, existe un vacío o ausencia de la tipificación de esta acción como un acto ilícito y/o delictivo, lo que impide a la autoridad correspondiente actuar en consecuencia incluso en caso de denuncias directas.

No obstante lo anterior, es necesario confirmar que la solución a la problemática aquí presentada, requiere de abordar los diversos factores que la originan, como la falta de legislación que tipifique como delito el disparo al aire indiscriminado de armas de fuego y por otro lado los derechos fundamentales que se han violado históricamente por soslayar la problemática de forma sistemática y que a la fecha, está sin resolverse.

Por lo que, invocando el principio del derecho a la vida vertido en los diversos documentos y tratados internacionales, es que en esta iniciativa se trata el problema a resolver, desde dos vertientes que convergen en la presente argumentación y exposición de motivos:

1. El derecho a la vida y su preservación, como un derecho fundamental y por otro lado;

2. La necesidad de tipificar como delito el disparo de armas de fuego al aire sin una razón lícita

Esto último, implica un alto riesgo al dejar en un estado de indefensión absoluta a las personas que son testigos y también víctimas potenciales de alguien que acciona un arma (aun dentro de un domicilio particular), estando cerca o no y a pesar de que éste, carezca de dolo o la intención directa de hacerle daño a un tercero.

El derecho a la preservación de la vida de las víctimas, que se viola por el Estado por No atender la problemática:

En ese orden de ideas, debemos recordar que el artículo tercero de la “Declaración universal de los derechos humanos” proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, establece claramente que:

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Debemos recordar que la Organización de las Naciones Unidas, como principal foro internacional representativo de los Estados, tiene como uno de sus cometidos básicos la búsqueda de soluciones a los problemas comunes de las sociedades y de sus pueblos.

Existen otros instrumentos internacionales multilaterales que han desarrollado el campo de la protección de los derechos humanos, de los cuales México es signatario, entre los que destacan los siguientes:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) adoptado por México en 1976 establece en el artículo sexto que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.

En México y en el mundo, el concepto de derechos humanos ha adquirido una importancia y una profundidad durante los últimos años, como resultado de una visión humanista de la organización social y como consecuencia de múltiples manifestaciones de actos de autoridad...

La tutela jurídica de los derechos humanos ha sido y es motivo de reflexiones de políticos, de juristas y, en general, de toda persona que al percibir un atentado a la integridad y dignidad de otra, se siente afectado como si se tratara de sí mismo, por un principio de solidaridad humana que los propios análisis de los derechos humanos conllevan.

Como consecuencia de lo anterior, la protección de la vida de un ser humano es considerada como la más elemental de las defensas, puesto que de la vida derivan todo el potencial de desarrollo y realización de la persona; múltiples formas de atentados a la vida se consideran, en nuestros días, como claras violaciones a los derechos humanos...

La preservación de la vida, pues, resulta indispensable para que el ser orgánico se desarrolle, evolucione y se reproduzca; para que la persona encuentre satisfacción de sus necesidades y de sus deseos; para que fortalezca su entusiasmo, actividad y fuerza para su propia realización.

La función del Estado debe ser velar por el funcionamiento armónico de la sociedad, preservando y fomentando sus valores, entre los cuales el respeto a la vida humana y a los derechos que de la propia existencia derivan los derechos humanos, constituyen y deben constituir el objetivo primordial de la organización política de las sociedades modernas.

Por otro lado, el análisis de la problemática a resolver, en el contexto Internacional, cuenta con profundos y serios estudios:

Por su parte, en el estudio denominado “Balas Perdidas II: Análisis de Casos de Balas Perdidas Reportados en Medios de Comunicación en América Latina y el Caribe (2014 – 2015)” presentado en mayo del año 2016 por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec) con sede en Lima (Perú).

Este Organismo tiene dentro de sus programas el Programa de Seguridad Pública de Unlirec que tiene como objetivo impulsar el progreso del desarme práctico en los 33 Estados de América Latina y el Caribe, como parte de su compromiso de apoyo en la implementación de instrumentos internacionales en materia de desarme y control de armas pequeñas y ligeras, en particular el Programa de Acción de las Naciones Unidas 2001 sobre armas de fuego.

Mismo, que nos provee de múltiples datos que resultaron de casos documentados en 25 países y que aprovechamos para contextualizar los motivos del porque es importante que en México abordemos de manera decidida el tema de la necesidad de la prohibición definitiva del disparo de armas de fuego al aire por cualquier razón no justificada que origina las mencionadas “Balas perdidas” o como las denomina el UNLIREC en su estudio: “Disparos alegres”, mismos, a los que esta extensión de Naciones Unidas, también clasifica como una modalidad de “violencia armada” definiéndolos como: actos de violencia armada que resultan cuando individuos o grupos disparan al aire para celebrar feriados, festividades o expresar (in)satisfacción dentro de un evento deportivo o cultural.

En este contexto y con información del estudio de referencia, se sabe que un equipo de investigadores del Unlirec documentó 741 casos de violencia armada a causa de balas perdidas – con 826 víctimas como resultado– reportados en medios de comunicación de 25 países de América Latina y el Caribe durante un periodo de dos años (1 de enero de 2014 - 31 de diciembre de 2015). La investigación encontró más de un caso de bala perdida al día en la región. Los casos fueron clasificados en las siguientes categorías: (a) lesión o muerte; (b) sexo de la víctima; (c) edad de la víctima; y (d) tipología de la violencia armada (definida en la publicación de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo ‘Carga Global de la Violencia Armada 2011: Encuentros Letales’).

Las principales conclusiones del estudio son las siguientes:

• El 55 por ciento de las víctimas de balas perdidas fueron hombres mientras que el 43 por ciento de las víctimas fueron mujeres. En el 2 por ciento de los casos documentados, el sexo de la víctima no fue especificado.

• Los menores de edad (menores de 18 años) representaron el 43 por ciento de las víctimas de balas perdidas, mientras que los adultos jóvenes (entre 18-29 años) representaron el 18 por ciento. Esto significa que el 61 por ciento de todas las víctimas de balas perdidas fueron jóvenes menores de 30 años.

• En cuanto al tipo de violencia armada que produjo víctimas como consecuencia de balas perdidas se puede concluir lo siguiente: el 15 por ciento de los casos estuvo relacionado con la violencia de pandillas y el 14 por ciento con el crimen organizado. El 12 por ciento de los incidentes estuvo relacionado con el crimen común/robo a mano armada. La violencia social/comunal/interpersonal fue identificada en el 10 por ciento de la muestra analizada. Así como los tiros al aire/disparos alegres estuvieron presentes en el 9 por ciento de los casos documentados.

Por lo que hace a las recomendaciones en materia de prevención de ésta problemática y el camino a seguir, el estudio indica entre otras cosas que: (d) establecer leyes y políticas claras y aplicables con respecto a la tenencia y al uso de armas de fuego.

En cuanto a las políticas públicas de reducción de la violencia armada, el estudio establece que los Estados y los gobiernos locales deben tener en cuenta las medidas para prevenir la convergencia de múltiples factores de riesgo (armas de fuego, drogas, alcohol y jóvenes), y los programas voluntarios de recolección de armas, zonas libres de armas y mecanismos de resolución de conflictos a nivel local, entre otros.

Asimismo, el estudio menciona que adicionalmente, se podrían adoptar medidas específicas para abordar directamente el 9 por ciento de los casos que estuvo relacionado con los tiros al aire/disparos alegres. Esto, con base en los datos documentados en este estudio, se dice que se pudo haber salvado aproximadamente a más de 180 personas de la muerte, lesiones y/o trauma psicológico.

Por lo que los casos de muertes y lesiones más evitables son aquellos causados por disparos al aire o disparos alegres, los que representaron como ya se dijo antes el 9 por ciento de los casos documentados en el estudio. Muchos países de América Latina y el Caribe no cuentan con leyes que penalicen este comportamiento.

Unlirec recomienda que los Estados que no cuenten con leyes que penalizan los disparos al aire, consideren, particularmente en contextos urbanos, adoptar pronto medidas legislativas en estos temas. Igualmente es recomendable que dicha legislación vaya acompañada de campañas públicas de sensibilización y educación y se centre en las épocas de festejo y celebración, así como en eventos deportivos para hacer frente a los aspectos culturales de este comportamiento.

En ese sentido, existen ejemplos reales de las soluciones que se han implementado en otros países de América Latina como los que describe el estudio de Unlirec en el que se documenta que en “algunos países se ha aprobado legislación específica o reformas a códigos penales para abordar el problema de los disparos al aire, mientras que otros países continúan lidiando con legislaciones pendientes en este tema. En el 2011, el Congreso de Colombia aprobó la “Ley de Seguridad Ciudadana” la cual hace modificaciones especificas al código penal, al código de infancia y adolescencia y otros asuntos relacionados a la seguridad ciudadana. En esta ley, el artículo 18 aborda específicamente las balas perdidas tomando las siguientes acciones en contra de alguien que dispare al aire de manera celebratoria o sin un motivo legítimo como la defensa propia o la protección de la vida:

• Sentencia de uno a cinco años a prisión

• Cancelación del porte del arma de fuego (si esta había estado legalmente registrada)

• Suspensión del derecho de porte y tenencia de arma de fuego por un periodo de 20 años....”

“Otro ejemplo de respuestas legales se puede encontrar en Chile. En el año 2015, este país promulgó la ley 20.813 que modifica la “Ley número 17. 798 de Control de Armas y el Código Procesal Penal.” Esta ley también aborda específicamente los disparos injustificados y sanciona a quien dispare sin justificación un arma con la pena de presidio menor en su grado máximo...”

Abordando el caso México

Si bien es cierto que algunos estados o entidades federativas de nuestro país, han llevado a cabo acciones legislativas como es el caso del estado de México que en el año 2015 el pleno del congreso de esa entidad aprobó la reforma al artículo 253 del código penal estatal para tipificarlo como delito y sancionar esa conducta o como las acciones de política pública de desarme voluntario llevado a cabo por el Ejecutivo de la Ciudad de México con el programa denominado “si al desarme, sí a la paz”, representan acciones positivas que sin duda abonan al combate de los delitos en los que se ven involucradas armas de fuego en sus diferentes clasificaciones, también es cierto que es necesario llevar a cabo reformas al marco legal a nivel federal, que de una vez por todas muestre señales de que se tiene la voluntad de erradicar por completo de forma gradual, los delitos de alto impacto incluyendo los relacionados con las muertes y/o lesiones ocasionadas por “Balas perdidas” o “Disparos alegres” sin ambigüedades.

Ahora bien, referente al caso México, del estudio de mérito del Unlirec se desprende que la periodista de investigación Valentina Pérez Botero del periódico mexicano El Universal, condujo una investigación sobre el fenómeno de las balas perdidas en la zona metropolitana del valle de México, comparando datos de la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal y una búsqueda propia de material periodístico, en la cual documentó 139 víctimas desde 2006 hasta enero de 2015. La principal conclusión fue la naturaleza aleatoria del fenómeno de las balas perdidas, ya que este tipo de violencia armada puede herir o matar a cualquier individuo independientemente del lugar donde se encuentre.

Solo por citar alguno de los casos más recientes de víctimas de “Balas Perdidas” por disparos al aire, podemos mencionar el caso de la señorita estudiante del CCH Oriente Aideé Mendoza Jerónimo, quien murió al ser alcanzada por una bala mientras se encontraba en una clase de matemáticas y que como hipótesis las autoridades correspondientes han declarado que el proyectil pudo haber venido de un predio aledaño al CCH, donde suelen reunirse supuestos narcomenudistas o de una instalación de la Marina (Semar). Éste y otros casos de víctimas inocentes pudieron haberse evitado como lo dice el estudio del Unlirec, son la razón de esta iniciativa.

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, sabemos que la aleatoriedad del origen de los proyectiles que hieren o matan a personas inocentes en muchos casos, impiden o complican de sobremanera la imputación de la culpabilidad al perpetrador, pero eso no impide que se legisle para prohibir y castigar el disparo al aire de armas de fuego en nuestro país.

Por lo que es necesario precisar, que esta iniciativa no está encaminada a señalar como un delito a aquellos hechos que de por sí ya son clasificados como tal y que dejan víctimas fatales por balas que provienen de hechos delictivos por enfrentamientos o ajusticiamientos perpetrados por sicarios o la delincuencia organizada, sino más bien esta iniciativa tiene como fin resolver la problemática descrita y sensibilizar a todas las autoridades que intervienen en la clasificación de los tipos de delitos, de que el disparo de armas de fuego como se dice comúnmente “al aire” de forma indiscriminada, por gusto y/o sin una justificación de peso como salvaguardar la seguridad e incluso la vida de una o varias personas, debe ser consignado y clasificado como un delito.

Lo anterior, debido a que lo único que logran esos actos es poner en peligro incluso de muerte a la sociedad en su conjunto, como lo demuestran las cifras que se presentan en este documento con datos de diversos Organismos Nacionales e Internacionales que muestran la cruda realidad que encubre la inacción de los diferentes órdenes de gobierno, de los cuales nosotros como legisladoras y legisladores formamos parte y que por lo tanto, debemos poner punto final a este problema ofreciendo a la sociedad en su conjunto, la alternativa de un marco legal moderno que responda a las necesidades de nuestros tiempos para proteger el derecho a la vida consagrado implícitamente en nuestra carta magna que promueve los diversos derechos fundamentales y a la vida como se demostró con la reforma de los artículos 14 y 22 del año 2005 y los tratados internacionales correspondientes en materia del interés y derecho superior de los individuos a la vida.

De aprobarse la presente iniciativa, las diputadas y diputados de ésta legislatura, estaremos aprovechando la oportunidad de hacer los cambios normativos necesarios para ofrecer a la ciudadanía en general, instrumentos legales que respondan a las exigencias de nuestros tiempos en materia del derecho a la protección de la vida como un derecho fundamental, en concordancia con los tratados internacionales correspondientes y estaremos abonando a la disminución y futura erradicación de sucesos fatales por disparo de armas de fuego al aire sin razón justificada.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y del Código Penal Federal.

Artículo Primero. Se reforma la fracción I del artículo 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 31. Las licencias de portación de armas podrán cancelarse, sin perjuicio de aplicar las sanciones que procedan, en los siguientes casos:

I. Cuando sus poseedores hagan mal uso de las armas incluyendo lo descrito en el artículo 162 del Código Penal Federal o de las licencias;

II a la IX...

...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 162 del Código Penal Federal adicionando una fracción VI, para quedar como sigue:

Artículo 162. Se aplicará de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa y decomiso:

I a V...

VI. Al que, sin causa justificada, realice disparo de arma de fuego al aire o sobre una persona o grupo de personas, o en domicilio particular, en la vía pública, en un establecimiento comercial, de servicios, o fuera de un campo de tiro debidamente autorizado, o en algún lugar concurrido.

Para efectos del presente artículo, se entenderá por causa justificada, todas aquellas circunstancias en las que se ponga en riesgo la vida, la integridad física o el patrimonio, propio o de cualquier otra persona.

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los procesos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente decreto, se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que dieron su origen.

Notas

1 https://www.excelsior.com.mx/nacional/onu-balas-perdidas-llueven-sobre- mexico-muchos-casos-no-son-investigados/1312636

2 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

3 Decreto por el que se declara reformados los artículos 14, segundo párrafo y 22 primer párrafo, y derogado el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4 http://unlirec.screativa.com/wp-content/uploads/2018/04/Balas_Perdidas.pdf

5 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/06/11/1029013

6 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/justicia/trafico-de-armas-desarme- voluntario-cdmx-dinero-claudia-sheinbaum-2952194.html

7 Valentina Pérez Botero, ‘Balas perdidas impactan a dos al mes’ El Universal MX, Ciudad de México, 17 de febrero de 2015.

<http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/ balas-perdidasimpactan-a-dos-al-mes-130095.html >

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputadas: Socorro Irma Andazola Gómez, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Jannet Tellez Infante, Lidia García Anaya, María Eugenia Hernández Pérez, María Guillermina Alvarado Moreno, María Marivel Solís Barrera, Martha Robles Ortiz (rúbricas).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Defensa Nacional, para opinión.



LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 50 Bis y 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

¿Sí está la diputada Zavaleta en el pleno? Ah, no la vi, diputada, perdóneme.

La diputada Graciela Zavaleta Sánchez:Con su venia, señora presidenta.

La desaparición de una persona, honorable asamblea, representa retos para cualquier Estado al ponerse en prueba su sistema de justicia ante los nacionales y en el contexto internacional.

En México, la búsqueda de personas desaparecidas tiene una clave fundamental en las organizaciones civiles defensoras del respeto y vigencia de los derechos humanos.

En el caso de la desaparición forzada, la existencia de un solo caso es inaceptable y es necesario llegar a la verdad para erradicar por completo este delito.

Para México, la exigencia para resolver cada caso de desaparición forzada derivó de las recomendaciones internacionales, a fin de impulsar diversas medidas para prevenir la desaparición de las personas.

Mi intervención en esta tribuna, con la presentación de esta iniciativa, no puede dejar de lado la memoria de uno de los hechos más indignantes que aún siguen lacerando la conciencia colectiva, el de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala hace cinco años, en el 2014. Uno de los capítulos más horrorosos en la historia de México.

Hoy las familias, padres y madres, siguen en la búsqueda esperando respuesta en derecho a conocer la verdad. Pero eso no es suficiente hasta llevar a los responsables ante las autoridades judiciales. Desde esta tribuna hago manifiesta mi exigencia: los responsables a la cárcel.

No hay verdad histórica más suficiente que el dolor de la familia, que a cinco años siguen cargando la pena por la incompetencia de las pasadas autoridades. Nos faltan 43, justicia para las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa.

El informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala que el problema de las desapariciones desafía las capacidades de recursos del Estado mexicano, para dar respuesta a una situación que con el paso del tiempo se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar en nuestro camino rumbo a una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos.

En el mismo documento de la CNDH se afirma que las cifras oficiales contenidas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a octubre de 2016, sumaba un total de 29 mil 903 personas. De acuerdo con los datos de dicho registro, en los últimos 10 años ha habido un incremento de personas sin que se sepa nada de ellas.

México es de los países del mundo en un estado de paz, donde no hay guerra declarada, con el mayor número de personas desaparecidas. Y es que las cifras más aproximadas e inexactas indican que son más de 40 mil desapariciones forzadas al 2018, a diferencia de otras naciones en conflictos y guerras civiles o de las épocas de la Guerra Sucia.

Honorable asamblea, en orden a contribuir al fortalecimiento de la legislación en materia, es que propongo la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con objeto de considerar la modificación de los artículos 50 Bis y 50 Ter, para que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas sea referida en el contenido de dichos preceptos, con la finalidad de que los jueces federales autoricen las solicitudes de intervención, de comunicaciones privadas a los agentes del Ministerio Público, responsables de las investigaciones relacionadas con dichos delitos.

Finalmente, presidenta, como secretaria de la junta directiva de la Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted atentamente que la presente iniciativa sea turnada a la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, para ser dictaminada al seno de ese órgano legislativo por ser competente en la materia. Muchas gracias, y es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 50 Bis y 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Graciela Zavaleta Sánchez, diputada a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, conforme a lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta al pleno de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 50 Bis y 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A) Argumentos

La desaparición de una persona representa retos para cualquier Estado al ponerse en prueba su sistema de justicia ante los nacionales y en el contexto internacional. En México, la búsqueda de personas desaparecidas tiene una clave fundamental en las organizaciones civiles defensoras del respeto y vigencia de los derechos humanos. En el caso de la desaparición forzada, la existencia de un solo caso es inaceptable y es necesario llegar a la verdad para erradicar por completo este delito.

Para México, la exigencia derivó de las recomendaciones internaciones a fin de impulsar diversas medidas para prevenir la desaparición forzada de personas. Entre las legislativas, está la expedición de una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas por Particulares. Esta ley debe elaborarse escuchando a las víctimas, atendiendo sus necesidades y opiniones, así como las de las organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas en la materia

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada el 17 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, es de interés social y observancia general en todo el territorio nacional, de conformidad con el mandato establecido en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El mencionado ordenamiento, conforme a lo establecido en el artículo , tiene por objeto establecer la “distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las personas desaparecidas y no Localizadas y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece el ordenamiento materia del presente dictamen”.

La cuestión sobre la desaparición forzada de personas es urgente para ser atendido y tiene su más deleznable simbolismo en los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

El Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que “el problema de las desapariciones desafía las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar en nuestro camino rumbo a una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos”.

En el mismo documento de la CNDH se afirma que las cifras oficiales contenidas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas a octubre de 2016 suman un total de 29 mil 903, de las cuales 28 mil 937 corresponden al fuero común y 966 al fuero federal. De acuerdo con los datos de dicho registro, en los últimos 10 años ha habido un incremento de personas desaparecidas, de conformidad con lo siguiente: en 2007, 662 casos; en 2008, 822 casos; en 2009, mil 401 casos; en 2010, 3 mil 227 casos; en 2011, 4 mil 94 casos; en 2012, 3 mil 343 casos; en 2013, 3 mil 878 casos; en 2014, 4 mil 196 casos; en 2015, 3 mil 768 casos, y hasta octubre de 2016, 3 mil 805 casos.

B) Justificación del proyecto de decreto

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada el 17 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, es de interés social y observancia general en todo el territorio nacional, de conformidad con el mandato establecido en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El mencionado ordenamiento, conforme a lo establecido en el artículo, tiene por objeto establecer “la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las personas desaparecidas y no Localizadas y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece el ordenamiento materia del presente dictamen”.

Entre sus medidas, se encuentran facultades a diversas autoridades que integrarán el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La desaparición forzada de personas es un delito perseguido de oficio y, de conformidad con el artículo 13, tienen el carácter de permanentes o continuos, en tanto la suerte y el paradero de la Persona Desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados.

La persecución de este delito corresponderá al Ministerio Público y la Ley determina la creación de fiscalías especiales. De acuerdo con la exposición de motivos del ordenamiento, las atribuciones de las fiscalías serán las de:

1. Recibir denuncias relacionadas con la probable comisión de hechos constitutivos de los delitos materia de la ley;

2. Iniciar la carpeta de investigación correspondiente;

3. Mantener coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda para realizar todas las acciones relativas a la investigación y persecución de los delitos establecidos en el ordenamiento;

4. Dar aviso inmediato, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, del inicio de una investigación relativa a cualquier delito señalado en la legislación materia del presente dictamen;

5. Mantener comunicación continua y permanente con la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda a fin de compartir información que pudiera contribuir en las acciones para la búsqueda y localización de personas;

6. Informar a la Comisión Nacional de Búsqueda o a la Comisión Local de Búsqueda sobre la localización o identificación de una persona;

7. Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes a efecto de recibir, recabar y proporcionar información sobre las acciones de investigación y persecución de los delitos materia de la ley contra migrantes;

8. Solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones en términos de la normatividad correspondiente;

9. Solicitar la participación de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones Estatales de Víctimas, así como a las instituciones y organizaciones de derechos humanos y de protección civil;

10. Establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento continuo de servidores públicos especializados en la materia:

11. Localizar a las familias de las personas fallecidas identificadas no reclamadas en coordinación con las instituciones correspondientes a fin de hacer la entrega de cadáveres o restos humanos;

12. Celebrar convenios de colaboración o cooperación para el óptimo cumplimiento de las atribuciones fundamentales para el desempeño de sus labores sustentadas bajo el principio de máxima diligencia y no obstaculización de las investigaciones.

Es así que el artículo 70, fracción VIII, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, determina la facultad de la Fiscalía para solicitar al juez competente la intervención de las comunicaciones:

Artículo 70. La Fiscalía Especializada de la Procuraduría tiene, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:

I a VII. ...

VIII. Solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones, en términos de las disposiciones aplicables;

IX a XXV ...

A mayor abundamiento, el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México emitido en abril de 2017 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formularon 102 propuestas para la atención integral del problema de la desaparición de personas en el país, dirigidas a las siguientes autoridades: a la Secretaría de Gobernación, el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores, las personas titulares de los gobiernos de los estados y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y los titulares de la Procuraduría General de la República y de las procuradurías y fiscalías generales de justicia de las entidades federativas del país.

El mismo documento emite na serie de recomendaciones legislativas al Congreso de la Unión entre las que destaca la siguiente:

Por otro lado, en las conclusiones señaladas en el Informe de la CNDH se establece lo siguiente:

Conclusiones y propuestas. A. En materia de legislación integral sobre desaparición de personas.

Al Congreso de la Unión:

Primera. ...

Segunda. ...

Tercera. Se considere reformar los artículos 50 Bis y 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que una vez entrada en vigor la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas, ésta sea referida en el contenido de dichos preceptos legales con la finalidad de que los jueces federales autoricen las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas a los agentes del Ministerio Público responsables de las investigaciones relacionadas con dichos delitos.

Por las consideraciones anteriores, se presenta en el cuadro comparativo, las propuestas de reformas para quedar como sigue:

Por lo anterior expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma los artículos 50 Bis y 50 Ter de la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación

Único. Se reforman los artículos 50 Bis y 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 50 Bis. En materia federal, la autorización para intervenir comunicaciones privadas será otorgada por el juez de control, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de la Policía Federal, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos o la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, según corresponda.

Artículo 50 Ter. Cuando la solicitud de autorización de intervención de comunicaciones privadas se solicite por el titular del Ministerio Público de las entidades federativas será otorgada de conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos o la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, incluyendo todos aquellos delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa en los términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a su legislación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

I comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, México, 6 de abril de 2017 en:

http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/30100/InformeEspecial_ Desapariciondepersonasyfosasclandestinas.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2019.— Diputadas y diputado: Graciela Zavaleta Sánchez, Jannet Téllez Infante, Lidia García Anaya, María Eugenia Hernández Pérez, María Guillermina Alvarado Moreno, María Marivel Solís Barrera, Mario Ismael Moreno Gil, Martha Robles Ortiz, Socorro Irma Andazola Gómez (rúbricas).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Le solicito atentamente que la solicitud de rectificación de turno nos la haga llegar por escrito, de acuerdo a los canales reglamentarios. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.



LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Jorge Villarreal Pasaret, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El diputado Francisco Jorge Villarreal Pasaret:Buenas tardes. Con su venia, presidenta. Le solicito que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el Diario de los Debates.

Diputadas y diputados, una meta que debemos tener todas y todos los mexicanos es terminar con la corrupción.

Vengo a esta tribuna con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución, para someter a la consideración de este honorable pleno, la iniciativa con proyecto de decreto que modifica el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El más grave flagelo que aqueja a nuestro país es sin duda la corrupción. A lo largo de los años, las y los mexicanos observamos que muchas obras no se terminan, se construyen con defectos o incluso quedan inservibles como grandes elefantes blancos que solo han servido para justificar presupuestos y ser pantalla del gasto desmedido del despilfarro y de la corrupción.

Resulta fuera de toda razón que, a pesar de la presencia de una empresa de supervisión responsable de vigilar el cumplimiento de un contrato de obra pública, el contratista incumpla dicho contrato o lo ejecute con fallas o defectos, con materiales de baja calidad o fuera de tiempo.

Por ello, es indispensable realizar cambios normativos con el fin de hacer responsables y solidarios a los supervisores de obras públicas de los daños que se causen a las dependencias o entidades contratantes, porque el daño que se causa en última instancia es al pueblo de México.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 del gobierno de la República, se propone una nueva política de desarrollo que busca garantizar el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano, destacando el objetivo de mejorar la capacidad de prevenir y combatir de efectiva la corrupción y la impunidad. Asimismo, que todo proceso de contratación de obra y servicios públicos deberá realizarse bajo los estándares más altos.

Actualmente, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados establece, en el segundo párrafo del artículo 53, que los contratos de supervisión con terceros deberán ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, no se establece en la ley la responsabilidad solidaria del supervisor de una obra pública, en el caso de que el contratista ejecute una obra de manera irregular, lo que en conclusión convierte la responsabilidad entre el supervisor y la dependencia o entidad contratante en un acto meramente discrecional que genera a su vez corrupción.

Vemos muchos casos en los que obras públicas tiene un sinnúmero de defectos y nos preguntamos ¿quién es el responsable de la supervisión en cada etapa de la construcción, o por qué nunca se denunció o se evidenciaron las fallas en una obra?

Por ello se requiere un cambio en la ley para establecer que el supervisor de la obra será responsable solidario del daño que se cause a la dependencia o entidad por una obra pública mal ejecutada.

Para todas y todos los mexicanos son conocidos diversos casos de corrupción en obras públicas. Por mencionar solo algunos, el llamado Paso Exprés en el estado de Morelos, el tren interurbano México–Toluca y, en el caso de mi estado, Chihuahua, nos encontramos con que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició procedimientos de sanción y recuperación de fianzas por 11 millones de pesos en contra de varias empresas constructoras por trabajos de mantenimiento y conservación de carreteras en los tramos de la vía Chihuahua–Delicias, que los contratistas dejaron inconclusos y que cobraron todo el importe del contrato respectivo.

Por todos estos casos y muchos más a lo largo y ancho del país, podemos acreditar que existen profundas fallas de las empresas encargadas de la supervisión de obra pública sin ninguna responsabilidad.

La agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Morena en esta Cámara de Diputados tiene como eje el combate a la corrupción, por ello esta propuesta busca que las empresas que supervisan la ejecución de una obra pública asuman su responsabilidad de control y vigilancia en beneficio del pueblo de México, porque se trata del patrimonio de todas y de todos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se modifica el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 53. Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad.

Los contratos de supervisión con terceros deberán ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la Secretaría de la Función Pública.

Las empresas que celebran contratos de supervisión de obra con las dependencias, órganos desconcentrados o entidades del gobierno...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputado, concluya, por favor.

El diputado Francisco Jorge Villarreal Pasaret: ... federal serán responsables solidarios de los daños y perjuicios que ocasionen los contratistas que supervisen. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Francisco Jorge Villarreal Pasaret, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Francisco Jorge Villarreal Pasaret, integrante del Grupo Parlamentario del Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en la fracción I, numeral 1, del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa, al tenor siguiente:

Planteamiento del Problema

El más grave flagelo que aqueja a nuestro país es la corrupción, a lo largo de los años y a pesar de los avances normativos, las y los mexicanos observamos que los tres niveles de gobierno realizan contrataciones públicas y que muchas obras no se terminan, se construyen con defectos o incluso quedan inservibles, como grandes elefantes blancos que sólo han servido para justificar presupuestos y ser pantalla del gasto desmedido, del despilfarro y la total corrupción.

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas prevé diversos procedimientos para la contratación de obras públicas y en determinados casos prevé la posibilidad de celebrar contratos de supervisión con terceros, es decir con personas físicas o morales (personas jurídicas), que son responsables de verificar el estricto cumplimiento del contrato celebrado con los contratistas que ejecutan una obra pública.

Por lo anterior, resulta fuera de toda razón que, a pesar de que existe una empresa de supervisión responsable de vigilar el cumplimiento de un contrato de obra pública, el contratista incumpla dicho contrato o lo ejecute con fallas o defectos, con materiales de baja calidad, o fuera de tiempo, por ello, es indispensable realizar cambios normativos con el fin de hacer responsables solidarios a los supervisores, es decir a aquellas personas físicas o morales que sean contratadas para supervisar la ejecución de una obra pública, de los daños que se causen a las dependencias o entidades contratantes, porque el daño que se causa, en última instancia es al pueblo de México.

Argumentos que sustentan la iniciativa

1. El Programa Nacional de Desarrollo 2019–2024 del gobierno de la República propone una nueva política de desarrollo que estará regida por 12 principios: “honestidad y honradez”; “no al gobierno rico con pueblo pobre”; “nada al margen de la ley; por encima de la ley, nadie”; “economía para el bienestar”; “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera”; “no hay paz sin justicia”; “el respeto al derecho ajeno es la paz”; “no más migración por hambre y violencia”; “ética, libertad y confianza”; “democracia significa el poder del pueblo”; “el mercado no sustituye al Estado” y; “por el bien de todos, primero los pobres.”

A su vez el documento rector de la política del gobierno federal (PND) contempla entre otros el eje general: Justicia y Estado de Derecho, que busca garantizar la construcción de la paz, el pleno ejercicio de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano, destacando el objetivo de mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad, y que todo proceso de contratación de obra y servicios públicos deberá realizarse bajo estándares más altos de análisis.

2. EL artículo 2 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas define en la fracción VI al contratista como, “la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas”; por su parte el segundo párrafo del artículo 53 del mismo ordenamiento federal establece: “Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos de supervisión con terceros, deberán ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la Secretaría de la Función Pública[El resaltado es propio].

De lo anterior tenemos que el contratista es la persona que celebra contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas; asimismo, los contratos de supervisión que son servicios relacionados con las mismas obras públicas pueden celebrarse entre las dependencias o entidades del gobierno federal y terceros (contratistas que pueden ser personas físicas o morales) y que deberán sujetarse a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública, sin embargo, no se establece en la ley ninguna responsabilidad solidaria entre el supervisor contratado como tercero y el contratista para con la dependencia o entidad del gobierno federal, sujetándose la posible responsabilidad del supervisor ante un daño al patrimonio de la nación por una obra ejecutada de manera irregular a los lineamientos de dicha Secretaría o a un contrato que puede contener o no, dicha responsabilidad solidaria, lo que en conclusión convierte la responsabilidad entre el supervisor y la dependencia o entidad contratante en un acto discrecional, que genera a su vez corrupción, ya que vemos muchos casos en los que las obras públicas tienen un sinnúmero de defectos y de inmediato se señala a la empresa contratista, pero surgen cuestionamientos, sobre quién es el responsable de la supervisión en cada etapa de la construcción; por qué nunca se denunció o evidenciaron las fallas en la obra, por qué no hay responsables de la construcción de una obra con malos materiales o incompleta. Por ello, se requiere un cambio en la ley, para establecer que el supervisor de la obra siempre será responsable solidario del daño que se cause a la dependencia o entidad por una obra pública mal ejecutada.

3. Para todas y todos los mexicanos son conocidos diversos casos de corrupción mediante obras públicas que no se ejecutaron, o que se inauguraron sin terminar, o que en breve tiempo pierden su funcionalidad por deterioro originado por su mala calidad, o que fueron mal planeadas o ejecutadas, por mencionar algunos casos, está el llamado Paso Exprés en el estado de Morelos, el Tren Interurbano México–Toluca y, en el caso de mi estado, Chihuahua, nos encontramos con que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) inició procedimientos de sanción y recuperación de fianzas por once millones de pesos en contra de varias empresas constructoras por trabajos de mantenimiento y conservación de carreteras en tramos de la vía Chihuahua a Delicias que los contratistas dejaron inconclusos y que cobraron todo el importe del contrato respectivo.

Por todos esos casos y muchos más a lo largo y ancho del país, podemos acreditar que existen profundas fallas de las empresas encargadas de la supervisión de obra pública, que acreditan que las actividades pactadas contractualmente fueron debidamente ejecutadas, sin ninguna responsabilidad.

4. La agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Morena en esta Cámara de Diputados tiene como eje el combate a la corrupción, este grave flagelo ha impedido el desarrollo del país, por décadas esta práctica se hizo costumbre y por muchos años se violentaron derechos y se viciaron actividades, lo que provocó el estancamiento de nuestra nación, por ello esta propuesta busca que las empresas que supervisan la ejecución de una obra pública asuman su responsabilidad de control y vigilancia en beneficio del pueblo, porque se trata del patrimonio de todas y todos los mexicanos.

Esta propuesta no busca en modo alguno limitar la contratación o hacer una cacería de brujas, establecer con claridad una responsabilidad a la que debe estar sujeto una empresa que realiza una función tan importante como supervisar una obra púbica.

Ordenamientos a modificar

La presente iniciativa busca hacer responsables solidarios a las personas físicas o morales que sean contratadas como terceros para realizar la supervisión de obras públicas por los daños que ocasionen los contratistas al gobierno federal, por lo que se requiere modificar el párrafo segundo del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Texto normativo propuesto

Es por ello que se propone modificar el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, como se expone a continuación:

Es por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de lograr resultados concretos en el combate a la corrupción en materia de contratación de obras públicas y como un elemento indispensable para el desarrollo y la competencia de México, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se modifica el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

Único. Se modifica el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para quedar como sigue:

Artículo 53. ...

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos de supervisión con terceros, deberán ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la Secretaría de la Función Pública, las empresas que celebren contratos de supervisión de obra con las dependencias, órganos desconcentrados, o entidades del gobierno federal, serán responsables solidarias de los daños y perjuicios que ocasionen, los contratistas que supervisen.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Cfr. https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/detecta-sct-corrupcion- en-recarpeteo-20190401-1496978/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputado y diputadas: Francisco Jorge Villarreal Pasaret, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Jannet Téllez Infante, Lidia García Anaya, María Eugenia Hernández Pérez, María Guillermina Alvarado Moreno, María Marivel Solís Barrera, Martha Robles Ortiz (rúbricas).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

INTERVENCIONES DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS



ANIVERSARIO DE LA PRIMERA LECTURADE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN A LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Ha concluido el apartado de presentación de iniciativas. A continuación, ante la solicitud de diversos legisladores sobre el uso de la palabra, se concederá su participación desde su curul con un tiempo de un minuto. Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García.

El diputado Rubén Cayetano García(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. El 13 de septiembre de 1813 se instaló en Chilpancingo el Congreso de Anáhuac. Al día siguiente, 14 de septiembre de hace 206 años, José María Morelos y Pavón dio lectura a los Sentimientos de la Nación que fincan a la gran nación independiente que ahora es México, que la América sea libre e independiente de España, de toda otra nación, gobierno o monarquía, que se modere la opulencia y la indigencia, que se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto, que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo se distinguirá un americano de otro por el vicio y la virtud.

Los anteriores son solo algunos de los sentimientos que inspiraron al Siervo de la Nación y que hoy recobran tanto valor y vigencia como el abolir los privilegios para acabar con la corrupción y la impunidad. Amigas y amigos, sigamos haciendo juntos historia. Que viva México. Muchas gracias.

La diputada Abelina López Rodríguez (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputada? La registramos en la lista. Vamos a continuar con el orden preestablecido, diputada, con mucho gusto.



DENUNCIA EN RELACIÓN CON EL SÚPER DELEGADO EN COLIMA

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene el uso de la palabra, la diputada Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, hasta por un minuto, desde su curul.

La diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera(desde la curul): Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, el artículo 51 de la Constitución nos define a los diputados federales como representantes de la nación, y el 74 nos otorga facultades exclusivas para atender el más exigente requerimiento de nuestro pueblo, una de las tareas que nos impone es la de vigilar la observancia de las leyes, sobre todo por parte de las autoridades competentes.

Estamos obligados a denunciar, combatir y desterrar las prácticas corruptas de los servidores públicos. Es lamentable constatar que alguno de los llamados súper delegados, como es el caso de Colima, en lugar de atender sus responsabilidades, se encuentren ya en abiertas campañas en búsqueda de las gubernaturas de los estados a que están comisionados.

Es grave que, creyéndose súper poderosos, descaradamente traten de imponerse a los poderes locales para que designen a sus incondicionales en cargos importantes que requieren de absoluta actitud e imparcialidad. Más lamentable es constatar que algunos hayan llegado a ocupar a estos puestos cargando serias denuncias de corrupción en el desempeño de cargos anteriores...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, le solicito ir concluyendo, por favor.

La diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera (desde la curul): Es nuestro deber desenmascararlos y denunciarlos. Así se digan y se ufanen de ser amigos o designados por el mismo presidente de la República. No olvidemos las veces que éste se ha pronunciado contra el influyentismo y la corrupción. Hoy en México ya no hay lugar para los corruptos. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Les solicito apegarse al tiempo establecido, un minuto, por favor.



EXIGE QUE LAS AFIRMACIONES QUE SE HACEN EN TRIBUNA, SE SOSTENGAN ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene el uso de la palabra, la diputada Rosa María Bayardo Cabrera, de Morena.

La diputada Rosa María Bayardo Cabrera(desde la curul): Con su venia, diputada presidenta. Da tristeza ver en este recinto cómo la ambición es capaz de trastocar a quienes supuestamente convergían con la 4T, para hoy volverse adversarios de quienes trabajan a favor del pueblo de México.

Noto aquí acusaciones frívolas y sin sustento. Exijo a cualquiera que intente manchar el nombre de la 4T, que sostenga todas las afirmaciones ante las instancias correspondientes, pero que no venga a degradar esta soberanía.

Les conmino a quienes tengan la obsesión por un cargo político, a retomar los ideales, los tiempos de competencia todavía están lejanos. Hoy nuestro deber es la transformación, dediquémonos a trabajar con serenidad, sobre todo por Colima.

Cito a nuestro presidente: El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudar y quién es un trepador, un oportunista y un politiquero. Gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada.



PARA CONMEMORAR EL 250 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT Y CELEBRAR A LA CIENCIA UNIVERSAL

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, de Morena.

La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez(desde la curul): Muchas gracias. Buenas tardes.

No quisiera que terminara la sesión del día de hoy sin conmemorar de la mano de la República de Alemania, el 14 de septiembre con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Alexander von Humboldt. Y no solo celebro esta fecha por la cercanía inherente que tengo con el pueblo alemán, dado que viví en aquel país por más de 13 años, sino que con esta mención quisiera celebrar a la ciencia universal, celebrar a las diversas disciplinas que se vieron beneficiadas por sus contribuciones y celebrar las relaciones científico–humanistas que se generaron en México gracias a sus visitas.

Nació el 14 de septiembre de 1769 y fue especialista en diferentes campos, que fueron desde la geografía, la física, hasta estudios sociales y antropológicos. Fue quizás la primera persona en México en poseer doble nacionalidad, pues el presidente Guadalupe Victoria le concedió ciudadanía en 1827.

Murió un 6 de mayo de 1859, a los 89 años. Y hoy, de la mano del pueblo alemán, celebro la vida de Alexander von Humboldt y me pongo de pie para enlazar las grandes contribuciones que hizo para la humanidad. Gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada.



ANIVERSARIO DE LA PRIMERA LECTURA DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN A LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra la diputada Abelina López Rodríguez.

La diputada Abelina López Rodríguez(desde la curul): Que como toda ley es superior a todo hombre, las que dicten nuestros congresos deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte aumente el jornal del pobre, para así moderar sus costumbres y acabar con su ignorancia, la rapiña y el hurto.

Sin duda, a 206 años de aquella gesta revolucionaria, Guerrero ha sido fundamental y es pieza clave para la transformación del país. A 206 años justamente el generalísimo Morelos, un 13 de septiembre de 1814, ahí en la iglesia de Asunción de María, hablaba sobre la abolición de la esclavitud.

Moderar la opulencia y la indigencia, que del ayer era en su más álgido nivel. ¿Qué quiero decir entonces? Que hoy el cambio de la política pública justamente es cambiar eso que tanto daño le hizo al país. Moderar la opulencia y la indigencia. Que quede claro, que hoy a vuelta de un año del informe que se está haciendo o se está analizando, del informe del presidente de la República. Es eso, compañeros y compañeras.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, le pido vaya concluyendo, por favor.

La diputada Abelina López Rodríguez (desde la curul): Nunca más un paso atrás al retroceso, vamos juntos a la cuarta transformación.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada.



SOLICITA QUE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, PARA ANALIZAR LAS LEYES SECUNDARIAS EN LA MATERIA, SEAN ABIERTAS

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra la diputada Margarita García García.

La diputada Margarita García García(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Pedirle a las comisiones que hoy van a sesionar para analizar las leyes secundarias de la reforma educativa, solicitarles que sea abierta, que las bases trabajadoras de los maestros requieren tener esa comunicación abierta.

Le pido a Moctezuma que saque las manos y que se legisle aquí en el Congreso, que aquí es la casa del pueblo. Basta de charrismo sindical y basta de legislar a escondidas o a espaldas de las bases que confiaron en esta cuarta transformación. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Quedan registradas sus expresiones, diputada.

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputada Gómez?

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (desde la curul): Al respecto de eso, también.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: La anotamos en la lista de oradores, diputada.



195 ANIVERSARIO DE LA ANEXIÓN DE CHIAPAS A MÉXICO

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar.

La diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar(desde la curul): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, con motivo del 195 Aniversario de la Anexión de Chiapas a México. Hace ya 195 años, el 14 de septiembre de 1824, se consumó la voluntad del pueblo chiapaneco.

Desde 1821, año en que se consumó la Independencia de México, en Chiapas se abrió una gran discusión sobre la decisión que se debería seguir. Sumarse al nuevo y gran país independiente, o permanecer como parte integrante de Guatemala.

A casi dos siglos de distancia, estoy plenamente convencida de que Chiapas tomó la mejor decisión, porque la pertenencia a la República Mexicana ha permitido a nuestro pueblo compartir beneficios económicos, sociales y de desarrollo.

Este hecho nos llena de orgullo cívico y nos alienta a seguir por el camino de los acuerdos democráticos para mejorar las condiciones de vida en Chiapas, el bienestar social, el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Los votos a favor de la incorporación a México fueron...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, le pido vaya concluyendo, por favor.

La diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar (desde la curul): Termino. Fueron 96 mil 829, mientras que los votos a favor de la incorporación a Guatemala ascendieron a 60 mil 400, con ese ánimo democrático y patriótico debemos celebrar el 195 Aniversario de la Anexión de Chiapas a México, porque el momento histórico que hoy vive nuestro país exige el compromiso, la participación y el amor a la patria de todo el pueblo mexicano. Es cuanto, señora presidenta, gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada.



SOLICITA LA CONDONACIÓN DEL ADEUDO DE LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS CON LA CFE

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra la diputada Leticia Arlett Aguilar Molina.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina(desde la curul): Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerle a todos los diputados federales que hace un momento hablaron de Chiapas.

Cierto todo lo que han dicho, tan cierto que lamentablemente Chiapas, a pesar de tantos años que decidió anexarse a México, no hemos recibido lo que realmente merecemos los chiapanecos.

Pido hoy, porque está bien que aceptemos a todos nuestros hermanos centroamericanos, pero, caray, Chiapas no tiene tanto presupuesto para recibir a más. Se acaba de hacer un nuevo municipio y se harán otros más, con todos hondureños. Y aquí vale la pregunta, ¿cuánto la federación tiene realmente de amor por nuestra entidad?

Pido a nombre de los chiapanecos y a todos ustedes, diputados federales, si nos apoyan en pedir o exigir o solicitar, como se tome la situación, que a Chiapas se le condone el adeudo de la Comisión Federal de Electricidad que tienen todos los municipios, porque desde ahí sale la energía eléctrica para muchos estados y para dar a Centroamérica.

Así también pido que se haga la cuestión de la luz, que se baje la tarifa preferencial. Esas son unas de las cuantas peticiones que me gustaría que todos los diputados, de toda la entidad, de la República Mexicana, apoyaran a favor de Chiapas, no solo con palabras y elogios a lo bello que está nuestro estado, sino con acciones concretas y en beneficio de los que menos tenemos, y eso se llama Chiapas y los chiapanecos. Muchas gracias, presidenta, por permitirme expresarme. Gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada.



EXHORTO A LA SEGOB PARA QUE DECLARE A LA ZONA SUR DE QUINTANA ROO COMO ZONA DE EMERGENCIA POR SEQUÍA

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra el diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo.

El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo(desde la curul): Gracias, presidenta. Quiero hacer un respetuoso exhorto a la Segob para que, en la medida de sus facultades, que atienda un tema que le está sucediendo al estado de Quintana Roo. En la zona sur se está viviendo una sequía muy fuerte y está afectando a la zona económica de la zona sur, que es un potencial económico, sobre todo para los cañeros, que la caña no está creciendo y les está afectando también muchísimo a los ganaderos.

Por lo cual, exhortamos a la Segob para que eche la mirada al estado de Quintana Roo y vea la sequía que está sufriendo y declare zona de emergencia al estado de Quintana Roo, específicamente en la zona sur.

Esto fue derivado de una reunión que tuvimos con cañeros y con ganaderos y que el líder de los cañeros de Quintana Roo, Benjamín Gutiérrez, nos lo pidió y le pide al gobierno federal también que eche la mirada al estado de Quintana Roo. Es cuanto. Gracias, presidente.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado.



DEJAR CONSTANCIA DE QUE LOS DICTÁMENES EN MATERIA EDUCATIVA ESTÁN HECHOS A MODO Y NO EN BUSCA DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene el uso de la palabra la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas.

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas(desde la curul): Gracias, presidenta. Solamente para que conste y que la ciudadanía escuche y sepa que, efectivamente, hoy se discutirán en la Comisión de Educación los dictámenes hechos a modo de unos cuantos de la mafia de la educación, unos dictámenes que no van en la línea de la búsqueda de la educación de calidad.

Y en ese sentido, más que a Moctezuma, yo quiero pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de meter las manos en el Poder Legislativo. Nosotros somos otro poder y estamos aquí para hacer las mejores leyes para todos los mexicanos. No somos los legisladores del presidente. Somos representantes del pueblo y hoy los legisladores de Acción Nacional decimos que queremos educación sin mafia. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada.



EXHORTO AL GOBIERNO DE CHIAPAS A RESOLVER LAS DEMANDAS DE LOS POBLADORES DE ESCUINTLA Y DE LOS PROFESORES DE LA CNTE

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene el uso de la palabra, el diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza.

El diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza(desde la curul): Con su permiso, presidenta. El día martes 10 de septiembre, la policía estatal reprimió a pobladores del municipio de Escuintla, Chiapas, que se manifestaban contra la falta de obras sociales y el saqueo del erario municipal.

En la 4T priorizamos el diálogo y no la represión. Es preocupante esta política de represión y persecución administrativa que se vive contra profesores de la CNTE, los estudiantes de las escuelas normales Jacinto Canek y Mactumatzá, y contra los pobladores de Escuintla, lo que refleja una falta de sensibilidad, capacidad resolutiva por parte de las autoridades estatales y municipales.

En la 4T no vamos a permitir ni solapar la corrupción, el abuso de poder. Mucho menos la criminalización y represión de la protesta social, pues contradice la política de diálogo que ha impulsado nuestro presidente de la República.

Por ello, hago un exhorto al gobernador del estado y al secretario general de Gobierno a resolver a través de un diálogo verdadero las demandas de los pobladores de Escuintla y de los profesores de la CNTE, quienes defienden la educación pública. Y no solo con simulaciones de algunas autoridades estatales por medio de posicionamientos o marchas. Esto para evitar la polarización y la confrontación social. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado.



APOYO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN SUS COMPROMISOS DE CAMPAÑA Y DE GOBIERNO

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Cerramos la lista de oradores con la intervención del diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta. Yo ya me alistaba a retirarme, pero escuché la intervención de Acción Nacional.

Me parece que vuelven a incurrir en un acto de hipocresía, porque cuando el compañero presidente se manifestó sobre la elección de la Mesa Directiva no le pidieron que sacara las manos, les pareció correcto un posicionamiento que nos planteó que no hiciéramos una reforma a la Ley Orgánica del Congreso.

Y ahora, muy ufanos, plantean que el compañero presidente no sea presidente. Lo vamos a apoyar con todo al compañero presidente. Vamos a honrar los compromisos de campaña y vamos a honrar los compromisos del ejercicio de su gobierno.

Quien tenga alguna duda de con quién hay que estar, que dé una revisión al grito del 15 de septiembre. Ahí se dio una comunión del pueblo con su líder, el compañero presidente López Obrador.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado Fernández Noroña.



CLAUSURA Y CITA

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández (a las 16: 29 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar mañana jueves 19 de septiembre a las 12 horas. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 10 horas.

EFEMÉRIDES RECIBIDAS



ANIVERSARIO DE LA ANEXIÓN DE CHIAPAS A MÉXICO

«Efeméride con motivo del 14 de septiembre, 195 aniversario de la anexión de Chiapas a México, a cargo de la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena

Como originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, considero que el 195 aniversario de la anexión de Chiapas a México es una fecha significativa para que esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la considere como una efeméride relevante.

Hace 195 años, el 14 de septiembre de 1824, se consumó la voluntad del pueblo chiapaneco de compartir su destino histórico con México. Desde 1821, año en que se consumó la Independencia de México, en Chiapas se abrió una gran discusión sobre la decisión que se debería seguir: sumarse al nuevo y gran país independiente o permanecer como parte integrante de Guatemala.

A casi dos siglos de distancia, estoy plenamente convencida de que Chiapas tomó la mejor decisión, porque la pertenencia a la República Mexicana ha permitido a nuestro pueblo compartir beneficios económicos, sociales y desarrollo. Es verdad que Chiapas presenta importantes indicadores de pobreza y marginación, pero también es cierto que la unión con México ha permitido afrontar estos desafíos con el acompañamiento del gran pueblo mexicano y, a la vez, ha propiciado la construcción de una identidad nacional plural, donde los pueblos y culturas indígenas chiapanecos aportan riqueza, diversidad y dignidad.

La grandeza de Chiapas tiene múltiples facetas, desde la diversidad cultural y la enorme biodiversidad, hasta las bellezas naturales y la dignidad de su pueblo. En este contexto, es importante destacar un aspecto determinante del proceso de anexión de Chiapas a la Federación mexicana ocurrido hace 195 años.

Es poco conocido, por ello es imperioso recordar que la decisión de que Chiapas uniera su destino a México, se construyó a través de un plebiscito, es decir, se fundó en la participación democrática del pueblo chiapaneco. Este hecho nos llena de orgullo cívico y nos alienta a seguir por el camino de los acuerdos democráticos para mejorar las condiciones de vida en Chiapas, el bienestar social, el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y, en la actual coyuntura, establecer una relación respetuosa con los hermanos centroamericanos que pasan por tierras chiapanecas en su ruta hacia Estados Unidos de América (EUA).

En aquel ejercicio democrático, después de un intenso debate, envuelto en fuertes presiones, tanto de Guatemala como de México y la propia Corona española, los resultados que arrojó el plebiscito ilustran la intensidad del momento histórico y la determinación mayoritaria de los chiapanecos de unirse a México.

Los votos a favor de la incorporación a México fueron 96 mil 829, mientras que los votos a favor de la incorporación a Guatemala, ascendieron a 60 mil 400. Como podemos ver, la decisión de formar una gran nación con México se basó en una decisión consciente y contundente del Pueblo chiapaneco. Con ese ánimo democrático y patriótico, debemos celebrar el 195 aniversario de la anexión de Chiapas a México, porque el momento histórico que hoy vive nuestro país exige el compromiso, la participación y al amor a la patria de todo el Pueblo mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2019.— Diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar (rúbrica).»



ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT

«Efeméride con motivo del 14 de septiembre, 250 aniversario del natalicio de Alexander von Humboldt, a cargo de la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

Promoviendo relaciones diplomáticas sanas y fuertes, el Grupo Parlamentario de Morena y, particularmente, la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez celebran, de la mano con la República Federal de Alemania, la conmemoración del 250 aniversario del natalicio de Alexander von Humboldt.

I. Vida

-Considerado Padre de la Geografía Moderna Universal, Alexander von Humboldt (1769-1859) fue un naturalista de una polivalencia extraordinaria que no volvió a repetirse tras su muerte.

-Especialista en diferentes campos como la geografía, la física, la antropología, la zoología, la astronomía, la mineralogía, la botánica, la oceanografía, la climatología, la geología, la vulcanología, la antropología y el humanismo; se le atribuye la invención de nuevas concepciones científicas, como las líneas isodinámicas, las isotermas, las isóclinas y la noción de tempestad magnética.

-Friedrich Heinrich Alexander von Humboldt nació el 14 de septiembre de 1769 en la localidad de Tegel, actual distrito de Reinickendorf, a pocos kilómetros de Berlín.

-Fue hijo de Alexander Georg von Humboldt, un oficial del ejército de Federico II el Grande de Prusia y de María Elizabeth von Hollwege, una acaudalada mujer, heredera de una fortuna de un matrimonio anterior.

-Recibió una educación esmerada y dirigida por profesores privados muy notables. Durante su adolescencia, recibió clases de filosofía, física, idiomas, grabados y dibujos y, para complacer los deseos de su madre, también estudió administración.

-Su educación estuvo muy influenciada por los círculos judíos berlineses, así como por alguno de sus profesores como Kunth, naturalista y botánico; Willdenow, farmacéutico, botánico, pteridólogo y micólogo; y Blumenbach, creador de la llamada antropología física.

-Terminó sus estudios en las Universidades de Gotinga y Fráncfort. Permaneció un año en la Academia de Comercio de Hamburgo y después se matriculó en la Academia de Minería de Freiberg, en Sajonia, donde recibió las enseñanzas del prestigioso geólogo Werner. Fue contratado por el barón de Heinitz para su departamento en la Dirección de Minas.

II. Viajes previos a la expedición americana

-Realizó su primer viaje, sobre mineralogía e historia natural, en la primavera de 1790 a lo largo del río Rhin hasta Holanda y de allí a Inglaterra.

-Así permaneció en la práctica de la minería durante varios años, hasta 1796, cuando se retiró de la administración prusiana tras heredar la gran fortuna de su madre.

- En 1797 estudió Astronomía con von Zach y Kohler y viajó hacia Francia, deseoso de emplear su herencia en viajes de investigación y publicaciones. Durante este período publicó Flora Fribergensis,así como un gran número de memorias de física y de química.

- En París, conoció a los notables científicos Cuvier, Laplace, Berthollet y Delambre.

-En abril de 1796, hizo amistad con el joven y talentoso botánico y cirujano francés Aimé Bonpland, con quien se asoció en sus planes de viaje.

-En su estancia en el país galo fue invitado por el ministro de Marina del Directorio Francés para un viaje proyectado alrededor del mundo bajo el mando del capitán Baudin.

-El viaje fue cancelado por falta de fondos, por lo que Humboldt, junto a su amigo Bonpland, dispuestos a partir hacia el Havre, decidieron dirigirse hacia África para estudiar el monte Atlas. Durante su estancia en Marsella, a la espera de embarcar hacia Egipto, le sorprendieron los cambios políticos ocurridos en Argel.

-Humboldt y Bonpland, tras ver frustrados varios proyectos, decidieron viajar hacia España y emprendieron su viaje el 5 de diciembre de 1798 pasando por Nimes, Montpellier y Perpignan, pisando tierra española por primera vez el 5 de enero de 1799, con el fin de solicitar la protección de Carlos IV para un viaje a América.

- Antes de iniciar su famosa expedición científica por las colonias españolas en América, Alexander von Humboldt permaneció en España entre enero y junio de 1799.

-Su estancia fue fundamental para la preparación y aprobación del gran proyecto científico en tierras americanas.

- Durante este periodo, Humboldt realizó numerosos estudios científicos en los cuales puso a prueba sus nuevos instrumentos de medición traídos desde París.

-Ahí, fue uno de los primeros en establecer la latitud y la longitud de Madrid y de otras poblaciones de importancia como Aranjuez, además de elaborar los perfiles topográficos de la sierra de Guadarrama y de la península Ibérica, en los que se descubría la presencia de la Meseta Central.

-El 7 de mayo de 1799 es expedido el pasaporte de Alexander von Humboldt, que le autoriza su travesía americana.

- El día 13 del mismo mes, los dos viajeros iniciaron su viaje desde Madrid a La Coruña. Y no es hasta el 5 de junio del mismo año cuando embarcan en la corbeta Pizarro, iniciando así su famosa expedición.

- Once días después divisaron las islas Canarias en el horizonte, donde hicieron una escala en La Graciosa, noroeste de Lanzarote, y un breve recorrido por Tenerife entre el 19 y el 25 de junio de 1799.

- Humboldt anotó en su diario que pasaron seis días en Tenerife, Santa Cruz, La Laguna, Puerto Orotava y el pico del Teide. Ascendieron al cráter de éste, realizaron experimentos para el análisis del aire, estudiaron el vulcanismo y representaron la geografía de las plantas en un interesante dibujo publicado en el atlas del viaje como Tableau physique des Iles Canaries. Géographie des Plantes du Pic de Tenerife.

-Además, la estancia canaria de Humboldt se caracterizó por sus aportaciones botánicas, como la descripción de la violeta del Teide, y las observaciones astronómicas, que fueron publicadas por Jabbo Oltmanns en 1810 en París como Recueil d’observations astronomiques, d’operations trigonométriques et de mesures barométriques.

III. Expedición en América (1799-1804)

-Humboldt llegó a la América española en 1799 y recorrió los seis países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba y México.

- El 25 de junio de 1799 Humboldt y Bonpland embarcaron en Santa Cruz de Tenerife, zarpando hacia el nuevo mundo con destino a la isla de Cuba, pero una epidemia desatada en la embarcación obligó al capitán de la nave a dirigirse al puerto más cercano, hacia Cumaná, Venezuela, donde arribaron el 16 de julio de ese año.

-Quedaron maravillados por el esplendor de las costas de Venezuela, así que decidieron adentrarse en el país.

- Dos meses después de permanecer en Cumaná y sus alrededores, el 4 de septiembre de 1799, se internaron en el valle de Cumanacoa hasta la antigua misión de San Fernando. Pernoctaron allí y bordeando las faldas del Turumiquire llegaron al valle de Caripe.

-En Caripe, el 28 de septiembre de 1799 exploraron en 472 metros de profundidad la cueva del Guácharo, convirtiéndose así Humboldt en el precursor de la espeleología científica de América Latina. En este lugar contribuyó también a la ornitología, descubriendo un nuevo género y especie de ave, Steatornis caripensis, vulgarmente conocida como guácharo.

- Continuaron por la ruta de Santa María hacia el golfo de Cariaco. En Cariaco, embarcaron de nuevo hacia Cumaná, ciudad que abandonaron el 18 de noviembre de 1799 con destino a Caracas. El 2 de enero de 1800 efectuaron la primera excursión científica a la Silla del Ávila. El 7 de febrero de 1800 se introdujeron por los valles de Aragua y del Tuy. Visitaron Antímano, La Victoria, Turmero, Maracay, Valencia, Guacara, Las Trincheras y Puerto Cabello, regresando a Villa de Cura para después recorrer los Llanos de Calabozo.

- El 27 de marzo de 1800 llegaron a San Fernando de Apure, y el 1 de abril entraron en la confluencia del Apure con el Orinoco.

- Fue aquí donde Humboldt realizó experimentos sobre las descargas eléctricas producidas por los peces tembladores, pez eléctrico de los llanos, Electrophorus electricus, los cuales fueron de gran utilidad para el conocimiento de la Electrofisiología.

- Humboldt describió los intensos efectos que tiene la descarga del temblador sobre el organismo humano (lo probó con sus propias manos) y sus peligros.

- Demostró que la descarga del temblador era transmitida a través de cuerpos conductores de electricidad, pero no a través de materiales no conductores. Comparó la descarga del temblador con la de las botellas de Leyden.

-Uno de los objetivos más importantes del viaje era el tratar de verificar científicamente si existía o no una comunicación natural entre las hoyas hidrográficas de los ríos Orinoco y Amazonas.

- Quería confirmar científicamente la existencia del Casiquiare, un gran brazo de agua de más de 300 km de curso que había sido afirmada o negada durante muchos años.

- Así que, durante todo el mes de abril de 1800, remontaron el curso medio del Orinoco, hasta que el 7 de mayo llegaron a San Carlos de Río Negro, donde Humboldt, además, realizó importantes observaciones sobre la masa de aire ecuatorial y aportó valiosos datos para el conocimiento de la climatología.

- El 10 de mayo de 1800 siguieron hacia la desembocadura del Casiquiare, y navegaron por el mismo durante once días, hasta entrar de nuevo en el cauce del Orinoco, demostrando así la comunicación entre las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas.

- Tras explorar el Orinoco y sus afluentes, visitaron Angosturas (hoy Ciudad Bolívar), después, trasladándose por tercera vez a Cumaná, donde terminaron su recorrido por el territorio venezolano el 24 de noviembre de 1800, con destino Cuba, isla en la que permanecieron un par de meses.

- En marzo de 1801 Humboldt y Bonpland regresaron a Sudamérica, llegando a Cartagena de Indias (Colombia) por accidente, después de que una tormenta desviara su barco.

- Aquí conocieron a José Ignacio de Pombo, quien les narró los esfuerzos que realizaba el sacerdote José Celestino Mutis en Santa Fe de Bogotá, al frente de la Real Expedición Botánica. Éste hecho hizo que cambiaran de planes y se dirigieran al interior del nuevo reino, con el objetivo de comparar sus colecciones con las del botánico Mutis, por lo que tuvieron que remontar el río Magdalena y ascender por los caminos de los Andes.

- Lo que no esperaron encontrar era un equipo tan organizado de herbolarios y pintores trabajando, por lo que la obra de Mutis fue ampliamente elogiada.

- En Ecuador exploraron varios volcanes, entre ellos el Chimborazo, famoso con sus 6.257 metros por ser considerado la montaña más alta del mundo a principios del siglo XIX. En 1802, los dos viajeros, junto al ecuatoriano Carlos Montufar, trataron de subir hasta la cumbre, pero desistieron a los 5 mil 875 metros, a causa del soroche o mal agudo de montaña. En este punto, Humboldt y Bonpland se encontraban en la mayor altura alcanzada por un europeo en la historia escrita. El viaje por Sudamérica terminó en Perú, donde estudió el desarrollo de las culturas indígenas y la influencia hispana son de gran valor para la Antropología cultural.

IV. Expedición en México

- Desde el 15 de febrero de 1803 hasta el 7 de marzo de 1804, visitaron México, donde los estudios de Humboldt se dedicaron a la geopolítica, la antropología general, la cartografía, etcétera.

-Cuando Humboldt arribó a la Nueva España dijo que: “Entre las colonias sujetas al dominio del rey de España, “Méjico” ocupa (ba) actualmente el primer lugar, así por sus riquezas territoriales como por lo favorable de su posición para el comercio con Europa y Asia”.

- No habla aquí sino del valor político del país, atendiendo su actual estado de civilización que es muy superior al que se observa en las demás posesiones españolas. Además de advertir el alto grado que en la Nueva España habían alcanzado las investigaciones científicas (que se hacía expreso en instituciones del más alto nivel, como el Real Seminario de Minería, el Jardín Botánico y la Real Academia de Artes de San Carlos, o sea, las instituciones fundadas por Carlos III, las modernas, las opuestas a las escolásticas como la Universidad, por aquel entonces Real y Pontificia).

-Humboldt se da cuenta del nivel de desarrollo alcanzado por las altas culturas de Mesoamérica, indaga por la población del reino, somete a crítica y sujeta al mismo principio las estadísticas de la producción minera, el comercio interior y exterior, la producción agrícola y el estado de los caminos.

- En suma, Humboldt reduce cuanto dato obtiene a los patrones exactos y constantes que permitan valorarlo en sí mismo y en su evolución histórica.

-Uno de los asuntos más importantes a los que Humboldt le dedicó su atención, es lo que realizó acerca de las altas culturas mesoamericanas; más concretamente, sobre el sistema calendárico de los antiguos nahuas.

- En lo que es hoy Ciudad de México vio los códices que fueron de la colección Boturini. Su asombro fue tal que de inmediato empezó a revolver los archivos y a leer todos los libros de historia que pudo.

-Trajo ante sus ojos los más importantes monumentos mesoamericanos:

- Hace que sea desenterrada, otra vez, la Coatlicue, que la autoridad virreinal había sustraído a la atención del público.

- Reproduce las pirámides de Mitla y de Xochicalco.

-Examina con atención el calendario de los antiguos mexicanos, tal como lo halló plasmado en la así llamada Piedra del Sol.

- Estuvo sólo tres días en el puerto de Acapulco, tiempo suficiente para hacer las excavaciones que le permitieron dar cuenta de que las mismas capas sedimentarias se encuentran en toda la superficie del planeta, tanto en uno como en otro hemisferio; lo mismo al norte que al sur del Ecuador.

-De este país partieron de nuevo a Cuba y desde La Habana iniciaron el camino de regreso, haciendo escala en Filadelfia, donde conocieron al presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, pisando suelo francés el 3 de agosto de 1804 en Burdeos.

V. Resultados de la expedición

-Humboldt realizó mapas físicos de algunas de las regiones que visitó en América, fue el primero en trazar las “líneas isotermas” que actualmente se utilizan en los mapas climáticos y que indican las temperaturas en todos los lugares, en un momento dado.

- También contribuyó en la oceanografía física, cuyo desarrollo no hubiera sido el mismo sin las observaciones y mediciones que Humboldt hizo sobre las aguas del océano Pacífico, descubriendo la corriente marina que con posterioridad fue denominada “Corriente de Humboldt”.

- La expedición, en términos generales, se ocupó del estudio de los recursos naturales (flora, fauna, minerales, ríos, suelo, fenómenos, etcétera), así como de las costumbres indígenas y del resto de la sociedad. Bonpland fue el encargado de recolectar las plantas, unas 6 mil especies, la mayoría desconocidas por la ciencia de la época. En la recolección de especímenes zoológicos fueron menos afortunados, ya que muchos de los ejemplares no pudieron ser preservados, y algunos envíos que hicieron a Europa se extraviaron.

- Por fortuna, sus amplias descripciones y excelentes dibujos de campo, permitieron publicar con validez algunas especies nuevas. Además, Humboldt descubrió en sus viajes un principio ecológico importante, la relación entre la latitud y la altitud, al describir que subir una montaña en el trópico es análogo a viajar desde el Ecuador hacia el norte o hacia el sur, en términos de clima y vegetación.

- Una vez instalados en París, Humboldt comenzó a su trabajo científico y a dar sus primeras conferencias sobre los resultados de la expedición. Fue en estos días cuando conoció al joven Simón Bolívar, con quien le unió una gran amistad, que mantuvo hasta la muerte del libertador. Fue Humboldt quien le habló a Bolívar de la madurez de las colonias americanas para la independencia.

- El 19 de febrero de 1805 Humboldt fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias de Berlín. Ascendió varias veces al Vesubio y realizó su medición junto con Louis Joseph Gay-Lussac y Leopold von Buch. Además de observar la erupción de este volcán, visitó Nápoles acompañado por Bolívar.

-Fue esta la época en la que Humboldt redactó Cuadros de la Naturaleza, antes de retornar en 1808 a París, donde continuó su obra editorial.

- Ya había publicado en París su importante Ensayo sobre la geografía de las plantas yahora preparaba la edición de sus ensayos regionales sobre Cuba y Nueva España; publicaba artículos en diferentes revistas científicas francesas y acometía la empresa editorial de la publicación del Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente.

- En 1827, en Berlín, comenzó su ciclo de 61 lecciones magistrales sobre la descripción física de la Tierra, Lecciones sobre el Cosmos, en la Universidad de Berlín, y su posterior ciclo de 16 conferencias públicas sobre la materia del Cosmos en la Academia del Canto de Berlín.

- Durante este tiempo visitó Rusia, Francia e Inglaterra; continuó con la sistematización de su expedición hasta concluir, a partir de esas ponencias, su obra de madurez llamada Cosmos.

- El 29 de enero de 1842, en Londres, en casa del geólogo sir Roderick Murchinson, conoció a un personaje con el que había mantenido correspondencia desde muchos años atrás, Charles Darwin.

- La admiración entre estos dos grandes personajes científicos era mutua por sus trabajos respectivos, cabe destacar que uno de los dos libros de cabecera de Darwin durante a bordo del Beagle, era la narrativa personal de Humboldt.

-Desde el comienzo del viaje, Darwin siempre tuvo a Humboldt como modelo de naturalista viajero y es la figura científica más citada (16 veces) en el manuscrito de su diario de viaje; otras figuras científicas influyentes en la obra temprana de Darwin son menos citadas: el geólogo Charles Lyell aparece 6 veces, el astrónomo John Herschell 4 veces, y su amigo el botánico John S. Henslow, 10 veces.

- Humboldt a su vez, reconoció en Darwin un gran futuro y no fue mezquino en sus elogios tanto privados como en prensa. Pero Humboldt murió unos meses antes de ver publicado El origen de las especies.

VI. Legado

- Un 6 de mayo de 1859 en Berlín, llegó a su fin la larga vida de Humboldt, modelo para numerosos viajeros, científicos y artistas que siguieron sus pasos durante gran parte de los siglos XIX y XX.

- Alexander von Humboldt es considerado el último naturalista ilustrado universal.

- No sólo era una fuente inagotable de conocimiento, también era un abierto enemigo de la esclavitud y luchó contra toda opresión y discriminación.

-Su amigo Bolívar decía de él que era el descubridor científico del nuevo Mundo cuyo estudio había dado a América algo mejor que todos los conquistadores juntos.

-En sus casi 90 años de vida presenció y participó en la mayoría de los eventos científicos más importantes de la época, siendo el organizador del primer congreso científico internacional.

Notas

1 Cfr. Calderón Domínguez, María. Alexander von Humboldt, Perfil de un Sabio (Él también merece ser celebrado); Encuentros en la Biología, ISSN-e 1134-8496, Vol. 2, Nº. 126, 2009.

2 Labastida, Jaime, Humboldt en la Nueva España, Chapter 4, en Culture and Society in the New World, Humboldt, ciudadano universal. Con una antología de textos de Alejandro de Humboldt, presentación de Miguel Limón Rojas, prólogo de Eduardo Matos Moctezuma, México, Fondo de Cultura Económica/ Secretaría de Educación Pública /El Colegio Nacional /Siglo XXI editores, 1999.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2019.— Diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (rúbrica).»



DÍA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA

«Efeméride con motivo del 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

La conmemoración de un día internacional surge con el objetivo de hacer visible y, en su caso, reconocer diversos tipos de hechos o acontecimientos que se dan, marcando la vida de la población mundial por el efecto generan.

La celebración de los días internacionales nos da la oportunidad de sensibilizar al público en general acerca de temas relacionados con cuestiones de interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. Al mismo tiempo pretenden llamar la atención de los medios de comunicación para que señalen a la opinión pública que existen un problema sin resolver.

El 15 de septiembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Democracia, pues es un sistema político que, para su ideal y pleno funcionamiento, requiere de la participación activa de las personas dentro de la toma de decisiones para garantizar de forma efectiva el ejercicio pleno de sus derechos humanos y políticos.

La Asamblea General de la ONU escogió esta fecha debido a que la Unión Interparlamentaria adoptó el 15 de septiembre de 1997 la Declaración Universal sobre la Democracia. En ella, los Estados miembros de la Unión reafirmaron su compromiso con los principios, los elementos y prácticas necesarios para un gobierno democrático.

De esa forma se fomenta para que todos los Estados, y esencialmente los que aún no consolidan un gobierno democrático, refuercen las acciones para el aseguramiento del mismo, toda vez que a través de este modelo se incentiva y garantiza el ejercicio de los derechos de las personas, a través de mecanismos e instrumentos que aseguran su protección.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la conmemoración de esta fecha, garantiza el reconocimiento pleno de los regímenes democráticos e insta a que su fomento y desarrollo se lleve a cabo de forma creciente.

La Asamblea General ha decidido observar el 15 de setiembre de cada año como el Día Internacional de la Democracia para que sea celebrado y observado por todas las personas (resolución 62/7, del 8 de noviembre de 2007). La Asamblea instó a los gobiernos a fortalecer los programas nacionales dedicados a la promoción y consolidación de la democracia.

La base de los sistemas democráticos se construye y se mantiene día con día al concretar mecanismos como la gobernanza y la gobernabilidad, toda vez que, a través de ellos, se aseguran las condiciones adecuadas de participación e interacción entre la ciudadanía y la esfera gubernamental.

La verdadera democracia es una calle de doble sentido, que se construye sobre un diálogo constante entre la sociedad civil y la clase política. Este diálogo debe tener una influencia real en las decisiones políticas. [...] Aun así, en la actualidad, el espacio cívico se está reduciendo en todo el mundo a un ritmo alarmante. Los activistas de la sociedad civil tienen cada vez más dificultades para operar. Los defensores de los derechos humanos y los parlamentarios están bajo ataque. Las mujeres siguen estando muy poco representadas. Los periodistas ven como su trabajo sufre intervenciones y, en algunos casos, incluso son víctimas de actos violentos.

Pese a los grandes avances que se han dado en materia de democracia en el mundo en la actualidad, se siguen presentando importantes desafíos para garantizar su desarrollo y permanencia, por lo que es necesario que los regímenes democráticos a nivel internacional fortalezcan las medidas y lleven a cabo acciones para su mantenimiento.

En el caso del país, la transición de un régimen autoritario a uno democrático ha implicado la lucha durante décadas de diferentes actores sociales quienes han buscado incidir en distintos ámbitos de la vida como el económico, político, social, cultural, etc.; para generar condiciones adecuadas para que todas las voces sean escuchadas y garantizar de esta forma el ejercicio pleno de los derechos humanos, políticos y muchos otros más que promueven el desarrollo pleno de todas las personas e incluso de las minorías que a la fecha no se encuentran plenamente representadas y en consecuencia sus derechos no han sido ejercidos en su totalidad.

En México, la transición a la democracia fue un largo proceso cuyos inicios se pueden rastrear hasta 1977, con la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Con la aprobación de esta ley, el Estado mexicano reconoció por primera vez la pluralidad de fuerzas políticas existentes en el país y la necesidad de que el país contara con un sistema de partidos que permitiera la competencia real por el poder político.

La reforma electoral de 1977 desencadenó una serie de reformas constitucionales y legales, cuyo resultado en los últimos 40 años, ha sido la construcción paulatina de un sistema electoral democrático, competitivo y plural. [...]

La democracia tiene características propias basadas en la voluntad de las personas para determinar de forma propia su propio sistema político, así como en todos los ámbitos de su vida.

El Día Internacional de la Democracia es una oportunidad para recordar que la democracia se ha de centrar en las personas. La democracia se basa en la inclusión, la igualdad de trato y la participación, y es un elemento fundamental para la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público” (artículo 21.3), ha inspirado la creación de constituciones en todo el mundo y ha contribuido a la aceptación global de los valores y principios democráticos. [...]

Este día es un buen momento para instar a todos los gobiernos a respetar el derecho de sus ciudadanos a una participación activa, sustantiva y significativa en la democracia.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aborda la democracia en el objetivo 16 y reconoce los vínculos indivisibles entre las sociedades pacíficas y las instituciones eficaces, responsables e inclusivas.

Por lo expuesto, el Partido Verde Ecologista de México reconoce que, en materia de democracia, aún falta mucho por hacer en nuestro país y en el mundo, por lo que es imperativo se siga conmemorando el 15 de septiembre de cada año, como recordatorio de la lucha por concretar los regímenes democráticos aún está vigente y requiere medidas afirmativas que garanticen su implantación y ejercicio de forma efectiva.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas (23 de noviembre de 2016). ¿Para qué sirven los días internacionales? Obtenido de

https://blogs.un.org/es/2016/11/23/para-que-sirven-los-dias-internacionales/

2 INE (14 de septiembre de 2017). Día Internacional de la Democracia. Obtenido de

https://www.ine.mx/dia-internacional-de-la-democracia/

3 Organización de las Naciones Unidas (septiembre de 2019). Día Internacional de la Democracia. Obtenido de

https://onu.org.pe/dias-internacionales/dia-internacional-de-la-democracia/

4 Organización de las Naciones Unidas (sin fecha). Día Internacional de la Democracia, 15 de septiembre. Obtenido de

https://www.un.org/es/events/democracyday/

5 INE (14 de septiembre de 2017). Día Internacional de la Democracia. Obtenido de

https://www.ine.mx/dia-internacional-de-la-democracia/

6 Organización de las Naciones Unidas (sin fecha). Día Internacional de la Democracia, 15 de septiembre. Obtenido de

https://www.un.org/es/events/democracyday/

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 12 de septiembre de 2019.— Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica).»



DÍA DE LA INDEPENDENCIA

«Efeméride con motivo del 16 de septiembre, Día de la Independencia, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

Sin lugar a dudas, el 16 de septiembre los mexicanos celebramos una de las conmemoraciones más importantes de nuestra historia: el inicio de la lucha de Independencia que nació en la madrugada de ese día en el año de 1810 con el Grito de Dolores, dado por el cura Miguel Hidalgo.

Este acto inició el proceso de liberación del imperio español por parte del territorio mexicano (virreinato de Nueva España para aquel entonces); el proceso de independencia tuvo una duración total de 11 años, comienza el día 16 de septiembre con el acto descrito a cargo del cura Miguel Hidalgo y finaliza en el año 1821 luego de que Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide firman el Plan de Iguala y el Ejército Trigarante llega de manera triunfal a la Ciudad de México.

El Grito de Dolores tuvo lugar en la ciudad homónima, el cura Hidalgo en la misa del domingo del 16 de septiembre de 1810, considerado actualmente como el Día de la Independencia de México, arengó a los feligreses a armarse con lo que pudieran y a luchar contra el virreinato, supuestamente vendido a los franceses por la ocupación de estos de España.

El contenido del grito, según la época y el historiador, varía en sus líneas y se le atribuye un texto u otro: lo que es claro es que Hidalgo se levantó contra los gobernantes impuestos en la península por Napoleón y en honor de Fernando VII y de la virgen de Guadalupe, llamó a luchar contra los franceses liberales y a defender la religión; así logró reunir a más de 50 mil personas que lo apoyaron en su rebelión, que terminó con su muerte el 17 de enero de 1811 en el Puente de Calderón donde fue derrotado por los realistas, apresado y ejecutado por alta traición.

En este primer periodo independentista, al levantamiento se unió otro sacerdote, José María Morelos que se ocupó de la zona del sur de la Nueva España y que tenía como objetivo principal la toma del puerto de Acapulco. Morelos trató de hacer mejor las cosas y crear un ejército de más calidad que el de Hidalgo, bien organizado, correctamente abastecido y con soldados de verdad. En noviembre de 1812 lograron ocupar Oaxaca en donde el general Ignacio López Rayón redactó los Elementos Constitucionales, siendo este el primer proyecto de constitución para la futura nación mexicana y en el que se basarían posteriores documentos.

Morelos emitió un decreto constitucional en junio de 1813 en el Congreso de Anáhuac en el que se declaraba la independencia, la soberanía popular, se abolían las castas, el tributo indio y la esclavitud.

Morelos fue nombrado generalísimo de las fuerzas insurgentes, tras varias batallas victoriosas, su éxito empezó a decaer hasta ser hecho prisionero en la batalla de Temalaca, enjuiciado en Ciudad de México y llevado a San Cristóbal Ecatepec en donde fue ejecutado en 1815.

Durante este periodo, los independentistas de México atravesaron por importantes combates frente al ejército realista para poder reconocerse como una república soberana, y aunque los iniciadores del proceso no vieron realizado su proyecto, sí fueron a los que se les atribuye haber sido los pioneros de la independencia del país.

La Independencia de México fue la culminación del proceso histórico ocurrido entre los años 1810 y 1821, si bien estos cambios políticos no tuvieron reflejo en las estructuras políticas, sociales y económicas virreinales que prácticamente se mantuvieron intactas, también es verdad que con los movimientos de Miguel Hidalgo y José María Morelos desde 1810 hasta 1815 se emprendió un intento de revolución social y política, movimientos que al ser derrotados, solo contaron con la concesión de haber iniciado el proceso de independencia.

En la segunda etapa del movimiento de independencia, entre 1814 y 1820, Napoleón es expulsado de España y Fernando VII vuelve al poder e impone de nuevo el absolutismo ilustrado derogando la Constitución liberal de 1812.

En Nueva España se mantenían pocos ejércitos insurgentes que no ponían en riesgo la estabilidad del virreinato, el virrey Apodaca ofreció el indulto a los insurgentes para que dejasen las armas y muchos se acogieron a él.

En 1817 tuvo que enfrentarse a una expedición organizada y encabezada por el militar liberal español Francisco Xavier Mina y el exfraile Servando Teresa de Mier que transportó desde Inglaterra y Estados Unidos 300 voluntarios ingleses y americanos que trataron de relanzar los enfrentamientos, pero en poco tiempo fueron vencidos.

La última y definitiva etapa entre 1820 y 1821 obedece al alzamiento en España del liberal masón Rafael de Riego, que obliga a Fernando VII a jurar la constitución liberal de 1812.

Alarmadas las oligarquías novohispanas que nunca habían apoyado a los insurgentes, organizan una conspiración para independizarse de España y así no caer en manos de los liberales, es decir, ahora eran los realistas que habían defendido al virreinato, los que conspiraban y exigían la independencia.

Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, el Ejército Trigarante, bajo el mando de Agustín de Iturbide, entra triunfante a la Ciudad de México acompañado de Vicente Guerrero y se consuma la independencia, misma que no fue reconocida por el gobierno español hasta el año 1836.

En el Partido Verde estamos conscientes de la importancia de la conmemoración de un año más de la Independencia de muestro país, de su inicio y su consumación, por ello, consideramos fundamental recordar a los héroes que lucharon por nuestra independencia y difundir nuestro orgullo patrio.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, primer periodo del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, a 12 de septiembre de 2019.»



DÍA INTERNACIONAL DE LA PRESERVACIÓN DE LA CAPA DE OZONO

«Efeméride con motivo del 16 de septiembre, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, suscrita por la diputada Lilia Villafuerte Zavala e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

La capa de ozono es una franja frágil de gas que protege la Tierra de los efectos nocivos de los rayos solares, contribuyendo así a preservar la vida en el planeta (ONU, 2019).

No obstante, desde finales de los años setenta se detectó una serie de sustancias químicas cuya utilización durante años a través de productos de uso cotidiano, la dañaron, poniendo en peligro la existencia de la vida en el planeta.

Fue en 1974 cuando el científico mexicano Mario José Molina Henríquez, junto con Sherwood Rowland, descubrió la relación de la degradación del ozono estratosférico que nos protege de la radiación solar, y cómo el uso de sustancias compuestas de cloro y bromuro, cuya utilización en la industria de la refrigeración, extintores de fuego, sistemas de enfriamiento, aerosoles capilares, entre otros, fueron contribuyendo a lo que posteriormente se le llamó “agujero en la capa de ozono”.

Este descubrimiento permitió que se crearan diversos instrumentos internacionales a través de los cuales, los Estados parte que se obligaran a su cumplimiento, podrían acceder a la asesoría necesaria para la sustitución y eliminación de las sustancias responsables de la degradación de la capa de ozono.

Fue así como en 1987 nace el Protocolo de Montreal, como un esfuerzo internacional conjunto que fue evolucionando hasta lograr la eliminación y reducción en un 99 por ciento el uso de sustancias que agotaban la capa de ozono, ayudando no solo a protegerla para la generación actual y las venideras, sino también a mejorar los resultados de las iniciativas dirigidas a afrontar al cambio climático.

Gracias al compromiso de los países, y la innovación científica para la sustitución de los compuestos dañinos, se ha protegido la salud humana y los ecosistemas reduciendo la radiación ultravioleta del sol que llega a la Tierra.

Según la última evaluación científica sobre la reducción de la capa de ozono realizada en 2018 muestra que se han recuperado partes de la capa de ozono en un 1-3 por ciento por década desde el año 2000.

Así, se espera que el ozono se recupere por completo en el hemisferio norte y las zonas de latitud media en la década de 2030, mientras que para el hemisferio sur la recuperación llegará en 2050 y en las regiones polares para 2060.

Los esfuerzos de protección de la capa de ozono también han contribuido a la lucha contra el cambio climático, al evitar en torno a 135 mil millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono entre 1990 a 2010 (ONU Medio Ambiente, 2018).

En este Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono se debe recordar que cuando se modifica el paradigma de desarrollo, con un enfoque armonizado con el medio ambiente, es posible reorientar la tendencia hacia procesos regenerativos, en el que se pueda seguir pensando en un futuro ambientalmente sano para la especie humana y para toda la vida en el planeta.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde recalcamos que es necesario trabajar en conjunto con la sociedad para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, propuestos por las Naciones Unidas, sean una realidad en la ley y política de nuestro país; es por ello que exhortamos respetuosamente al Ejecutivo federal, a que se brinde el apoyo incondicional a la Enmienda de Kigali hecha al Protocolo de Montreal, que entró en vigencia el 1 de enero de 2019, con el objeto de eliminar gradualmente los hidrofluorocarbonos (HFC), potentes gases que calientan el clima, por lo que, de cumplirse a cabalidad esta enmienda, se podrá evitar aumentos de la temperatura global de hasta 0.4 grados centígrados a finales de siglo, mientras se continúa protegiendo la capa de ozono. Si a ello suman acciones para la mejora de la eficiencia energética en la industria de la refrigeración, con el mismo objetivo de reducción de los HFC, podremos lograr mayores beneficios climáticos.

Salón de sesiones de la Cámara Diputados, primer periodo del segundo año de ejercicio de la LX legislatura, al día 12 de septiembre de 2019.— Diputados: Lilia Villafuerte Zavala y Arturo Escobar y Vega (rúbricas).»

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RESUMEN DE LOS TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 5 horas 06 minutos

• Quórum a la apertura de la sesión: 359 diputadas y diputados

• Comunicaciones oficiales: 9

• Iniciativa del titular del poder ejecutivo: 1

• Iniciativas de senadores: 3

• Propuestas de acuerdos de los órganos de gobierno: 4

• Efeméride: 1

• Análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política económica

• Iniciativas de las diputadas y diputados: 17

• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 58

20 Morena

9 PAN

6 PRI

4 PES

6 PT

4 MC

5 PRD

3 PVEM

1 SP

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

Aguilar Molina, Leticia Arlett (Morena)
Desde la curul, para solicitar la condonación del adeudo que tienen los municipios de Chiapas con la Comisión Federal de Electricidad: 225
Aguilera Rojas, José Guadalupe (PRD)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal: 183
Alemán Hernández, Nohemí (PAN)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal: 202
Almeida López, Mónica (PRD)
Para expresarse en nombre de su Grupo Parlamentario, durante la primera ronda de intervenciones para el análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política económica: 97
Andazola Gómez, Socorro Irma (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y del Código Penal Federal: 207
Bayardo Cabrera, Rosa María (Morena)
Desde la curul, para exigir que las afirmaciones que se hacen en tribuna, se sostengan ante las instancias correspondientes: 223
Bonifaz Moedano, Raúl Eduardo (Morena)
Para referirse a la efeméride con motivo del 195 aniversario de la anexión de Chiapas al pacto federal: 89
Cabrera Lagunas, María del Carmen (PES)
Para expresarse en nombre de su Grupo Parlamentario, durante la primera ronda de intervenciones para el análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política económica: 95
Cayetano García, Rubén (Morena)
Desde la curul, para recordar los 206 años de que José María Morelos y Pavón dio lectura por primera vez a los Sentimientos de la Nación: 222
Dávila Fernández, Adriana (PAN)
Para presentar, con la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 116
De la Peña Marshall, Ricardo (PES)
Para referirse a la efeméride con motivo del 195 aniversario de la anexión de Chiapas al pacto federal: 85
Dekker Gómez, Clementina Marta (PT)
Para referirse a la efeméride con motivo del 195 aniversario de la anexión de Chiapas al pacto federal: 87
Del Toro Pérez, Higinio (MC)
Para expresarse en nombre de su Grupo Parlamentario, durante la segunda ronda de intervenciones para el análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política económica: 103
Elorza Flores, José Luis (Morena)
Desde la curul, para solicitar ayuda para los municipios del Soconusco, sobre todo Tapachula, Chiapas, afectados por las lluvias recientes: 90
Espinoza Mata, Zulma (PVEM)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes de su Grupo Parlamentario y de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y a la Protección al Ambiente: 176
Fernández Cruz, Nayeli Arlen (Morena)
Para expresarse en nombre de su Grupo Parlamentario, durante la segunda ronda de intervenciones para el análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política económica: 100
Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo (PT)
Desde la curul, para expresar apoyo al presidente de la República en sus compromisos de campaña y de gobierno: 227
Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo (PT)
Desde la curul, para solicitar que la Junta de Coordinación Política formalice los Grupos de Amistad Parlamentaria; y solicitar la liberación de los recursos para Fonart: 75
Galindo Favela, Fernando (PRI)
Para expresarse en nombre de su Grupo Parlamentario, durante la primera ronda de intervenciones para el análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política económica: 93
Galindo Favela, Fernando (PRI)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de PRI, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 143
Gallardo Cardona, José Ricardo (PVEM)
Para expresarse en nombre de su Grupo Parlamentario, durante la primera ronda de intervenciones para el análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política económica: 97
García García, Margarita (PT)
Desde la curul, para solicitar que las sesiones de la Comisión de Educación, para analizar las leyes secundarias en la materia, sean abiertas: 224
García Gutiérrez, Raymundo (PRD)
Para referirse a la efeméride con motivo del 195 aniversario de la anexión de Chiapas al pacto federal: 84
García Hernández, Jesús Fernando (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores: 186
Gómez Álvarez, Pablo (Morena)
Para expresarse en nombre de su Grupo Parlamentario, durante la segunda ronda de intervenciones para el análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política económica: 107
Gómez Cárdenas, Annia Sarahí (PAN)
Desde la curul, para dejar constancia de que los dictámenes en materia educativa están hechos a modo y no en búsqueda de una educación de calidad: 226
Guel Saldívar, Norma Adela (PRI),
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo: 196
Hernández Pérez, María Eugenia (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología: 108
Juárez Piña, Verónica Beatriz (PRD)
Desde la curul, se refiere al proceso de dictaminación en la Comisión de Educación: 75
López Castro, Cynthia Iliana (PRI)
Desde la curul, se refiere al proceso de dictaminación en la Comisión de Educación: 75
López Castro, Cynthia Iliana (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 158
López Chávez, María Beatriz (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., 8o. y 14 de la Ley General de Educación: 199
López Rodríguez, Abelina (Morena)
Desde la curul, para recordar los 206 años de que José María Morelos y Pavón dio lectura por primera vez a los Sentimientos de la Nación: 224
Loya Hernández, Fabiola Raquel Guadalupe (MC)
Para expresarse en nombre de su Grupo Parlamentario, durante la primera ronda de intervenciones para el análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política económica: 95
Martínez Aguilar, Emeteria Claudia (Morena)
Desde la curul, con motivo del 195 aniversario de la anexión de Chiapas a México: 225
Martínez Juárez, Jacquelina (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares: 190
Montes Nieves, Jorge Luis (Morena)
Para expresarse en nombre de su Grupo Parlamentario, durante la primera ronda de intervenciones para el análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política económica: 91
Morales Flores, Eudoxio (PES)
Para expresarse en nombre de su Grupo Parlamentario, durante la segunda ronda de intervenciones para el análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política económica: 101
Morales Vázquez, Carlos Alberto (SP)
Para expresarse en nombre de su Grupo Parlamentario, durante la segunda ronda de intervenciones para el análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política económica: 98
Pool Moo, Jesús de los Ángeles (Morena)
Desde la curul, para exhortar a la Segob para que declare a la zona sur de Quintana Roo como zona de emergencia por sequía: 226
Porras Domínguez, Alfredo (PT)
Para expresarse en nombre de su Grupo Parlamentario, durante la segunda ronda de intervenciones para el análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política económica: 104
Prado de los Santos, Miguel (Morena)
Desde la curul, para solicitar ayuda para los municipios del Soconusco, sobre todo Tapachula, Chiapas, afectados por las lluvias recientes: 91
Ramírez Salcido, Juan Francisco (MC)
Para referirse a la efeméride con motivo del 195 aniversario de la anexión de Chiapas al pacto federal: 86
Reyes Ledesma, Armando (PT)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social: 164
Reyes Montiel, Claudia (PRD)
Para expresarse en nombre de su Grupo Parlamentario, durante la segunda ronda de intervenciones para el análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política económica: 99
Robles Gutiérrez, Beatriz Silvia (Morena)
Desde la curul, para conmemorar el 250 aniversario del natalicio de Alexander Von Humboldt y celebrar a la ciencia universal: 223
Robles Montoya, Ángel Benjamín (PT)
Para expresarse en nombre de su Grupo Parlamentario, durante la primera ronda de intervenciones para el análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política económica: 94
Rocha Acosta, Sonia (PAN)
Para expresarse en nombre de su Grupo Parlamentario, durante la segunda ronda de intervenciones para el análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política económica: 106
Rodríguez Carrillo, Mario Alberto (MC)
Desde la curul, se refiere al proceso de dictaminación en la Comisión de Educación: 76
Rodríguez Carrillo, Mario Alberto (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito: 169
Romero León, Gloria (PAN)
Para referirse a la efeméride con motivo del 195 aniversario de la anexión de Chiapas al pacto federal: 88
Rubio Montejo, Roberto Antonio (PVEM)
Para referirse a la efeméride con motivo del 195 aniversario de la anexión de Chiapas al pacto federal: 84
Sánchez Martínez, Lourdes Érika (PRI)
Para expresarse en nombre de su Grupo Parlamentario, durante la segunda ronda de intervenciones para el análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política económica: 105
Sibaja Mendoza, Jorge Ángel (Morena)
Desde la curul, para hacer un exhorto al gobierno de Chiapas a resolver las demandas de los pobladores de Escuintla y de los profesores de la CNTE: 226
Sobrado Rodríguez, Verónica María (PAN)
Para presentar, con la diputada Adriana Dávila Fernández, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 117
Sosa Ruíz, Olga Patricia (PES)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 132 y 391 de la Ley Federal del Trabajo: 172
Torres Peimbert, María Marcela (PAN)
Desde la curul, se refiere al proceso de dictaminación en la Comisión de Educación: 74
Valenzuela González, Carlos Alberto (PAN)
Para expresarse en nombre de su Grupo Parlamentario, durante la primera ronda de intervenciones para el análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política económica: 92
Villareal Pasaret, Francisco Jorge (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:218
Yáñez Centeno y Cabrera, Claudia Valeria (PRI)
Desde la curul, para hacer una denuncia en relación con el súper delegado en Colima: 223
Zarzosa Sánchez, Eduardo (PRI)
Para referirse a la efeméride con motivo del 195 aniversario de la anexión de Chiapas al pacto federal: 87
Zavaleta Sánchez, Graciela (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 50 Bis y 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: 213